El Caudillo del Son : Fidel, comes y te vas.

Más actual que nunca. Y se podrían hacer 5, 10, 15 secuelas de este video :

El PAN está trabajando con sus cuadros. Falta ver qué le ofrecen a Ruth Zavaleta :

Divide al PAN posible postulación a delegada de Lorena Villavicencio
Reconoce el PSD que cabildea candidaturas con aspirantes perdedores de Nueva Izquierda

Aquí las nenas discutiendo sueldos y salarios.

Bertha Teresa Ramírez y Ángel Bolaños Sánchez

El panista Erick Porres, integrante de la corriente identificada con el ex presidente nacional de Acción Nacional Manuel Espino, y operador de la campaña de Carlos Edgardo Durán Núñez, designado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) candidato a la jefatura delegacional de Álvaro Obregón, dijo que no se dejarán intimidar ante la posibilidad de que la dirigencia local blanquiazul decida registrar a la perredista Lorena Villavicencio a dicho cargo.
Porres, quien es secretario ejecutivo de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), explicó que Durán Núñez es adherente del PAN desde hace cuatro o cinco años; cuenta con una red muy importante de apoyo y una larga experiencia en la administración pública.
Sobre el interés del PAN de llevar a una perredista identificada con los chuchos a la jefatura delegacional de Álvaro Obregón, expresó: “no somos nosotros, yo apoyo a Durán por encargo de la presidenta del comité regional desde que el CEN lo designó candidato”.
Ayer, la presidenta del PAN-DF, Mariana Gómez del Campo, aclaró que “no hay nada escrito” sobre la candidatura de Villavicencio, lo que finalmente se sabrá en estos días, cuando acuda al Instituto Electoral local (IEDF) a registrar al último bloque de candidatos a jefes delegacionales y diputados locales.
En tanto, el delegado con licencia de Álvaro Obregón, Leonel Luna Estrada, la diputada federal Aleida Alavez Ruiz y algunos militantes perredistas presentaron ayer ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (CNGV) del PRD una denuncia en contra de Villavicencio en la que solicita su expulsión del partido.
Socialdemocracia busca a perredistas de NI
Por su parte, el Partido Socialdemócrata (PSD) cabildea con ex precandidatos del PRD, identificados con la Corriente de Nueva Izquierda (NI), su registro como candidatos, reconoció su presidente en el DF, David Razú, aunque aclaró que no está interviniendo y desconoce si ha cristalizado algún acuerdo. Comentó que el más importante era en la delegación Tláhuac.
“Donde tengo algo de información, sin ser preciso, es que en Tláhuac hubo un acercamiento más importante”, comentó en entrevista al referir que ha habido interés de “algunos precandidatos del PRD de incorporarse con nosotros a una agenda más progresista que la de su partido”.
Ayer trascendió que ex precandidatos identificados con los dirigentes en el DF de NI, René Arce y Víctor Hugo Círigo, solicitaron al PSD 11 candidaturas a diputados locales y tres delegacionales.
Esto significaría remover candidatos ya seleccionados por los órganos de elección interna de los socialdemócratas, particularmente en los distritos 19, 22, 24, 26 y 28 de Iztapalapa, 3 y 4 de Azcapotzalco, 10 y 13 de Cuauhtémoc 34 y 35 de Tláhuac y Milpa Alta.
Arce negociaría también con el dirigente nacional del PSD, José Carlos Díaz Cuervo, las delegaciones Azcapotzalco, Iztapalapa y Tláhuac y tendría por lo menos asegurados dos de los distritos de Iztapalapa y dos de Tláhuac, donde los candidatos que propone el senador perredista tienen afinidad con el líder socialdemócrata.
En tanto, que el diputado local Alfredo Vinalay acusó al órgano electoral de “actuar por consigna de determinados grupos” al haber sancionado a su partido por actos anticipados de precampaña y advirtió que de continuar en esa línea los consejeros perderán credibilidad ante los ciudadanos.
Gómez del Campo, por su parte, dijo que el partido impugnará la resolución y solicitará al IEDF “que se mida a todos los partidos con la misma vara y actúe con equidad”.
El dirigente del PSD en el DF, partido que presentó una de las dos quejas contra Vinalay –la otra fue del PRD–, dijo que la sanción lo deja “parcialmente satisfecho”, al considerar que no basta con remitir la resolución a la instancia correspondiente para negar cualquier intento de registro como candidato, sino que debió modificarse el dictamen para señalar expresamente dicho impedimento.

