Escudo de armas.. tomar

¿ Rendición de cuentas ? #MisDesos

Calderón, al banquillo

A dos años de haber dejado la presidencia, Felipe Calderón tiene expedientes abiertos. Apenas el sábado pasado fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes cometidos durante su administración

Para las familias de los más de 70 mil muertos relacionados con la guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón durante su sexenio, las cuentas de exmandatario siguen pendientes. Están escritas con sangre. 

Por eso, el sábado 13 de septiembre, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, abrir una investigación preliminar por crímenes contra la humanidad, cometidos durante su mandato. 

Aunque reconocen que este tipo de ilícitos se registraron en todo el país, el informe se concreta a Baja California, donde a partir de 2009 aumentaron los casos de tortura y desaparición forzada. 

El reporte plantea que en su indagatoria, el organismo internacional solicite a las autoridades mexicanas información sobre las investigaciones y procedimientos penales abiertos para juzgar a los presuntos responsables de los delitos cometidos en contra de la población civil.

Las ONG aseguran hubo  “cacerías” llevadas a cabo por servidores públicos del Estado o el Gobierno Federal.

Señalan que a los afectados, además se les acusó de ser integrantes del crimen organizado y se les ‘sembraron’ armas y drogas como evidencia. Todo, con la intención de que el Gobierno Federal pudiera presentar a la opinión pública sus avances en la lucha contra el crimen organizado.

El documento también hace énfasis en que la impunidad prevalece. 

“No se conocen investigaciones ni procedimientos penales por estos hechos contra altos mandos del gobierno, y en los casos donde se iniciaron averiguaciones previas no ha habido resultados”, refiere. 

La demanda destaca que en ningún caso se ha condenado penalmente a los responsables por las conductas que podrían constituir crímenes según el Estatuto de Roma.

Esta es la segunda denuncia de este tipo que enfrenta la administración de Calderón. 

En noviembre del 2011, el abogado defensor de los Derechos Humanos, Netzai Sandoval, ya había acusado al expresidente ante la CPI de La Haya por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante su guerra contra el crimen organizado.

En respuesta,  la Presidencia de la República publicó en diversos diarios un comunicado en el que afirmaba que las imputaciones en su contra eran falsas y calumniosas. 

“El Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan (las acusaciones)”, refirió Presidencia.

La denuncia había sido firmada por 18 mil 700 mexicanos en su versión en línea y 5 mil más de forma autógrafa, según refirió Sandoval a CNNMéxico en 2011.

¿Puede ser juzgado?

Las dos demandas que se han presentado ante la CPI en contra de los supuestos abusos cometidos durante el sexenio de Felipe Calderón apelan al artículo 28 del Estatuto de Roma, el cual indica que el jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por Fuerzas Federales bajo su mando.

Algunos especialistas en derecho internacional y penal han referido que el juicio contra Calderón es viable, sin embargo, otros aseguran que antes el exmandatario tendría que ser sometido a un juicio político ante el Congreso de la Unión o ante tribunales mexicanos.

La CPI es la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, pero su fiscalía debe comprobar primero si México no quiere o no puede investigar los crímenes denunciados.

Ahora duermo mejor: Calderón

En una entrevista para El País -concedida dos días después de la acusación de las ONG por crímenes contra la humanidad- Felipe Calderón sostuvo que sin su estrategia, partes fundamentales del Estado habrían sido tomadas por el crimen

A dos años que Felipe Calderón dejó la presidencia, las heridas a causa de su estrategia en contra del crimen organizado siguen abiertas.

Organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos han acusado que durante esta guerra del expresidente, militares y policías cometieron violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso fue investigado adecuadamente.

Human Rights Watch presentó varios informes en los que aseguraba que se habñían encontrado evidencias claras de que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que el panista asumió la presidencia y hasta el último minuto de su mandato. 

Sin embargo, a Calderón eso es algo que no le quita el sueño. Al menos así lo aseguró en una entrevista para El País, publicada el 15 de septiembre. 

“Ahora duermo mejor, relativamente mejor. Tengo menos problemas en qué pensar”, dijo el panista dos días después de solicitud de la (FIDH) para que se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos durante su mandato. 

En la entrevista, Calderón admitió que hubo abusos, pero aseguró que fueron solo como excepción.

“Es cierto, las operaciones federales se multiplicaron, y lamentablemente hubo abusos, sin embargo estos fueron la excepción y no la regla y en todos los casos en que el gobierno tuvo conocimiento se actuó conforme a derecho para llevar a la justicia a los responsables”, dijo.

Con más de 70 mil muertos a cuestas a consecuencia de esta estrategia, el exmandatario sostuvo que sin este combate partes fundamentales del Estado habrían sido tomadas por el crimen. 

“Son muchísimos (muertos). Y a mí cada uno de ellos me pesaba como ninguno, pero todos esos homicidios fueron cometidos por criminales a los que yo combatí. La gran mayoría corresponde a la lucha sin cuartel y sin escrúpulo de los grupos criminales en su disputa por el control territorial del país”, dijo al diario español.

