La defensa legal, política y mediática de Duarte

El preso Javier Duarte, de 43 años de edad y apodado por el juez que lleva la causa penal como “Javier N”, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, es “chico Ibero”; hizo una maestría en derecho, economía y políticas públicas, en el prestigiado Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, en Madrid, España; tiene un diplomado en alta dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, el renombrado IPADE que prepara a los “líderes” de este país; una segunda maestría en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey, e hizo un doctorado en economía e instituciones por la Universidad Complutense de Madrid, institución académica con reconocimiento internacional.
Pues a este temido don “Javier N”, corrupto, abusivo y cínico, toda esa instrucción académica –nada despreciable– le ha servido para planear y ejecutar el saqueo de las arcas públicas federales y locales, asignadas al estado de Veracruz en los últimos seis años, así como preparar su defensa legal, política y mediática, cuando las circunstancias lo requirieran.
Ese momento llegó y en materia legal dio ya la primera muestra de cómo va a defenderse con los abogados más caros del país, ante una negligente Procuraduría General de la República (PGR). En la primer diligencia ocurrida la semana pasada en los juzgados del Reclusorio Norte, “Javier N” y sus abogados barrieron por completo a los omisos o cómplices fiscales enviados por la PGR, quienes jugaron un papel de inexpertos e ignorantes de lo que había en el expediente, lo que les valió la reprimenda del juzgador y la inmediata burla y enojo de los mexicanos, quienes ven como un circo la ridícula actuación del Ministerio Público Federal a cargo del doctor Raúl Cervantes Andrade.
En la parte política, la sociedad ávida de justicia, de inmediato interpretó la pésima actuación del abogado de la nación como un acto de complicidad para preparar la salida, pronta y expedita, del exgobernador veracruzano, a quien acusan de haber financiado con cientos de millones de pesos la campaña presidencial. Esto aseguraría un previo acuerdo entre Duarte y el gobierno federal para fincarle el menor número de delitos no graves, como el lavado de dinero, y poder evadir la prisión lo más pronto posible.
Además, en el acuerdo se incluiría que la PGR no actuaría en contra de la esposa e hijos del exmandatario, quienes viven en Europa y nadie los ha molestado a pesar de ser beneficiarios de parte de los recursos desviados del erario público. A cambio, el exgobernador veracruzano habría aceptado guardar silencio sobre la corrupción federal y local.
En su defensa mediática, “Javier N” ha calculado todo. Primero en Guatemala, en donde estando preso se mostró cínico, burlón, confiado y seguro ante los jueces y los medios de comunicación. Sin duda enviaba un mensaje al gobierno de la República, como aquel que guarda en sus archivos las complicidades y relaciones peligrosas con los principales actores políticos.
Ya en México, en un actuación más seria y formal, como lo amerita el proceso penal y después de alcanzar algún acuerdo con la autoridad, Duarte probó las carencias de la PGR y demostraba que era el jefe de pistas del circo, de donde está seguro saldrá bien librado como un acto más de impunidad en la justicia mexicana.
Mientras que los fiscales de la PGR apenas le pudieron probar supuestos desvíos de fondos públicos por poco más de 30 millones de pesos durante los 6 años de su administración, en el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sólo correspondiente a 2016, se le comprobaron supuestos desfalcos a la Hacienda Pública Federal por más de 1 mil millones de pesos.
Este monto se integra por un desfalco de 323 millones 942 mil 761.26 pesos, más los rendimientos financieros generados de recursos del Fondo Regional de 2015, de los cuales no se acreditó su ejercicio o reintegro a la Tesorería de la Federación al 31 de diciembre de 2016, término del plazo autorizado.
Dichos recursos son parte del ejercicio de 2016, cuando el gobierno federal envió al gobierno de Veracruz 2 mil 856 millones 863.3 mil pesos con cargo en cuatro programas de Fortalecimiento Financiero y en el fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, los cuales fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ejecutar 629 proyectos de infraestructura, así como para apoyar el fortalecimiento financiero de esa entidad federativa e impulsar la inversión del estado.
Además, la Secretaría de Finanzas y Planeación indicó que en el acta entrega-recepción del cambio de administración no se encontró evidencia del uso y destino de los recursos por 323.9 millones de pesos que tenían prórroga para su ejercicio hasta diciembre de 2016; que en la cuenta sólo se tenía un saldo de 29 mil pesos al 30 de noviembre de 2016, por lo que el gobierno de Veracruz no se encontraba en condiciones de efectuar el reintegro de la cantidad observada a la Tesorería de la Federación, y que al mes de abril de 2017 estaba integrando los expedientes para interponer las denuncias respectivas ante las autoridades competentes.
La ASF presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 931 millones 574 mil 202.77 pesos, integrado por recursos del Programa de Fortalecimiento Financiero del estado de Veracruz que no fueron vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016 y 931 millones 506 mil 860.65 pesos de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016 ni reintegrados a la Tesofe del mismo programa.
El extenso Informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 revela los enormes desfalcos de miles de millones en el último año de gobierno de Duarte, mientras que la PGR no puede probarlo ante el juez a pesar de contar con todos las auditorías practicadas por ese órgano fiscalizador del Congreso. ¿Quién es entonces el cómplice del temido  “Javier N”?
Miguel Badillo

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