MÉXICO, D.F., 21 de septiembre (apro).- Por decisión del PRI y del PRD, la Comisión de Justicia del Senado de la República se negó a emitir un dictamen de ratificación de Arturo Chávez Chávez como procurador General de la República este lunes, en sustitución de Eduardo Medina Mora, pese a que consideraron que cumple con los requisitos de elegibilidad.
Después de cuatro horas de comparecencia ante la Comisión de Justicia, los senadores prefirieron establecer solamente que Chávez, propuesto por el presidente Felipe Calderón para sustituir a Eduardo Medina Mora en la PGR, cuenta con todos los requisitos de elegibilidad para ocupar el puesto. Sin embargo, dejaron la decisión de ratificarlo o no al pleno del Senado de la República, el próximo jueves, comentó el senador del PRI, Jesús Murillo Karam. Sin embargo, trascendió que será ratificado por el pleno.
No obstante, ante la indefinición, a la comparecencia del procurador General de la República en la Cámara de Diputados programada para el mismo jueves acudiría el actual encargado de despacho, Juan Miguel Alcantara Soria, quien deberá explicar sobre los problemas de inseguridad que enfrenta el país, mientras que Eduardo Medina Mora, quien fuera responsable de perseguir todos esos delitos, prácticamente quedará exonerado mediáticamente.
Chávez Chávez ha sido cuestionado severamente por su actuación como procurador de Justicia del estado de Chihuahua, sobre todo, en las investigaciones sobre los feminicidios.
Al respecto, Chávez aceptó que hubo errores, omisiones y negligencias en la investigación de los feminicidos en Ciudad Juárez; que los asesinatos son injustificables. Aceptó que trabajó en el despacho de Antonio Lozano Gracia y se pronunció a favor de la vida.
Aclaró que de ser ratificado como procurador general de la República, no actuará por intereses particulares o de grupo, sino en atención a la búsqueda del estado de derecho.
Durante la comparecencia, senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM hicieron preguntas que más bien parecieron un examen de derecho penal y dejaron de lado los temas de narcotráfico, secuestros, trata de blancas o la inseguridad pública que azuelan al país.
Los cuestionamientos daban la impresión de que los senadores simplemente estaban dando trámite a la propuesta para que la Comisión de Justicia del Senado de la República emitiera un dictamen sobre el nombramiento de Felipe Calderón y pudira tomar protesta en lo inmediato. Sin embargo, el PRI y el PRD, al final, sepultaron la idea al negarse a emitir dicho dictamen.
En su primer encuentro público con senadores de la República, Chávez no recibió ni una sola critica por su trabajo como procurador de Chihuahua y subprocurador de la PGR en aquel estado. Incluso, el tema que fue considerado como su "talón de Aquiles" desde el día en que fue propuesto por Calderón para sustituir a Medina Mora --"la investigación de los feminicidios en Chihuahua"-- se convirtió en una virtud.
Así, el panista Alejandro Zapata Perogordo dijo que en esta posición se requería experiencia y su cargo en la Procuraduría de Chihuahua se la daba.
Lo que se esperaba como una tarde difícil para Chavéz, quien ha sido cuestionado por organizaciones sociales sobre su actuar como procurador de Chihuahua y por violar los derechos humanos, fue un simple recordatorio de algunos senadores del PRI que cuestionaron la subordinación de la PGR a la Secretaría de Seguridad Publica.
El principal cuestionamiento que se esperaba en contra de Chávez por su presunta violación a los derechos humanos, correspondió al PRI y fue una sola mención en las más de cuatro horas de comparecencia. El senador Cliomidio Zoreda le preguntó que hará en caso de ser ratificado, ante las críticas de las organizaciones sociales respecto a la violación de derechos humanos en el estado de Chihuahua.
Chávez respondió que no tenía conocimiento de tales acusaciones y que existe un solo caso del que fue señalado y hubo una respuesta parcial, en tanto que los señalamientos de organizaciones internacionales fueron sobre actos ocurridos en 2001, tres años después de que dejó el cargo.
Sin embargo, dijo que entre las primeras acciones que realizará será platicar con distintas organizaciones sociales y trabajar coordinadamente con las procuradurías estatales para coadyuvar en la solución de los casos que aún están pendientes.
"Son hechos lamentables, el luto está presente y si hay asuntos pendientes, resolveremos en coadyuvancia, porque no debe haber un sólo homicidio en contra de las mujeres que quede impune; un solo caso es lamentable e injustificable", afirmó.
