martes, 29 de marzo de 2016

El Químico Benítez Torres opina sobre las encuestas. Tú qué opinas?

Entre 18 países con mayor pobreza, México se ubica en el lugar número 13: Cepal

Una mujer baña a su hijo en un terreno ocupado irregularmente al norte de Veracruz. Foto: Yahir Ceballos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una lista de 18 países con mayor número de pobres, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) ubicó a México en el lugar número 13.
En su informe 2015 denominado “Panorama Social de América Latina 2015”, el organismo de la ONU precisa que 41.2% de la población vivía en pobreza en 2014, lo que equivale a más de 48 millones de personas.
Esta proporción es muy similar a los porcentajes de pobreza que hay en El Salvador (41.6%) y en Paraguay (42.3%).
Frente a ese panorama, la Cepal confirma la necesidad urgente de modificar las políticas económicas y sociales frente a la pobreza y la desigualdad en nuestro país, tal como lo han propuesto otros organismos internacionales, expertos y organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con un comunicado difundido por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en el informe dado a conocer en días recientes por la Cepal se confirma que la reducción de los ingresos es el factor central de incremento de la pobreza.
De igual manera se confirma la necesidad de contar con políticas laborales y productivas que generen inclusión y mejora del ingreso, así como mejorar la cantidad y calidad del gasto social.
“Este tipo de medidas coinciden con lo que ha propuesto Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Resulta entonces paradójico que la respuesta del gobierno de México a través de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) sea criticar la metodología de la Cepal, como antes lo hicieron respecto a la metodología oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (Coneval)”, puntualiza el comunicado.
Añade: “Resulta aún peor tomar medidas cosméticas, como los ‘estados de cuenta de los programas sociales’, sin cambiar las condiciones que generan los bajos ingresos de las personas en pobreza o sin establecer el padrón único de beneficiarios que transparente esos programas”.
Según el informe de la Cepal, organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desarrollo económico y social para nuestra región, en América Latina hay 168 millones de personas en pobreza, equivalente al 28% del total de la población en los 18 países considerados. Entre ellas, hay 70 millones que viven en condición extrema (indigencia), equivalente al 11.8% de la población.
Los datos del informe ubican a nuestro país en el 13º lugar entre 18 países por la proporción de población en pobreza en la región.
En porcentaje de personas en pobreza, México sólo supera a los países centroamericanos más pobres: Honduras (74.3%), Guatemala (67.7%) y Nicaragua (58% – dato para 2009). Dicho porcentaje es muy superior a países de desarrollo económico menor como República Dominicana (37.2%), Colombia (28.6%) y Costa Rica (18.6%).
Los países de América Latina que presentan mayores avances en la reducción de la pobreza entre 2010 y 2014 son Uruguay, con un avance de 14.9%; Perú con un avance de 9.8%; Chile, que avanzó 9.1%, y Brasil, que logró reducir 7.9% la pobreza, de acuerdo con el citado informe de Cepal.
En contraste, los países que retroceden y tienen aumentos en la pobreza en los años recientes son Venezuela, con 4.9% de incremento, México con 2.9% más de pobreza y Honduras con un crecimiento de 2.3%.
Además de estos datos de evolución de la pobreza, el informe de Cepal analiza y propone medidas de fondo para avanzar frente a la pobreza y la desigualdad en nuestra región: la mejora en la cantidad y calidad del gasto social, reducir las brechas estructurales en el mercado de trabajo que generan ingresos y condiciones laborales precarias y pobreza, así como la mejora de la institucionalidad de las políticas de desarrollo social.
“En Acción Ciudadana Frente a la Pobreza también coincidimos con este enfoque y en las políticas recomendadas, por ello, exigimos se tomen medidas urgentes para lograr avances sustanciales en la reducción de la pobreza”.
En particular, insiste en la urgencia de impulsar una economía incluyente que posibilite la mejora de los ingresos de toda la población, especialmente de quienes viven en pobreza, además de construir un sistema de protección social universal que garantice un “piso” de ejercicio de derechos sociales básicos, iniciando por el acceso efectivo a la salud.
Asimismo, generar mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas para dar institucionalidad y efectividad a las políticas y programas.
De igual manera, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza hace un llamado a las autoridades a enfrentar las causas que generan pobreza y desigualdad con medidas de fondo. “Pedimos superar la descalificación de las metodologías de medición de la pobreza, cuando no les son favorables”, apunta el comunicado.
Subraya: “En esta ocasión estamos frente a una paradoja: ante los datos recientes de Coneval que resultaron adversos, el titular de Sedesol solicitó ‘adoptar’ la metodología de la ONU. Y ahora que la ONU –a través de su organismo especializado, la Cepal– da a conocer sus resultados, también los descalifica por ser una metodología que usa la misma canasta alimentaria desde hace 35 años.
“Esta metodología –pese a sus limitaciones– permite comparar con la misma medida a los diversos países de América Latina en su evolución en el tiempo.
“También resulta preocupante que ante el incremento y permanencia de la pobreza, se tomen sólo medidas cosméticas como entregar un ‘estado de cuenta’ por los ingresos de transferencias y subsidios que se canalizan a los hogares a través de los programas sociales, como lo ha anunciado recientemente la Sedesol”.
Según Acción Ciudadana, esta medida solo modificaría las respuestas de los hogares ante los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sin cambiar las condiciones que generan la pobreza.
Y concluye que el informe de la Cepal es un nuevo llamado a cambiar las políticas económicas y sociales que no son efectivas frente a la pobreza.

