sábado, 30 de abril de 2011
Quique va al Vaticano Julio Hernández López
Astillero
Pleitos de familia
Legislación del Talión
Arely Gómez: TelevIFE
Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones dirimen la candidatura presidencial priísta de 2012, o la redistribución de poder que se desprenda de esa postulación y de su eventual arribo a Los Pinos, con cargo a las cuentas políticas de las cámaras que dominan. Y en el forcejeo de las alturas han quedado encaminadas a mejores tiempos (que se supone serán peores) las propuestas legislativas que con más denuedo ha impulsado cada uno de esos precandidatos en sorda pugna. Versión en tres colores del ojo por ojo, pues el diluído sueño de reformismo político del sonorense fue enviado a la congeladora, para que en el siguiente periodo de sesiones de los diputados federales se analice la posibilidad de retomarlo, mientras el guiño dictatorial de la Ley de Seguridad Nacional (con dedicatoria precoz de Peña Nieto a sí mismo, viéndose ya en Los Pinos) ni siquiera fue llevada a transitar el sendero procesal de San Lázaro, habida cuenta de que el beltronismo respondón estaba claramente decidido a frenar tal propuesta en el Senado.
Juegos políticos de guerra en los que a fin de cuentas lo menos importante es el público: Peña Nieto ya se cree imbatible candidato presidencial priísta al que sólo faltaría el cumplimiento de protocolos partidistas para comenzar su campaña rumbo a 2012, y por ello apostó en San Lázaro a los asuntos de seguridad nacional, es decir, a un acerado tema de gobernabilidad apuntalada por la carta explícita del uso discrecional de las fuerzas armadas en momentos de crisis regional o nacional. Beltrones va en seria desventaja de imagen y promoción mediática respecto del mexiquense, pero trata de llevarlo a terrenos que no son de índole gráfica sino política e ideológica: que debatan ambos, en el ámbito priísta, respecto a las razones por las que desean llegar al poder y, en el plano de la función pública, que se rediseñen aspectos del ejercicio político mediante reformas que el gobernante en turno podría capitalizar para su beneficio mediante inteligencia y buen oficio y no mediante mano dura o imposiciones.
Pleitos en las alturas que hoy dejan en suspenso pretensiones polémicas, pero que bien pueden terminar en reconciliaciones que resuelvan los casos de discordia cuando los bandos priístas definan repartos de poder con la vista puesta en el retorno a Los Pinos. Sabido es que en momentos decisorios la clase política priísta es capaz de cerrar filas en torno a proyectos de poder y, por tanto, en septiembre venidero, cuando inicie el siguiente periodo de sesiones de las cámaras, podría producirse un milagroso entendimiento entre jefes grupales para presentar un frente común y sacar adelante los proyectos hoy pospuestos, pero la dinámica política hace prever que, por el contrario, llegados esos tiempos serán más marcadas las divisiones internas de los partidos y con mucha dificultad se podrá llegar a acuerdos sobre temas tan polémicos como la LSN y la escuálida reforma política. Otra vía de reconciliación apresurada se podría dar mediante una convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones para atender esos dos temas específicos, pero al menos hasta anoche poca disposición parecía haber en los mandos de las bancadas legislativas para impulsar esa alternativa.
A fin de cuentas, el interés electoral de Peña Nieto está definiendo el curso de los ánimos reformistas recientes. Para no generar una rebelión de líderes sindicales tradicionales en el estado de México se frenaron las pretensiones de cambio en la normativa laboral del país, y ahora, en el caso de la Ley de Seguridad Nacional, también se consideró la importancia táctica de no entregar banderas políticas a la oposición de izquierda, con Alejandro Encinas y Andrés Manuel López Obrador al frente, en los comicios estatales venideros. Habrá de verse si, superada esa aduana electoral local, el peñanietismo considera que ya no son necesarios los pruritos actuales y decide retomar con fuerza las negociaciones con el calderonismo para aprobar los pendientes. Dado que hoy han sido frenadas las reformas laboral, política y de seguridad nacional por cálculos electorales mexiquenses y por pleitos internos por la postulación presidencial, es de considerarse también la posibilidad de que resueltos esos nudos pudieran regresar al foro decisorio las mismas pretensiones.
Un ejemplo de la manera como el PRI acaba imponiendo sus deseos o arreglos está a la vista en el caso de Arely Gómez, la aspirante a consejera del IFE que ha sido largamente impugnada por su relación no sólo familiar sino marcadamente política con el gran poder nacional que es Televisa, de uno de cuyos vicepresidentes es hermana. Empeñado el partido tricolor en quedarse con dos de las tres consejerías electorales vacantes, y que una de ellas fuera para sellar su alianza con Televisa, mediante la entrega a Arely Gómez, ayer parecía dispuesto a ceder parte del botín a condición de que la plaza tricolor fuera para quien así se constituiría en teleconsejera del IFE, en una conquista política más de la poderosa televisora que además cuenta con una telebancada de diputados y que, para efectos de confirmar en la percepción pública lo implacable de su autoridad, consiguió que fuera encarcelada recientemente la viuda de Emilio Azcárraga Milmo, padre del actual accionista mayoritario de Televisa al que Paula Cusi había demandado desde años atrás por razones no de índole sentimental sino de crudas posesiones accionarias y de presuntos incumplimientos testamentarios. Ayer, sin embargo, una juez determinó que las bases a partir de las cuales la procuraduría capitalina había apresado, con premura poco frecuente, a la oponente judicial de Azcárraga Jean eran insuficientes y por ello dictaminó la puesta en libertad de la litigante incómoda. Como de telenovela.
Y, mientras Enrique Peña Nieto viaja al Vaticano, como invitado no oficial a la ceremonia de beatificación de Juan Pablo Segundo, ¡feliz fin de semana!