( Hay un comentario a esta nota, de parte de un lector, muy interesantes :

SOMBRIA EVOLUCION DE "TROTSKYSTAS"
ARTURO ZAVALA ZAVALA
Toda la izquierda
sufrió un corrimiento negativo ocasionado por la acción combinada la crisis del
"socialismo real" y el impacto neoliberal.Pero quizás la evolución de los
"trotskystas" fue más dramática, por ser desde posturas más "radicales". Unos
son obscuros asesores del PAN (Pascoe), otros sus aliados (Arces), otros fueron
aliados de Salinas (Montes), otros en funciones policiales, etc.)

Sigue el éxito del Buzón Ciudadano :

Nuestros compañeros del Colectivo "Buzón Ciudadano", que han venido trabajando desde el 2006 con mucho éxito, iniciarán el día de hoy un nuevo Círculo de Estudios.

Esta se encontrará cerca de la Casa del Movimiento, en Plutarco Elías Calles y Emiliano Zapata (eje 7 sur).

¡Allá nos vemos a las 12!

Provocación en la Casa del Movimiento de Benito Juárez

El día de ayer, aproximadamente a las tres de la tarde, ingresaron a la Casa del Movimiento en Víctor Hugo 19, tres tipos.

Estando solas la responsable, la compañera Xasni Pliego y una compañera que llegó a pedir información, se presentaron en el pasillo y a gritos trataron de someterla:

"Te vamos a quitar lo Obradorista", mientras nuestras compañeras se replegaron a la pared. Más gritos e intimidación en un plazo muy breve, mientras nuestras compañeras estaban pegadas contra la pared.

Afortunadamente, los vecinos se percataron de la situación desde unas ventanas de edificios contiguos. Se movilizaron de inmediato y entraron a la Casa aprovechando que la puerta estaba abierta, y los provocadores huyeron.

Afortunadamente los queridos vecinos entienden que la Casa del Movimiento es de ellos. La defendieron y también a nuestras compañeras.

Abogados policías

PATRICIA DáVILA Y GLORIA LETICIA DíAZ
La pretensión de dos abogados identificados con la ultraderecha en México, José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac, de impulsar investigaciones extranacionales sobre la presunta participación de mexicanos en la guerrilla colombiana se topó con un fuerte obstáculo: una demanda ante la Procuraduría General de la República y las autoridades de Ecuador por pretender arrogarse atribuciones de “órganos públicos” o policiacos.

