Una buena y una mala

El que sabe, sabe

Desfiladero

El hoyo de las donas de Carstens

Jaime Avilés
¿Por qué no ha presentado su renuncia el secretario de Hacienda, Agustín Carstens? Su desatinado manejo de las finanzas públicas le ha dado ya un sitio excepcional en la historia. Gracias a sus gestiones, durante el segundo trimestre de 2009 la economía mexicana registró su peor caída desde 1932, cuando en el marco de la Gran Depresión se contrajo 14 por ciento (según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía citados por CNN el jueves).

Ahora, el derrumbe económico del trimestre anterior ha sido de 10.3 por ciento, mas no en comparación con los resultados de enero-febrero-marzo, sino con los de abril-mayo-junio de 2008. Algunos expertos consideran que este método de medición del Inegi es engañoso y debería ser sustituido por uno más realista, pero ese no es el tema de esta columna.

¿Cómo les fue a otros países en el segundo trimestre de 2009? Siempre según CNN, China creció 7.9 por ciento y Japón 3.7, en tanto la economía de Italia se desplomó 6.0, la de Alemania 5.9, la de España 4.1 y la de todos los países afiliados al euro 4.6 por ciento en promedio. A Rusia le fue peor que a México, pues allá la caída fue de 10.9 por ciento. ¿Y en América Latina?

El decremento en Chile fue de 4.5 por ciento, mientras el de Venezuela, mucho más benigno, quedó en menos 2.4. Del resto de las economías del subcontinente no hay por ahora indicadores, pero lo notable es que mientras México se hundió 10.3 por ciento, en Estados Unidos la caída fue de sólo un punto. ¿Qué pasó entonces? ¿No que si a los vecinos del norte les daba pulmonía nosotros padeceríamos apenas un catarrito?

Hace días, Carstens reveló la existencia de un hoyo fiscal de 300 mil millones de pesos en 2010. Esto significa que debido a la baja de los precios del petróleo, a la reducción de nuestras exportaciones de crudo, al fracaso de la campaña calderónica para reanimar el turismo, a la disminución de las remesas de los migrantes y a la parálisis en otras muchas áreas productivas, Hacienda dejará de captar esos 300 mil millones de pesos que, en realidad, según el analista Rogelio Ramírez de la O, serán 480 mil millones.

Como han hecho todos los neoliberales desde 1982, Carstens va a “enfrentar” la crisis con las siguientes medidas “dolorosas, pero necesarias”: recortará los programas de ayuda a los más pobres (al fin que ya pasaron las elecciones), disminuirá groseramente los presupuestos de educación, salud, vivienda y desarrollo de infraestructura (que generan empleos); despedirá a miles de servidores públicos, aumentará las tarifas de luz, gas, gasolina y diesel, intentará aplicar IVA a alimentos y medicinas y, como con todo lo anterior de todos modos no sacará del hoyo al país, contratará más y más deuda pública, pero ¿garantizándola con qué, si ya casi nada nos queda? Con el petróleo, por supuesto.

¿Y ellos, los de arriba, qué pondrán de su parte? ¿Disminuirán los sueldos de 4 millones de pesos anuales que ganan cada uno de los magistrados y la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Todo lo contrario: como no les gusta trabajar en Iztapalapa, sus señorías exigen que se les reubique en una zona bonita, como San Angel. ¿Y los ministros de la Suprema Corte van a cobrar menos por sus obscenos y repugnantes servicios en pro de las causas más ruines? De ningún modo.

En los últimos cinco años, los salarios de directores generales, directores de área y subdirectores de las dependencias federales aumentaron de la siguiente manera: en la Secretaría de Agricultura, 68 por ciento; en Energía, 96 por ciento, y en Economía, 62 por ciento, lo que en términos anuales se traduce en ingresos que oscilan entre un millón 80 mil y un millón 700 mil pesos por cabeza. El despilfarro de recursos en la nómina de la alta servidumbre burocrática es uno de los boquetes por donde se van al caño las posibilidades de recuperación del país.
Otro ejemplo. En el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje acaban de ser designados los magistrados de 12 nuevas salas, pese a que todavía no cuentan con oficinas ni escritorios ni espacios útiles para despachar. Pero ya están cobrando 120 mil pesos mensuales con retroactividad al primero de enero; es decir, de entrada ya se embolsaron 960 mil pesos cada uno por no haber hecho absolutamente nada, pero como por cada sala hay tres magistrados (uno es el presidente, otro representa al “gobierno” y otro a los trabajadores), multipliquen ustedes 12 por 3 y la cifra resultante por 960 mil para darse cuenta de que, en realidad, su incorporación al Poder Judicial de la Federación nos costó a los contribuyentes 34 millones 560 mil pesos (más coctel de bienvenida), y eso, repito, que aún no tienen oficinas ni saben cuándo o cómo empezarán a trabajar.