La “fatídica decisión” de utilizar a militares contra el narco desencadenó violencia” en México: The Lancet

Violencia sin control 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La “epidemia de violencia” en muchas partes de México inició con la “fatídica decisión” del gobierno del expresidente Felipe Calderón de utilizar a militares en zonas civiles para combatir a los narcotraficantes, destaca un informe publicado en la última edición de la revista británica ‘The Lancet’.
“El aumento de los homicidios en México desde 2006 prácticamente no tiene precedentes en un país que no está formalmente en guerra”, apunta el estudio en el que participó una comisión internacional de expertos coordinado por la publicación y la universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.
El incremento en los asesinatos es tan grande en algunas partes de México “que ha contribuido a una reducción de la esperanza de vida proyectada del país”, precisa.
Y menciona que los análisis consultados destacan que de 2008 a 2010 en el estado de Chihuahua, uno de los más afectados por la violencia de la droga, la esperanza de vida para los hombres cayó en un promedio de cinco años.
Según la comisión de expertos, el aumento de los homicidios registrado en México a partir de 2006 resulta “muy significativo y notable”, sobre todo porque ningún otro país en América Latina, ni en el mundo, tuvo un “rápido incremento de la mortalidad en tan poco tiempo”.
Incluso algunos expertos hablaron de una relación entre la violencia de las drogas y el aumento de los feminicidios en México y América Central.
De acuerdo con la comisión internacional de expertos, las políticas prohibicionista de las drogas impuestas por distintos gobiernos, entre ellos el de México, “han contribuido directa e indirectamente a la violencia letal, la transmisión de enfermedades contagiosas, la discriminación, el desplazamiento forzado”, además de ser “nocivas” para la salud pública y los derechos humanos.
“La persecución de la prohibición de las drogas ha generado una economía paralela dirigida por redes criminales. Estas redes que recurren a la violencia para proteger sus mercados, y la policía y a veces las fuerzas militares o paramilitares que les persiguen, contribuyen a la violencia y la inseguridad en las comunidades afectadas por el tránsito de drogas y las ventas”.
La comisión señala que los “niveles intolerables de violencia, inseguridad y corrupción han dado lugar a desplazamientos masivos en México y América Central, con niveles similares a los documentados en zonas de guerra”.
Añade: “Las personas desplazadas, incluidos los niños, son característicos de una situación jurídica incierta y la escasez de servicios. Según una estimación, aproximadamente el 2% de la población de México, alrededor de 1.65 millones de personas, fueron desplazadas debido a la violencia o el riesgo de violencia entre 2006 y 2011 (durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa)”.
El documento explica que gran parte de la violencia relacionada con el tráfico de las drogas surge de los esfuerzos de los grupos criminales para proteger sus mercados ilícitos.
Y menciona que algunos expertos en la materia han sugerido que las operaciones policiales pueden dar lugar a importantes aumentos en la violencia cuando el desmantelamiento de una red criminal conduce a sus grupos rivales a intentar ocupar el territorio del grupo debilitado.
“México y Centro y Suramérica han resistido una enorme carga de la violencia relacionada con las drogas”, dice el informe, y resalta que como en las guerras convencionales, las redes criminales que dominan el tráfico de drogas en Centroamérica han usado la violación para defender sus territorios y rutas.
“Las violaciones brutales y el asesinato de mujeres son utilizadas para aterrorizar a las comunidades y a las bandas rivales”, puntualiza.
Precisa, de igual manera, que aunque no todo el aumento de los homicidios se puede atribuir a la violencia relacionada con las drogas, gran parte sí lo es.
“Una estimación sugiere que las muertes relacionadas con la guerra de las drogas hizo que la tasa nacional de homicidios subiera a una de 11 casos por cada 100 mil habitantes, lo que resulta en una tasa global de más de 80 casos por 100 habitantes en lugares muy afectados; la tasa de 11 homicidios por cada 100 mil personas es 2.5 veces el total de homicidios tasa en Estados Unidos de 2014”.
El reporte menciona que los expertos también han sugerido que el impacto de la guerra contra las drogas a la mortalidad es más difícil de cuantificar debido a los métodos usados por las pandillas, tales como decapitación y desmembramiento, las ejecuciones de grupo, y las fosas comunes.
A pesar de que los homicidios han bajado desde 2012, se ha registrado una tendencia al alza hasta 2014. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), esta tendencia sigue hasta febrero de 2016, cuando los casos de homicidio doloso fueron mayores a los registrados en enero y a finales de diciembre del año pasado, detalla.
Subraya que los homicidios tipo ejecución están claramente destinados a aterrorizar a la población.
“Vivir con el miedo de la violencia extrema es perjudicial para el funcionamiento normal de los servicios sociales y de salud, educación, y la participación ciudadana. La penetración de todos los aspectos de la sociedad por las organizaciones de tráfico de drogas en México, Colombia y varios países de América Central puede corromper todo, desde las elecciones hasta los servicios locales y los equipos de deportivos”, agrega.
El informe revela además que las leyes contra las drogas se han aplicado de manera “discriminatoria” contra minorías raciales y étnicas y contra mujeres, lo que ha socavado los derechos humanos.