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jueves, 28 de abril de 2011
Historias cotidianas de terror Julio Hernández López
Astillero
Freno a la LSN
Pugnas priístas de elite
Versiones de San Lázaro
Son “altísimas las probabilidades” de que en el Senado se ponga freno al replanteamiento de control militarizado que impulsan diputados federales priístas, e incluso es posible que divergencias internas en el propio San Lázaro, y tiempos políticos recortados y recargados, impidan desde allí el avance del proyecto de Ley de Seguridad Nacional (LSN). Las bancadas legislativas de tres colores parecen empecinadas en guerrear a cuenta de iniciativas presentadas por sus respectivos caudillos presidenciables: Manlio Fabio Beltrones en el Senado y Enrique Peña Nieto en la Cámara de Diputados, de tal manera que el remedo de reforma política empujado por el sonorense parece destinado a entramparse, al igual que la LSN patrocinada por el mexiquense.
La accidentada ruta del proyecto de Ley de Seguridad Nacional pasa por problemas procesales que requieren respeto a la normativa camaral, para no generar violaciones que luego puedan ser recusadas, y por el reloj electoral adelantado que verá terminar en unos días el último periodo de sesiones de la actual legislatura, en que aún se podrá llegar a ciertos acuerdos, pues cuando se abra el siguiente periodo, meses más delante, los hervores de las candidaturas y los rejuegos partidistas anularán casi toda posibilidad de avances de fondo en el trabajo legislativo.
Aun así, los promotores de la LSN defienden la esencia de su polémica propuesta. A contracorriente de la percepción de que esa iniciativa de ley abre la puerta a la militarización y concede facultades discrecionales casi dictatoriales al ocupante de Los Pinos, diputados priístas con papel estelar en el asunto, como Alfonso Navarrete Prida y Rogelio Cerda, aseguran que la intención es justamente la contraria: evitar que continúe el manejo de tropas desde Los Pinos sin regulación, ateniéndose el máximo comandante a determinadas letras constitucionales que le permiten usar soldados, marinos y fuerzas federales en general cuando considera que existe alguna forma de perturbación de la seguridad interior. La bancada priísta de San Lázaro, al modificar la minuta que le había enviado el Senado, trata, según los diputados promotores, de obligar a quien ejerza el Poder Ejecutivo federal a informar oportunamente de sus decisiones en materia de expansión castrense para enfrentar “afectaciones a la seguridad nacional” en términos regionales y de temporalidad definidas. Según esa visión, obligando a Los Pinos a precisar sus razones, y a dejar constancia escrita de motivos, objetivos, términos y alcances de sus decisiones en esta materia, se abre también la posibilidad jurídica de impugnarlas por la vía judicial y eventualmente frenarlas y castigar incumplimientos.
Frente a una realidad de sangre desbordada, insuficiencia institucional y desplome del valor de lo jurídico, los alegatos priístas no son aceptados por quienes ven en el proyecto de LSN una maniobra de cúpulas pripanistas para legalizar las ilegalidades en curso y dotar con toda intención a quien esté en Los Pinos de instrumentos de control social mediante las fuerzas armadas, estableciendo un ambiente de amago militar que cercenará libertades y derechos. No habrán de ser, sin embargo, las protestas y movilizaciones populares las que impidan la aprobación de la LSN sino, según se preveía anoche, los problemas internos del priísmo y los tiempos políticos que ya no dan ni darán más que para dedicarse a la descarnada guerra electoral.
Astillas
Desde algún lugar del estado de México reportan un detalle más del sombrío mural nacional: “Estábamos en la sala de la casa mi papá, de 75 años, mi mamá de 70, y yo, terminando de cenar como cualquier familia, eran como las 22:20 cuando se escucharon unos toquidos muy fuertes en la puerta; mi papá se asomó por la ventana para ver qué ocurría y no había hecho esto cuando se oyeron golpes más fuertes y entonces la puerta cedió y entraron alrededor de diez o doce personas armadas, con rifles de alto calibre y pistolas de uso reglamentario; en principio pensé que eran asaltantes y que nos iban a robar. Los sujetos empezaron a decir que eran policía federal y que estaban ahí porque habían secuestrado a una niña de 14 años, que los acompañara alguien porque iban a revisar la casa, que no nos preocupáramos porque no se nos iba a perder nada. Y así lo hicieron: mi mamá los acompañó a la parte alta de la casa y otros revisaron el patio, la accesoria donde tiene mi papá su taller mecánico y hasta la azotea. Nos preguntaron que cuántos vivíamos ahí y a qué se dedicaba mi papá. Una vez realizadas estas acciones dijeron vámonos, vámonos, enciérrense bien, y se fueron dejando nuestra entrada con las chapas voladas. Como comprenderás estamos muy nerviosos porque ya no hay un estado de derecho real, y si ahorita que no se han aprobado sus leyes de seguridad, hacen esto, ¿qué va a pasar después? Yo no sé qué hacer, si levantar una queja o un acta o a dónde debo acudir. Los vecinos cuando vieron la acción llamaron a la policía municipal porque pensaron que nos estaban asaltando, la policía vino y tomó nota de lo ocurrido, nos preguntaron que si se habían identificado, a lo cual le contestamos que no, que sólo dijeron ser policía federal y eso fue todo. Si esto no es un estado fallido está muy cerca de serlo, ya que se meten en tu casa, te aterrorizan sin ninguna orden de cateo o de juez, y sin ninguna garantía de que no vuelva a ocurrir y ahora estamos esperando a ver qué sigue”... Y, mientras el PAN le cobra caro al chuchismo el “error” del estado de México, cerrando las puertas provisionalmente a Guadalupe Acosta Naranjo en Nayarit (donde Nueva Izquierda ya se hacía con un gobernador de “alianza” como cuota por servicios prestados a Los Pinos), pues el partido de blanco y azul postuló ayer a la todavía “perredista” Martha García de Echavarría (la otra señora Martha, esposa de quien fue gobernador también por alianzas que luego echó al bote de la basura), pero aceptará que dentro de un mes se haga una “consulta” para que decline quien menos preferencias tenga... ¡hasta mañana!
