AHORA exige la renuncia del Consejo General del INE y nuevas elecciones en Coahuila y Edomex

Conferencia de prensa de la organización AHORA. Foto: AHORA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización AHORA exigió la renuncia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Eduardo Gurza Curiel, por actuar de manera incompetente y en complicidad con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al declarar improcedentes las quejas presentadas por el uso de recursos de procedencia ilícita en las elecciones para gobernador de Nayarit, Coahuila y el Estado de México.
La organización encabezada por Emilio Álvarez Icaza, exigió una nueva conformación del Consejo General; además pidió que se celebren nuevas elecciones en Coahuila y el Estado de México, y que se determine la atracción de las 30 elecciones del próximo año, en tanto no se tengan garantías de funcionamiento independiente y autónomo de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES).
Resaltó que en las pasadas elecciones advirtieron cómo desde la Presidencia de la República y los gobiernos del Estado de México, Nayarit y Coahuila se usaron todo tipo de estrategias contrarias a la Constitución para favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados.
En el caso del Estado de México, AHORA documentó el modus operandi de la corrupción política que llamaron “El Ciclo”, por lo que presentaron una denuncia ante el INE, sin embargo acusaron la forma como la Unidad Técnica de Fiscalización desestimó la queja al tardarse 30 días en admitirla.
Denunciaron además que no citaron a declarar a funcionarios públicos clave en la denuncia, ni a las empresas como OHL, involucrada en el caso; tampoco investigaron el destino de los recursos públicos que el gobierno federal envió al del Estado de México, ni indagó el caso de las tarjetas Banorte o el uso de programas sociales con fines electorales.
Los integrantes de AHORA concluyeron que estas acciones permiten presumir la omisión de los consejeros y la complicidad con el PRI.
“En la denuncia ofrecimos una tarjeta de débito de Banorte que se empleaba para el pago de operadores del PRI. La autoridad pudo demostrar que se trataba de recurso públicos del programa ‘Mujeres que logran en Grande’, solo uno de los 60 programas sociales que hay en esa entidad.
“Se acreditó que cerca de 9 mil representantes de casilla formaban parte del padrón de beneficiarios, de ellos, el 67% fungieron como representantes de casilla de Alfredo del Mazo”, señaló la organización.
Criticó que la mayoría de los consejeros se negaron “ya no digamos a sancionar” sino a realizar “al menos” una investigación “por considerar este hecho como irrelevante”.
“La queja presentada por AHORA revela, particularmente, que lo más grave del proceso de restauración autoritaria no solo son las prácticas fraudulentas de Peña y el PRI, sino las omisiones y la complicidad que permite la impunidad dentro de las Instituciones Electorales, como los son los OPLES, el INE y el propio Tribunal Electoral. Lo más grave es la impunidad, que frente a una creciente institucionalidad autoritaria se normaliza, oculta y ‘legaliza’, como ocurre en las elecciones de Coahuila y el Estado del México”, agregó el colectivo.
Recientemente presentaron una nueva investigación “sobre el secuestro del INE”, comparando las elecciones fraudulentas de 1988, año que se “cayó” el sistema y le dio el triunfo en las presidenciales al priista Carlos Salinas de Gortari, pese a que, de acuerdo con posteriores reportes, había ganado Cuauhtémoc Cárdenas con el Frente Democrático Nacional (FDN), una escisión de priistas que un año después, junto con otros partidos de izquierda, promovieron el nacimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“Si en 1988 las elecciones mostraron las miles, quizá millones de boletas que no se contaron y los miles de ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto por no estar en el padrón electoral, las elecciones de los últimos años muestran cómo se desvían miles de millones de pesos de dinero público, sin consecuencias de carácter electoral en nuestro país; cómo la corrupción en el ejercicio del poder y la representación pública, procede del financiamiento ilegal de las campañas electorales, devastando al Estado y la democracia por la que hemos luchado por décadas”, apuntó Álvarez Icaza.
Consideró que el elemento en común entre las elecciones del 88 y las del pasado 4 de junio es la “subordinación, complicidad e incapacidad” de las autoridades electorales.
“En el 2018 se cumplirán 30 años del fraude electoral de 1988 y estamos frente a una de las crisis más importantes de la institucionalidad de la que tengamos memoria. El próximo año se celebrarán al menos 30 elecciones locales: la presidencial, la de senadores y diputados. Como nunca, estaremos frente al mayor número de servidores públicos y representantes que hayamos elegido en un mismo día, al mismo tiempo”, recordó.

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