Una denuncia presentada ante la PGR de México y un documento entregado a la Fiscalía y a la embajada de Ecuador solicitan a ambos gobiernos aplicar el derecho internacional e interno de cada nación para impedir que dos abogados, quienes proceden como si fueran “órganos públicos”, realicen en Ecuador investigaciones y pesquisas en torno a actividades que involucran a ciudadanos mexicanos con la guerrilla colombiana.
Relacionadas con el caso de Lucía Morett y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la denuncia y la petición fueron interpuestas por la defensa de Rogelio Ortega Martínez, director del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero, en contra de las acciones emprendidas por los abogados José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, y Guillermo Velasco Arzac, presidente de Mejor Sociedad, Mejor Gobierno.
El 24 de marzo y el 7 de abril de 2008, Ortega Sánchez y Velasco Arzac presentaron, por separado, una denuncia (PGR/SIEDO/UEITA/028/2008) por la presunta participación de ciudadanos mexicanos en las FARC a raíz de que la estudiante de la UNAM Lucía Andrea Morett Álvarez fue herida por el ejército colombiano cuando se encontraba en un campamento de la guerrilla establecido en Ecuador.
Un año después, el 18 de marzo de 2009, ambos abogados acudieron nuevamente a la Procuraduría General de la República (PGR) a presentar la segunda ampliación de la denuncia (la primera se añadió al expediente el 13 de mayo de 2008).
En el nuevo documento, Ortega Sánchez y Velasco Arzac piden a la PGR solicitar a los gobiernos de Colombia y Ecuador la información que sustente la acusación penal por delincuencia organizada en contra de Lucía Morett, pues entre otras cosas suponen que también se halla involucrado Rogelio Ortega Martínez.
Esto, porque, afirman, “algunos de los últimos archivos que lograron abrir los expertos de la policía hablan de negocios entre las FARC y bandas mexicanas en un delito que está conmocionando al país centroamericano (sic): el secuestro. Son correos entre Reyes, Olga Marín, Marcos Calarcá y un hombre identificado como ‘Rogelio’”.
Según el argumento del Consejo Ciudadano, presuntamente el nombre completo de ese hombre podría ser Rogelio Ortega Martínez, quien habría pedido a Olga Marín y Marcos Calarcá en 2002 un préstamo de 40 mil dólares con la garantía de que pagaría una cantidad mayor porque estaba por recibir el rescate de una persona secuestrada.
Todo porque el 1 de marzo pasado el periódico El Tiempo de Colombia publicó uno de los mensajes encontrados en la computadora de ‘Reyes’ que, fechado el 22 de enero de 2002, señala:
“… Además de plantearnos que de ganar la rectoría tendríamos más apoyo, lo importante es que nos planteó el siguiente negocio. Un grupo que trabaja para él y que viene de las luchas anteriores, como forma de finanzas, hicieron (sic) una retención (secuestro) hace tres meses; están negociando (…) Ellos piden 20 millones de dólares y ya les están ofreciendo 4 y medio; dice que pronto estará llegando a 10 y que seguramente ahí cerrarán el trato. Esto nos contó para plantearnos un préstamo de 40 mil dólares. Ofrecen pagar el doble y algo de solidaridad en efectivo…”

“Son mentiras e infamias”