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miércoles, 27 de abril de 2011
Excluir a la izquierda Julio Hernández López
Astillero
Militarización rápida y furiosa
Estado electoral de excepción
Toque cívico de queda
Un humor muy negro o una absoluta frivolidad acompañaron ayer al diputado federal priísta Rogelio Cerda a la hora de señalar que esta semana, así sea en una sesión rápida y furiosa, serán sometidas a votación las pretensiones de control militar a discreción que han acordado el comandante que presuntamente está en vías de dejar el hirviente cargo, Felipe Calderón, y el supuesto aspirante principal al relevo, Enrique Peña Nieto, quien cada vez parece más decidido a mostrar que su talante autoritario es similar o peor que el de su provisional aliado panista.
Evocar el nombre de las acciones realizadas por el gobierno gringo para entregar armas a Los Zetas tiñe de fundadas sospechas la premura con que San Lázaro pretende a su vez dar mayor poder a las corporaciones militares y marinas para apagar, paradójicamente, el fuego social atizado por la errática “guerra” felipista contra el narcotráfico. Pero a las maquinarias legislativas del peñanietismo y el calderonismo no parece importarles mayor cosa la creciente protesta que sus afanes de militarización ex- presa están provocando.
A fin de cuentas, es explicable la convergencia de intereses que pretende sacar adelante la mencionada ley. El peñanietismo salinizado busca centrar la competencia electoral en dos bandos circunstancialmente opuestos pero sustancialmente afines, es decir, en el del propio PRI, con el copete toluqueño como personaje movido tras las sombras por una calva del Distrito Federal, y en el PAN calderonista que a fin de cuentas podría negociar salvoconductos e impunidades a cambio de ceder el paso al partido tricolor. Haiga de ser como haiga de ser el desenlace formal de 2012, al pripanismo le conviene instaurar en el país un régimen político y social de excepción, con toque cívico de queda y mano dura contra movimientos de protesta. Las urnas de 2012 quedarían así condicionadas por dos factores que manejan en distintas proporciones los dos actores partidistas pactados: las fuerzas armadas, como instrumento jurídicamente legitimado de acción y represión de Los Pinos, y el narcotráfico como elemento de disuasión o promoción de candidaturas y resultados electorales oficiales.
Desde ahora, detectando los puntos de resistencia a la embestida fascistoide que se incuba en San Lázaro y midiendo la capacidad de respuesta social que genere tan lesivo proyecto de ley, la dupla que forman Peña Nieto y Calderón está anunciando formas de exclusión de la izquierda en el proceso de renovación del poder institucional el año venidero. El golpe que pretenden dar con el pretexto de la seguridad nacional significaría un retroceso brutal en materia de libertades y derechos sociales que ya ni siquiera tendrían un sustento pleno en términos meramente formales, jurídicos, pues serían arrasados por las nuevas normas de corte militar. Van por todo, al costo que sea, constriñendo las posibilidades de competencia electoral a una pareja derechista que en su momento podrá negociar lo que sea necesario para mantener el poder en sus arcones complementarios, amenazando desde ahora toda forma de protesta y lucha política, social y laboral, advirtiendo que el color dominante de las boletas electorales venideras será el verde olivo.
Astillas
Se agradece a Jaime Collado el llamar la atención sobre un detalle de la columna de ayer: “Me refiero al vocablo normatividad. Yo sé que es muy popular en México, pero el diccionario no lo registra y es difícil comprenderlo. Normatividad sería algo así como “cualidad para normar”, pero para ello existe la palabra normativo, que es lo que fija la norma, y la normativa es el conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. Entonces, ‘a cambio de aprobar la nueva normatividad en materia de seguridad nacional’ bien podría redactarse como ‘a cambio de aprobar la nueva normativa en materia de seguridad nacional’, o bien, ‘a cambio de aprobar las nuevas normas (jurídicas) en materia de seguridad nacional’. Por lo demás, coincido plenamente con usted en que toda esta escalada de violencia es sólo un pretexto para encauzar a México hacia el fascismo. No es ineptitud del gobierno, sino perversión”... Segismundo Cortés Arenas replantea: “El diputado Alfonso Navarrete Prida (de negro historial en el estado de México) declaró que ‘... si en los operativos se cometen abusos contra la población civil, ello será responsabilidad de la autoridad que los aplique y no resultado de una ley’. Mi petición al diputado Navarrete Prida es que, siguiendo su forma de pensar, incluya en la ley de seguridad que propone que el Estado autorice a los ciudadanos tener y portar armas para su defensa, basándose para esto en su argumento, pues entonces el que mate o hiera a otra persona será responsable de disparar una pistola o cañón sin que se pueda echar la culpa a la ley que autorice la tenencia o portación de armas”... Vic Rey reflexiona: “FC declaró hace poco que una persona de 19 años ejecutó a más de 100 personas en San Fernando, Tamaulipas, para lo cual requirió buen tiempo. Así, Calderón sólo está exhibiendo al equipo de seguridad con el que cuenta el país, en los tres niveles, pues con toda su inversión y entrenamiento han sido menos eficientes que un solo adolescente. Por otro lado, este lunes el noticiario estelar de Televisa inició su transmisión con la nota sobre la beatificación de quien fuera amigo de Marcial Maciel, continuando con la nota de cierta boda en un país algo lejano del nuestro. Para lo anterior se consumieron alrededor de 20 minutos. Pregunta obligada: ¿Aquí, en México, necesitamos ese tipo de notas? ¿Aquí todo está bien? Patético”... Y, mientras los pederastas siguen tan tranquilos, disfrutando de las cárceles con servicio gastronómico fuera de rejas, como asegura el diputado panista Agustín Castillo que ha sucedido en Cancún con Jean Succar Kuri, ¡hasta mañana, con el diputado local de Guerrero, Faustino Soto Ramos, denunciando que militares lo maltrataron y golpearon el pasado 21 durante una “revisión”!
