Noroña sin diplomacia le dice sus verdades a Horcasitas ( 2/2) :

Los niños del narco

En 1998, 75 niños y niñas de la Sierra de Sinaloa dijeron al reportero Alejandro Suverza que soñaban con ser médicos, pilotos, maestros, policías. Hoy, 12 años después, el periodista se encuentra con que la gran mayoría de las niñas, ahora mujeres, son madres y amas de casa. Los niños, convertidos en hombres, se dedicaron casi todos a la siembra de mariguana y amapola.

A esta apartada región del noroeste del país la guerra contra el narcotráfico le ha sido indiferente. La mayor parte de la población se dedicaba al cultivo de enervantes en 1998 y también lo hace ahora. Los soldados, dicen los sembradores, sólo los regañan cuando los “cachan”. No podría ser de otro modo en una zona donde tampoco han cambiado la falta de servicios públicos y las nulas oportunidades.

Entre las poblaciones involucradas en un conflicto armado siempre queda la esperanza de que los “buenos” van a ganar. La angustia sufrida por los países en las guerras mundiales, o por liberales y conservadores en las revoluciones, estaba, cuando menos, mitigada por la idea de que eventualmente surgiría un vencedor; de que el punto final al conflicto se daría con la derrota de un enemigo bien identificado y definido.

En el caso del narcotráfico, la gente no tiene la certeza de quiénes son los buenos. Hay poblaciones enteras que ven en los narcotraficantes a eficaces proveedores del alimento y la infraestructura que las autoridades han sido incapaces de dar. Culpan sólo parcialmente a los criminales de la violencia, ya que desde hace décadas saben que los gobiernos han pactado con el narco a cambio de dinero y relativa paz.

Tampoco se tiene la certeza de que esta sea una guerra ganable. Arrestan a capos, destruyen plantíos, endurecen los controles y la droga nunca se acaba. El dinero desde Estados Unidos sigue fluyendo. Y para colmo, la violencia se ha incrementado.

La encuesta entre 75 niños y niñas que en el 2010 ya se convirtieron en mujeres y hombres no tiene validez estadística; sin embargo, la historia de la región y de tantas otras en el país corroboran que el testimonio refleja una realidad más amplia.

Si para los adultos el escenario de violencia y falta de oportunidades en varias zonas de México es desolador, para los jóvenes y los niños ha de ser desconcertante. No han tenido la oportunidad de ver otra realidad, una luz al final del túnel. Sueñan todavía con ser licenciados a pesar de que, al contrario del pasado, ahora eso ya no es garantía de nada.

En eso deben pensar gobiernos y sociedad antes de creer que la solución está en la persecución y el castigo. Los niños de 10 años por los que hoy sentimos lástima dentro de tres o cuatro podrían ser los criminales por quienes exigimos la pena de muerte

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Todos somos Juárez, rotundo fracaso...

Al borde del precipicio José Ignacio Gallardo Baquier Analista político

¿En verdad vamos por el camino correcto? Cuando escucho hablar al presidente de México de que la estrategia implantada por su gobierno para combatir al crimen organizado va en el rumbo correcto no puedo más que preguntarme a cuál camino se refiere. Si el camino es la devastación de nuestra querida ciudad, si el rumbo es provocar el colapso de esta otrora pujante comunidad, sí, coincido con el Presidente, vamos precisamente en el camino correcto.

Pero si lo que se pretendía era restablecer la paz social, la armonía entre los ciudadanos y el dinamismo de nuestra querida Ciudad Juárez, definitivamente no, no podemos hablar de que vamos avanzando en la resolución de los grandes problemas que enfrentamos desde hace casi tres años en esta frontera.

Es más, parece que ni siquiera se ha empezado por conocer en su totalidad todos los factores que están generando la inédita crisis que en estos momentos atravesamos. Este fallido intento de rescate encabezado por las tres instancias de gobierno se inició sin todavía saber cómo se va a terminar.

Las cifras son frías y muy evidentes, y tal vez en este caso nos den claridad sobre la penumbra en la que nos encontramos. En el 2007 se registraron poco más de 300 ejecuciones en esta frontera, cuando se inicia el Operativo Conjunto Chihuahua en el 2008 la cifra de ejecutados se elevó por encima de los 1600, el año 2009 cerró con más de 2600 muertes, para finales de este mes de octubre se estará rebasando el cierre del año pasado, lo que nos indica que con toda seguridad 2010 cerrará siendo el año más violento para mi querida Juárez, en lo que va del sexenio calderonista y en su historia reciente.