En entrevista con Proceso, Rogelio Ortega Martínez dice estar indignado por esas “mentiras e infamias” que han circulado en su contra.
“Hay una predisposición mediática que me produce daño moral en mi trabajo y mi familia”, afirmó. Después, molesto, admitió: “No esperaba que esa mentira llegara a tomar esa dimensión; por eso, cuando salieron notas en periódicos y revistas en las que se hacía mención de un ‘Rogelio’, yo pensé que se trataba de un homónimo.”
En 1983, Rogelio Ortega Martínez fue miembro de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), fundada por Genaro Vázquez Rojas, y su incursión en este organismo también fue utilizada en su contra por Ortega Sánchez y Velasco Arzac para ligarlo con la guerrilla colombiana.
“La ACNR –explica Rogelio Ortega– fue refundada en los años ochenta. Ya no tenía el perfil armado de la agrupación creada por Genaro Vázquez, sino que era sólo una expresión política. Esta información la manipula Ortega Sánchez en la demanda en mi contra.
“En esa época –prosigue– yo fui uno de los dirigentes más activos para que el Estado mexicano amnistiara a compañeros que habían sido exiliados a Cuba, por su participación en la guerrilla del maestro Genaro Vázquez. Una vez que con movilizaciones logramos la amnistía, fui a Cuba por los compañeros José Bracho y Demóstenes Lozano para reintegrarlos a la lucha legal.”
Asegura que José Antonio Ortega Sánchez, “como representante de la derecha”, manipula también en su contra la realización de un coloquio internacional de estudios sobre la paz que se realizó en el año 2000 y al cual asistieron los representantes de las FARC en México, Olga Marín y Marco León Calarcá.
Eso, dice, no obstante que “se trató de un acto público realizado en el Centro Internacional de Acapulco, y a mí, como coordinador de asesores del entonces rector Florentino Cruz Ramírez, me tocó organizarlo. No sólo vino gente de Colombia, sino de Guatemala, Uruguay, Chile, Argentina, en fin, países con experiencia en temas de pacificación”.
Según el profesor universitario, es fácil comprobar que las aseveraciones del presidente del Consejo Ciudadano y del presidente de Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, son falsas: “Soy un personaje ampliamente conocido, vivo modestamente de mi trabajo académico. Por eso nunca me dediqué a la política. Lo de México Posible (partido efímero fundado por Patricia Mercado) fue por un momento. En el instituto doy clases de licenciatura, maestría y doctorado. ¿A qué hora voy a subirme a la montaña o a la sierra a organizar una guerrilla y secuestros?”.
Asegura que la exhibición que el abogado Ortega Sánchez hizo de su persona en los medios de comunicación con la difusión de la denuncia en su contra no sólo es preocupante, sino que pone en riesgo su vida: “Podría haber alguien que por la sospecha que sembró este señor, quiera hacer justicia por propia mano. Lo responsabilizo por el daño que mi familia y yo pudiéramos sufrir”.
Días después de que el universitario fue vinculado con las FARC por Ortega Sánchez, la madrugada del 22 de marzo, un comando de hombres armados atacaron el edificio del IIEPA-IMA, dispararon cuando menos nueve balazos y dañaron el sistema de aire acondicionado y algunas aulas, según la denuncia Tab/GAR/145/2009.
Y es que, finalmente, el catedrático de la UAG decidió contrademandar a Ortega Sánchez y a Velasco Arzac.
A través de su abogado, Mariano Albor Salcedo, Rogelio Ortega envió una carta a Washington Pesántez Muñoz, fiscal general de Ecuador, donde le expresa su preocupación por “… el papel que le han asignado como informante y colaborador de personas físicas y organizaciones mexicanas al margen de las normas de derecho internacional e interno de cada país y que, como verá, tiene objetivos definidos en contra de personas e instituciones de los sectores desprotegidos de la sociedad mexicana que son, en este caso, estudiantes, profesores e investigadores sociales, pertenecientes a diferentes instituciones universitarias del país”.
Le expone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha interpretado en años recientes el principio de supremacía contenido en la Constitución y que, de acuerdo con el criterio jurisprudencial del máximo tribunal de los mexicanos, los tratados internacionales tienen un valor mayor que la legislación ordinaria de carácter federal.