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martes, 26 de abril de 2011
IFE: Teleconsejera Julio Hernández López
Astillero
Parche reformista
Colapso político
Golpe a discreción
Los culpables y, al mismo tiempo, grandes beneficiarios del colapso político mexicano se afanan en generar una reforma legislativa que, a como se ven las cosas, solamente acabará siendo un ofensivo parche mal puesto y una demostración más de que ni siquiera en su etapa de mayor crisis el sistema político vigente es capaz de generar alternativas inteligentes, modernas y eficaces para su sana renovación.
Es explicable que a lo más que estén llegando los senadores encargados de la ínfima reforma política sea a un remedo de solución. Para empezar, el bando priísta senatorial, coordinado por Manlio Fabio Beltrones, está en desventaja aparentemente irreversible respecto al expansivo grupo que tiene a Enrique Peña Nieto como virtual candidato presidencial, y ese desequilibrio en las filas del partido de tres colores se está reflejando en los procesos de aprobación de iniciativas legislativas, pues los diputados y los gobernadores alineados con Toluca cierran el paso (o disminuyen o estancan), cada vez de manera más abierta y brusca, a las propuestas identificadas con el senador sonorense. Y justamente uno de los proyectos más largamente cincelados por el bando beltronista es el de la zanahoria llamada reforma política, entendida ésta como suerte de traje a la medida de las pretensiones presidenciales del autor e incluso como una especie de pasaporte decoroso al sexenio venidero si el ex gobernador norteño no llegara a Los Pinos ni su partido.
Pero hoy, en las circunstancias actuales, los planteamientos de reformismo limitado no tienen impacto real, entre otras cosas porque el tejido social y cívico ha sido concienzudamente dañado por la clase política abusiva, frívola y corrupta y porque los procesos políticos y electorales están sujetos a una lógica distinta, la de las armas, tanto las gubernamentales (policías, soldados y marinos) como las de los narcotraficantes (en su relación ambivalente y fluctuante con el poder: a veces confrontados, a veces a su servicio). Cada vez menos gente cree en la viabilidad de lo político y lo electoral, y cada vez hay menos respeto, en general, por el oficio político y sus resultados. A ello se añade el hecho de que la iniciativa de reforma política actualmente a discusión en el poder legislativo federal es engañosa e insuficiente, calculada para aparentar avances y concesiones, pensada para preservar privilegios e incluso inaugurar una casta de diputados y senadores con derecho a ciertas elecciones consecutivas.
Peor resulta el panorama si se toma en cuenta que los supuestos ánimos de reformismo democrático tienen como siniestro telón de fondo el intento de dotar al actual ocupante de Los Pinos de facultades discrecionales para decretar virtuales estados de excepción y utilizar a las fuerzas armadas para enfrentar lo que a su personalísimo juicio constituya una alteración de la paz o un problema de índole política, electoral o laboral.
Esa pretensión dictatorial es de una gravedad extrema, pues en los hechos significará la supresión de derechos, garantías y libertades, de tal manera que los placebos reformistas en materia electoral quedarán convertidos en nada si se aprueba la pretensión mayor, la del virtual golpe calderonista que según eso habrán de apoyar los diputados priístas, dominados por el peñanietismo, en intercambios mafiosos de favores que al partido tricolor reportará la cancelación o la no utilización de expedientes criminales relacionados con el narcotráfico, correspondientes a algunos de los ex gobernadores priístas recientes, que además de prometer a Peña Nieto un caudal de votos en sus estados (a conseguir haiga de ser como haiga de ser) son también sus financistas comprometidos.
La dimensión nefasta del tianguis legislativo en curso se manifiesta también en la pretensión priísta de que, a cambio de aprobar la nueva normatividad en materia de seguridad nacional (el golpe felipista), los panistas den su voto en favor del hasta ahora pospuesto plan tricolor de hacerse de dos de las tres consejerías del IFE que están pendientes de designar, y que en una de ellas quede Arely Gómez, hermana de un vicepresidente de Televisa, empresa que así ampliaría su fuerza política hasta el mismo ámbito de organización y realización de los próximos comicios.
Astillas
Desde Cocoyoc, Morelos, el doctor Leonardo Moctezuma comenta: “la beatificación de Juan Pablo II con carácter exprés es una farsa, y farsantes serán los que se presten a ello: la jerarquía católica necesita ‘nuevos productos’ para mantener el clientelismo fanático y ávido de nuevos ‘santos’ para adorar, los creyentes simplemente deben tomar referencia del texto bíblico que indica claramente que ‘sólo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, su hijo’”...
