Impulsada por Washington, avanza la bota militar


En el trasfondo del reclamo de los altos mandos militares mexicanos, para que se le dé a las Fuerzas Armadas un marco jurídico a su presencia en las calles, hay algo más que una percepción amenazante. Está el impulso y la presión del Pentágono. Coincide con quienes así lo advierten la voz de Manuel Bartlett, senador de la República, que en su calidad de exsecretario de Gobernación sabe de lo que habla. Interpreta como una “faramalla” el intercambio de expresiones entre representantes del Estado mexicano. De acuerdo con su análisis, compartido en entrevista con Proceso, la militarización del país es un hecho decretado desde Washington. Y va para más…
Es una “faramalla”, un “teatro mal hecho” la secuencia reciente de la declaración del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos; la reacción del presidente Enrique Peña Nieto; la del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la iniciativa urgente del Congreso para apresurar la Ley de Seguridad Interior, porque “mandan al Ejército a presionar a la opinión pública” y para “continuar con la militarización que forma parte de un proyecto de integración con el Pentágono”, advierte el senador de oposición Manuel Bartlett.
“Tiene dos lecturas este absurdo apoyo de Peña Nieto al general Cienfuegos: por un lado, la debilidad del propio presidente frente a un desafío del secretario de la Defensa y, por otro, la entrega del Estado mexicano al Ejército. Es la militarización de facto que ahora quieren regularizar”, resume en entrevista con Proceso el coordinador de la bancada del PT en el Senado.
Subraya que esta militarización no es un proyecto de los generales mexicanos o del presidente de la República, sino que responde a los intereses geopolíticos de Washington: “Forma parte de la lógica de la ‘integración’ de México a la seguridad interior de Estados Unidos”.
“La militarización no es un cuartelazo al viejo estilo. Es una entrega paulatina de nuestra soberanía”, indica.
“Una vez que se aprobó en México la reforma energética de Peña Nieto comenzó a haber voces oficiales de Estados Unidos reclamando seguridad: si no hay seguridad, nadie va a invertir. Y la seguridad es el Ejército en las calles.
“¿Por qué olvidan los analistas algo esencial?: Felipe Calderón tomó la decisión de meter al Ejército en la guerra contra el narcotráfico por mandato norteamericano. Ahí está la Iniciativa Mérida. Que no se nos olvide este punto, porque entonces no entendemos qué están haciendo los soldados en las calles”, abunda uno de los críticos más constantes de la reforma energética y de la aprobación de enmiendas para ajustar la Constitución y las leyes reglamentarias a las necesidades de los militares.
Entre esas leyes que este año se aprobaron bajo presión de las secretarías de Defensa y de Marina están el Código de Justicia Militar, la ley reglamentaria del Artículo 29 Constitucional y la reciente militarización de los puertos mexicanos.
Secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, Bartlett habla de lo que significan las palabras del general Cienfuegos:
“Si yo hubiera sido secretario de Gobernación y el secretario de la Defensa hace estas declaraciones, yo le pido al presidente de la República que lo quite. Cienfuegos no puede hablar a nombre del Ejército porque él no es el jefe del Ejército. El comandante supremo es el presidente de la República. Y cuando el presidente avala esto, diciendo que lo van a apoyar y que fueron ‘descontextualizadas’ sus palabras, está avalando la destrucción de todo el mando civil.”
–¿Entonces es una simulación?
–Es una faramalla mal hecha, como todo lo que hacen. Peña Nieto manda al general para presionar a la opinión pública. Como lo mandó antes a Televisa, cuando dijo Cienfuegos que él no tenía por qué permitir al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que interrogara a los soldados, como si él fuera el presidente de la República.
Bartlett se refiere así a la entrevista que Cienfuegos dio el pasado octubre a Santos Mondragón, de Televisa, para afirmar que “el convenio que hace el gobierno de la República con la Comisión Interamericana y con el Grupo de Expertos es que vienen a complementar las investigaciones de nuestras autoridades. En ningún momento dice que pueden interrogar, no es posible, las leyes no lo permiten”.