La guerra contra el normalismo .- Luis Hernández Navarro

Escuela Normal Superior

I
maginemos que, a partir de ahora, en México no será necesario ser médico para ejercer la medicina. Para diagnosticar enfermedades, hacer cirugías y recetar fármacos, será suficiente tener una licenciatura y presentar un examen. Aunque no haya estudiado los seis arduos años de la carrera de médico, cualquier licenciado tendrá derecho a ocupar una plaza en las clínicas y hospitales del sector público.
Supongamos que dentro de muy poco tiempo en México los egresados de veterinaria, historia o letras inglesas podrán ser responsables de realizar y supervisar proyectos arquitectónicos y obras. Les bastará con haber terminado su carrera y hacer una prueba para trabajar de arquitectos o ingenieros civiles, aunque no hayan estudiado para ello.
Fantaseemos con que, desde ya, será posible, en tiempos de paz, tener el grado de teniente coronel dentro del Ejército, sin haber cursado la carrera de las armas y sin cumplir con un mínimo de tiempo en el servicio. Se requerirá, tan sólo, ser licenciado y pasar un examen de admisión.
Obviamente, muy pocos enfermos estarían dispuestos a dejarse operar por un cirujano que no cursó la carrera de medicina. Por supuesto, nadie cometería la locura de darle la obra de construcción de un puente a quien no sea ingeniero civil o arquitecto. Y es impensable que, en condiciones normales, el Ejército reclute a sus filas como oficial de alta graduación a quien no se haya formado y hecho carrera en sus filas.
Sin embargo, el pasado 22 de marzo, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunció que para ser ejercer la profesión magisterial será posible hacer lo que nos parece inadmisible para la medicina, la ingeniería o las armas. Según el funcionario, desde este año, cualquier licenciado que presente un examen podrá dar clases de educación básica en el sistema público. La formación de maestros –dijo– ha dejado de ser un monopolio de las facultades y escuelas universitarias. En los hechos, se ha condenado a muerte a las normales: dejarán de ser semilleros de profesores de educación básica.
Esto significa que ejercerán de profesores de primaria profesionistas que no se prepararon para ello, y que no tienen conocimiento alguno de didáctica. Bastará que sean licenciados y que aprueben un examen de conocimientos. En la docencia hay precedentes de excelentes maestros en activo que no estudiaron para serlo; sin embargo, no son casos muy frecuentes.
Por supuesto, en el futuro algunos de esos licenciados pueden resultar buenos profesores, pero nada garantiza que lo sean. Eso no se mide con una prueba. Aunque tengan sólidos conocimientos en su campo de estudios y la mejor intención del mundo, en su mayoría no saben cómo enseñar a niños y jóvenes. Desconocen las preocupaciones, intereses y realidades de los alumnos del sistema de educación pública básica. Ignoran cómo tratarlos, por una razón muy sencilla: fueron a la universidad para ejercer como biólogos, físicos, abogados u odontólogos, no para ser docentes de primaria o prescolar.
¿Por qué un licenciado que estudió una carrera universitaria para ser profesionista escogería pasar el resto de su vida en un aula de educación básica ganando menos dinero? Obviamente, no por vocación, sino por la falta de oportunidades laborales en su área de formación. Por supuesto, puede haber excepciones, pero la motivación central para hacerlo es tener un empleo, mientras consigue un trabajo mejor.
Evidentemente, un maestro que está de paso en el servicio, que ve su actividad en el aula como un trabajo temporal mientras encuentra un empleo mejor retribuido, difícilmente puede ser un buen profesor. El magisterio es una opción de vida. Los docentes de excelencia tienen, por lo regular, años de experiencia a sus espaldas.
Curiosamente, los maestros mexicanos a los que se quiere someter a una terapia de choque, poniéndolos a competir por el empleo con egresados de otras instituciones, poseen un nivel de formación muy razonable. Los datos de la encuesta Disposición de los docentes al desarrollo profesional y actitudes hacia la reforma educativa, levantada en 2010 por la SEP, así lo muestran. Según el estudio, 54.7 por ciento de los profes tienen una licenciatura normalista, 13.5 una licenciatura universitaria y 11.2 estudios de posgrado.
En las escuelas normales se forman maestros para ser maestros. Muchos de sus estudiantes provienen de familias humildes o son hijos de docentes. De sus aulas salen profesores que saben enseñar, y que abrazan la docencia como opción de vida.
En nuestro país, el nomalismo, como institución exclusiva de la formación de maestros, tiene 128 años de vida. Hasta ahora ha sido una profesión de Estado. Más allá de sus dificultades y limitaciones, hay en su práctica una inmensa riqueza pedagógica. Los normalistas han sido baluartes en la defensa de la educación pública. En algunas de sus escuelas –como las normales rurales– los estudiantes se forman con vocación de servicio social. A pesar de ello (o precisamente por ello), se le quiere condenar a muerte.
La tecnocracia educativa y la derecha empresarial detestan al normalismo. Quieren acabar con él. Claudio X. González demandó cerrar sus escuelas,
Lejos de promover una mejor educación, la reforma legal que condena a muerte al normalismo y abre las puertas de la docencia en educación pública básica a licenciados de otras disciplinas es un incentivo al ejercicio de peores prácticas pedagógicas. Y, en lugar de permitir al Estado recuperar la rectoría del sector educativo, es un paso más hacia su desregulación.
Twitter: @lhan