El sicoanalista José Antonio Lara Peinado escribe: “San Fernando y sus fosas clandestinas, donde han aparecido 145 cadáveres, son la radiografía de un México preso entre los desequilibrios de la clase gobernante y el cinismo de la televisión. La aparición del fantasma paranoico en la clase gobernante y los delincuentes ha desatado desesperados actos histriónicos que van del aparente enojo hasta la victimización hipócrita de lo que está pasando. Declaraciones propias del discurso esquizofrénico son el pan cotidiano de los discursos, juegos de palabras y aparentes enojos combinados con sonrisas sarcásticas son parte del paisaje político cotidiano de este país. En el colmo de la fantasía perversa, los muertos son convertidos en meras estadísticas, en parte de las encuestas y, como dato para campañas políticas, se sostiene el discurso de la confrontación y de la guerra, como si los muertos, las pistolas y las balas fueran de juguete. Delincuencia y gobierno, completamente desequilibrados y en medio de una locura de dos, sostienen su fantasía apoyándose mutuamente”...
Y, mientras los subordinados mexicanos son citados a Washington este viernes para arreglar asuntos sangrientos del traspatio, ¡hasta mañana, con la novedad de que ya ni expediente hay en Guerrero del asesinato de Armando Chavarría!
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lunes, 25 de abril de 2011
Amigos-enemigos: Schmitt Julio Hernández López
Astillero
Peñanietismo calderonista
Carretas pacificadoras
Asonada legislativa
El peñanietismo que actualmente domina la estructura decisoria del PRI habrá de decidir en estos días si mantiene la muy cultivada apariencia de que su eventual arribo a Los Pinos significaría una corrección de fondo de la criminal política calderonista de exterminio social a cuenta y cuento de la “guerra” contra el narcotráfico, o tempranamente se despoja de esas caretas de supuesta voluntad de pacificación, al aprobar en San Lázaro las pretensiones felipistas de crudo autoritarismo basado en el uso discrecional de las armas.
Hasta ahora, ese peñanietismo desbordado juega con la percepción de que las jurásicas artes de negociación del partido tricolor podrían despojar de su carga sangrienta al tema del narcotráfico y reinstalarlo en los carriles del entendimiento complicitario que durante décadas mantuvo el Negocio en plenas funciones, pero sin masivos y crueles “daños colaterales” (una fuente invaluable de información al respecto la constituye el ex gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo).
Pero resulta que es uno de los operadores del peñanietismo, Alfonso Navarrete Prida, especializado en poner alegatos jurídicos al servicio de las órdenes de sus jefes políticos, quien encabeza la pretensión de aprobar una nueva normatividad en materia de seguridad nacional que contiene marcados tintes dictatoriales, muy adecuados al perfil del actual ejecutante de la sinfonía macabra, el comandante Calderón, pero no a los supuestos aires de composturas que animarían al actual gobernador del estado de México, quien quedaría marcado históricamente como el corresponsable clave de la aprobación de las antes citadas reglamentaciones golpistas de seguridad nacional, pues a sus instrucciones responde la mayoría priísta de la cámara de diputados que, sumada a la panista, daría las condiciones numéricas para que en San Lázaro triunfe la asonada legislativa.
A propósito de esa Ley de Seguridad Nacional que la cámara de diputados pretende aprobar, Rolando Garrido Romo aporta lo siguiente: “La principal fuente de las leyes aplicadas por Hitler durante sus años en el poder es Carl Schmitt (La dictadura: desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria; Teoría de la Constitución; Legalidad y Legitimidad).
“Schmitt señalaba que la política se basa en la distinción entre amigo y enemigo. Así, en vez de ver la política como una labor de armonización de intereses, la ve como un inevitable enfrentamiento, por lo que la actividad del Estado consiste en mantener la paz, la seguridad y el orden, a cualquier precio. La principal misión del Estado es entonces identificar al enemigo y aniquilarlo completamente.
“Es así –añade el texto de Garrido Romo– que el estado de emergencia, que en una democracia es una cuestión excepcional, se convierte en algo prácticamente cotidiano, con lo que en los hechos se vulneran las garantías individuales. De esa forma, la acción del gobierno se funda en un derecho ‘situacional’, es decir, sus atribuciones se magnifican de acuerdo con la situación de riesgo que enfrenta, y de esa manera desaparecen por completo las garantías que establece la Constitución. Entonces, las decisiones del Poder Ejecutivo, en su caso del fuhrer, no están sujetas a control.
“Así también vale recordar, como lo hace Jorge Tapia Valdés en Terrorismo de Estado: la doctrina de la seguridad nacional en el cono sur, que ‘el binomio Estado autoritario-Estado tecnocrático’ ve al proceso político como un mecanismo para imponer ‘reglas técnicas’, en donde no cabe el pluralismo, e instaurar un ‘Estado unitario’ que busca ‘el bien común’. El discurso es el mismo que utiliza Calderón: unidad nacional, bien común, todos unidos contra el enemigo interno. Pues bien, ésa fue la doctrina que el Pentágono inculcó a los ejércitos del cono sur, y que ahora inculca a nuestras fuerzas armadas, con objeto de seguir aplicando una política económica depredadora, eliminando la protesta y la movilización social, dejando una sociedad amedrentada, con la justificación de la guerra interminable contra el crimen organizado. Muy conveniente para los intereses económicos y de seguridad de Washington.”
