Daños institucionales colaterales Julio Hernández López

Astillero
 ¡Felicidades, Felipe!
 Diez años de guerra
 Fracaso compartido con EPN
 Daños institucionales colaterales
Julio Hernández López
E
l próximo domingo se cumplirán diez años de que Felipe Calderón Hinojosa lanzó su guerra contra el narcotráfico. De manera sorpresiva, el michoacano soltó en su tierra natal el primer golpe de una larga cadena funeraria, apenas a unos días de haberse instalado para vivir en Los Pinos, entre acusaciones de fraude electoral y una viva oposición que llegó a poner en jaque la ceremonia oficial de transmisión del poder presidencial.
Calderón, necesitado de cierta forma de legitimación social, de un discurso y de un enemigo que le justificara, instaló una red policiaca y militar para confrontar no solamente a los cárteles, sino a los movimientos de protesta que amenazaban con obstruirle el ejercicio del poder mal habido. Así que de manera perversa, torva, desató el 11 de diciembre de 2006, en Apatzingán, los mecanismos institucionales que provocaron un baño de sangre al país, abatieron la institucionalidad en materia de derechos humanos y eficacia judicial y convirtieron al país en un ejemplo mundial de barbarie, corrupción e impunidad.
Nada de lo que prometió Calderón, a cambio de su guerra, se ha cumplido. El negocio de las drogas continúa adelante, cada vez con mayor prosperidad en sus operaciones por todo el orbe y en especial en Estados Unidos. Los jefes de grupos criminales que fueron ejecutados, han sido sustituidos sin problema por nuevos capos, cada vez más sanguinarios. Muchos de los cárteles que fueron afectados terminaron dividiendo su membresía y mercados hasta llegar a la pavorosa situación actual, de criminalidad hormiga. Otros grandes grupos criminales ampliaron su menú de actividades, afectando cada vez más a la población en general, a consecuencia de que solo ciertos cárteles gozan de una especie de concesión amplia para asuntos de narcotráfico, lo que lleva a los desplazados a explorar otras vías de aprovisionamiento para sus ejércitos particulares.
Hubo, además, graves daños institucionales colaterales. Con absoluta irresponsabilidad histórica, Calderón sacó al Ejército y la Marina de sus cuarteles y los envió a cumplir tareas de seguridad pública, en abierta contravención de la letra constitucional y las leyes reglamentarias (por ello se busca ahora aprobar una ley de seguridad interior, en tácito reconocimiento de la situación de ilegalidad en la que se han mantenido hasta ahora las acciones de las fuerzas armadas en estos ámbitos). Forjadas para combatir y exterminar a un enemigo, no para prevenir delitos ni llevar a detenidos ante jueces o buscar la rehabilitación de los infractores, las fuerzas armadas han multiplicado su registro de violaciones a los derechos humanos.
Ante las críticas, el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha dicho: nosotros no pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando, ha dicho. Además, ha hecho un análisis de lo sucedido en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña: Mi balance es que en 10 años que se determinó que se reconstruyeran las policías, todavía no las vemos reconstruidas; el balance es que hay un número importante de muertos que no debería estar sucediendo, el balance es que falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar: no es un asunto que se va a resolver a balazos, requiere de otros componentes que tampoco ha habido los esfuerzos importantes.
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LA CFE DAÑA PATRIMONIO, ACUSAN. Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad instalan medidores en la calle Londres, en Coyoacán. Vecinos han manifestado su inconformidad, ya que para colocar los nuevos aparatos perjudican su patrimonio, al perforar sus casas sin autorización. Los afectados estudian realizar acciones legales, debido a los daños sufridos en sus fachadasFoto Carlos Ramos Mamahua
Otro daño colateral se refiere a la caída estrepitosa de la institucionalidad judicial en México. La procuraduría federal de justicia se ha convertido, en varias administraciones correspondientes a este lapso, en un centro de recolección de dinero sucio proveniente de cárteles que así compran protección. Procuradores, subprocuradores, fiscales, agentes del Ministerio Público de todos los niveles suelen favorecer intencionalmente a los delincuentes arreglados y perjudicar a los adversarios. La compra y venta de las ciudades y regiones, entendidas como plazas, forma parte del catálogo oficial. En los poderes judiciales (ministros, magistrados, jueces, y toda la maquinaria alrededor), la situación es parecida. Inclusive se ha llegado a la aberrante confesión de incapacidad del Estado para intentar la procuración y administración de justicia en los casos de centenares de miles de casos criminales a los que no se concede el derecho a la investigación de las circunstancias y el castigo de los culpables, bajo la consideración arbitraria, tiránica, de que, a ojo de los declarantes, los asesinados o lesionados lo han sido por formar parte de grupos que andan en malos pasos.
El fracaso absoluto de esa política calderonista de la guerra, retomada, con sus variantes, por Peña Nieto, ha sido planteado al detalle en foros de organismos internacionales y, desde luego, en el abanico de organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos humanos. En estos días, el rector de la UNAM, Enrique Luis Graue, y el ex rector de esa misma casa de estudios, Juan Ramón de la Fuente, han hecho declaraciones condenatorias de lo sucedido en el decenio funeral inaugurado por el mencionado Calderón.
Astillas
En el carnaval de oportunismo descarado por el caso de la quinceañera potosina Rubí Ibarra, el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, ha anunciado gestiones para un viaje de placer a la festejada… El escándalo por la plusvalía inmobiliaria que en la Ciudad de México pretendía mordisquear el gobierno, quedó, por ahora, solo como un primer aviso… Y, mientras uno de los empresarios favoritos del sexenio, el mexiquense Roberto Alcántara, adquirió 49 por ciento de las acciones de la línea aérea de bajo costo Viva Aerobús, de tal manera que ahora maneja al ciento por ciento esa empresa que comenzó con la participación de Ryanair, con sede en Irlanda, ¡hasta el próximo lunes, con la canciller, Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, ya como ganadora del Reto Guacamole!
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