Investigación del GIEI termina en abril y no habrá prórroga: Osorio Chong

Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob. Foto: Germán Canseco
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar del clamor de los padres de los normalistas de Ayotzinapa para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se quede en México hasta saber qué pasó con los jóvenes, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que su trabajo concluye en abril y no habrá prórroga.
En entrevista con Radio Fórmula el funcionario afirmó que hasta ahora se han dado “ absolutamente todas las facilidades solicitadas” al grupo de expertos y que el acuerdo con los padres, su defensa y las organizaciones que los acompañan fue que los expertos concluirán su trabajo a finales de abril y así será.
Y ante el reclamo de los padres quienes piden que el plazo de la investigación del GIEI sea indefinido o hasta saber qué ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, Osorio Chong señaló que en lugar de discutir eso se avance en la investigación pues todavía “les falta un mes y seguimos trabajando en el tiempo que nos queda”.
Reiteró que hasta el momento y en lo posible, el gobierno mexicano les ha dado a los expertos “todas las facilidades: los ministerios públicos, equipo, nuevas líneas de búsqueda, absolutamente todo para seguir adelante en la investigación de estos lamentables hechos”, dijo.
El titular de la Segob recordó que el año pasado se amplió el plazo para las investigaciones del GIEI y no cabe otra.
“Estamos dentro del plazo, estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que viene realizando y en abril termina ese trabajo”, recalcó.