Astillas
Fermín González Gaxiola escribe desde Hermosillo: “Buscando una explicación coherente, cualquiera puede concluir que Los Zetas son un grupo paramilitar auspiciado por Estados Unidos (con la complacencia del gobierno mexicano), para proteger sus fronteras desde Centroamérica. Después de que el pueblo mexicano confirmó con aterradora incredulidad la existencia del operativo Rápido y furioso, nada parece ser imposible en la perversa política intervencionista del vecino país del norte, ya que sólo así podemos explicarnos la absoluta impunidad con la que Los Zetas extorsionan, secuestran, explotan, asesinan y sepultan en sus panteones particulares (eufemísticamente llamados ‘fosas clandestinas’) a los migrantes nacionales o extranjeros, cuyo único delito consiste en ir tras el mal llamado ‘sueño americano’, pues en verdad se trata de someterse a una nueva esclavitud y a padecer el racismo terrorista de los grupos de ultraderecha. Todos percibimos la complacencia con la que actúan las autoridades mexicanas ante las masacres cotidianas de Los Zetas, y el cinismo alcanza sus niveles más altos cuando vemos que los funcionarios responsables de proteger los derechos de los migrantes reciben premios por no hacer nada. ¿Alguien tiene una mejor explicación de lo que pasa?”... Elena Millán comenta: “Estoy de acuerdo en que Juan Pablo II no debía ser beatificado, por su relación con Marcial Maciel. Pero añadiría que pecó seriamente de omiso cuando estaban en su apogeo las dictaduras en el Cono Sur. No dijo nada contra los dictadores. En Chile fue la Iglesia local la que elevó la voz, y en Argentina la Iglesia apoyó a la dictadura; incluso hay ahora un sacerdote encarcelado por su apoyo a la tortura”... Y, mientras Televisa espera que esta semana le aprueben su representación ante el IFE, con Arely Gómez en el paquete de los tres nuevos consejeros del IFE, ¡Hasta mañana!
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sábado, 23 de abril de 2011
viernes, 22 de abril de 2011
Cártel de Sinaloa gana Julio Hernández López
Astillero
Necesariato marino y militar
Civiles rebasados
Durango, narcopoder
No le quedó más remedio ayer al calderonismo que echar mano de una carta poco jugada para tratar de equilibrar la balanza de opiniones respecto de la pretensión de imponer reglas de seguridad nacional que significarían dejar puertas abiertas al autoritarismo de quien ocupe Los Pinos para mover a su contentillo fuerzas armadas, tanto por disturbios públicos en general (centrada aparentemente la intención en el caso de los narcotraficantes insurrectos) como por razones claramente políticas, laborales o electorales. Ninguna voz influyente o respetable se atrevió a respaldar el clausulado con el que se pretende dar legislativamente un bono dictatorial a Felipe Calderón para que lo use cuando lo considere conveniente, así que fue necesario improvisar palabras públicas de una voz infrecuente, ni más ni menos que la correspondiente a una de las cabezas del binomio armado en cuestión, específicamente el jefe de la Marina que se ha ido convirtiendo en el cuerpo de acción preferido por informantes y operadores de Estados Unidos y por la obsecuente casa del presidencialismo fallido.
Así, a falta de otros declarantes, el secretario de Marina fue impulsado ayer a dar una “inusual” conferencia de prensa en Veracruz (el adjetivo referente a lo desacostumbrado de esa comparecencia ante periodistas lo aportó Alfredo Méndez, el enviado de La Jornada al puerto donde ayer se celebró, sin la presencia de Felipe Calderón, la defensa patria hecha 97 años atrás), en la que obviamente defendió la tesis guerrera de que soldados y marinos deben seguir en las calles, pues las autoridades “se han visto rebasadas por el poder del crimen organizado” (las autoridades estatales, dijo, eximiendo a las federales de las que forma parte: gobernadores “rebasados”; Los Pinos y sus hombres armados, relevo obligado).
El secretario Saynez desgranó la tesis del “necesariato” armado, que en paráfrasis astillada dice así: hoy no hay condiciones para que soldados y marinos dejen de hacer lo que hacen en las calles, pues no hay autoridades civiles con capacidad para ofrecer algo de seguridad a la población, así que es necesario que las fuerzas armadas continúen en lo que están: atentamente, las mismas fuerzas armadas. Es decir, que es necesario, imprescindible, indiscutible, que esas fuerzas tomen el control de la situación perdida por los civiles; una nada enigmática confesión de que se vive ya en una circunstancia de excepción que debe asumirse como un hecho contundente, una suerte de golpe que se niega a reconocer su nombre, al grado que el propio secretario debutante en asuntos de declaraciones políticas aceptó: “Algunos piensan que la violencia no se combate con violencia; estoy de acuerdo con esa tesis, pero no veo en este momento cómo se pueda hacer para desarmar a esa gente que cada vez tiene más agresividad”.
El secretario de Marina parla mientras en el país son dadas a conocer nuevas estaciones del viacrucis sexenal: Durango suma producción local a la cuenta de los muertos arrojados a fosas presuntamente cavadas y operadas por narcotraficantes, aunque en el país del escepticismo fundado también hay quienes se preguntan si en la sabida mescolanza de funciones macabras que sostienen delincuentes explícitos y policías y militares no habrá aportaciones oficiales y administración inmobiliaria fúnebre. Durango, largamente dominado por el narcotráfico, con gobernadores convertidos en meros administradores secundarios del negocio, con una retadora fuerza política de los delincuentes confesos que impidió en esa entidad una “alternancia” entre cárteles de las que el marcelismo-camachismo impulsó tramposamente con sus alianzas que en entidades como Sinaloa y Durango solamente sirvieron para dar opciones a bandos enfrentados, al priísmo histórico escindido por razones mezquinas, no por proponer cambios de fondo ni nada por el estilo. Así que Durango toma por la vía de las narcofosas el lugar de horror que le corresponde como uno de los refugios naturales del jefe máximo del narcotráfico oficialista, el famoso capo del que hasta el arzobispo local se atrevió tiempo atrás a dar referencias postales.
Léase, para mejor entendimiento de las causas profundas de la violencia desatada a propósito del narcotráfico, lo difundido ayer por la consultora estadunidense en asuntos de seguridad Stratfor: “Dondequiera que haya un conflicto en México entre cárteles, se encuentra la mano de Sinaloa. Y en todos los casos Sinaloa está ganando territorio. Mientras que las luchas internas y presiones externas de los organismos de aplicación militar y federales han debilitado a todos los cárteles, el cártel de Sinaloa ha demostrado ser inmune a la crisis y está creciendo”, señala.