Indignados

Guillermo Padrés En La opinión Elena Poniatowska

Senadores del PAN rompen con el gobierno y el PRI por caso Sonora

Jenaro VILLAMIL
18 DE SEPTIEMBRE DE 2014
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El coordinador panista Jorge Luis Preciado y su homólogo priista Emilio Gamboa. Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- El conflicto entre el PRI y el PAN por la crisis en Sonora y los escándalos recientes escaló en la sesión del Senado: El coordinador panista Jorge Luis Preciado acusó al gobierno y a los priistas de emprender una “campaña mediática para descalificar a su partido”.

En respuesta, su homólogo del PRI, Emilio Gamboa Patrón, se deslindó de las imputaciones y negó que su partido promueva campaña alguna en su contra.

Este jueves, el gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés, se reunió con integrantes de su bancada para explicarles el caso del dirigente yaqui detenido Mario Luna, el caso de su rancho y la supuesta presa que, según la versión del PAN, se trata de “un dique” que su familia tiene desde hace 50 años.

El caso de Mario Luna “es un tema judicial, no es un tema político, es de la tribu yaqui que está dividida en dos partes, son yaquis contra yaquis, no tiene nada qué ver el gobierno civil”, afirmó Preciado en conferencia de prensa.

Un día antes, senadores del PRI y del PRD aprobaron un punto de acuerdo para demandar al gobernador de Sonora la liberación inmediata de Luna, dirigente y vocero de las comunidades que están en contra de la construcción de un Acueducto que promueve el gobierno estatal.

En su conferencia de prensa, Preciado hizo referencia al escándalo en redes sociales de #TodosSomosSimios y se quejó porque “un funcionario de cuarto nivel en algún municipio de Querétaro ponga un tuit ofendiendo a otra, ahora todo el panismo nacional, que somos casi medio millón de militantes, todos los dirigentes, todos los legisladores seamos discriminados y seamos señalados porque a alguien se le ocurrió decir una tontería”.

En la misma línea discursiva del dirigente nacional, Gustavo Madero, Preciado afirmó que se “maximiza” en los medios. Y amenazó: “esta es la última ocasión que nosotros acompañamos al gobierno en este tipo de decisiones. Es clarísima la estrategia de descalificar al PAN rumbo a las siguientes elecciones”.

Ante estas declaraciones, el líder de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón afirmó que Preciado “está en su derecho” de pensar que hay una campaña en contra de su partid, pero afirmó que en el Senado él no encabeza ninguna estrategia en contra de Acción Nacional.

“Aún no empieza la campaña del 2015, ni en Sonora ni en el país”, le reviró Gamboa Patrón a Preciado. El coordinador de los priistas afirmó que supo de la presencia de Guillermo Padrés en el Senado, pero “no sé qué trataron” y no lo vimos.

Con el PAN “no hay ningún rompimiento” y “aquí no hay ninguna campaña en contra de ningún gobernador”. “Nadie me ha llamado del gobierno federal para ir en contra del PAN”, atajó Gamboa Patrón.

“¡Asesino, asesino!”, gritan a Moreno Valle en otra mega marcha

GABRIELA HERNÁNDEZ
18 DE SEPTIEMBRE DE 2014
DESTACADO

Una de las protestas en contra de Moreno Valle en Puebla. Foto: Víctor Hugo Rojas

PUEBLA, Pue. (apro).- “¡Asesino, asesino, asesino!”, fue la principal consigna que corearon miles de poblanos pertenecientes a diferentes movimientos sociales, quienes se unieron hoy para exigir la renuncia del gobernador Rafael Moreno Valle.

Elia Tamayo, madre del niño que fue asesinado el miércoles 9 de julio, habitantes de Chalchihuapan, así como integrantes de decenas de Juntas Auxiliares y de los Cholulas, aparte de propietarios de verificentros, conductores de mototaxis, maestros cesados, afectados por las minas y las hidroeléctricas y colonos organizados contra la privatización del agua, entre otros, marcharon desde la calle Juárez hasta Casa Aguayo, sede del gobierno estatal.

A la movilización, la cuarta masiva en los últimos meses, se sumaron, entre otros, el Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (MIOCUP), la organización popular 28 de Octubre, las normalistas de Tetela y agrupaciones de universitarios.

Al llegar a Casa Aguayo y encontrar las puertas cerradas, sin la presencia de funcionarios que atendieran sus demandas, los grupos que representan las Juntas Auxiliares iniciaron un bloqueo de las calles 14 Oriente y bulevar 5 de Mayo, el cual mantenían hasta esta tarde.

De acuerdo con los organizadores, la participación en esta protesta superó a la que se llevó a cabo el 10 de agosto, en la que se estima participaron unas 10 mil personas.

Representantes de cada uno de los grupos inconformes expusieron sus reclamos contra la administración estatal, principalmente en torno al asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, acción de la que responsabilizaron al gobernador por su “política represiva”.

“Moreno decía que todo cambiaría, ¡mentira, mentira!, la misma porquería”, gritaron frente a Casa Aguayo.