Cuando se solicita la intervención del gobierno federal ante el fracaso de las instancias municipal y estatal y ante lo delicado de la situación, se pensaba que con su llegada entraríamos en una pronunciada disminución de la violencia que se desbordaba en las calles; sin embargo. los meses y los años han pasado y de manera alarmante vemos el efecto contrario al esperado.

Las muertes se han multiplicado exponencialmente, las ejecuciones se han vuelto cada día más innecesariamente despiadadas y más estúpidamente crueles. El éxodo de juarenses es ya incuantificable al igual que las millonarias pérdidas del empresariado local. Locales vacíos, comercios incendiados, pánico y estrés colectivo, depresión generalizada, marchas de ciudadanos encolerizados, pero el gobierno federal insiste en su discurso triunfalista, de que vamos en el rumbo correcto.

Una cascada de perturbantes hechos tiene presa a esta región; apenas estábamos comentando el apoyo ciudadano a la marcha encabezada por la comunidad de médicos en donde manifestaron su hartazgo por la situación que los tiene contra la pared, cuando nos despertamos el sábado con una nueva masacre, ahora en Horizontes del Sur. Muchos no pueden creer que de nuevo el infierno se haga presente ante una población que aún no se repone del horror que se vive con tragedias como la de Villas de Salvárcar, una comunidad que continúa sufriendo y aunque no se repone aún de las anteriores injusticias, ya está recibiendo una más.

¿Es este el camino correcto? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Porque es más que claro que para los juarenses no. A dónde pretenden llevarnos por este camino. A un callejón sin salida, a una trampa, a un despeñadero ¿a dónde? ¿Qué entiende el presidente por camino correcto?

Los que no nos hemos marchado de esta frontera estamos muy preocupados cuando el presidente Calderón dice que ni un paso atrás en esta absurda y costosa guerra. Afirma un día sí y otro también que los operativos continuarán con paso redoblado, pésele a quien le pese, no importando los daños colaterales, que por cierto para él parecen no significar mayor importancia. Lo más delicado es que los juarenses ya no podemos dar un solo paso más al frente, porque aquí estamos al borde...del precipicio.

Código de Justicia Militar Miguel Ángel Granados Chapa Periodista

Distrito Federal– La iniciativa de reformas al Código de Justicia Militar, presentada al Senado de la República la semana pasada no cumple la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuyo cogollo consiste en impedir la impunidad uniformada (como la llama Human Rights Watch) mediante una reducción severa de la jurisdicción castrense. No se trata, como se dice, de una modificación al fuero militar. Ese permanece intacto en el artículo 13 constitucional, pues allí se establece su verdadera naturaleza, adulterada por la legislación secundaria: “Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar…”

El Estado mexicano ha sido reacio a admitir en la práctica los tratados que en abstracto parece lucidor firmar, ratificar y alabar. Se demora en aplicarlos, como si se ignorara que la dilación de la justicia es injusticia. Después de meses de renuencia, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial, el 9 de febrero pasado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla, un campesino guerrerense detenido en 1974 por miembros del Ejército que no lo presentaron al Ministerio Público y del que desde entonces jamás se supo nada. Por lo tanto, transcurrieron más de ocho meses antes de que el Presidente de la República iniciara la enmienda al artículo 57 del Código de justicia militar.

Igualmente tardío es su acatamiento a la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU que en marzo pasado propuso al Estado mexicano “modificar el Código de Justicia Militar a fin de que la justicia (castrense) no sea competente en casos de violaciones de derechos humanos. En ningún caso la justicia militar podrá juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles. Las víctimas de violaciones de derechos humanos perpetrados por militares deben tener acceso a recursos eficaces”.

El documento de la ONU es una recomendación, susceptible de ser aceptada o no. En cambio, la sentencia de la Corte Interamericana es eso, el fallo de un tribunal que debe ser cumplido en sus términos, no de cualquier manera. Para que así ocurra, ese tribunal internacional estableció criterios como el que “la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas armadas”, que “la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y en su caso sancionar a los autores de violaciones a los derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria” y que “si los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por los tribunales ordinarios”.

La iniciativa propone excluir de la definición de delitos contra la disciplina militar, y por ende poner a sus autores a disposición de la justicia ordinaria, tres ilícitos: desaparición forzada, tortura y violación. Es una lista breve, correcta, pero insuficiente. Es sano que en esta coyuntura, donde tanto se practica ese delito, el Ejecutivo reconozca la necesidad de poner ante tribunales del fuero común a los responsables de desaparición forzada (privación ilegal de la libertad practicada por agentes del Estado y con encubrimiento igualmente estatal, sin que se ponga al detenido a disposición de una autoridad competente). Es evidente que por el fallo en el caso Radilla el Estado mexicano no podía mantener esa práctica en la jurisdicción militar. Igualmente colocó en semejantes condiciones el delito de violación porque ese fue uno de los agravios cometidos por miembros del Ejército contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en cuyo caso también la Corte condenó al Estado mexicano.