Cártel protegido y cárteles perseguidos, favoritismos que los repelidos cobran con crueldad extrema, despechada. Operaciones de exterminio contra unos, mientras otros ganan y crecen. Reordenamientos comerciales a cargo del poder que desea nuevos criterios de tributación subterránea e incluso coparticipación accionaria en el rediseño del gran negocio. Y, de pasada, la cobertura política y legislativa a las operaciones militares y marinas que en el fondo lo que hacen es imponer y mantener activa la red de control social ante previsibles estallidos políticos, sociales, laborales o electorales.
¡Jesús crucificado! ¿Tal es el contexto del Calvario al que al pueblo mexicano han llevado? ¿Por ello se considera “necesario” imponer un virtual estado de excepción a criterio del fallido gobernante ensangrentado? ¿La semana entrante habrá clavos legislativos en materia de “seguridad nacional” sobre el cuerpo social ya a estas alturas bastante mancillado? ¡Jesús de Felipe!
Y mientras los mexicanos son declarados los huéspedes extranjeros más frecuentes de las cárceles estadunidenses, ¡feliz fin de semana, con el queso político de Oaxaca bien enredado en el Arca de Cué!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
jueves, 21 de abril de 2011
Fallido manejo del caso San Fernando Julio Hernández López
Astillero
Teoría de la relatividad militar
Ni paz ni guerra: todo lo contrario
Estado exprés de excepción
ocas veces han sido los diputados federales tan oportunos y sugerentes como en estas vísperas de sublimación teologal. Párrafos henchidos de filosofía profunda y letras cargadas de mensajes pedagógicos para las masas descarriadas (aunque bien claritos, reveladores, para los ánimos de control belicista unipersonal que alberga el felipismo demostradamente espirituoso, es decir, vivo, animoso, con mucho espíritu, según una de las dos acepciones del término).
Léase, por ejemplo, una de las joyas del pensamiento legislativo mexicano al servicio del uso discrecional del Ejército y la Marina, por parte del piadoso y sereno Felipe Primero (Por el bien de Los Pinos, primero las armas: 40 mil casos lo confirman), todo aderezado con comentarios astillados, casi de pila de agua bendita, colocados entre paréntesis nomás por la irrefrenable vocación latosa del tecleador semanasantero: “La paz debe interpretarse como estado contrario a la guerra (de otra manera se entraría en un caos cósmico, pues se confundiría lo seco con lo húmedo, y las balaceras con la quietud monacal, por usar ejemplos propios de la cotidianidad patria), pero no como estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro (en Oaxaca y Atenco se vivió largamente la paz, incluso cuando las fuerzas federales, a cargo de Ardelio Vargas Fosado, arremetieron contra pobladores en protesta, Ardelio que presidió la comisión de defensa nacional de San Lázaro antes de irse como secretario de seguridad pública a Puebla: en realidad, los conflictos o alteraciones diversas, y su consecuente represión gubernamental, son excepciones que confirman las reglas: garrote y balas para fortalecer la paz)”.
Continúan los iluminados de San Lázaro: “La Constitución no señala expresamente que existen diversos ‘niveles o grados’ de paz (chin: constituyentes tan chafas que no metieron en cada artículo una descripción detallada de las variantes de cada máxima genérica, por ejemplo: el número de muertos y de ciudades dominadas por el narco, para poder entender que ya no hay paz), por lo que no se debe interpretar este concepto en ‘blanco y negro’. Existen las más variadas gamas de grises: la paz en todo lugar y momento es relativa”.
La teoría de la relatividad militar y la postulación del gris como el paraíso cromático provienen de una preocupante y vergonzosa pretensión de colar en semana de Pascua una minuta de comisiones de diputados que, en respuesta al primer impulso dado por los senadores al tema, y con el militante interés militar de Los Pinos detrás de todo, otorgue al jefe máximo de la campaña castrense en curso, el comandante Calderón, la posibilidad de utilizar por sus pistolas a las fuerzas armadas en los momentos en que a su puritito juicio (o en ausencia de él) así lo considere necesario, condicionada la detonación de las operaciones militares a la valoración de lo relativo, a la visión pinolera de los grises que significarán guerra o paz.
Cheque fragoroso en blanco al explosivo ocupante actual del mando institucional superior, según la oportuna nota de Enrique Méndez publicada en La Jornada este miércoles. De aprobarse la mencionada minuta, el comandante de la indumentaria holgada estaría en condiciones de instaurar el estado de excepción sin necesidad de declararlo, e incluso negándolo o diluyéndolo mediante las interpretaciones mendaces de lo relativo y los grises.
Bastaría con que a juicio del general de cinco estrellas se estuviera en presencia de situaciones que hubieran quebrantado la tranquilidad y el orden sociales, es decir, que constituyan una afectación a la seguridad interior para que, manteniendo la paz, es decir, la ausencia de guerra, o los grises, el comandante Calderón tome medidas extraordinarias sin consultarlas con nadie, ni congreso ni sociedad. De aprobarse esa pretensión, hoy mismo podría actuar militarmente, conforme al estado de ánimo con que amaneciera o anocheciera, en varias entidades (Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, por citar casos notables), al amparo de la teoría castrense de la relatividad a conveniencia.
Gracias, distinguidos miembros de las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y Defensa Nacional del convento conceptual de San Lázaro, pues gracias a sus esfuerzos de travestismo redaccional se está en una antesala procesal de establecimiento del felipescamente soñado imperio de lo militar por encima de todas las cosas, el reino de las armas en el cielo, la tierra y todo lugar, la declaración formal de que en este México de calvario cotidiano nada será verdad ni será mentira, pues todo dependerá del cañón y la mirilla (y, sin embargo... no pasará tal minuta).