En ese sentido, establece que las relaciones jurídico-penales entre ambos países se encuentran sujetas o vinculadas a instituciones de primer orden, como los derechos fundamentales, que son los derechos del hombre incorporados positivamente a la legislación nacional y originados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
En ese orden de ideas, puntualiza, debe considerarse la vigencia de los tratados internacionales suscritos regional y bilateralmente por Ecuador y México, que son la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Tratado de Extradición entre los gobiernos de México y Ecuador, y el Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal que establecieron ambos países.
El texto enviado al fiscal ecuatoriano por el abogado Albor concluye con “la petición de que cesen los actos de colaboración al margen de las leyes de los dos países”, y argumenta:
“Los individuos y las organizaciones (Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal y Mejor Sociedad, Mejor Gobierno) de origen mexicano que han sido recibidas por usted predican y practican la aplicación del castigo penal al margen de las garantías y los derechos del hombre y del debido proceso legal; para ello, aducen los argumentos justificativos más oscuros que registra la historia cuando se persigue por el color de la piel, por el credo que se profesa o, lo que es más grave, por lo que se piensa.”
Copia de esta misiva fue enviada por Mariano Albor Salcedo también al embajador de Ecuador en México, Galo Galarza Dávila.
El defensor del catedrático de la UAG interpuso finalmente, el jueves 2, una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). En ésta, y en referencia a las organizaciones presididas por Ortega Sánchez y Velasco Arzac, advierte que en México se ha organizado un conjunto de asociaciones que, aun cuando su objetivo es la observación y crítica de las autoridades, incurren en hechos que perjudican los bienes jurídicos más preciados para los mexicanos: la vida, la libertad y el patrimonio.
Tales agrupaciones, enfatiza, han desviado su comportamiento y objetivos, ya que sus prácticas actuales las han conducido a arrogarse funciones públicas de investigación y persecución de delitos que, por su naturaleza, legitimidad y legalidad, corresponden a los órganos de un Estado de derecho, como es el Ministerio Público.
–¿Por qué tanto el gobierno de Ecuador como el de México permiten que esas organizaciones se tomen esas facultades? –se pregunta a Mariano Albor.
–No sé. Lo que puedo decirle es que en la denuncia solicitamos a la PGR que se investigue a los funcionarios públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque han sido evidentes las omisiones en que han incurrido, pues esas organizaciones privadas actúan a través de sus representantes para irrumpir e intervenir en los asuntos que son competencia única y exclusiva de los pueblos y gobiernos de países extranjeros.
“De ahí que hayamos decidido dirigirnos al fiscal de Ecuador, quien a sabiendas de que existen tratados internacionales y conductos diplomáticos, abre canales institucionales a particulares mexicanos de organizaciones civiles mexicanas.”
Albor considera que no puede permitirse que organizaciones particulares, cualquiera que sea su origen nacional, actúen libremente. Y explica que México ya ha sancionado migratoriamente a extranjeros que, según el criterio de las autoridades, han intervenido en asuntos de carácter público interno. Cita un ejemplo:
El 20 de septiembre de 2007, después de una conferencia de prensa en la que los abogados estadunidenses Jeffrey Robert Anderson, Michael George Finnegan y David Gerard Clohessy denunciaron al cardenal Norberto Rivera Carrera por presuntamente encubrir al sacerdote Nicolás Aguilar, a quien acusaron de haber abusado sexualmente de 26 menores de edad, llegaron agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) e intentaron trasladar a dichos abogados a sus instalaciones (Proceso 1605).
Ese día, por la noche, el INM informó que los abogados ingresaron al país con pasaporte de turistas, lo que les impedía realizar actividades lucrativas o remuneradas, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley General de Población. El incidente estuvo a punto de crear un conflicto diplomático.