De inmediato organizaciones civiles y aun gubernamentales atentas al respeto a los derechos humanos pusieron de manifiesto la necesidad de ampliar la iniciativa. La Comisión de Derechos Humanos del DF, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideraron necesario que se amplíe el catálogo de los delitos juzgables en tribunales del fuero común. Luis Arriaga, del Centro Pro, propuso que conforme a los criterios de la Corte Interamericana, cualquier delito cometido por militares sea juzgado en los tribunales ordinarios.

Para Amnistía Internacional (que lamentó la insuficiencia de la iniciativa) ésta “sólo contempla la exclusión de algunas violaciones de derechos humanos de la justicia militar y no cambia la forma en que las alegaciones de abuso se investigan”. Quedan fuera de la reforma las ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, detención arbitraria, así como genocidio y otros delitos de lesa humanidad. Preocupa especialmente a AI “el papel asignado al ministerio público militar para la determinación del delito en la investigación inicial para ser remitido a la justicia civil en caso de que se configuren los elementos del tipo penal…este mecanismo puede actuar como un candado que permita bloquear la actuación de la justicia civil, incluso en los delitos que quedan excluidos de la justicia militar mediante esta iniciativa”.

Puede el Senado por lo pronto, y el Congreso todo, completar el proyecto del Ejecutivo. Las cámaras están obligadas también por la justicia internacional para enmendar la legislación. Y si la Presidencia lo hizo menos que a medias, el legislativo debe ir más allá.

