jueves, 2 de mayo de 2013

Políticos infractores Julio Hernández López


Astillero
 Lecciones por aprender
 UNAM: negociación
 Formas diferentes
 Políticos infractores
Julio Hernández López
Foto
PLAZA TOLSÁ. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cambiaron la sede de su plantón, del Zócalo capitalino a la Plaza Tolsá, para dejar libre por 48 horas la Plaza de la Constitución, resultado de una negocación con autoridades capitalinas y de la Secretaría de GobernaciónFoto José Antonio López
A
l menos en este primer tramo, el más difícil y riesgoso, hubo preferencia por el diálogo y la negociación en la UNAM, de tal manera que se conjuró la absolutamente indeseable opción de la acometida policiaca para enfrentar un problema que, con todos sus claroscuros, tiene origen y significación política y social.
El rector José Narro hizo uso de todas las fórmulas de presión a su alcance, incluso la solicitud de que la fuerza pública desalojara la torre de rectoría (amago que, según relató ayer el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habría quedado sólo en eso a petición del propio Narro, quien pidió que se preservara el espacio para la negociación, dejando que el asunto universitario fuese resuelto entre miembros de esta comunidad). Sin embargo, y a pesar de la presión de quienes empujan en busca de mano dura ante disidencias extremas (y del peligro de enfrentamientos entre quienes mantenían tomada esa torre y quienes deseaban su liberación, incluso por métodos también violentos), la rectoría envió a los ocupantes una propuesta de diálogo a través del abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez (especializado en atención institucional de conflictos políticos desde que estaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos), que constituyó la puerta de salida en lo inmediato.
Por su parte, los jóvenes instalados en el centro del torbellino universitario tomaron la propuesta no como un triunfo sino como una posibilidad. Nada se les garantiza luego de que salieron de la torre de rectoría. Solamente un diálogo que podría quedar en un ejercicio infructuoso más, de los muchos que suele producir la burocracia gobernante para aparentar que atiende y entiende los conflictos. Ayer mismo, el propio Narro agregó al formato propuesto por González Pérez y aceptado por los estudiantes la variante de la identificación de los participantes en el diálogo, como si no hubiera en México la experiencia del diálogo entre miembros de dos de los máximos poderes del país con un enmascarado, el subcomandanteMarcos. Otro tema por dilucidarse se relaciona con las exigencias oficiales de acción penal contra quienes se instalaron en las oficinas ejecutivas de la UNAM. Incongruente, con tufo a celada, sería que se hubiese pedido a Gobernación mantener en suspenso el recurso policiaco cuando los jóvenes estaban en la citada torre y que se pida la reactivación luego que se desalojó el inmueble.
Pero lo más importante es que Narro, es decir, la UNAM, han aportado en estos momentos difíciles, oscuros, teñidos de una violencia imprecisa, susceptible de distintos patrocinios y objetivos, una lección de necesario aprendizaje (en esta casa de estudios hemos estado acostumbrados a aprender incluso de nuestros problemas, dijo Narro). En particular destaca uno de los pasajes que el rector hizo difundir ayer:Hay formas diferentes a las tradicionales para sacar adelante los conflictos y aprender de esas condiciones.
La forma tradicional de enfrentar los conflictos, conforme a la escuela política desarrollada por el PRI e inoculada en la colectividad y sobre todo en el ADN institucional, pasa por la criminalización de los problemas que rebasan el marco de tolerancia que el sistema ha impuesto. Una parte sustancial del discurso oficial preparatorio de la represión política enaltece la vigencia del estado de derecho y la obligación de castigar todo tipo de infracciones (nada por encima de la ley, es una de las frases favoritas de la hipocresía institucional, así como el ir hasta las últimas consecuencias en investigaciones relevantes que sabidamente irán al archivo muerto). Bajo esa óptica debería contar con aprobación social automática el ejercicio de la fuerza pública para someter y castigar a quienes llegasen a realizar actos delictivos, con todo y que los autores pretendieran guarecerse bajo argumentaciones de índole social, política, partidista o ideológica.
Pero la clase política no puede ordenar abiertamente la represión contra los infractores porque ella misma está constituida por recurrentes e impunes transgresores de la normatividad jurídica y social. E incluso sucede, con una frecuencia altamente significativa, que producen resultados contradictorios las campañas mediáticas que buscan desacreditar a los disidentes que rebasan los límites legales, es decir, que cometen actos tipificados como delitos (obstrucción de vías carreteras, daños a propiedad privada y patrimonio público, por dar ejemplos evidentes). Es tal la falta de legitimidad política de los ocupantes de los diversos espacios de poder institucional que, aun cuando estén frente a hechos que deberían merecer inmediata e indiscutible acción penal, deben refrenarse e intentar salidas negociadas para no desatar mayores protestas generadas no necesariamente por un apoyo a los inconformes pero sí en un rechazo a los políticos depredadores de la nación.
La lección que desde la UNAM debería atender Los Pinos es justamente la de la búsqueda de formas distintas a las tradicionales para resolver problemas. Los gobiernos federal y estatales tienen de su lado la legalidad (lo formal, la letra imperiosa) para enfrentar con la fuerza pública a los profesores, estudiantes y activistas de Guerrero, Oaxaca y Michoacán que en un violento curso de protesta han cometido hechos indiscutiblemente constitutivos de delitos, pero sólo aplicando formas distintas a las tradicionales podrá haber expectativas de resolución verdadera. Las manifestaciones públicas de protesta y violencia que se produjeron en el marco del Día del Trabajo en diversas partes del país son una expresión más de la descomposición institucional, del agotamiento del modelo político actual, de la insatisfacción que producen los mecanismos actuales de atención a las demandas sociales. Sólo con una visión y un criterio diferentes podrán encontrarse caminos de solución.
Y, mientras un suegro y un cuñado tras las rejas son mostrados al visitante imperial con ánimos efectistas, ¡hasta mañana, con la protesta juvenil nuevamente instalada a las puertas de Televisa!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero

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