domingo, 12 de marzo de 2017

Otro México es posible

La liga de la estulticia


Constitución de la CDMX se tambalea: Presidencia y CNDH la impugnan

ALDF recibe la nueva Constitución de la CDMX. Foto: Hugo Cruz
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un mes de su aprobación, la Constitución de la Ciudad de México impulsada por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se tambalea al confirmarse que a las impugnaciones promovidas en un principio por los partidos Morena y Nueva Alianza se suman ahora las de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Tribunal de Justicia capitalino y, por si fuera poco, la Presidencia de la República.
Ante la embestida legal contra el naciente ordenamiento jurídico de la capital, una parte del cual entrará en vigor a fines de este año, Mancera Espinosa respingó de inmediato. Aseguró que la “Constitución no se la quita nadie a la Ciudad de México”.
El senador Alejandro Encinas, exdiputado constituyente, también alzó la voz y calificó como una “puñalada trapera” la intentona del gobierno federal por echar atrás la Constitución de la CDMX.
Tales acciones se suman a la impugnación que la semana pasada interpuso Morena, así como el amparo promovido por el abogado morenista y diputado constituyente Javier Quijano desde septiembre de 2015, cuando iniciaron los trabajos para elaborar la primera constitución de la Ciudad de México.
En suma, el texto promovido por Mancera Espinosa y aprobado por la Asamblea Constituyente ya arrastra dos controversias constitucionales, cuatro acciones de inconstitucionalidad y un amparo.
Como lo advirtieron algunos de los propios constituyentes, luego de las sesiones de elaboración del texto constitucional de los capitalinos, esta semana distintas autoridades y organismos nacionales y locales pidieron a los magistrados de la Corte revisar la legalidad de distintos artículos contenidos en el texto.
La Presidencia de la República, por conducto de su consejero jurídico, Humberto Castillejos, asistió este viernes a la SCJN para promover una controversia constitucional relacionada con más de 10 artículos por considerar que provocan “invasión de atribuciones”.
En declaraciones a Radio Fórmula, Castillejos sostuvo que la Constitución capitalina invade la esfera de competencia de la Federación. “Se metieron con temas que son exclusivamente federales o que corresponden a leyes generales que deben expedir”, aclaró.
El martes pasado, la PGR interpuso una acción de inconstitucionalidad contra 39 conceptos de la Constitución capitalina, según publicó hoy el diario Reforma. Entre ellos contó la regulación en materia de derechos humanos, pues consideró que altera el sistema constitucional y convencional al que está sujeto el Estado mexicano.
La dependencia encabezada por Raúl Cervantes consideró también que se debe invalidar lo relacionado con las garantías de asociación, identidad, no discriminación e igualdad, libertad religiosa y secreto profesional, según la nota publicada.
Otro punto cuestionado por la PGR, en materia judicial, acusa que el texto invade facultades del Congreso de la Unión sobre procuración de justicia, justicia para adolescentes y ejecución de sanciones, aguas nacionales, salubridad, política exterior y laboral.
Incluso, la Procuraduría pidió la revisión para eliminar la revocación de mandato, bajo el argumento de que no tiene sustento constitucional; además de invalidar los requisitos para declarar la nulidad de una elección, por no coincidir con lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Según la nota mencionada, la controversia fue presentada el pasado martes, pero aún no se informa si la Corte la admitió.
Por su parte, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, interpuso otra acción de inconstitucionalidad contra 33 artículos de la carta magna capitalina relacionados con derechos humanos con el argumento de que “no es clara en cuanto a cómo la autoridad va a cumplir con sus obligaciones. La impugnación fue turnada al ministro Javier Láynez.
TSJ se suma a la pugna
Como adelantó el ahora expresidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, a Proceso en su edición 2101 del 5 de febrero, el Poder Judicial también impugnó la carta magna de los capitalinos.
Este viernes, algunos magistrados presentaron una controversia constitucional para reclamar los preceptos 35 y 37 con el argumento de que violan la autonomía e independencia del Poder Judicial, actualmente presidido por Edgar Elías Azar quien, por cierto, lleva más de 12 años en el la presidencia del Tribunal.
Los inconformes justificaron que tales ordenamientos merman la capacidad de autodeterminación del organismo al permitir la intervención de particulares y personas ajenas al órgano regulador. Y es que la Constitución ordena la creación de un Consejo Judicial Ciudadano que haga propuestas a los magistrados.
El pasado lunes 6, militantes, funcionarios, así como diputados locales, federales y constituyentes de Morena presentaron ante la SCJN dos acciones de inconstitucionalidad relacionadas con temas electorales de la Constitución capitalina. Firmadas por el líder nacional del partido, Andrés Manuel López Obrador, la primera demanda se refiere a que la nueva carta magna no ha sido sometida al referéndum de la ciudadanía, explicó Martí Batres, líder de Morena en la capital.
La segunda, impugna la designación de los integrantes del Congreso local, que en el texto quedó 50% electos por mayoría relativa y 50% por la vía plurinominal, es decir, imposiciones políticas.
Los ministros de la Primera Sala de la Corte tienen para su estudio un amparo promovido por el abogado morenista Julio Quijano, quien alegó que era inconstitucional que legisladores federales –propuestos por Mancera y el presidente Enrique peña Nieto– fungieran también como diputados constituyentes.
“Nadie quitará la Constitución”: Mancera        
Ante la ola de impugnaciones a la Constitución –que podría considerarse como un logro en su administración–, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera aseguró que los cuestionamientos no tirarán la primera carta magna de los capitalinos.
“Está impugnación de la PGR (…) no tiene razón en todo, lo que se tenga que revisar que se revise, qué bueno que sea un procedimiento que lo va a revisar la Suprema Corte (pero) el logro de la Constitución, por más que el gobierno federal se empeñe atacando y haciendo, la Constitución no se la quita nadie a la Ciudad de México”, dijo.
Luego de inaugurar el Laboratorio de Revisión de Obras, Mancera Espinosa adelantó que su gobierno será respetuoso de la resolución de la Corte, pues confió en que le dará la razón porque la Carta Magna contiene temas avanzados. Incluso, comentó que podría pedir que se adecue primero la Constitución federal.
Por su parte, Alejandro Encinas, calificó como “una puñalada trapera” las impugnaciones promovidas por el gobierno federal. Agregó que se trata de acciones políticas, no jurídicas promovidas por las “enormes resistencias que hay a los cambios. Aquí, efectivamente,  se afectan intereses”.
Aseguró que, como el PRI y otros diputados perdieron el debate en el pleno de la Constituyente, ahora quieren retirar los avances por otras vías. “Es inadmisible ver a la Procuraduría erigida como en el Torquemada, en la Santa Inquisición de la Ciudad de México, contra los avances que implica el reconocimiento amplio de derechos humanos,  su exigibilidad, su justiciabilidad”.
El senador negó que la Constitución capitalina contravenga a la Constitución General de la República; pues “están claramente limitadas las facultades, competencias y concurrencias de los órdenes federal y local”.