Astillas
El manejo oficial de la tragedia de San Fernando demuestra la cortedad de miras de los gobiernos estatal y federal, la creencia de que mediante arrestos y boletines de las procuradurías se puede asentar la percepción de que algo se está haciendo, la incapacidad sustancial de abordar esa desgracia como una parte de un todo que debe erradicarse y no como un asunto de burocracia forense y papeleo ministerial... Sólo con un cinismo extremo o con una pérdida absoluta de las dimensiones y las responsabilidades es posible pretender el abordamiento de los temas de las narcofosas y de los continuos secuestros de pasajeros en autobuses como asuntos aritméticos, informando puntualmente de las sumas macabras, sin poder ni siquiera establecer, cuando menos por pose necesaria, por imagen obligada, una red de apariencias que hagan creer que el tal Estado recupera cierta capacidad de garantizar seguridad a la población... Y, mientras las elites partidistas dominantes del Senado cierran filas para negar importancia a la inundación y los desperfectos del edificio inteligente que como imprudente regalo se dieron frente a un pueblo empobrecido, ¡hasta mañana, en esta columna que come tlayudas y mole negro, entre otras ricuras!
miércoles, 20 de abril de 2011
Denuncia de la desaparición de un colaborador del Frente Popular Revolucionario y RadioAMLO
Lic. Omeheira López Reyna,
Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos SEGOB
Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Lic Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado de Veracruz
Jorge Uscanga Escobar
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública
Arturo Bermudez Zurita
Subsecretario de Seguridad Pública "A"
M.D. Nohemi Quirasco Hernández
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz
Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación.
Javier Esteban Hernández Valencia
Representante en México de la OACNUDH
Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la CIDH
Margaret Sekaggya
Representante Especial del Secretario-General de la ONU, sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos
Navanethem Pillay
Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Jeremy Sarkin
Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, ONU
HECHOS
El 25 de marzo de 2011 aproximadamente a las 19:20 hrs. Gabriel Antonio GÓMEZ CAÑA, miembro del Frente Popular Revolucionario, salió de su domicilio en Calle Miguel Alemán No. 57, Colonia Miguel Alemán, Orizaba, Veracruz, para dirigirse al Parque Apolinar Castillo, para apoyar a un grupo de más de 523 comerciantes semi-fijos que se instalaron en plantón indefinido desde el pasado 20 de marzo, para exigir a las autoridades se respete su derecho a ejercer el comercio en la vía pública, como forma de asegurar el sustento a sus familias.
El mismo día 25 de marzo de 2011, aproximadamente a las 23:30 hrs. Gabriel Antonio GÓMEZ CAÑA, se dirigió a la esquina de Oriente 6 y Madero Sur, en donde se ubica un centro comercial Soriana, hasta donde fue acompañado por una persona de nombre Simón, quien comenta la intención expresada por Gabriel Antonio GÓMEZ CAÑA de trasladarse hasta la terminal de autobuses ADO y de allí tomar un taxi o sí se le daba la gana irse caminando hasta su domicilio. Ésta fue la última vez que se vio a Gabriel Antonio.
Cabe mencionar que el día anterior a su desaparición, el jueves 24 de marzo en entrevista realizada a los comerciantes en plantón, Gabriel Antonio señaló: “El Señor Andrés Morales que es algo así como de comercio informal, se encargó de echarlo a perder, las pláticas iban por buen camino, pero el señor se encargó de echarlas a perder porque así se lo ordenó su patrón, su jefe y casi amo, el sátrapa de Hugo Chahín”. La entrevista fue transmitida por el canal de televisión local, TELEVER.
De acuerdo a la solicitud de apoyo interpuesta por los familiares ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Gabriel Antonio no tenía denuncia alguna de por medio, ni problemas personales, además que acudieron a diversas instituciones de salud y de seguridad pública, en donde les informaron que no se encontraba en ninguno de los registros de ingreso; razón por la cual se presume su DESAPARICIÓN FORZADA y se teme por su vida, ya que Gabriel Antonio, se ha destacado como un luchador social, que ha actuado en defensa de los derechos humanos de los más desprotegidos económicamente, por lo que se unió al Frente Popular Revolucionario y se ha ganado el respeto y reconocimiento de los más de 523 comerciantes que se encuentran en plantón. Por estos motivos las organizaciones que conformamos la RED DE ALERTA TEMPRANA solicitamos su intervención urgente para demandar:
i. Que se preserve la vida y la integridad física y psicológica de GABRIEL ANTONIO GÓMEZ CAÑA.
ii. La presentación inmediata con vida de Gabriel Antonio GÓMEZ CAÑA
iii. Se investiguen y esclarezcan los hechos en los cuales Gabriel Antonio GÓMEZ CAÑA, fue desaparecido y se castigue a los responsables.
iv. Al Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, cumplan su obligación de investigar, perseguir y sancionar los casos de amenazas, hostigamiento y ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos a fin de combatir efectivamente la impunidad y la violencia que priva en su contra.
v. Se garantice el ejercicio de las actividades de las y los defensores derechos humanos, libres de actos de persecución, violencia, hostigamiento relacionados con su trabajo.
vi. A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, en el ámbito de sus atribuciones hacer los llamados pertinentes a las autoridades mexicanas para que se preserve la integridad física y psicológica de Gabriel Antonio GÓMEZ CAÑA y sea presentado con vida de manera inmediata.
Atentamente
Por las organizaciones integrantes de la Red de Alerta Temprana
TS JULIO MATA MONTIEL
Srio. Ejecutivo de AFADEM
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