Golpean a periodistas que reportaban acarreo al informe de senador priista en Chiapas

Uno de los reporteros detenidos en Chiapas. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Por órdenes de Liliana Cabrera Urbina, funcionaria del programa Prospera, agentes de seguridad privada golpearon a los periodistas Nehemías Jiménez y José David Morales Gómez, quienes acudieron al Estadio “Zoque” Víctor Manuel Reyna para cubrir el informe del senador Roberto Albores Gleason.
Los dos periodistas acudieron esta mañana a la delegación estatal de la Procuraduría General de la república (PGR) para interponer una denuncia penal en contra de las personas que los agredieron el pasado sábado 22.
Ese día los periodistas de Chiapas Sin Censura y Diario Meridiano 90 ingresaron al Estadio “Zoque” Víctor Manuel Reyna para transmitir en vivo el evento donde miles de mujeres del programa gubernamental asistencialista Prospera, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), fueron llevadas con engaños.
Indignadas, las mujeres se quejaron ante los reporteros que las habían hecho madrugar y viajar durante varias horas desde sus comunidades para presenciar el informe de labores del también dirigente estatal del PRI.
Varias de las asistentes denunciaron el acarreo masivo, lo que molestó a los operadores políticos del evento, quienes dieron la orden a los elementos de seguridad privada para que sacaran del estadio a los periodistas.
Los agresores arrebataron a los reporteros su equipo de trabajo, los llevaron a empujones y, por órdenes de Liliana Cabrera Urbina, los encerraron en el baño. Y ahí lanzó la mujer: “Péguenles una chinga”.
Jiménez y Morales fueron amenazados de muerte, les dijeron que no sabían con quiénes se estaban metiendo y que si se gastaba mucho dinero en ese evento, que no les importaba, que no era de ellos, sino “dinero del gobierno”.
Tras humillarlos y vejarlos, los periodistas fueron sacados a empellones del estadio y entregados a una patrulla de la policía municipal por “alterar el orden público” dentro del estadio. Tras la intervención del propio secretario de Seguridad Pública municipal, Moisés Grajales, los reporteros fueron liberados y llevados hasta su vehículo, que habían dejado cerca del estadio.
Además de Liliana Cabrera, los agredidos identificaron a Hiber Gordilo, representante del PRI ante el órgano electoral local, como otro de los operadores políticos que ordenaron el ataque en su contra, además de otras tres personas: Jorge Humberto Aguilar, otro de apellido Domínguez y Héctor Rivera Ordoñez.
Los periodistas interpusieron denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia, sin embargo, dijeron que desconfían de que se le dé trámite, pues el fiscal para Periodistas, Tito Rubín, es un priista afín al grupo político de Albores Gleason.
Y aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja de oficio, Jiménez y Morales advirtieron que irán a la CNDH, porque el organismo local está encabezado por Juan Oscar Trinidad Palacios, exdirigente estatal del PRI, también cercano al grupo político de Albores.
Periodistas, activistas y organismo no gubernamentales defensores de derechos humanos firmaron pronunciamientos públicos para condenar la agresión y el manejo arbitrario de Prospera con fines políticos, y exigieron que los agresores sean sancionados conforme a derecho.
Sedesol, por su parte, aseguró que investigará los hechos. Según la delegación estatal, inició “una investigación a fondo con el propósito de esclarecer algunas irregularidades que presuntamente se cometieron en la organización de un evento, y en la que al parecer beneficiarias del programa Prospera fueron objeto de presiones para asistir a dicha reunión”.
La Sedesol remarcó el compromiso que ha asumido con el bienestar de la población y con el combate a los rezagos entre los diferentes sectores sociales, por ello –apuntó– se han redoblado esfuerzos para ampliar la cobertura de los mismos, de manera transparente y apegados a lo que establecen las normas de operatividad de cada uno de los programas.
Aseguró, asimismo, que todos los programas de apoyo social con los que cuenta se mantienen bajo una estricta vigilancia, conforme a los estatutos de operatividad del gobierno de República, a fin de garantizar que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan, y contribuir a mejorar las condiciones de vida entre las familias que habitan las zonas de mayor vulnerabilidad.

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