EPN, se adelanta la caída sexenal .- José Agustín Ortiz Pinchetti

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R
esulta impresionante y muy peligroso el declive del régimen de Peña Nieto. Apenas había cumplido un cuatrienio, cuando tenía el nivel de aprobación más bajo en la historia contemporánea. No existe una sola área de su gobierno que tenga un mérito claro. El PRI es incapaz de imaginar nada distinto a lo que ha hecho durante décadas. Sus antiguas respuestas creativas hace mucho que se disolvieron. Sigue aferrado a la soberbia de estar en el poder y poderlo ejercer de modo impune. Esto es característico de la decadencia.
No quiero disculpar a Peña, pero parte de la responsabilidad de este destino ruinoso es la acumulación de derrotas y errores que no se rectificaron de una larga cadena de gobiernos fallidos.
El desempeño del actual gobierno tiene unos saldos muy oscuros. Por ejemplo, los desvíos de los gobernadores priístas. Miles de millones que nunca serán aclarados. El régimen está afectado de una grave ineptitud política. Ha tenido que usar la mentira como forma de comunicación. Encubrir los hechos, por ejemplo, los vínculos de los cárteles en la campaña presidencial. El crimen de Ayotzinapa-Iguala manchará al régimen hasta el final del tiempo. La absurda promoción de Trump en Los Pinos. La debilidad de la defensa contra sus insultos y amenazas. El bajo índice de crecimiento económico, de 5 por ciento prometido, resulta que hoy apenas podemos esperar uno por ciento. Las reformas estructurales y el Pacto por México, impulsados a espaldas de la opinión pública, utilizando una campaña de prensa y sobornos. El aumento de la desigualdad, el hambre y la opulencia: un pésimo récord.
Hay que reconocer la herencia y los legados que recibió Peña de los gobiernos anteriores: el endeudamiento crónico desde los sexenios de Echeverría y López Portillo, la sumisión a los organismos financieros internacionales controlados por Estados Unidos. Una versión espuria de liberalismo económico que gobierna a México desde 1985, más de 30 años sin poder generar crecimiento económico y profundizando la desigualdad, la pobreza y el desempleo. A pesar de estas pésimas cuentas, los gerentes no han sido removidos y cada vez que hay una amenaza de sacarlos fuera con los votos, la respuesta es: un fraude electoral. EPN hereda la falsificación democrática, la práctica inveterada de control y compra de medios y de intelectuales. Y la guerra de Calderón. La matanza y la corrupción. Peña y el PRI se han dejado arrastrar por una inercia fatídica. Lo terrible es que han arrastrado también a la nación.
Twitter: @ortizpinchetti