Pero, alegrémonos: todos, o casi todos ellos, responden a las órdenes de Elba Esther Gordillo, de modo que ahora la mujer más poderosa del régimen controla, además de la SEP, el ISSSTE y la Lotería Nacional, los tribunales donde van a dirimirse los conflictos laborales que afectan a los trabajadores del apartado B, es decir, a los empleados federales y a los del gobierno capitalino.

La debacle del PAN en las elecciones de julio hizo visible la ruptura entre Felipe Calderón y Elba Estéril, que lo dejó esperando los votos que le había prometido para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Esos votos, en cambio, fueron para los candidatos de Enrique Peña Nieto, su nuevo aliado, y como ahora éste tiene a Carlos Salinas de Gortari como jefe de su campaña a la Presidencia de la República, es razonable concluir que la concentración del poder político en México involucra cada vez a menos personas: la cúpula del régimen se achica y el ex presidente incómodo pretende retomar la conducción del país mediante el hombre del copetito.

Nadie como Salinas de Gortari ha trabajado con tanto ahínco para regresar a México al siglo XIX. Su tenacidad merece el más amplio reconocimiento. El país tiene en la actualidad un Estado tan endeble como el que administraba Porfirio Díaz, y las conquistas sociales de los trabajadores, las pensiones de los ancianos y las expectativas de los jóvenes son tan escasas como las que había cuando estalló la Revolución de 1910. Como explicó Kapuscinsky en su momento, los grandes “modernizadores” del siglo XX, entre ellos el sha de Irán y Mijaíl Gorbachov, llevaron a sus países al pasado. El caso de Salinas no es distinto: abrumadoras evidencias lo confirman.

A pesar del boquete fiscal de 480 mil millones de pesos, que simboliza el hoyo de las donas que fascinan a Carstens, el presupuesto de 2010 va a privilegiar tres aspectos: los salarios de la alta burocracia, el pago de la deuda pública (la externa y el Fobaproa) y los gastos de la policía y del Ejército. En consecuencia, el pueblo tendrá que movilizarse, y lo hará sabiendo que lo asisten la historia, la justicia y la razón.

Por lo pronto, el sábado y el domingo de la semana próxima (29 y 30 de agosto), en el Sindicato Mexicano de Electricistas (Insurgentes casi esquina con Antonio Caso) va a celebrarse el primer Encuentro Nacional en contra de los Cobros Excesivos de Luz, al que están invitados los representantes de todas las casas del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, de todos los estados del país, a quienes los organizadores les brindarán comida y alojamiento.

Esta columna abraza con cariño y con tristeza a sus muy queridos amigos José María Pérez Gay y Lilia Rosbach.

jamastu@gmail.com

Ebrard acusa: crimen político en Guerrero

Al concluir el homenaje que en sesión solemne le rindió el Congreso local al que fuera presidente de la Comisión de Gobierno, Ebrard dijo que este caso es un asunto de seguridad nacional, pues enrarece el clima en el país, por lo que exigió al Estado mexicano poner un límite a la violencia

El Universal
Sábado 22 de agosto de 2009
politica@eluniversal.com.mx

CHILPANCINGO, Gro.— El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard, aseguró que el crimen del diputado perredista Armando Chavarría, ocurrido el jueves pasado en esta ciudad, es político y pidió su pronto esclarecimiento.

Al concluir el homenaje que en sesión solemne le rindió el Congreso local al que fuera presidente de la Comisión de Gobierno, Ebrard dijo que este caso es un asunto de seguridad nacional, pues enrarece el clima en el país, por lo que exigió al Estado mexicano poner un límite a la violencia.

El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo rechazó las declaraciones en torno a posibles tintes políticos y reiteró en conferencia de prensa que aún es muy pronto para juzgar el móvil del homicidio.

Por la mañana, en una reunión privada con Jesús Ortega, Torreblanca se confrontó con el líder del PRD por las causas del asesinato.