2006-2009: oprobiosa impunidad militar

JORGE CARRASCO ARAIZAGA
En dos años y cuatro meses de gestión calderonista, la impunidad militar llegó a niveles oprobiosos. La estrategia de movilizar a 45 mil elementos para combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada no sólo resultó fallida, sino que la institución se ha extralimitado en sus funciones al llevar ante tribunales militares a civiles. Reportes de la CNDH revelan que 23 de las 52 recomendaciones del ombudsman nacional contra la Sedena en los últimos 20 años
involucran a la actual administración.

Desde la época de la guerra sucia en México, el Ejército no había violado tanto los derechos humanos como durante el gobierno de Felipe Calderón.
En apenas dos años y cuatro meses, la institución acumuló más de 2 mil quejas. El período más violento contra la población civil ha sido el primer trimestre de este año, según los 423 expedientes abiertos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra militares.
Pero las violaciones tienen un agravante más: como ningún otro gobierno, el de Calderón ha sometido a cientos de civiles a tribunales castrenses. Tan sólo en sus dos primeros años, 484 casos que originalmente eran investigados por la vía civil pasaron a la justicia castrense.
Entre enero de 2007 y noviembre de 2008, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) abrió 170 averiguaciones previas en las que las víctimas han sido civiles en actos violatorios cometidos por los propios militares.
Aunque el predominio en México del fuero militar ha sido cuestionado por varios países en la Organización de las Naciones Unidas, el Ejército ha dictado 41 sentencias en las que las víctimas han sido civiles: 32 condenatorias y nueve absolutorias.
Ante el creciente número de sentencias relacionadas con civiles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la constitucionalidad del Código de Justicia Militar y el alcance del fuero castrense.
Además, en junio próximo el gobierno de Calderón deberá responder ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, a la petición que en febrero pasado le hicieron varios países al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que el Estado mexicano revise el alcance de ese fuero.
El general Guillermo Galván Galván se convirtió ya en el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el mayor número de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército en su historia reciente, como resultado del despliegue de 45 mil militares en calles y poblados del país para combatir el narcotráfico.
La tendencia al alza se elevó todavía más durante el primer trimestre de este año. En ese período, la CNDH abrió 423 expedientes de queja, contra las mil 602 tramitadas entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. Es decir, de las 2 mil 25 quejas presentadas contra elementos de la institución castrense en este gobierno 20% ocurrieron entre enero y marzo pasados.
Mientras más presencia del Ejército hay en las calles, mayor es el número de violaciones a los derechos humanos. La demostración más clara es el Operativo Conjunto Chihuahua, al que Calderón decidió aumentar a 8 mil 500 el número de militares a finales de febrero.
Los reportes más recientes de la CNDH obtenidos por Proceso indican que Chihuahua fue el estado donde hubo más quejas contra la Sedena, 97 del total de las 423 interpuestas. Pero por frecuencia, la comisión registró mil 262 hechos violatorios en todo el país tan sólo en el primer trimestre; la mayoría por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura y robo.
Como en ningún otro sexenio desde el surgimiento de la CNDH en 1990, bajo el mando del general Galván, la Defensa Nacional ha pasado a ser una de las principales instituciones investigadas por violaciones a esos derechos.
Las cifras del organismo indican que de las 52 recomendaciones recibidas por el Ejército en 20 años, 23 han ocurrido en el actual sexenio. Es decir, que en apenas dos años y cuatro meses 44% de todas las recomendaciones se han concentrado en el gobierno de Calderón.
Con más de tres años y medio aún de gobierno, Calderón supera a lo ocurrido en violaciones de militares a los derechos humanos durante la administración de su antecesor, Vicente Fox, y de los priistas Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, con el levantamiento zapatista de por medio.
El que más recomendaciones recibió una vez comprobadas las violaciones por parte de la CNDH fue el sexenio de Zedillo, con 14; le siguió el de Fox, con ocho, y en seguida el de Salinas, con siete. Con Calderón, tan sólo los expedientes abiertos contra la Sedena entre el 1 de enero y el 2 de abril pasados señalan que las 423 quejas habían derivado ya en cuatro recomendaciones.
Las violaciones, ocurridas prácticamente en todo el país y consideradas como uno de los efectos del combate al narcotráfico, así como las investigaciones de los militares sobre sus propios actos, empiezan a tener un costo social para el Ejército, que ha perdido aceptación entre la ciudadanía.