Ante esas declaraciones, el 5 de octubre de este año Bartlett propuso un punto de acuerdo en el Senado para condenar las declaraciones del secretario de la Defensa, porque “se situó fuera de la Constitución, del gobierno y del Estado mexicano”. “Las Fuerzas Armadas son parte del Estado mexicano y, por tanto, están obligadas, como parte de él, a atender y cumplir el acuerdo suscrito entre el Estado mexicano y la CIDH”, argumentó esa vez.
Ese es uno de los antecedentes del protagonismo declarativo del secretario de la Defensa, rememora Bartlett.
“Hacen sus teatros tan mal que el general queda pésimamente mal parado, los tres Poderes de la Unión quedan mal y hasta la iniciativa privada queda mal, porque de inmediato salen a decir que tiene razón Cienfuegos.
“Ahora, esta semana, se movió el Congreso. Ahora resulta que el jefe del Senado es el general Cienfuegos, que él dice cuándo se deben dictaminar las leyes. Se los dije en la Junta de Coordinación Política. Esa es la militarización… Y el líder de los diputados priistas (César Camacho) apurándose a decir que ya terminaron la Ley de Seguridad Interior, que van a trabajar hasta en Navidad.”
–¿Entonces no hay mucha lógica en esta faramalla, porque las declaraciones del general debieron generar una reacción muy dura en el gobierno?
–No, nada. Es una rebelión que va más allá de lo militar. Cienfuegos acaba con todos: con el Poder Judicial, con Osorio Chong, con los gobernadores, con el Senado. Si se toman en serio sus palabras, este señor debería ser destituido y mandado a retiro porque habló y criticó a su jefe supremo, el presidente de la República.
“Y ahora, Peña Nieto dice que el general tiene razón y que los medios ‘descontextualizaron’ sus palabras. Peña Nieto le está entregando el Estado al Ejército mexicano. Ya está ahora militarizado. Los jefes de las zonas militares hacen lo que quieren con los gobernadores.”
El papel de Osorio
–Siguiendo esa lógica, ¿estas declaraciones de Cienfuegos son un desafío o a qué responden?
–Si las tomas literalmente, es una insurrección militar. Es un putsch. ¿Qué ameritaría? El señor general debería estar ya en el retiro y su Estado Mayor también. Es inaceptable lo que dijo.
–¿Es función de un secretario de Gobernación decirle al presidente que frene al secretario de la Defensa?
–Yo fui secretario de Gobernación seis años y conozco el país y la Constitución y las reglas. Ahora no existe un secretario de Gobernación. Lo redujeron al papel de primer policía del país. Osorio Chong fue absolutamente zarandeado por Cienfuegos y ahora lo anda justificando.
“Descontextualizadas o no, las declaraciones de Cienfuegos constituyen una crítica al Estado mexicano y al jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República.
“El asunto es peor, porque esto es un mandato de Estados Unidos para que el Ejército esté a cargo de la seguridad interior de México.”
–¿Cómo fue la relación de usted, como secretario de Gobernación, y el entonces secretario de la Defensa?
–Yo tuve una espléndida relación con el secretario de la Defensa porque la relación debe ser muy estrecha por razones políticas y porque las Fuerzas Armadas están supeditadas al mando civil.
–Recordemos un caso. El sismo de 1985. La decisión de sacar al Ejército a las calles capitalinas para las labores de rescate, ¿quién la tomó: usted o el presidente De la Madrid?
–Ha tomado un buen ejemplo. El presidente De la Madrid en la crisis de los sismos le ordenó al secretario de Gobernación atender la emergencia. Y esa misma noche dimos una conferencia de prensa conjunta el secretario de la Defensa, el regente del Distrito Federal y yo. El encargado de la emergencia en ese momento era el secretario de Gobernación, no el general de la Defensa. El Ejército tiene el espléndido Plan DN-III, pero la responsabilidad es de Gobernación.
“El Programa Nacional de Protección Civil de ahí surgió. Lo hice yo. Para desmilitarizar la protección civil. El rescate tuvo que hacerse con el Ejército y con todo el Estado, pero el Ejército no tomó el mando de la ciudad. El Ejército debe actuar bajo el régimen civil, todo el tiempo.
“Cada estado, cada gobernador, debe tener su propio programa de protección civil. No esperar a que el Ejército lo resuelva todo. Porque ahí tienes a los alcaldes, a las policías, a los encargados de comunicaciones y transportes.”
