CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Tortura en flagrancia. Dos militares y una policía federal uniformadas y armadas con ametralladoras intimidan a una mujer descalza y esposada, tirada en el suelo. Primero una soldada le pone un trapo amarillo en la cara y la encañona, después la policía federal le coloca una bolsa de plástico en la cabeza hasta casi asfixiarla. “¿Vas a hablar, quién es la pinche María?” “¿Qué María?, yo no la conozco”, responde la torturada. La operación de asfixia se repite. Abatida y sollozante, la víctima intenta recuperar la respiración, mientras una de las torturadoras le espeta: “Pinche vieja dramática, hija de tu puta madre, ya te acordaste quién es María o quieres más bolsa o quieres agüita o quieres toques, dime tú qué quieres”. Repulsivo y estremecedor, el video se difundió viralmente en las redes sociales. Elvira Santibáñez, de 22 años, fue torturada el 4 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, por presuntamente pertenecer a La Familia Michoacana. Actualmente se encuentra presa en el penal federal de Tepic, Nayarit, por el delito de portación de arma de fuego.
En un hecho sin precedente, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, ofreció “una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento”. El discurso del general secretario fue pronunciado en el Campo Militar Número 1-A ante más de 30 mil efectivos de distintos rangos y fue transmitido en vivo a los casi 170 mil elementos del Ejército. A pesar de que se trató de presentar el suceso como un acto aislado, el general Cienfuegos se comprometió a castigar ante la ley castrense y en el fuero civil a los elementos que “actúan como delincuentes, no respetan a las personas, cometen actos ilegales de deshonor o atentan contra la vida, la dignidad, la seguridad, la integridad y el patrimonio de los mexicanos”. Y enfatizó: “Tenemos la ineludible obligación de denunciar actos desleales contrarios a la ley y a la disciplina militar.”
A las disculpas del secretario de la Defensa, siguieron las del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, quien reafirmó el compromiso del gobierno federal de erradicar por completo la práctica de la tortura, que “no se justifica en ningún caso, ni siquiera en los peores escenarios”; así como las del titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales: “Procede pedir perdón y procede asumir las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan”.
La reacción gubernamental responde a una estrategia de comunicación concebida para contrarrestar dos temas distintos, pero estrechamente relacionados: el efecto del video y la presión internacional ante la gravedad de la situación de los derechos humanos en México. Mi hipótesis es que el video de la tortura, documentado hace 14 meses, fue presumiblemente filtrado por las mismas autoridades castrenses, ya que sólo uno de sus miembros pudo haberlo grabado. La táctica fue ofrecer disculpas por lo que se presenta como un hecho aislado, omitiendo cualquier referencia a casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales (Apatzingán, Tlatlaya, Tanhuato), la aun no resuelta tragedia de Iguala o las desapariciones forzadas, con el fin de “limpiar” la imagen de las fuerzas armadas y de las autoridades de seguridad ante las críticas del gobierno estadunidense y de Alemania, país visitado hace unos días por el presidente Enrique Peña Nieto.
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