El encuentro se tornó tenso cuando el mandatario guerrerense reclamó a Ortega haber calificado como crimen político lo ocurrido a Chavarría Barrera.

Más tarde, dijo: “Jesús Ortega tiene la visión nacional, yo soy el gobernador de Guerrero y tengo mi visión particular, repito: no le voy a poner etiquetas... el gobierno hará todas las investigaciones para el esclarecimiento”.

En este marco, el perredismo local rechazó que la Procuraduría de Justicia del estado participe en las pesquisas y exigió que la PGR asuma la investigación.

Admite Zeferino Torreblanca que tenía alianzas políticas con Chavarría

El gobernador de Guerrero reveló que en pláticas recientes con Chavarría tocaron temas relacionados con la sucesión en el Gobierno del estado, incluso le propuso que se reuniera con integrantes de la corriente que encabezaba, el Polo Guerrerense de Izquierda


Guerrero.- El gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo admitió que había establecido una alianza política con el presidente del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, asesinado ayer en Chilpancingo y no descartó ninguna línea de investigación en la esfera del crimen organizado, político y personal.

En conferencia de prensa en Acapulco, el mandatario estatal reveló que en las pláticas recientes con el extinto presidente del Congreso de Guerrero tocaron temas relacionados con la sucesión en el Gobierno del Estado, incluso le propuso que se reuniera con integrantes de la corriente que Chavarría encabezaba, el Polo Guerrerense de Izquierda (PGI).

“Me dio los nombres inclusive quien habrían de reunirse, me pidió y hoy lo puedo decir, que de alguna manera cuidara lo que fuera a manifestar en la creación de este movimiento social en el que él coincidía, solamente que buscara que no fuera corriendo este movimiento de manera paralela, sino que de una vez encontráramos un punto de intersección, le dije que esperaría a estar, reestructurar mentalmente preparado para poder tener una respuesta y poder platicar de ese tema, le dije que pospusiéramos una reunión con su corriente política”.

Y es que Zeferino Torreblanca, en sus desencuentros con el PRD luego de las derrotas electorales en Guerrero, había acusado a corrientes al interior de corruptas y llamó a disolver a la corriente Izquierda renovadora (IR) que fundó y formar un nuevo movimiento con bases sociales.

Ante el cambio de actitud del entonces coordinador de la bancada del PRD en el Congreso local se observó cuando el Comité Político Estatal se reunió en Acapulco para buscar un deslinde del gobernador de Guerrero, a quienes algunos perredistas culpaban de las derrotas electorales; en ése cónclave, Armando Chavarría Barrera dijo que para que el PRD pudiera retener la gubernatura debía de tener un candidato que uniera al propio partido, el apoyo de Zeferino Torreblanca, reestructurar la alianza con el PT y Convergencia e incluso, ampliarla con el PAN.

En ese contexto, el gobernador Torreblanca dijo en la conferencia de prensa que Armando Chavarría buscaba la unidad para enfrentar el próximo proceso electoral.

José Juan Delgado / corresponsal Milenio

La doctrina del shock

¿Un protectorado?

Luis Javier Garrido
El gobierno de facto de Felipe Calderón no sólo está hundiendo a México en un desastre sin precedentes, sino que con sus políticas de abierta subordinación a Washington y de respaldo a la militarización del continente constituye ya una verdadera amenaza para América Latina.

1. Una pregunta empiezan a hacerse ya, por consiguiente, algunos analistas y es urgente abordar la cuestión. ¿Está México, luego de ser sentenciado como “un Estado fallido”, en vías de convertirse en un protectorado de Estados Unidos?

2. El gobierno de facto de Calderón ha profundizado de manera muy grave la vía entreguista aceptada por Carlos Salinas de Gortari con el TLCAN, que abrió la vía para el desmantelamiento de la nación y la entrega de la definición del proyecto nacional mexicano al gobierno de Washington, y proseguida por Ernesto Zedillo, quien al modificar el artículo 28 constitucional en 1995 pretendió sentar las bases para concesionar a las grandes trasnacionales áreas estratégicas de la nación desde el petróleo, la energía eléctrica, la energía nuclear, los ferrocarriles y los puertos, hasta el espacio aéreo, la comunicación satelital, el correo y los telégrafos.