“Imposición” de Estados Unidos
Bartlett no quita el dedo del renglón del punto, para él, más delicado de esta “militarización de facto” que ya vive el país: “Lo peor es que la presencia del Ejército como responsable de la seguridad de México es una demanda o una imposición de Estados Unidos. Si no tienes idea de la geopolítica, no sabes nada de lo que pasa. Y Peña Nieto y su grupo son de una ignorancia supina en este tema. El Congreso es ignorante de la geopolítica”.
Seguidor de la información que se genera en los círculos militares y políticos de Washington, Bartlett muestra una nota de la reunión del 13 de mayo de 2016, en Colorado Springs, encabezada por el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, y a la cual asistieron tanto Cienfuegos como el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina, como integrantes del Comando Norte de Estados Unidos.
“Ahí estuvieron sentaditos los secretarios de la Defensa y de la Marina mexicanos, escuchando estas palabras de Carter:
“Quiero agradecer también a nuestros socios mexicanos por su determinación de expandir nuestra sociedad en la defensa continental. México se ha convertido en un exportador global de seguridad en dos lugares: en este continente y más allá.
“Quiero aplaudir a México por el incremento de nuestras relaciones en materia de defensa y su decisión de continuar asegurando nuestros valores comunes, el respeto a los derechos humanos y la fundación de fuerzas de seguridad en todo el hemisferio y de todo el mundo.
“Este es el discurso de la integración de México en materia de defensa. Es la integración de nuestro Ejército a los intereses de Estados Unidos.”
–¿Qué papel juega en este sentido la apertura energética?
–La política energética de este gobierno le dio a las trasnacionales el privilegio de exigir la seguridad en el terreno necesario, en las aguas necesarias que ellos ocupen, sin límite.
“Como tienen kilómetros bajo la figura jurídica de la ‘ocupación temporal’ que se aprobó en este Senado, también tienen derecho a exigir la seguridad.
“¿Qué ha pasado? Para eso está el Ejército. La globalización que es la que dizque combate Donald Trump significa esto: la inversión y las fábricas de Estados Unidos son más importantes afuera que adentro del territorio norteamericano. Ellos quieren que las cuide el Ejército. Que el Ejército mexicano esté desplegado y tenga el mando de la seguridad pública para cuidar las inversiones norteamericanas.”
–¿Es la misma lógica para entregarle el control de los puertos a la Secretaría de Marina?
–Cuando hablamos del dominio territorial estamos hablando también de los puertos de México. Por eso se militarizaron recientemente los puertos. Y esto ya fue aprobado por las dos cámaras del Congreso.
–Usted se remite al Plan Mérida y al momento en que Felipe Calderón ordenó hace una década la Operación Michoacán. ¿Fue más importante entonces la presión de Estados Unidos para sacar el Ejército a las calles que la debilidad del entonces mandatario?
–Se trata de una ocupación gradual. Calderón se prestó a meter el Ejército por órdenes de Estados Unidos. Es público. Ahí está la Iniciativa Mérida, que es un eufemismo del Plan Colombia, que ordena la utilización del Ejército.
La Iniciativa Mérida, cuya primera Carta de Acuerdo fue firmada en diciembre de 2008 por Estados Unidos y México, representó la asignación de 2.3 mil millones de dólares de fondos del Congreso estadunidense, de los cuales, 1.4 mil millones de dólares fueron entregados en equipo y entrenamiento a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal.
–¿El combate contra el narcotráfico sirvió entonces para encubrir el interés de Estados Unidos por la seguridad en materia energética?
–Ha servido para encubrir todo. Se dio el paso de usar al Ejército en una función de combate al narcotráfico a un control total de la seguridad. Ese Ejército que está en las calles y que empieza a recibir más tareas hasta suplantar a las fuerzas civiles.
“Estamos viviendo ahora una militarización que surge de ahí: de la integración energética. La integración a la política norteamericana se dio mediante acuerdos interinstitucionales. Esto es una marrullería que viene de la época de Carlos Salinas. A través de estos acuerdos interinstitucionales, como la Iniciativa Mérida, pasaron por alto al Senado y fueron atando el destino de México al de Estados Unidos.

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