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Pensándolo bien-Hernández

La privatización hizo que la IP se impusiera al Estado: experto

Privatizaciones generaron actores políticos poderosos
La debilitación del Estado, lección que aprender
Empresarios que adquieren bienes del Estado después se convierten en figuras relevantes que imponen condiciones a las instituciones públicas y a la propia sociedad, afirma el investigador. Considera que desinvertir, como en el caso de la educación, es otra forma de privatizar, ya que se obliga a migrar a la IP
Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Domingo 12 de marzo de 2017, p. 23
La privatización de empresas públicas, una constante en las pasadas tres décadas que ahora se ha extendido al conjunto de la actividad energética, creó un nuevo orden económico en México. Y, a la par, generó un fenómeno menos obvio y poco discutido: que miembros del sector privado se hayan convertido con el paso del tiempo en actores políticos relevantes de la vida pública, asegura Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Se trata de un tema de actualidad, porque ahora mismo las grandes petroleras del mundo ponen pie en el país al amparo de la apertura impulsada por el gobierno. Las privatizaciones han generado actores económicos poderosos en México. Mientras, el Estado se ha debilitado significativamente. Entonces, también hay una lección política que aprender de ese proceso, dice Ibarra Palafox, autor de La privatización bancaria en México, en entrevista con La Jornada.
A través de observar a los banqueros y a los agentes privatizadores podemos ver cómo se mueve la política, cómo esos actores económicos que adquieren bienes del Estado después imponen condiciones a las instituciones públicas y a la propia sociedad. Estudiar las privatizaciones permite tener esa visión política.
¿Por qué hablar ahora de la privatización bancaria, un hecho consumado, cuyos beneficiarios fueron, en su mayoría, relegados por la banca extranjera después de la crisis de 1995?
Examinar el proceso es importante porque las privatizaciones reconfiguraron un nuevo orden económico, no sólo en México, sino a nivel mundial. Hicieron que un segmento muy importante de la riqueza pasara de manos públicas a privadas, explica. A la par, se generó otro fenómeno, expone: el sector privado, los agentes privados que participaron en esos procesos, son ahora actores muy relevantes en la vida política.
“Por eso es importante. Si no conocemos los procesos de privatización de bienes públicos no podemos explicar el ascenso político de los empresarios, que no solamente ocupan espacios legislativos –como la telebancada, que representa intereses de las empresas de telecomunicaciones en el Congreso–, sino que han llegado a la Presidencia, y el ejemplo es Vicente Fox en México, Silvio Berlusconi en Italia o Donald Trump en Estados Unidos; se ven beneficiados de la apertura de espacios públicos a los privados.”
Así que, expone, sin la comprensión de los procesos de privatización no es posible entender también una parte del mundo político y económico. Analizar la política bajo esquemas tradicionales, donde los agentes privados no tenían un papel público relevante es un enfoque que debe ser superado en las ciencias sociales.
En México, concluidas las privatizaciones, los grupos de empresarios beneficiados con ellas adquirieron gran influencia económica y social sobre la sociedad, restando autonomía a la clase política, plantea Ibarra Palafox. Y fue la venta de la banca –que había sido estatizada en 1982– una de las más relevantes, por el valor económico y estratégico del sector. De ahí, dice, la relevancia de estudiar ese proceso.
La privatización de los bancos ejecutada por Salinas en un periodo brevísimo tenía como uno de sus objetivos conformar una nueva clase empresarial.
La privatización ayer y hoy
Es el punto en que el análisis del académico se traslada al presente. “Es importante retomar, desde este enfoque, el tema actual. Vivimos ahora un proceso de privatización en todas las actividades del sector petrolero y no parece que tengamos un agente regulador lo suficientemente fuerte –como no lo hubo en el caso de la banca después de la privatización– para el escenario que se vislumbra en México en los siguientes años”, afirma.
