martes, 15 de diciembre de 2015

Caso Arturo Escobar, los alcances de la mafia .- JENARO VILLAMIL

Arturo Escobar, exdirigente del PVEM. Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, DF (apro).- Es tan cínico todo en el caso de Arturo Escobar, exdirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), exsubsecretario de Gobernación desconocido por las propias organizaciones sociales, que uno vuelve a la tiránica conclusión: el sistema político mexicano está podrido.
No es una anécdota más el caso de Arturo Escobar. Es el modus operandi de una cleptocracia que se enquistó con Peña Nieto en medio de la ilusa idea de que el retorno del PRI a la Presidencia de la República permitiría un gobierno más eficaz.
Lo más indigno de este episodio es la evidente utilización de un medio impreso, El Universal, para inducir una campaña de desacreditación del fiscal especial para asuntos electorales, Santiago Nieto Castillo, quien ahora resulta ser desconfiable por no haber revelado que trabajó como asesor de la bancada del PRD en el Senado y porque pidió reservar sus declaraciones ante la Secretaría de la Función Pública.
Ahora la SFP es una gran institución heroica que vigila a los funcionarios, pero sólo a los incómodos para los intereses del peñismo. Es la misma SFP que después de seis meses de pésima investigación exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de tener “conflictos de interés” por adquirir mansiones del contratista consentido del Grupo Atlacomulco, el dueño del Grupo HIGA.
El pasado 8 de diciembre, los dirigentes del PVEM presentaron una denuncia contra Nieto Castillo por “revelar información de una averiguación previa y mantener un conflicto de interés en el cargo”.
Con agilidad inusitada, la juez de Procesos Penales Federales, Rosa María Cervantes Mejía, determinó que no procedía la orden de aprehensión contra Escobar y ayer 14 de diciembre la PGR decidió no impugnar la resolución de esta juez y “subsanar” los aspectos señalados por la autoridad jurisdiccional.
La presunta revelación irregular de una averiguación previa es una patraña. Los hechos delictivos de Arturo Escobar por la expedición de 10 mil tarjetas Premia Platino y otras irregularidades de esa mafia verde están en los estrados del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Han sido ventilados públicamente todos los días.
Como bien señala el senador panista Javier Corral, “resulta vergonzoso que la primera vez que un fiscal se toma en serio su papel, le venga una andanada para desanimar el ejemplo”. Es un mensaje mafioso no sólo al fiscal sino a todas las autoridades electorales o responsables de combatir la corrupción.
Escobar y el Partido Verde constituyen la omertá del peñismo. Su corrupción forma parte del pacto de silencio que permitió al Grupo Atlacomulco llegar al poder en el 2012 y mantener esa frágil y maquillada mayoría legislativa en el 2015 a costa de las trapacerías y flagrantes violaciones electorales del Verde.
El Verde, como bien han señalado muchos analistas, es una negación en todos sus términos. No es un partido, es una franquicia al servicio de los mejores postores. No es Verde porque la ecología es sólo una utilización facciosa de una causa. Es el único partido medio ambientalista del mundo que defiende ideas tan retrógradas como la pena de muerte y a ningún juez se le ocurre por eso negarle el registro. Es un club de Mirreyes o de Juniors de la política que tiene una mano puesta en la telecracia y la otra en la cleptocracia.
A través del Partido Verde el peñismo y el priismo que lo acompaña experimentaron todas las jugadas sucias posibles. Se lavaron las manos de sus abiertas violaciones a la ley electoral en 2015 diciendo “es el Verde”. El típico juego: ellos hacen el trabajo sucio para que nosotros mantengamos el poder y, a cambio, les brindamos dinero, impunidad, negocios.
El presunto lavado de dinero que se deduce en cada una de sus descaradas actividades no es exclusivo de ellos. De hecho, carecen de imaginación propia. Es una extensión de las prácticas peñistas en el Estado de México y que se extendieron a otras entidades. Es un reciclaje de la corrupción y los negocios del Grupo Atlacomulco.
Le sirven a quien invierte y paga para mantenerlos constantes: sean las televisoras, el Grupo Atlacomulco, los jefes de facción priistas, los gobernadores que los usan, incluyendo a no pocos panistas, los grupos empresariales que cabildean las ideas más delirantes a través de ellos.
El Partido Verde es el modelo de decadencia opositora que el peñismo quisiera imponer en los otros partidos. Es un maquillaje de oposición y disidencia. Es una simulación total. Todos pueden formar parte de la mafia, de la omertá, siempre y cuando garanticen silencio y docilidad, y no les pasa nada.
Lo más grotesco es que el supuesto periodismo realizado para “desenmascarar” al fiscal Nieto Castillo documente que fue asesor del PRD, pero ignoran que todos los senadores lo sabían, fue pública su participación como asesor de la reforma político-electoral.
Y Nieto Castillo fue aprobado como titular de la FEPADE con 79 votos a favor, de todas las bancadas, incluyendo la del PRI, ninguno en contra y una abstención.
Ahora, los priistas en el Senado se rasgan las vestiduras por órdenes de un poder muy superior al que siempre han servido. No quieren asumir que en esta decisión ellos se vuelven responsables de la falta de legitimidad de todo el sistema electoral y de partidos.
Twitter: @JenaroVillamil