Avanza la legalización de la dictadura en México


Ciudad de México. Con el voto de todas las bancadas, a excepción de Morena mientras que Movimiento Ciudadano se abstuvo, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, aprobó esta mañana el dictamen para reglamentar el artículo 29 de la Constitución y permitir que, a solicitud del Presidente, el Congreso de la Unión apruebe la suspensión de garantías o un estado de excepción en el país.
En su reunión de esta mañana, con el respaldo de PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y Panal, la comisión avaló sin cambios la minuta que el Senado aprobó el 9 de diciembre pasado, con el argumento de que es preferible contar con un mecanismo que regule la atribución presidencial de suspender garantías en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.
Sólo las diputadas de Morena hablaron en contra del dictamen. Presente en la reunión, Salomón Tamez (MC) guardó silencio y en la votación se abstuvo. El coordinador de esa bancada, Clemente Castañeda, que forma parte de la comisión, no se presentó.
Priístas, panistas y perredistas argumentaron que la ley, que pretenden aprobar esta misma semana en el pleno de la Cámara, no tiene como objeto la represión social, pero la coordinadora de Morena, Rocío Nahle García, resaltó que en el dictamen y en el contenido de la ley no se define “qué se entiende por perturbación grave de la paz pública, conflicto o invasión”.
Anunció que presentó un voto particular y dijo que si bien la ley define que la solicitud presidencial debe pasar por la revisión del Congreso y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “el decreto de suspensión caminará hacia donde diga el Presidente. Les pregunto, como está planteada la ley, ¿hay la seguridad, está garantizado el respeto al ciudadano a decirle que se le considera una amenaza pública? No”.
Para justificar el voto de Acción Nacional, Ulises Ramírez Núñez, puso como ejemplos actos de terrorismo que han ocurrido en otros países.
Se refirió al ataque a las Torres Gemelas, a las explosiones en París y Boston, los atentados en Pakistán que “han trastocado cómo debemos regular nuestras convivencias”.
“En el caso de París se decretó un estado de excepción. Y esto causa un contra sentido a los que luchamos de hace muchos años por la defensa de las garantías y que un país democrático se sustenta en dos pilares, la seguridad y la libertad. Y es ahí donde ponemos en la balanza qué hacer”, dijo.
Sostuvo que no se trata de buscar restringir derechos políticos como el de manifestación o asociación, aunque ello no está definido en las consideraciones de la comisión.
Pero, insistió, “para el PAN es mejor tenerlo regulado que tenerlo suelto y discrecional a un solo poder. El fin último de este mecanismo es el restablecimiento y la lucha permanente por los derechos humanos y las garantías es que vemos, desde una perspectiva positiva este dictamen. Es un avance importante en la regulación de este mecanismo de restricción de garantías que deberá siempre en todo momento temporal”.
El perredista Rafael Hernández Soriano también defendió el dictamen.
Dijo que su contenido respeta los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, pero cantinfleó: “Vivimos paradigmas de interpretación del derecho, en el país el derecho codificado se ha llevado al extremo de que la Constitución, dentro de las tres constituciones en el mundo, que tiene mayor número de redacción y palabras porque se ha cometido un exceso, pero con la tendencia internacional y cuando hablamos de derechos humanos, es atender el modelo que nace en Europa y que se ha extendido en todo el mundo, del derecho dúctil, de atender la situación en el momento y no atender lo que establece la ley”.
El dictamen establece que ante un riesgo a la paz pública o una invasión, se suspenderán o restringirán el ejercicio de derechos humanos y el "sacrificio temporal de derechos", entre éstos, los derechos a la manifestación, asociación, circulación y libertad de expresión, patrimoniales, crédito o de derecho de autor.
La comisión avaló incluir una lista de los peligros que justificarían una petición presidencial para suspender garantías en un estado, región o todo el territorio, bajo el argumento de que la suspensión de garantías "puede ser una forma de tutela a los derechos humanos".
El dictamen aprobado hoy establece: "Pueden mencionarse ejemplificativamente las perturbaciones de factores naturales como sismos, tormentas, huracanes, explosiones volcánicas, epidemias... Así como también revueltas internas de gran calado; incursiones de grupos armados internos; graves afectaciones a la paz o la estabilidad interna del propio Estado; crisis económicas que por su gravedad puedan generar alteraciones al orden público; eventos derribados de la intervención humana (casos fortuitos) como incendios, accidentes nucleares o liberación de plagas/epidemias; entre muchas otras".

El gobierno de Eruviel Ávila premia a... ¡ Eruviel Ávila ! con una medalla de oro

El gobierno de Eruviel Ávila premia a Eruviel Ávila con una medalla de oro en el Edomex