–¿Qué experiencia surgida de la privatización bancaria es relevante tomar en cuenta ahora que se está dando la del sector energético?
–La primera, crear un órgano regulador autónomo del gobierno y de los intereses del sector, que fue una de las fallas en la privatización bancaria. México debe tener una memoria histórica de estos procesos que le permitan identificar los hechos políticos que no se deberían repetir. Por eso la importancia del libro. No deberíamos repetir los errores políticos de falta de supervisión, controlar el cabildeo. Las privatizaciones han generado actores económicos muy poderosos en México. También hay una lección política que aprender. En el libro, a través de observar a los banqueros y a los agentes privatizadores podemos ver también cómo se mueve la política. Normalmente olvidamos que los banqueros y los empresarios son también actores políticos que imponen condiciones a las instituciones públicas y a la propia sociedad. Estudiar las privatizaciones nos permite tener esa visión política, creo que esa es una de las lecciones más importantes.
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Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con su reciente publicación La privatización bancaria en MéxicoFoto José Antonio López
El estudio crítico y multidisciplinario de las privatizaciones, permite comprender la actuación de nuevos agentes políticos, los empresarios que adquieren las empresas públicas. Pero también, añade, es relevante hoy día porque el país sigue inmerso en un proceso de privatizaciones, aunque no sean denominadas como tales.
Ya hablamos del sector petrolero. Pero el de la salud también ha tenido un proceso de privatización muy silencioso, que ya dura 30 años. Nadie esperaría que el gobierno saliera a vender un hospital, eso sería rechazado por la sociedad. Sin embargo, a través de debilitar financieramente a las instituciones públicas de salud, el sector se ha ido privatizando. Ahora, lo que los mexicanos gastan de su bolsillo en salud es cada vez más, independientemente del grupo social al que pertenezcan, dice.
Algo parecido ocurre con la educación. La desinversión pública en esta actividad es una forma de privatizar, a partir de una decisión política y económica, que obliga a los usuarios, ya sea de servicios de salud o educativos, a migrar a instancias privadas. Y quienes no lo puedan pagar tendrán una desventaja.
El estudio de las privatizaciones, entonces, nos permite también entender cómo se distribuye la riqueza en el país, apunta.
–Sin embargo, no hay una discusión pública sobre las consecuencias de las privatizaciones.
–La discusión política se gana en terrenos no obvios. Descuidamos lo que es importante pero que los grupos de interés que compiten en los sistemas democráticos ocultan. Por ejemplo, la privatización bancaria conformó a una nueva clase empresarial, que al mismo tiempo se constituyó como una nueva clase política con ramificaciones muy importantes en los políticos actuales.
Conocer esta parte de la historia de México es conocer una parte de la política de México, no sólo de la política económica, sino de la política, que es la lucha por el poder. Lo que traté de demostrar en este libro es cómo, a través de los bancos, también existe una lucha por el poder y esto no es evidente para muchas personas, porque en los sistemas democráticos la lucha es tras bambalinas, apunta.
Los banqueros y los organismo reguladores son actores políticos. En México, tres de cada cuatro pesos de las campañas políticas vienen de fuentes privadas, licitas o ilícitas. La competencia se ha privatizado, porque los agentes privados influyen canalizando recursos a los partidos y a sus candidatos, sin que tengamos la posibilidad de controlar esto. Ese es el mensaje que quiero dar.
La privatización bancaria en México fue publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Editorial Siglo XXI. El libro, que el autor define como una investigación multidisciplinaria y crítica producto de varios años de trabajo, se nutrió de consulta de documentos públicos, entrevistas y la revisión de publicaciones periódicas. Pero, dice, a diferencia de otros trabajos, incorporó la información de cerca de 12 mil páginas de documentos no públicos hasta entonces, que logró obtener mediante solicitudes de acceso a información pública. Un disco compacto con esos documentos acompaña el volumen.