Descrédito

De acuerdo con la encuestadora Demotecnia, de María de las Heras, la confianza social en el Ejército mexicano ha decrecido. Aun cuando sigue siendo una institución con alta aceptación, en lo que va del gobierno de Calderón ha pasado de 83 a 72% de opinión favorable.
De los mil 262 hechos reportados durante el primer trimestre como violatorios, 219 fueron por incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante su ejecución, así como en las visitas domiciliarias. Por frecuencia, le siguieron las detenciones arbitrarias en 213 casos; trato cruel, inhumano o degradante en 144 y robo de bienes en 107 ocasiones.
En 61 casos hubo retención ilegal; en 60 deterioro o destrucción ilegal de propiedad privada, en 59 uso arbitrario de la fuerza, en 45 incomunicación, en 41 omisión para hacer constar por escrito el acto de autoridad, en 40 detención sin orden judicial fuera de los casos de flagrancias y en 31 tardanza para presentar al detenido ante el Ministerio Público.
Salvo tres estados –Campeche, Colima y Guanajuato–, en todo el territorio se registraron abusos por parte del Ejército. Por frecuencia, en ese breve período las entidades con el mayor número de quejas fueron Chihuahua, con 97; Michoacán, con 75, y Guerrero, con 51.
Se trata de lugares con intensa actividad militar antinarco, pero también de estados, en el caso de los dos últimos, donde el Ejército ha sufrido graves ataques como emboscadas y decapitaciones de efectivos (Proceso 1678).
Con mediana frecuencia siguieron Durango, con 23; Sinaloa, 19; Baja California, 18; Oaxaca y Tamaulipas, 17 cada uno; Tabasco, 14; Distrito Federal, 13; Coahuila, 12, y Veracruz, 10.
Después, Morelos, con siete; Chiapas, seis; Estado de México, Jalisco y Zacatecas, cinco cada uno; Sonora, cuatro; Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y San Luis Potosí, tres; Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, dos cada uno, y Aguascalientes, Baja California Sur e Hidalgo, con uno por entidad. Esa clasificación da como resultado 421 casos, dos menos de los que la propia CNDH da como total de expedientes abiertos.
Por si la comisión de esos hechos no fuera grave, el propio Ejército se encarga de investigarlos, con lo que no sólo se viola la Constitución sino que se abre la puerta a la impunidad, asegura Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Las propias cifras de la Sedena dan cuenta del amplio alcance que tiene la jurisdicción militar en casos donde hay civiles involucrados. Al igual que los datos de la CNDH, confirman que de manera creciente se ha aplicado el fuero militar a civiles durante este sexenio.
Mediante solicitudes de información al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sobre las actuaciones de la justicia militar entre 2000 y 2008, la Sedena confirma que el gobierno de Calderón ha hecho una extensa aplicación del fuero militar hacia civiles.
Con datos de la PJM, la institución asegura que en los dos primeros años de este sexenio, un total de 484 averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público federal o estatal han sido remitidas a la justicia militar, bajo la consideración de que la competencia corresponde a los tribunales castrenses.
En 2007, se registraron 103 declinaciones a favor del fuero militar, y en 2008 se elevó a 381 casos. De acuerdo con la información oficial, esa tendencia empezó a darse desde 2004. Entre ese año y 2006 se registraron 47 casos, muy lejos de los 484 de los dos primeros años del gobierno calderonista.
Según la PJM, sólo en una ocasión, durante 2008, la justicia militar le solicitó al Ministerio Público de la federación que declinara la competencia a favor del fuero de guerra, en aplicación del artículo 57 del Código de Justicia Militar, que establece los delitos contra la disciplina militar.
En su respuesta, la Sedena asegura que entre 2007 y 2008 el Ministerio Público militar abrió 170 averiguaciones previas en las cuales las víctimas son civiles. La cifra tampoco tiene precedentes. Es poco más de 10 veces que las abiertas entre 2004 y 2006. En 2004 fueron 12; en 2005, dos, y en 2006, cuatro. De los años anteriores, la Sedena no dio información.
De esas averiguaciones, 12 han sido consignadas ante la justicia castrense por la PJM; 10 de ellas con Calderón. En el gobierno de Vicente Fox ocurrió en dos ocasiones, una en 2004 y otra en 2006.
Ha sido con los gobiernos del PAN en los que los tribunales militares han procesado casos relacionados con civiles, aprovechando lo establecido en 1933 en el Código de Justicia Militar, cuya constitucionalidad es cuestionada nacional e internacionalmente y que está por ser revisada en la Suprema Corte.
Más elevado es el número de sentencias dictadas por los juzgados militares y el Supremo Tribunal de Justicia Militar en casos en que las víctimas han sido civiles. Sin precisar los años, la Sedena dio a conocer que de diciembre de 2000 a noviembre de 2008 se han dictado 41 sentencias, de las cuales 32 han sido condenatorias.
En lo que atañe al delito contra las personas, la Sedena tiene registradas 39 averiguaciones previas abiertas por el Ministerio Público militar. De ellas, 16 fueron en el gobierno de Fox y 23 en los dos primeros años de Calderón.

