En defensa de la corrupción


Por Ernesto Villanueva
Cuando la dignidad no se convierte en costumbre y el juicio social está extraviado se generan las mejores condiciones para que la corrupción no sólo nazca, sino se reproduzca en las pautas comportamentales de los gobernantes, y en un apreciable número de los gobernados. La ausencia de un sistema educativo diseñado para interiorizar valores democráticos en los niños, es uno de los factores que permiten la existencia de esta realidad. Sus formas de expresión son múltiples y variables:

1.- La denuncia de probables actos de corrupción en una institución es percibida en un sentido dual: hacia fuera se considera un discurso atendible. Hacia adentro, empero, la postura es exactamente al revés. Hay un conjunto de sofismas que “justifican” esos comportamientos: a) La “ropa sucia se lava en casa”. El problema es que no se lava sólo se remoja y al final todo queda igual; b) “Se afectan a las instituciones”. Las instituciones se fortalecen, por el contrario, cuando se identifica, procesa y sanciona a sus peores elementos. Lo que lastima a las instituciones es no hacer nada, voltear para otro lado; y c) Quien señala la verdad o denuncia hechos de probables ilícitos no es percibido como alguien probo, honesto; antes bien, es exactamente, al contrario, es visto como “conflictivo”, “protagónico” y palabras por el estilo que generan disuasivos para apartarse del guion oficial: “En política el único pecado que no se perdona es la falta de complicidad”.

2.- La complicidad se genera de forma activa o de modo pasivo. El estar enterado de un caso probablemente irregular y no decir nada es aceptar ese guion de la simulación y de la impunidad. No se diga, si se actúa en forma activa. El problema es que cada día crecen más los umbrales de tolerancia social a la corrupción. Hay aquí también una doble moral: en las encuestas y sondeos de opinión los encuestados ven a la corrupción como un mal social, pero en el día a día no sólo la toleran, sino – en algunos casos- buscan cómo se reproduce. Un servidor público en un alto cargo, una vez que deja el puesto, enfrenta también una doble lectura: Existe la percepción de que incurrió en prácticas de corrupción, y eso se convierte en algo “normal”. Por el contrario, si ese servidor honesto que sale del cargo sólo con lo legalmente ganado es visto, en no pocas ocasiones, como una persona que no supo aprovechar las oportunidades del cargo para su enriquecimiento. “Se creyó la película” dirán algunos. Pero pocos formarán un juicio de esa persona con los valores positivos de la honestidad y de la dignidad. De ahí la frase profunda en el imaginario colectivo: “No me des, ponme donde hay”. “Amistad que no se refleja en la nómina es pura demagogia”. Y así existen otras tantas que la picaresca mexicana ha creado al transcurso del tiempo.

3.- Lo más grave de todo es que se incorpore dentro de la ley el valor de la corrupción. En efecto, los requisitos para ser gobernantes, contralores, miembros de organismos autónomos son tan genéricos que cualquiera puede razonablemente satisfacer esa hipótesis normativa. En algunos casos, como el del Instituto Federal de Telecomunicaciones se han incluido exámenes de conocimientos en la materia. Pero no es sinónimo ser experto en telecomunicaciones que ser experto en ejercer la honestidad. Más aún, puede – y se da- que haya grandes corruptos muy bien formados académicamente. La honestidad no está atada a la formación académica o a la falta de cultura en el sentido más amplio de la expresión. Es loable que haya ese tipo de exámenes de conocimientos diseñados por varias instancias para evitar errores en su aplicación. Pero nada se hace por lo que concierne al combate preventivo de la corrupción. En este punto no hay consenso. Y no lo hay porque haya falta de conocimiento, sino porque no se quiere combatir a fondo el problema. La salida facilista es crear más burocracia que tampoco resolverá el problema. En su oportunidad el presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero, al preguntársele cuando daría resultados el “Sistema Nacional Anticorrupción”, la respuesta fue: ““No es una transición fácil ni rápida. Hay que seguir trabajando. Aquí no es de enchílame otra, tiene una serie de tiempos”. Y sí porque es “complejo” hay que agotar los mecanismos al alcance de la sociedad para prevenir el ingreso de corruptos más que buscarlos – sin encontrarlos- después de que generaron una sangría económica a la sociedad.

4.- El fundador del Organismo Nacional Anticorrupción, el empresario Carlos Emilio Gidi razona: “Cómo se puede esperar que haya un cambio si esa reforma necesaria es contraria al modelo que permitió que tengamos el perfil de legisladores que tenemos”. Asimismo, decía Martín Luis Guzmán en La sombra del caudillo“Nadie va contra su propio interés”. De esta suerte, el cambio posible sólo puede provenir de fuera con la alianza de algunos – muy pocos- de dentro de la partidocracia. ¿Se puede prevenir el ingreso de personas corruptas a posiciones de toma de decisiones que afecten el interés público? Por supuesto que sí. Habría que buscar que en las leyes se introdujeran verdaderos candados aplicando exámenes de control de confianza serios y por terceros con experiencia e independencia. Ya en otra oportunidad abundé sobre estos exámenes. Si la parte realmente comprometida contra la corrupción no se une, la simulación y la impunidad seguirán siendo la columna vertebral del ejercicio del poder público como sucede hoy.
ernestovillanueva@hushmail.com
 

Ernesto Villanueva

Ernesto Villanueva es doctor en derecho y doctor en comunicación pública por la Universidad de Navarra. Investigador por oposición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su obra más reciente es "Parásitos del poder: cuánto nos cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes de la República". Ediciones Proceso, 2015.

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