Masacres juveniles, réquiem por el gobierno. Jenaro Villamil

MÉXICO, DF, 26 de octubre (apro).- Una nueva matanza de adolescentes en Ciudad Juárez, Chihuahua, cimbra a todo el mundo. Y en Tijuana, Baja California, se repite con saña la historia de una masacre de jóvenes en centros de recuperación. El miedo entre estudiantes de Monterrey, Nuevo León, recorre las principales universidades de esta capital financiera. Y nadie se atreve a salir ya a las calles de Matamoros o Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos hablan ya de un “genocidio de jóvenes”, especialmente en Juárez. Uno no sabe si duele más saber que la mayoría de los 14 acribillados en la urbe fronteriza son menores de 20 años, estudiantes de secundaria y preparatoria, o que sus victimarios sean también adolescentes que han perdido cualquier noción de presente y de vida.
Había una mujer embarazada entre los asesinados. Y Marta Arteaga, la anfitriona, de 30 años, fue acribillada. Dejó seis hijos huérfanos. Uno de sus vástagos era el festejado, muerto también.
Los sicarios forman parte de un comando que entró a aquella fiesta privada en la colonia Horizontes del Sur, a dos kilómetros de Salvárcar, el mismo barrio donde fueron masacrados un número similar de adolescentes, en enero de 2010.
Cuentan las crónicas que los asistentes festejaban en el patio de una casa tan humilde como millones de hogares mexicanos. Un hombre de cerca de 20 años llegó hasta el centro de la concurrencia. Gritó quién era el propietario de un automóvil estacionado en el exterior. Al no haber respuesta, sacó de sus ropas una pistola y comenzó a disparar a diestra y siniestra. “¡Acaben con ellos!”, ordenó.
Fue la señal para que los sicarios, adolescentes encapuchados, salieran de un convoy de siete camiones y rafaguearan durante cinco minutos a los presentes. Mataron a 12 e hirieron a 16. Dos murieron después.
Entre las pocas víctimas fotografiadas está un joven que intentó huir por el estacionamiento delantero de la casa. Su rostro inerte, pelado a rape, de apenas 16 años, yace en el suelo. La expresión lo dice todo. Es la síntesis del juvenicidio imparable en Ciudad Juárez. “Los mocosos muertos”, dijo alguien.
Los vecinos llamaron a las fuerzas policiacas. Tardaron más de 20 minutos en llegar, según diversos testimonios. Nadie vio, nadie escuchó. Las fuerzas del orden que mantienen sitiada Juárez ignoraron a un convoy de siete vehículos que huyó en la noche, en el desierto, en la oscuridad ominosa de la impunidad que acompaña cada una de estas masacres. Siete en menos de 20 meses. Más de cien muertos, el 80% menores de 18 años.
Una de esas masacres fue la ocurrida en marzo de 2009 en el Cereso de Juárez. Entraron al penal a matar a presuntos integrantes de las bandas de los Mexicles y Los Artistas Asesinos. Sus verdugos fueron, al parecer, Los Aztecas.
El gobierno de Felipe Calderón saturó a Juárez de elementos policiacos a partir del operativo Todos Somos Juárez, después de los sucesos en Salvárcar. Prometió que vigilarían las calles y los rincones de la ciudad. Pero nada ha cambiado. La situación es peor. En Ciudad Juárez ya hay más muertos que efectivos estadunidenses caídos en la guerra de Irak.
Los “hombres de ley” también ingresan a los domicilios, a los negocios, a las fiestas para catear, amedrentar, extorsionar o sembrar el miedo. Y son tan escasos los operativos que han resuelto algo.
Recuerdo que en Ciudad Juárez ganaron Pascual Orozco y Pancho Villa, en 1911, la batalla definitiva para darle el triunfo al movimiento maderista. Ahí murió el régimen de Porfirio Díaz. ¿Será en este mismo sitio donde esté muriendo un régimen incapaz de defender con un mínimo de eficacia a sus ciudadanos? ¿Se atreverán a volvernos a decir que se tratan de “ajustes de cuentas” entre pandilleros?
Calderón y el gobernador César Duarte pronuncian frases huecas. “Con tristeza y profunda indignación el gobierno federal manifiesta su más enérgico repudio al asesinato de varios jóvenes en Ciudad Juárez”, escribe Calderón en su cuenta de Twitter. ¿Repudio? ¿Indignación? El presidente es el titular del Ejecutivo federal, no una ONG que se pronuncia frente a un suceso. ¿A qué se compromete? ¿Qué medida va a tomar? ¿Volverá a pagar miles de millones de pesos en spots para que la pantalla comercial no mencione esta derrota de su “guerra” infame?
Comienzo a leer el libro Ciudad del crimen, de Charles Bowden, y vuelvo a estremecerme:
“El periodista puede morir por cometer un error…
“Eso es porque hay dos Méxicos.
“Uno es el que aparece en la prensa de Estados Unidos, un lugar donde el presidente está peleando una guerra valiente contra las fuerzas malignas del mundo de las drogas y utilizando, como guerrero, al incorruptible Ejército Mexicano. Este México tiene periódicos, tribunales, leyes y es considerado una república humana por el gobierno de Estados Unidos.
“Esto no existe.
“Hay un segundo México, donde la guerra es para las drogas, donde la policía y el Ejército pelean por su tajada, donde la prensa es controlada a fuerza de asesinar periodistas o con una dieta permanente de sobornos, y donde la línea entre el gobierno y el mundo de la droga nunca ha existido…
“Hay dos maneras de perder la cordura en Juárez. Una de ellas es creer que la violencia proviene de la guerra de cárteles. La otra es la pretensión de comprender qué hay detrás de cada asesinato. Lo único cierto es que diversos grupos –las pandillas, el Ejército, la policía de la ciudad, la policía estatal, la Policía Federal-- están matando a personas en Juárez como resultado de las ganancias de la droga”.
Apenas hace tres días, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, comandada por Genaro García Luna, anunció --con todo el despliegue mediático que acostumbra-- la detención de 13 presuntos integrantes de La Línea, el brazo armado del cártel de Juárez, y se ufanó de que con ese golpe esa red de sicarios quedaba “prácticamente desmantelada”.
Y ahora todo quedó en los términos que describe Bowden.
La muerte es una industria en Ciudad Juárez. La violencia es el pase automático, la aduana para quien busque permanecer en esta ciudad, pero también en Reynosa, en Matamoros y cada vez más en Monterrey.
Si hace unos cinco años el nombre de Juárez era mundialmente conocido por los crímenes de más de 400 mujeres (de los que ni 10% se ha resuelto), ahora es el epicentro de lo que Bowden llama “un nuevo campo de exterminio de la economía global”.
Del feminicidio al juvenicidio. ¿O debemos decir el Juaricidio? ¿Quieren matar una ciudad, una civilización, un enclave fronterizo?
En Juárez se mata por una grapa, se mata por menos de mil pesos, se mata porque tener armas es lo único que unifica “el poder” de soldados, pandilleros, policías, sicarios, narcos, psicópatas, juniors con poder.
El fácil acceso a las armas que cruzan la frontera de Estados Unidos intoxica tanto o más que los picaderos que han proliferado por toda la ciudad. Juárez es el epicentro de una economía de la violencia. Y Washington sólo se indigna o cierra su consulado.
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