Javier Montes, presidente auxiliar de Chalchihuapan, dijo que la recomendación que emitió la CNDH es una “tontería”, pues no pueden poner a un fiscal que trabaja para el gobierno a que investigue la represión y el asesinato del niño que fue cometido por ellos mismos.

“Queremos que Moreno Valle caiga, el pueblo de Chalchihuapan no va a dejar de levantar la voz, porque lo que queremos es justicia”, reclamó.

Asimismo, representantes de las juntas auxiliares, que ya suman más de 200, se quejaron de las reformas al Código Municipal que retiraron el servicio del Registro Civil de las comunidades para concentrarlo en las cabeceras municipales, además de que retiraron facultades a los ediles y los dejaron sin policía local.

“No vamos a permitir que desaparezcan a nuestros pueblos, aquí les decimos que si no nos hacen caso, vamos a tomar otras medidas, acciones más fuertes, nos vamos a quedar aquí en plantón y, si no quieren escucharnos, vamos a
tomar las presidencias municipales, vamos a cerrar carreteras”, dijo uno de los inconformes.

“La manifestación es un derecho que tenemos y la represión es un delito, no les tenemos miedo, no vamos a dar un paso atrás, aquí nos vamos a mantener hasta que nos atiendan”, advirtió.

Otra de las participantes hizo ver que los grupos que se congregaban en la protesta tenían diferentes demandas, pero que todas eran similares en el hecho que derivaban de políticas abusivas y represivas del gobierno de Moreno Valle, que además tiene la característica de cerrarse al diálogo con la ciudadanía.

El edil de San Martín Tlamapa, José Salomé Pacio, leyó un pronunciamiento en el que igual exigieron la libertad de las 33 personas que se encuentran encarceladas por haber participado en manifestaciones sociales y que por ello son considerados “presos políticos”.

“No existe sector social que las políticas y reformas del gobierno de Moreno Valle no hayan afectado”, expresó Pacio.

En la protesta también participaron integrantes de la Asamblea Social del Agua, quienes reclaman al gobierno poblano por la privatización del servicio, lo que ha derivado en incrementos de entre 200 y 300% a las tarifas.

Los habitantes de San Andrés Cholula colocaron frente a la puerta principal una gran figura de cartón con la cara del mandatario poblano, la cual tiene en sus manos una marioneta que lleva la cara de Leoncio Paisano, alcalde de San Andrés Cholula, en clara alusión a las expropiaciones que ha realizado para construir el Parque de las 7 Culturas alrededor de la pirámide.

“Los cholultecas no estamos de acuerdo con la obra de relumbrón que pretende hacer el gobierno del estado y sus títeres, los alcaldes de San Pedro y San Andrés, nosotros estamos en pie de lucha porque defendemos el patrimonio histórico y cultural”, señaló Adán Xicale, representante del movimiento Cholula en Riesgo.

Además, habitantes de Chalchihuapan escenificaron un performance con cuatro mujeres encadenadas y presas que representaban a la libertad, la legalidad, la justicia y la identidad de los pueblos, las que eran “reprimidas” por jóvenes que interpretaban a granaderos.

También hablaron maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes recordaron que desde hace dos años el gobierno poblano cesó a 42 directores de escuelas que se negaron a aplicar la prueba Enlace, sin que hasta la fecha sean reinstalados.

Propietarios de verificentros, a quienes el gobierno estatal quitó la concesión de sus negocios, anunciaron que iniciarán una huelga de hambre para pedir solución no sólo a sus problemas, sino a todos los movimientos que hasta ahora no han sido atendidos en sus demandas.

A estos movimientos sociales se sumó hoy una nueva causa, pues vecinos del Parque Ecológico, que desde ayer fue cerrado por el gobierno estatal para iniciar un proyecto de remodelación, anunciaron que este viernes 19 realizarán una cadena humana para pedir que se preserve el espacio público y no se dé paso a la privatización.

Aunque el gobernador Moreno Valle emitió un boletín para asegurar que su administración sólo busca “mejorar la imagen urbana” de ese parque de 57 hectáreas, los colonos anunciaron que iniciarán un movimiento de protesta para defender su espacio.

“Es importante señalar que el aviario ubicado en el interior del recinto no sufrirá afectación alguna. El gobierno del estado tiene la firme convicción de salvaguardar la integridad de las especies que ahí se ubican”, dijo el mandatario.

También indicó que, durante el proceso de construcción que durará tres meses, las más de mil 200 aves contarán con personal “altamente” capacitado para resguardar su bienestar, alimentación y salud.

Ya en el plantón y bloqueo de uno de los cruces de mayor tráfico vehicular de Puebla, los manifestantes decidieron quemar la figura de cartón que representaba Moreno Valle.

Luego pidieron a Elia Tamayo que fuera ella quien prendiera fuego al monigote, al tiempo que todos gritaban ¡asesino, asesino, asesino!

Además, advirtieron que mantendrán el plantón hasta que el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, ofrezca una solución a su demanda de anular las reformas al Código Municipal.