En diciembre pasado, el Poder Ejecutivo del Estado de México otorgó una medalla de oro a su titular, Eruviel Ávila Villegas, a manera de auto-reconocimiento “por su gran trayectoria profesional”, por su “calidad humana”, así como por su “liderazgo”, su “inagotable esfuerzo”, su “solidaridad”, su “ahínco”, su “buena nombradía”, su “honorabilidad”, además de su “travesía intachable y sobresaliente”.
La medalla entregada al titular del Ejecutivo fue otorgada por una de las dependencias a su cargo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local que, a pesar de que lleva el título de “Tribunal”, no pertenece realmente al Poder Judicial y no imparte justicia, sino que es un área administrativa más del gobierno estatal, que encabeza el mismo Eruviel Ávila.
Para justificar la entrega de esta medalla de oro, el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo señaló que la presea “es una forma de agradecerle (a Eruviel Ávila) el ahínco con el que, basado en sus iniciativas de reforma y decisiones, plausiblemente dirige el Estado de México”.
El titular del TCA mexiquense, Miguel Ángel Terrón Mendoza, señaló además que, “dada su intervención como gobernador”, Ávila Villegas merece que sean “enaltecidos” algunos “de los valores que lo caracterizan”, ente los cuales se destacó su “responsabilidad, legalidad, compromiso por el bien común, solidaridad, respeto, lealtad e integridad”.
Sobre las características físicas de la medalla otorgada a Eruviel Ávila, el TCA se negó a dar información sobre su diseño, materiales, gramaje y dimensiones exactas, y únicamente informó que se trata de una medalla hecha en oro, con dimensiones de “4×5” (sin aclarar qué significa eso), y su valor fue de 5 mil 200 pesos.
Según la factura emitida por la empresa Roa Promocionales (encargada de fabricar la medalla, y de la cual Animal Político obtuvo copia) esta presea personalizada fue adquirida el 9 de diciembre de 2015, es decir, ocho días antes de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conociera y aprobara la propuesta de galardonar a Eruviel Ávila. Dicho de otro modo: el galardón para Eruviel fue adquirido antes de que formalmente fuera discutida, votada y aprobada la propuesta por el pleno del organismo.
Aún así, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo aseguró que, como organismo público, se caracteriza por su “honestidad” e “imparcialidad”.
Para conocer las razones por las cuales el Poder Ejecutivo otorgó un premio a su titular, Animal Político solicitó una entrevista con algún representante del gobierno mexiquense que pudiera explicar este entuerto. Sin embargo, no se obtuvo respuesta favorable.

Morena exige a la ALDF llamar a comparecer al oficial mayor

La adjudicación de contratos en licitación restringida, el motivo, explica diputado
El funcionario José Silva ya fue demandado por grupos de la sociedad, dice Suárez del Real
Bertha Teresa Ramírez
 
Periódico La Jornada
Martes 29 de marzo de 2016, p. 25
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, diputado del partido Morena, exigió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que llame a comparecer ante el pleno al oficial mayor del gobierno local, José Silva Morales, para que explique y justifique los contratos que otorgó a un grupo de empresas para el Programa Integral de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales y de Personas, lo cual se hizo mediante una licitación restringida y no pública.
En conferencia de prensa, el legislador señaló que la Oficialía Mayor otorgó contratos hasta por 2 mil 400 millones de pesos para el cumplimiento del citado programa, en el cual resultaron seleccionadas: Seguros Banorte SA de CV, Qualitas Compañía de Seguros SA de CV, Grupo Mexicanos de Seguros SA de CV y Atlas Seguros SA de CV.
Aseveró que el gobierno de la Ciudad de México obtuvo de las aseguradoras una cantidad importante de recursos que ascendieron a 612 millones, 794 mil, 509 pesos, debido a que se pidió a los proveedores el 25 por ciento por adjudicación de contratos de seguros.
Suárez del Real señaló que, además, este contrato de seguros estuvo asesorado por la compañía Star-Reinsure Brokers, intermediario de Reaseguro, empresa que fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por incumplimiento.
Indicó que en septiembre de 2015 la Asociación Civil Justicia y Transparencia DF, que encabeza Fernando Jiménez Carrasco, denunció ante la Procuraduría General de la República a José Silva, por irregularidades en las adjudicaciones de contratos para la adquisición de bienes y servicios para el gobierno capitalino.
En dicha denuncia, detalló Suárez del Real, se destaca la licitación OM-DGRMSG-004-15 para la adquisición de 154 camiones recolectores de basura por un monto de 434 millones 358 mil 972 pesos, la cual estuvo dirigida a una sola empresa, Camiones, Repuestos y Accesorios SA de CV. Las denuncias también consideran que a la empresa Sí Vale de México SA de CV, se le adjudicó un contrato por más de 2 mil 700 millones de pesos, además de 48 millones adicionales.