3. El abandono de Calderón de sus responsabilidades con la intención evidente de seguir atentando, aún más que sus predecesores, contra la vocación soberana de México ha determinado que hoy día las grandes decisiones en materia financiera no se tomen en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, sino en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial, y que se estén además transfiriendo a Washington facultades para que a través de las multinacionales controle cada vez más el sector energético, el espacio aéreo, el mar territorial, las comunicaciones, las aduanas, los puertos y los recursos no renovables del país. Ningún gobierno había llegado a tantos extremos como este espurio de Calderón, pero lo más grave es que está pretendiendo ahora entregar el control de las fuerzas armadas de México y, en consecuencia, del territorio mexicano, a Washington, siguiendo el modelo de Colombia.

4. Los cinco gobiernos de la ultraderecha mexicana (1982-2009) han entrañado de esta manera como saldo que el proyecto de país libre por el que luchó el pueblo de México a lo largo de dos siglos esté ahora hecho pedazos y que, de proseguir en esta vía, México se transformará en poco tiempo en un verdadero protectorado de Estados Unidos, como está empezando a serlo ya Colombia.

5. El gobierno ilegítimo de Calderón, carente de raigambre popular, de conciencia social y de una visión de la historia está, sin embargo, haciendo algo más, lo que no se atrevió a hacer ninguno de sus predecesores neoliberales: imbricar a las fuerzas armadas de México en un proceso de absoluta subordinación al Pentágono, como ha acontecido durante la supuesta y fracasada “guerra contra el narcotráfico”, decidida y conducida por militares estadunidenses. Los cuadros de las fuerzas armadas se preparan y entrenan cada vez más en Fort Lauderdale; el Ejército y la Marina de México aparecen ya participando en maniobras conjuntas bajo el mando estadunidense, y el secretario de la Defensa acude sin pudor a rendir cuentas a los militares estadunidenses.

6. No es de extrañar, en este contexto, que Calderón haya festejado con singular entusiasmo el 13 de agosto en Santafé de Bogotá el anuncio formal del presidente Álvaro Uribe de aceptar la instauración de siete bases militares de Estados Unidos en Colombia por un periodo de 10 años, como publicaron diarios de todo el mundo, aunque después pretendiera negarlo el michoacano en un acto de cobardía, cuando nadie ignora la idolatría que profesa a Uribe y lo que él subraya todo el tiempo: que la militarización de Colombia constituye el modelo de su gobierno. El diario español El País del viernes 14, que se publica por lo menos 14 horas antes que los diarios mexicanos, lo consignó así en su página 4 mediante una nota de Pilar Lozano, quien subraya sin ambages que en el curso de esa conferencia de prensa Calderón “respaldó la cesión de bases militares a Estados Unidos”.
7. La militarización del continente que auspician Uribe y su discípulo Calderón, siguiendo a todas luces instrucciones de Washington, constituye una amenaza para América Latina, como señaló el presidente venezolano Hugo Chávez al señalar en Quito el 10 de agosto, durante la cumbre de Unión de Naciones de Sudamérica, que con ese pacto militar “vientos de guerra” comienzan a soplar en el continente, pues el potencial de despliegue aéreo de Estados Unidos a partir de la base colombiana de Palanquero alcanza desde México hasta Paraguay. En Colombia hay ya 250 soldados estadunidenses que aumentarán a 400 antes de fin de año, y en México ése es el escenario que se espera, de proseguir esas políticas de los panistas, aunque con voz trémula pretendiera negarlo el martes 18, en conferencia de prensa, la canciller Patricia Espinosa.

8. La militarización de Colombia y la lucha de Uribe contra el narco han sido calificadas como “un fracaso” por todos los expertos, no obstante lo cual Calderón pretende seguir engañando a los mexicanos, insistiendo en que en México la utilización del Ejército en tareas que constitucionalmente no le competen y el baño de sangre a que ha llevado al país no es por motivos políticos: amedrentar a la población, hacer una advertencia a los movimientos sociales, acentuar, como quiere Washington, el escenario del desastre mexicano. Debería preguntar Calderón a Carlos Pascual, el nuevo embajador de Obama en México, por qué en Estados Unidos, primer productor y consumidor de droga en el mundo, el ejército estadunidense no patrulla las calles y no ha sido detenido ningún capo en estos tres años.

9. El papel que se ha hecho desempeñar al Ejército Mexicano para suplir las ineptitudes del gobierno del PAN entraña, por otra parte, sus costos, como en el caso de la preparación de diversos grupos paramilitares que han hecho desde los años 90 militares mexicanos, en especial en el caso de Chiapas. La absolución que hizo la Suprema Corte de los paramilitares responsables de Acteal pudiera tener así también otra lectura: no es nada más una satisfacción a Zedillo y a sus compinches, sino también al Ejército. Las garan-tías que exigen en vistas al futuro militares que entrenan o se han pasado a este tipo de grupos, pasan por la rectificación en este oscuro expediente.