Abusos

El artículo 330 del Código de Justicia Militar establece que el elemento del Ejército que use las armas de manera innecesaria contra cualquier persona, o que ejerza sin autorización cualquier otro acto injustificado de violencia contra algún individuo, será castigado con un año de prisión. Añade que si se causare daño “se estará al delito que resultare, cuando la pena que corresponda a éste sea mayor que la señalada (en ese artículo)”.
La información entregada por la Sedena también indica que entre 2004 y 2008, 10 averiguaciones previas han sido consignadas por el Ministerio Público militar por violación de ese artículo; ocho en la gestión de Calderón.
Además, durante el sexenio de Fox y los dos primeros años del actual se han dictado 10 sentencias también por violación de ese artículo. En el mismo período se dictaron ocho sentencias, pero la dependencia no precisa en qué años ocurrieron.
Las instrucciones de los casos no sólo son desconocidas por las víctimas o sus familiares, sino que se siguen a partir de las versiones de los militares responsables de los abusos.
Uno de esos casos que está documentado es el ocurrido el 18 de diciembre pasado durante un cateo realizado en la ciudad de Durango. A las 5:45 horas de ese día, el Ejército se equivocó y “reventó” el domicilio ubicado en la calle Lirio 114 del fraccionamiento Jardines de Durango. El error le costó a un civil, Adolfo Sifuentes Rodríguez, la pérdida del brazo derecho.
A pesar de que ante la opinión pública intentó negar los hechos, la comandancia de la Décima Zona Militar, con sede en la capital del estado, reportó a la Sedena que efectivos militares acudieron al domicilio por una denuncia anónima según la cual se trataba de una casa de seguridad en la que se encontraban sicarios con los que se habían enfrentado el día previo.
El fraccionamiento, en efecto, había sido escenario de tres escaramuzas entre junio y diciembre de 2008. Pero el 18 de diciembre los militares arremetieron contra la casa a pesar de que sólo encontraron a Sifuentes con una carabina 30-30 y que, según el reporte, disparó en dos ocasiones.
Todavía más grave es la mentira con la que el Ejército intentó deslindarse del asesinato de seis personas –cuatro civiles y dos militares– en el poblado Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa, el 26 de marzo de 2008.
No fue cualquier intento de engaño. Fue en la denuncia de hechos presentada ante el Ministerio Público de la federación. La denuncia, cuya copia obtuvo Proceso, está firmada por el teniente de infantería Víctor Ruiz Martínez, el sargento de infantería Juan José Camacho Vega y el cabo de infantería Antonio Rojas Reyes.
Según esa versión, los civiles intentaron huir en un vehículo cuando vieron a los militares, “por lo cual emprendimos su persecución, dándole alcance, emparejándonos y ordenándole al conductor detener la marcha”; “en lugar de obedecer – se lee en el documento– frenó repentinamente, escuchando en ese mismo instante disparos de arma de fuego”.
Debido a que dos de los civiles que viajaban en la camioneta quedaron vivos e iban desarmados, la versión inicial del Ejército se vino abajo. “Lamentaron que no nos hubieran matado a todos, pues de esa manera nos hubieran sembrado armas y droga para justificar su acción”, dijo Miguel Ángel Medina Medina, uno de los sobrevivientes, a Proceso (1641).
Descubierta la mentira, el Ejército anunció proceso penal contra cinco militares, entre ellos los firmantes de la denuncia. Sin embargo, el caso se quedó en la jurisdicción militar. Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón López Medina, una de las víctimas, se inconformó e interpuso un amparo para que el caso pase a la justicia civil.
Patrocinada por el Centro Pro y la organización no gubernamental Fundar, la viuda considera inconstitucional la extensión de la jurisdicción militar a casos en los que se encuentran involucradas personas que no pertenecen al Ejército (Proceso 1688).
La madre y la viuda de otras de las víctimas también apelaron a la protección de la justicia federal, pero el Juzgado Noveno de Distrito y el Cuarto Tribunal Colegiado, ambos con sede en Mazatlán, desecharon la demanda por “notoriamente improcedente” al tratarse de fuero militar.
En el primer caso, la demanda de amparo ya fue atraída por la Suprema Corte, a petición del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. El miércoles 1, la Primera Sala del máximo tribunal decidió atraer el recurso con el objetivo de fijar los alcances del artículo 13 de la Constitución y revisar la constitucionalidad del artículo 57 del Código Militar.
El artículo 13 constitucional ordena que los tribunales militares “en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.
Si los ministros deciden ir al fondo del asunto, la corte determinará lo que debe entenderse por fuero militar, delitos y falta contra la disciplina militar, los límites jurisdiccionales de los tribunales militares y, por lo tanto, si ese artículo 57 está por encima de la Constitución, como alega Morales Rodríguez.
A partir de esa decisión, el Ejército cabildea en la corte en un intento por convencer a los ministros de que dejen las cosas como están, tal y como lo advirtió el general Galván el 19 de febrero pasado, en el marco de las actividades del Día del Ejército:
“Para aquellas voces que claman por abolir el fuero de guerra, les decimos que éste es la jurisdicción donde se previene el quebrantamiento de la disciplina militar”. Según el alto mando, todos los abusos cometidos por el Ejército son castigados con “penas ejemplares”.