Una élite empresarial que evade impuestos secuestra al Estado y el progreso del país: académicos

La justicia fiscal radica en que todos contribuyan al pago de impuestos conforme a sus recursos y capacidades. Sin embargo, en México grupos empresariales han “secuestrado” al Estado, lo que les permite acumular mayor riqueza al no cumplir su obligación de pagar impuestos proporcionales al nivel de sus millonarias fortunas. Contrarrestarlo requiere combatir la corrupción para que, primero, se libere a los tres niveles de Gobierno de los intereses económicos particulares y, segundo, para que los flujos de esos ingresos extras vayan a servicios públicos, afirmaron académicos.

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).– El Estado está “secuestrado” por un grupo de empresarios que no cumplen su obligación fiscal de pagar la tasa de impuestos proporcional a su nivel de ingresos, lo que permitiría generar un mayor bienestar y desarrollo económico en el país, aseguraron académicos y miembros de Fundar, Cepal y Oxfam. Por ello, exigieron, se necesita combatir la corrupción y la intervención del poder judicial.
Alguna vez el hombre más rico de México, Carlos Slim Helú, vio la tasa de impuesto que pagaba su secretaria, la cual era más alta de la que él pagaba, relató Diego de la Mora, investigador de Fundar.
Eso es injusticia fiscal, pero no existe la transparencia suficiente para saber otros casos, es decir, quiénes y cuántos gozan de condonaciones de pago de impuestos.   Esto afecta a la recaudación de ingresos públicos y la capacidad de modificar las condiciones económicas de un país donde la mitad de su población vive en pobreza, expusieron en la conferencia “Presupuestos públicos para la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”.
“El Estado, el presupuesto y la justicia están secuestrados por intereses económicos lícitos e ilícitos. Todos nosotros pagamos el precio de un Estado disfuncional que no da ni protege lo que debe y que permite que estas dinámicas se sigan acentuando”, afirmó Helena Hofbauer, directora de la Fundación Ford y fundadora de Fundar.

 “Contrarrestarlo, liberar al Estado, nos llevará una batalla titánica de décadas. Primero se tiene que combatir la corrupción porque gran parte del presupuesto se va por las grietas de ésta y eso se refleja en el nivel de servicios públicos que no corresponde con el presupuesto”, agregó.
Pablo Yanes, jefe de la unidad de Desarrollo Social de la Cepal México, explicó que la justicia fiscal y presupuestal es a cada quien su capacidad y a cada quien sus necesidades, es decir, que todos deben contribuir al pago de impuesto conforme a sus recursos y capacidades, y todos deben recibir conforme a sus necesidades.
Sin embargo, “por el modelo económico predominante” pagan hasta los más pobres que no tienen la misma capacidad adquisitiva que los empresarios.
Para dimensionar la riqueza de los multimillonarios en México, el economista y miembro de Oxfam, Carlos Brown, expuso que si se pone en los bancos la riqueza total de Carlos Slim (América Móvil), Germán Larrea (Grupo México y Cinemex), Alberto Baillères (Palacio de Hierro) y Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca), cuatro de las personas más ricas de este país, la tasa de interés de referencia de esas fortunas bastaría para darle un salario mínimo a 2 millones de personas durante un año.
No obstante, uno de los factores para que la élite empresarial no sea tocada es el silencio del poder judicial.
“El poder judicial a través del amparo –que debería ser una herramienta de derechos humanos– protege a las empresas que tienen abogados fiscalistas expertos”, afirmó el politólogo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez.

 El 41 por ciento de las sentencias que ha emitido el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va en materia fiscal, documentó.
“Quienes están utilizando el amparo para defender sus intereses son las empresas. Eso tiene un impacto en el presupuesto. Pero en el contexto del neoliberalismo de eso los jueces no dicen nada”, añadió Gutíerrez.
Si el Estado fuera liberado del poder empresarial, reiteró la directora de la Fundación Ford, se alcanzaría la justicia fiscal y presupuestaria: los ingresos y los egresos del Gobierno promoverían los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
“[Esto] no se alinea el deber ser del Gobierno y los estados con lo reflejado en los presupuestos y en la manera en que benefician a los sectores más poderosos y erosionan los derechos de los sectores no poderosos”, dijo Hofbauer.
El politólogo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Diego de la Mora, destacó que aunque el riesgo es que si el Estado tiene más recursos –mediante la justicia fiscal– habría aún más corrupción en el gasto público. “La gran batalla” es que el Estado se construya de manera justa para ser un igualador y tener la capacidad de modificar las condiciones económicas de la sociedad.
En México, de acuerdo con la lista más actualizada de Forbes, las diez personas más ricas son Carlos Slim Helú (América Móvil, 54 mil 500 millones de dólares); Germán Larrea Velasco (Grupo México, 13 mil 800 millones); Alberto Bailléres Gónzalez (Peñoles, 10 mil 800 millones); María Asunción Aramburuzabala (Fondo Tresalia, 5 mil 800 millones); Eva Gonda de Rivera (FEMSA, 5 mil 600 millones); Juan Francisco Beckmann Vidal (José Cuervo, 5 mil 200 millones); Jerónimo Arango (Cifra-Walmart, 4 mil 200 millones); Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca, Grupo Electra, Banco Azteca, 3 mil 600 millones); Antonio del Valle Ruíz (Mexichem, BX+); y Emilio Azcárraga (Grupo Televisa, 2 mil 100 millones).
Investigadores en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Foto: Fundar.
LA POLÍTICA FISCAL CONSOLIDADA
Una postura fiscal sólida contribuye a fortalecer el marco macroeconómico y coadyuva a reducir los riesgos en la economía, creándose un entorno más propicio para el crecimiento, dijo el Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, en la Octogésima Convención Nacional Bancaria.
Carstens también declaró desde Acapulco, Guerrero, que el mejor remedio contra el populismo son las instituciones fuertes, transparentes y con una administración clara.
El futuro gerente del Banco de Pagos Internacionales (BIS) apostó por “instituciones con mandatos claros y rendición de cuentas” para hacer frente al populismo y ayudar la “gobernabilidad del país”.
“El mejor antídoto ante el populismo es que haya instituciones fuertes. El Banco de México es una institución fuerte, y en este sentido es un ejemplo para otras instancias”, dijo Carstens en declaraciones a los medios de comunicación.
Respecto al contexto internacional, Carstens consideró que hasta el momento han sido positivas las conversaciones entre el Gobierno de Estados Unidos y el de México, por lo que “por el momento hay tranquilidad” en los mercados.
México, Estados Unidos y Canadá renegociarán en los próximos meses el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a petición del Presidente Donald Trump, quien considera que el acuerdo histórico genera un gran déficit comercial y pérdidas de empleos para su país.

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