Partidocracia vs independientes .- Enrique Galván Ochoa

 OHL: favor con favor...
 La FBI desbloqueó el iPhone del criminal

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E
stá corriendo en Twitter una encuesta elaborada por esta sección –han participado mil 127 personas– sobre la intención de voto de los ciudadanos en 12 entidades que elegirán gobernador en junio. Sólo 4 por ciento dice que votaría por un partido político, mientras 46 por ciento afirma que lo haría por un candidato según su perfil (sin importar partido). ¿Será que la gente está harta de la partidocracia? Es la oportunidad de los independientes. El caso de El BroncoRodríguez, de Nuevo León, ha despertado entusiasmos, aunque hasta hoy su desempeño ha quedado corto en relación con lo que ofreció en campaña. El ex gobernador priísta Rodrigo Medina vive y disfruta del nirvana pospresupuestal sin broncas. De los 30 aspirantes que intentaron postularse como independientes, quedan menos de la mitad. En Quintana Roo ya los enfriaron y también en Hidalgo. Los que habían obtenido su registro hasta ayer son los que aparecen en la tabla. Los institutos electorales locales seguían examinando los expedientes de los demás, y el próximo 2 de abril publicarán quiénes recibieron luz verde. Tantas esperanzas, pero la partidocracia no dejó avanzar el proyecto.
Palomitas
Por ahora no conoceremos cómo manipuló la empresa española OHL peajes y tarifas para abultar sus utilidades, a costa de los automovilistas. Tal vez más adelante lo sepamos por conducto del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. La Comision Nacional Bancaria, a cargo de Jaime González Aguadé, determinó que, en materia de fraudes, son unas blancas palomas. Eso sí: a veces les fallan otras cosas, pero no graves, por lo que determinó sancionarla, junto con seis de sus directivos, con sólo 71.9 millones de pesos, en vez de, por ejemplo, abrir un expediente ante las autoridades judiciales (aunque, pensándolo bien, sería lo mismo). Suena parecido al ruido de las cadenas… de favores. ¿O acaso las autoridades españolas sancionaron al ex presidente nacional del PRI Humberto Moreira?
Desbloquearon el iPhone
La FBI logró finalmente desbloquear el iPhone de uno de los autores de la matanza de San Bernardino, California, por lo que pidió a las autoridades anular la orden de solicitud de ayuda a Apple tras semanas de conflicto. Apple se negó a crear un software para desbloquearlo, como solicitaban las autoridades. La semana pasada la FBI anunció que una tercera persona se había ofrecido a hacer el trabajo y ahora nos enteramos que finalmente lo logró. Pero…mientras Apple sale victoriosa de la batalla legal, el hecho de que la FBI desbloqueara el teléfono empaña la tan cacareada seguridad del iPhone.
Ombudsman Social
Asunto: los tiempos del papel
Hola, mi estimado Enrique: creo que en eso de presumir el prefijo advierte lo que viene después: para los capitalinos irse de Cancún al Monte de Piedad y para los diarios marchar del papel a lo digital, con todo lo que de efímero tiene. Ojalá que con La Jornada no opere el tal prefijo y que siga presumiendo y asumiendo su papel.
Un saludo cordial del profesor Benjamín Cortés Valadez.
R: No había nada más romántico el siglo pasado, estimado profesor, que viajar a Europa en un barco de vapor. Sin embargo, la realidad se impuso y ahora nadie lo haría. Tus tradicionales calaveras no sólo se pueden leer en papel, sino también en bytes, con la ventaja, en este último caso, de que añades a los lectores del celular, el Ipad, la computadora y últimamente hasta del reloj.
Twitteratti
–Cuba no necesita que EU le regale nada.
–Exacto, señor Fidel, por eso son 6 dólares por el café de Starbucks y la cajita feliz de McDonald’s.
Magui @elemloe
Hoy en la democracia mexicana: los diputados aprueban gastarse más de 14 millones de pesos en seguros privados.
José Merino @ppmerino
Qué fregón que suban sus fotos de vacaciones en la playa; ojalá también publiquen la foto de la boleta del Monte de Piedad.
Coke Rockefeller @Coke_Duque
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa


Gobierno previsor-Hernández


Empresariado constituyente Julio Hernández López

Astillero
 Autoritarismo dúctil
 Sacrificio temporal de derechos
 Urgencias políticas de EPN
 Empresariado constituyente
Julio Hernández López
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PROTESTAN EN CHILE POR AYOTZINAPA. Jóvenes chilenos realizaron una manifestación en la embajada de México en Santiago. Exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto la presentación con vida de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Algunos de los manifestantes fueron detenidos por obstruir el paso en la representación diplomáticaFoto Ap
L
a Real Academia Españoladefine el adjetivo dúctilcomo aquello que, en el caso de un metal, admite grandes deformaciones mecánicas en frío sin llegar a romperse. Si se tratara de algo no metálico, se hablaría de un cuerpo fácilmente deformable. Una quinta acepción del término se refiere a lo acomodadizo, de blanda condición, condescendiente.
Tales serían las características de la reforma legal que hoy votarán en sesión matutina los diputados federales pertenecientes a la Comisión de Gobernación para, en caso de ser aprobada, someterla a consideración del pleno de San Lázaro, luego que el Senado ya expresó su voto positivo a la pretensión peñista de contar con facultades plenas para solicitar a ese mismo Congreso federal aquiescente la suspensión de garantías y la declaratoria de estados de excepción conforme a circunstancias y criteriosdúctilesmodernos, incluso protectores de derechos humanos mediante la supresión de la mayoría de ellos.
Deseosos de dotar al ocupante de Los Pinos de la posibilidad de imponerrestricciones o limitaciones legítimas en determinadas hipótesis susceptibles de discrecionalidad cupular, los redactores del dictamen que hoy discutirá la mencionada comisión de diputados reconocieron que la noción de estado de excepción que se propone como base para la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional es amplia, dúctil, capaz de ser aplicable a diversas situaciones que pongan en riesgo a la sociedad. Cierto es que los derechos humanos son pieza angular de un Estado constitucional y democrático de derecho, pero es necesario conciliar su tutela sin fricciones, incluso mediante un sacrificio temporal de derechos (las citas son tomadas de la oportuna nota del reportero Enrique Méndez, en primera plana de La Jornada de ayer).
El intento de convertir leyes, garantías y derechos en materia dúctil en manos de Enrique Peña Nieto forma parte de un sostenido juego exploratorio que una y otra vez ha tratado de encontrar las mejores condiciones para acerar el puño del ocupante de Los Pinos. Conforme ha avanzado el sexenio del mexiquense se ha ido pasando de una tolerancia táctica a un endurecimiento del régimen frente a la oposición y las manifestaciones de protesta, con los profesores contrarios a la reforma educativa como puntos de referencia de la acritud evolutiva del ánimo del equipo gobernante.
Ya instalado en la segunda mitad de su periodo formal de gobierno (apenas en diciembre pasado se cumplieron tres años exactos de la toma de posesión, ¡uf!), con un cúmulo de problemas graves acumulados (de entre los cuales destaca el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos), frente a un cuadro económico desastroso que en espiral irá generando conflictos y protestas sociales, desatada la fiebre futurista (como confirmación política de que no hay mando respetable en el país, o de que es urgente adelantar cuando menos la construcción de escenarios electorales de recambio) e irreversiblemente deslegitimado entre otras causas por la proclividad a la corrupción y la cínica protección de ésta, y por la galopante inseguridad pública que causa cruentas bajas civiles por doquier, Enrique Peña Nieto pretende hacerse de instrumentos legales de represión abierta, mediante el delicado expediente de la declaración de suspensión de garantías y de estado de excepción. Ya Eruviel Ávila avanzó con su ley Atenco, hoy se verá si el jefe del grupo Atlacomulco avanza también en la implantación de un autoritarismo dúctil.
La cuenta de Twitter@PueblodeXoco, que se define comoportal oficial y autónomo del Pueblo Originario de Xoco (delegación Benito Juárez). En pro de la defensa de nuestros patrimonios materiales e intangibles, se topó en la lista de los candidatos de Morena al Constituyente de la Ciudad de México con el nombre de Moisés Araf Hop, alto ejecutivo del Grupo Ideurban, que construye el desarrollo inmobiliario Mitikah, justamente en el sur de la ciudad, en la colonia Xoco. En esa zona se suscitaron protestas ciudadanas contra la obra llamada Deprimido Insurgentes-Mixcoac. Los vecinos se han manifestado contra la tala de centenares de árboles y el diseño de un corredor que pareciera beneficiar expresamente los intereses inmobiliarios de obras magnas como la Torre Manacar y Mitikah, donde estará una torre que se anuncia como la más grande de Latinoamérica. En ese contexto resulta cuando menos confusa la intención de postular al mencionado Araf Hop, así sea en el inviable sitio 44 de la lista de candidatos al Constituyente.
Otra sorpresa, propicia para diversas lecturas políticas y financieras, se produjo con la inclusión de Elvira Daniel Kabbaz Zaga en el muy viable lugar 15 de la lista de Morena al Constituyente de la Ciudad de México. Abogada por la Universidad Anáhuac, Elvira Daniel es hija del dueño de Danhos, empresa constructora ampliamente favorecida por las administraciones capitalinas desde la correspondiente a Andrés Manuel López Obrador (durante la gestión de éste, Kabbaz Zaga fue directora de transportes eléctricos). En la información dada a conocer en primera instancia, Martí Batres sólo se refirió a ella, sin mencionar sus apellidos, como integrante de la comunidad judía en México.También se incluyó a Daniel Asaf comointegrante de la comunidad libanesa en México.
En el flanco perredista, por su parte, ha generado ruido que René Bejarano vaya como suplente de Manuel Oropeza en la lista de candidatos al congreso Constituyente. El polémico profesor no logró una postulación como aspirante titular a una de esas diputaciones, y pareciera que acecha desde una suplencia, en una maniobra al estilo de las juanitas, mujeres utilizadas para simular equidad de género, las cuales pedían licencia a sus curules para dar paso a los varones originalmente contemplados para ocupar el cargo. ¡Hasta mañana, con ciudadanos manifestándose en Veracruz (pero, por supuesto) en demanda de justicia en el caso de los júniors violadores hasta ahora protegidos por el gobierno estatal!
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