Eruviel Ávila trae perdidos más de 8 mil millones, dice académico del CIDE basado en datos de la ASF


No fueron los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez o Roberto Borge Angulo. Fue el de Eruviel Ávila Villegas el que, según la cuenta pública de 2015 de la Auditoría Superior de la Federación, presenta el monto más alto en irregularidades.

No se sabe dónde quedaron 8 mil 098 millones de pesos, revela Leonardo Núñez González, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Si el monto es alto, las áreas a las que estaban destinados esos recursos son algunas de las que más adolecen los mexiquenses como la seguridad, desarrollo social y educación, entre otros.


Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).– El Estado de México fue la entidad en todo el país donde más dinero se “extravió” en 2015, por encima de Veracruz, cuyo ex Gobernador, Javier Duarte de Ochoa, está preso, aseguró el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Leonardo Núñez González, con base en la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de ese año.
De 2011 a 2015, periodo administrado por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, el estado ocupó el tercer lugar en irregularidades en el presupuesto a nivel nacional sólo por debajo de Veracruz y Michoacán.
De los 64 mil 716 millones que se desviaron en los estados del país durante 2015, en el Estado de México, donde habrá elecciones el cuatro de junio, no se comprobó el uso de 8 mil 098 millones de pesos frente a los 7 mil 704 millones de pesos desviados en Veracruz ese mismo año.
En marzo, Ávila Villegas dijo a la prensa que su administración estaba dispuesta a explicar al Congreso mexiquense las observaciones de la ASF porque “todo lo que se hace en el Estado de México es con plena transparencia”. Días después José Manzur Quiroga y Joaquín Castillo Torres, secretarios general de Gobierno y de Finanzas del Estado de México, respectivamente, comparecieron ante las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas del Congreso estatal.
En el acumulado de cinco años (2011-2015) la cifra en el Estado de México es por 20 mil 190 millones de pesos de los 216 mil millones de pesos perdidos en todos los estados, documentó el analista político. En Veracruz se extraviaron 34 mil millones de pesos y en Michoacán 26 mil millones.
En entrevista, expuso que el gasto federalizado se divide en fondos. Entre lo más representativo, el Estado de México no demostró el ejercicio de 869 millones de pesos recibidos para el Fondo de Aportaciones Múltiples (infraestructura y desarrollo social).
En un estado donde los índices delictivos son altos y es el primer lugar en feminicidios y que se mantiene entre los primeros lugares en robo de autos y en homicidios dolosos, es incierto el destino de los 116 millones de pesos para el Fondo de Seguridad Pública.
Tampoco se sabe en qué se emplearon 35 millones 118 mil para el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior. Además, no se comprobó el uso de 128 millones de pesos correspondientes al Fondo de Cultura; el de 74 millones para el Fondo de Infraestructura Deportiva ni el de 198 millones para carreteras federales.
Esto se da por un problema administrativo, afirmó Nuñez González, maestro en administración y políticas públicas. El dinero se entrega a los gobiernos estatales y el Congreso local debe aprobarle su uso, pero la mayoría de ellos, como Poder Legislativo, no lo revisa ni vigila.
“Eso permite erogar recursos de los fondos sin comprobarlos; los gobiernos gastan de manera arbitraria. El dinero se entrega a las Tesorerías de los estados, los cuales lo ejercen sin comprobar su ejercicio. El control sobre el uso de los recursos se hace de manera divergente”, aseguró.
Aunque hay autoridades que deben actuar frente a los informes de la Auditoría Superior de la Federación, “son omisas”.
La ASF detecta que hay desvíos de recursos, hace un pliego de observaciones, se envía a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y si no hay una respuesta, se manda a la Procuraduría General de la República (PGR) para una denuncia penal.
Sin embargo, en esas dos instancias –dirigidas por Arely Gómez y Raúl Cervantes– es donde “se atoran” las observaciones de irregularidades en el gasto de recursos públicos.
“De las 740 denuncias que se han hecho ante la PGR desde 1999 a raíz de las auditorías, solo 30 se han resuelto. El 96 por ciento están atoradas”, dijo el investigador del CIDE.
Ante ello, enfatizó la importancia de un Consejo Fiscal Independiente como lo ha recomendado para México el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde 2016 y que reiteró en abril. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda (SHCP) no lo considera necesario al argumentar que se está trabajando “con solidez técnica”, según palabras de la subsecretaria Vanessa Rubio.
“Un Consejo Fiscal es necesario porque tendría la función de un organismo autónomo e independiente encargado de vigilar el gasto, nivel de deuda y presupuestos”, expuso Leonardo Núñez.
Respecto a 2016, a nivel del gobierno federal se gastó más dinero de lo aprobado por el Congreso de la Unión si se compara el Presupuesto de Egresos de la Federación (4.7 billones de pesos) con la Cuenta Pública (5.3 billones de pesos) publicada el 30 de abril. En 2016 el gasto adicional fue de 613 mil 900 millones de pesos, el más grande en los últimos 16 años, documentó el investigador del CIDE, Leonardo Núñez González.
Del total del gasto excedente, el 71 por ciento se hizo en el último trimestre del año pasado. Pero ante la falta de transparencia, el 54 por ciento de ello no se sabe dónde está.
Sin embargo, dijo, en la Cámara de Diputados y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública “no hay trabajo legislativo” porque no reaccionan ante la cuenta pública. Han ignorado las nueve últimas entregadas por la Secretaría de Hacienda. Además, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputadas debería dar información, “pero está capturada políticamente”.
En 2015, destacó el investigador, el Gobierno federal asignó para Comunicación Social dos mil 695 millones de pesos, pero el gasto real se disparó a siete mil 618 millones, es decir, casi se triplicó.
En 2016 volvió a pasar. Para ese rubro se presupuestó 2 mil 400 millones de pesos, pero se gastaron 8 mil 591 millones de pesos, 356 por ciento más.
Una de las partes principales del problema, reflexionó el analista, es que hay reglas “muy laxas” en la comprobación fiscal.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), expuso el politólogo en un texto de la revista Nexos, permite con la figura de “adecuaciones presupuestarias” mover recursos entre oficinas o programas.
La mayoría de estos cambios, según la ley, requiere la autorización de la Secretaría de Hacienda. Pero en cualquier caso, “todas las modificaciones son decididas de manera unilateral por las mismas instituciones que gastan, ya que el Poder Legislativo no forma parte del proceso de decisión en ningún momento”.

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