La buena fe es el fundamento de toda sociedad, la perfidia es la peste. Platón
En mi vida como parlamentario, nunca pensé en ser víctima de uno de los más abyectos actos de prestidigitación en una sesión de Pleno en la Mesa Directiva, cuyas consecuencias pusieron a la VII Legislatura de la ALDF capitalina en un brete de descomunales consecuencias.
El pasado 7 de noviembre, cuando aún se respiraba en la atmósfera del noble recinto de Donceles la elección por unanimidad de la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad: dictamen impecable y transparente que garantizó que los integrantes de la Comisión en la materia propusieran a una activista probada en la defensa y promoción de los derechos humanos, Nashieli Ramírez, quien obtuvo 60 votos a favor y ninguna abstención o voto en contra, demostrando con ello las capacidades de construcción de consenso entre las diferentes fuerzas políticas de la ALDF; de pronto, al pasar al siguiente dictamen, este espíritu se diluyó y con ello la perfidia y el descrédito se apoderaron de la labor legislativa.
El referido dictamen proponía la aprobación a la “solicitud de autorización para la afectación de cantidades remanentes de participaciones federales que le corresponden a la Ciudad de México a efecto de diseñar, construir y poner en marcha, operar y mantener una planta de aprovechamiento de poder calorífico de residuos sólidos urbanos”, este kilométrico enunciado envuelve un mecanismo de “apalancamiento financiero” a favor de un proyecto rechazado por Greenpeace y por la Asociación Mexicana del Medio Ambiente —quienes proponen alternativas menos dañinas y más económicas—, para involucrar en lo económico un monto de más de 100 mil millones de pesos, una concesión a 33 años a una empresa extranjera, y para someter el Metro de la Ciudad a un riesgoso cautiverio, al obligarlo a adquirir la energía eléctrica producida por esa planta o por quienes se la suministren a esa empresa; cuando en este momento de nuestra historia capitalina lo que la realidad y sociedad exigen es reconstrucción solidaria, reparación de bienes dañados a damnificados.
Evidentemente, el tema ameritaba una moción suspensiva, la cual personalmente preparé y rubriqué, y que fue inscrita tal y como lo señala el artículo 126 del Reglamento Interior de la ALDF; sin embargo, este documento “desapareció” de la Mesa Directiva cuando el segundo orador —en contra del procedimiento— exigió que se le diera lectura al documento que envié; su artera sustracción desencadenó una de las peores tormentas políticas desde la creación de este órgano legislativo.
El robo del documento —no puedo expresar otra cosa— propició enfrentamientos verbales que obligaron a la presidenta de la Mesa a llamar a receso, primero, pero ante la evidente rebeldía decretó la conclusión de la sesión.
Veintisiete minutos de corrección procedimental se estrellaron contra la diatriba y descalificación en contra de la “moción sustraída”, y esa peste que es la perfidia aniquiló el principio de buena fe a la que tanto invocaba Platón como fundamento de la sociedad política.
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