10. El anuncio al país con la cruzada bélica de Calderón por Latinoamérica y el fallo de Acteal es, por consiguiente, claro: no se van a modificar las políticas económica y social del panismo en este sexenio y el gobierno está preparado para utilizar la fuerza material en un marco de impunidad.

Chavarría: implicaciones de un homicidio

El asesinato de Armando Chavarría Barrera, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, líder de la bancada perredista y uno de los más fuertes aspirantes a suceder a Zeferino Torreblanca en el Ejecutivo estatal, marca un hito en la escalada de violencia que padece el país y resulta –además de condenable, como todo homicidio–, aterrador y ominoso de cara al futuro inmediato del país.

No hay hasta ahora indicios claros de la motivación ni de la autoría del crimen, perpetrado en las primeras horas de ayer en Chilpancingo, y la circunstancia nacional presente da margen a especulaciones de toda suerte.

Ayer mismo, la dirigencia nacional perredista adelantó que el homicidio tuvo motivos políticos y lo incluyó en una oleada de asesinatos de integrantes del sol azteca que este año ha cobrado la vida de 25 perredistas, 20 de ellos en Guerrero. La hipótesis es creíble, dados los antecedentes citados y la importancia del político ultimado. Hasta mayo del año pasado, Chavarría Barrera se desempeñó como secretario de Gobierno en el gabinete del actual gobernador y tenía una destacada trayectoria como dirigente, funcionario y legislador: líder de la Federación Estudiantil Guerrerense, integrante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, senador y diputado federal.

Si, como lo afirma la Comisión Política Nacional del PRD, Chavarría Barrera fue víctima de una conjura política, ello sería indicio de la elevación hacia las altas esferas de la vida republicana de una violencia que en años recientes ha cobrado la vida de decenas de activistas, militantes y dirigentes opositores, que se ha traducido en “desapariciones” forzadas y que pareciera augurar la repetición de momentos trágicos de la historia nacional, como la guerra sucia emprendida en las presidencias de Luis Echeverría y José López Portillo; el salinato, entre cuyos saldos debe recordarse el asesinato de varios centenares de perredistas, o la estrategia de represión, contrainsurgencia y paramilitarismo que el gobierno de Ernesto Zedillo aplicó en Chiapas y Guerrero.
Por otra parte, el homicidio referido ocurre con el telón de fondo de la pavorosa espiral de violencia generada por la manera en que el actual gobierno decidió enfrentar a la delincuencia organizada y no faltarán las voces que pretendan asociar a ese fenómeno la muerte de Chavarría Barrera, con el propósito de desvirtuar la memoria de la víctima y la imagen de sus compañeros de partido y de postura.

Por desgracia, la capacidad y credibilidad de los órganos encargados de procurar justicia, tanto estatales como el federal, se encuentran en niveles tan bajos que no les será fácil esclarecer en forma verosímil e inequívoca el homicidio perpetrado ayer en Chilpancingo.

Y, sin embargo, están obligados a ello. Si las autoridades correspondientes no identifican, capturan y presentan ante la justicia a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Armando Chavarría, se estará propinando un severo golpe a la política misma, en tanto que vía de resolución pacífica e institucional de conflictos y problemas sociales; se enviará, así sea por omisión, un mensaje inequívoco de desprotección a los funcionarios, legisladores y representantes populares del país, y se dará un nuevo y desesperante aliento a la impunidad.

En lo inmediato, el gobernador guerrerense tendría que explicar con consistencia la razón por la que apenas hace dos meses le fue retirado a Chavarría el personal de protección que el gobierno de la entidad asigna a sus ex funcionarios.

Resulta imprescindible, en suma, que los gobernantes federales y estatales reconozcan el desarrollo de una violencia política y de una pauta de homicidios políticos en el país; que admitan la inoperancia de las estrategias seguidas hasta ahora para hacer frente al crimen organizado y que, en los dos terrenos, adopten acciones realmente efectivas para detener la pavorosa degradación de la seguridad pública, del civismo y de la vigencia de los derechos fundamentales. De no proceder así, el asesinato de Chavarría Barrera podría marcar un punto de no retorno.