Sin desconocer el derecho que le asiste a Acción Nacional de interponer acusaciones como las comentadas, es claro que el IFE tendría que haber actuado, ante ellas, con objetividad y altura de miras necesarias para reconocer su carácter improcedente: no hay razón alguna para calificar –como lo hicieron los representantes del partido en el poder ante el instituto– señalamientos críticos al gobierno calderonista como los que ha formulado López Obrador, de denigración: en esa lógica, el amplio espectro político y social que ha señalado los resultados deplorables de la presente administración en prácticamente todos los ámbitos estaría incurriendo en una falta semejante.
La actitud del IFE contrasta, por otro lado, con la inacción que sus integrantes han mostrado hacia los dichos formulados recientemente por el titular del Ejecutivo federal en el sentido de que López Obrador sigue siendo un peligro para México, expresión que implica una clara violación a los preceptos legales vigentes en materia electoral que prohíben descalificar a partidos y personajes públicos. Si los asertos del ex aspirante presidencial ameritan un llamado a comparecer ante ese órgano, tendría que adoptarse una resolución semejante con respecto los dichos presidenciales. En suma, el citatorio al político tabasqueño o bien carece de fundamento o es producto de una aplicación facciosa de la ley y, en cualquier caso, descalifica de antemano las promesas de que el IFE actuará con imparcialidad en este episodio.
Por lo demás, no puede soslayarse el hecho de que la comparecencia de López Obrador ante el organismo electoral se enmarca en otro contraste: el que surge entre el trato acusatorio que el IFE ha decidido dar al principal líder opositor en el país, y el que dispensó la semana pasada al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien, en el contexto de los actos conmemorativos por los 20 años de ese instituto, fue invitado como orador principal en un foro sobre democracia, pese a los señalamientos en su contra por haber sido beneficiario de un presunto fraude electoral y, en todo caso, de un proceso comicial probadamente desaseado e inescrupuloso, como fue el de 1988.
Con estas actitudes el IFE desvirtúa lo que debería ser su esencia institucional: garantizar la vigencia de la democracia en el país –lo que implica intrínsecamente el respeto a la libertad de expresión– y de los derechos políticos de todo ciudadano, independientemente de tendencias político-partidistas. Al asumir posiciones inquisitoriales, los consejeros de ese instituto se convierten en lastre fundamental para la superación de los vicios y rezagos persistentes en la vida republicana, además de que profundizan el déficit de credibilidad y de confianza de la ciudadanía en la institucionalidad política.