Otro senador que hizo una leve referencia a la violación de los derechos humanos fue el perredista Tomás Torres. Sin embargo, la actuación del PRD en la comparecencia la delineó Pablo Gómez, quien cuestionó insistentemente a Chávez sobre la forma en que deben realizarse las detenciones; si debe haber orden de presentación antes; si el arraigo se debe realizar; si es legal presentar a un presunto culpable con tan solo una orden de presentación…
Las respuestas de Chavez fueron una a una en términos estrictamente jurídicos. Sin embargo, la cascada de preguntas de Pablo Gómez lo llevó a un callejón sin salida, y en lo que puede considerarse una "celada discursiva", dijo que no es legal detener a un presunto culpable con tan sólo una orden de presentación en las manos.
Pablo Gómez, sin decirlo por su nombre, se refirió a los 10 presidentes municipales detenidos en Michoacán, quienes nunca recibieron notificaciones para presentarse a declarar; y sin embargo fueron detenidos basándose tan sólo en órdenes de presentación.
Chávez tampoco hizo referencia específica al caso Michoacán. Señaló que para él "la justicia no tiene partido político y no sirve a intereses particulares o de grupo".
"El encargado de procurarla, y ese es mi compromiso, debe estricta obediencia a la constitución y a la plena vigencia del estado de Derecho; está obligado a aplicar la ley sin favoritismos, sin partidismos y sin consignas políticas", agregó.
Chávez aclaró en todo momento que su papel será la persecución del delito y que en ningún momento su actuar justificaría una violación a las garantías individuales ni a los derechos humanos.
Luego se refirió a los señalamientos que ha habido en su contra por el caso de las muertas de Juárez.
"Soy consciente de los señalamientos que tienen que ver con la triste y difícil tarea de enfrentar un fenómeno que no tenía precedente en cuanto a su frecuencia e impacto social; me refiero a los homicidios de mujeres en ciudad Juárez", explicó.
Chávez aclaró que durante los dos años y medio que estuvo al frente de la Procuraduría chihuahuense realizó las acciones necesarias y conducentes. Al respecto, recordó que de los 93 casos que se presentaron, en 65 se cumplió con la obligación de detener e investigar a los homicidas.
Luego aceptó: "Hubo errores, omisiones, negligencias, en el actuar de algunos de los cientos de agentes del Ministerio Público que tenía a mi cargo desplegados en el basto territorio chihuahuense. Es cierto, los hubo, y por ellos reitero que es necesario incrementar la capacitación y la profesionalización de ellos para que estos errores y omisiones o negligencias no se sigan presentando."
En sus preguntas, el PRI insistió ante Chávez si estará subordinado al secretario de Seguridad Pública, "porque parece ser, --dijo el senador Pedro Joaquín Coldwell-- que en estos tres años a la Secretaría se le quiere cohesionar y a la PGR, no. Pareciera que desde el poder público no se quisiera tener una Procuraduría fuerte, sino más bien que sea una agencia adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Usted me puede decir otra cosa pero en la realidad esto es así ¿Usted va a aceptar esta relación de subordinación?".
La pregunta que fue hecha en más de tres ocasiones no fue respondida nunca por el aspirante a procurador. El senador Pedro Joaquín Coldwell aprovechó la comparecencia para preguntarle a Chávez cuál fue su participación en el despacho de Antonio Lozano Gracia, quien se ha caracterizado por litigar en contra del Estado.
En ese momento Chávez, quien fuera subprocurador de Chihuahua cuando Lózano Gracia fue procurador general de la República, aceptó que formó parte del despacho, pero aclaró que en el momento en que Felipe Calderón le ofreció el cargo renunció a dicho bufete jurídico.
Dijo que a pesar de este antecedente su actuar siempre será como ha sido en otras ocasiones: imparcial.
"Si hay un señalamiento de que mi actuar ha sido parcial, lanzo a los legisladores, que me digam si he beneficiado a alguien en lo personal", retó.
Los senadores del PRD, que se ciñeron al caso Michoacán, le recordaron a Chávez que aunque él asegure que no actuará por consigna, en el caso Michoacán, así fue.
Jesús Garibay, senador por Michoacán aprovechó para pedirle a Chávez que investigue el caso del terrorismo ocurrido en su estado el año pasado el día del Grito de Independencia, y también que revise los casos de los alcaldes detenidos en Michoacán.
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