Lo malo de la Reforma Política del DF: Brozo

Teletón, ¿ayudas o patrocinas a Televisa? -Mientras Tanto en México

Reforma efectista en el DF Julio Hernández López

Astillero
 Pinito sin regalo
 Ni hangar ni avión
 EPN: lectura recomendada
 Reforma efectista en el DF
Julio Hernández López
Foto
Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) celebraron en el Monumento a la Revolución el triunfo legal que les permitirá conformar una cooperativa para el uso y explotación de 14 plantas de generación hidroeléctrica que fueron de Luz y Fuerza del CentroFoto Jesús Villaseca
E
ntre el pinar, a un arbolito le faltará el esperado regalo navideño de altos vuelos. No estuvo a tiempo el hangar donde será guardado en sus ratos de reposo el sueño con alas (un Boeing 787 Dreamliner), con todo y que el compadre Hinojosa y una filial de su muy afamada empresa Higa (cuyo portafolio de inversiones incluye blancuras inmobiliarias) contaron con casi mil millones de pesos (asignados a dedo, por razones de seguridad nacional) para la construcción del cobertizo que en realidad sólo tendrá uso útil durante cinco años, pues en 2020 habrá nuevo aeropuerto internacional, en el que deberá construirse otro hangar presidencial (es decir, costará casi medio millón de pesos cada día útil de ese espectacular estacionamiento que contará con amplias instalaciones para el ocupante principal, su familia e invitados, y para los miembros del Estado Mayor).
El beneficiario aéreo de las operaciones finales de Felipe Calderón (negocio o asunto cuyo costo llegó a los 7 mil 500 millones de pesos sólo por el avión, a lo que la actual administración federal ha sumado sus propios egresos presupuestales, como se ha mencionado líneas arriba) no podrá, por tanto, estrenar este mes la fastuosa nave en algún vuelo con destino vacacional, ni llegará a Davos el mes entrante, el primero del año, a apantallar a algunos jefes de Estado que no cuentan con medios tan espectaculares para participar en reuniones sobre asuntos económicos globales.
Tiempo de reflexión y de lectura podrían proporcionar al político mexiquense, de apellidos hasta ahora no mencionados, los retrasos en cuanto a la entrega del hangar, pactada formalmente para hoy (sin que se sepa si habrá castigo al amable contratista por incumplimiento de contrato, o si la tardanza se debió a que se agregaron obras y servicios que a su vez encarecieron la de por sí abultada cuenta empresarial) y, en cuanto al arribo del ya mencionado palacio flotante, que debe estar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el próximo viernes (en pleno vacile tuitero, un tecleador astillado preguntó a sus contlapaches qué nombre les gustaría para bautizar al Boeing 787 Dream­liner, y una opción alcanzó 75 por ciento de votos en una encuesta que puede verse aquí https://goo.gl/iu5Zzo ).
Siempre propositiva, esta columna sugiere a dicho político que, aprovechando el tiempo en lo que llega el avión y está listo el hangar, lea un libro muy premiado, La Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cimbró un gobierno, escrito por los reporteros Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, con prólogo de Carmen Aristegui. El improbable lector ya lo recibió en propia mano en el contexto de la entrega de la medalla Belisario Domínguez, como regalo de la senadora Layda Sansores. Tiempo de reflexión, de lectura, en lo que llega el avión.
A la pancarta electoral 2018 elaborada con interés maximizado respecto al salario mínimo, Miguel Ángel Mancera ha agregado otra, tan efectista como la primera, ambas con artificiales aires de héroe social justiciero (¡Superman! ¿será?). Ahora se trata de la reforma política del Distrito Federal, que lo seguirá siendo en cuanto sede de los poderes federales, rebautizado con su mismo nombre de Ciudad de México (el artículo 44 constitucional mexicano ha sostenido, sin necesidad de reforma mancerista, que La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el estado del valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.
Sin embargo, en esa vocación por el rebumbio político para efectos electoreros, se magnifican las hipótesis benéficas, en un rediseño cuyos puntos inmediatos más llamativos pertenecen al mundo de la nomenclatura: se denominará de nueva manera lo que hoy se etiqueta de otra, se generarán formas distintas para los mismos contenidos institucionales hoy tan demeritados, en un malabarismoconstituyente que a fin de cuentas no cambiará para bien nada de fondo. Al contrario: la Ciudad de México puede ser dañada legalmente con el nuevo sembradío de artículos y cláusulas.
La ciudad de México (que es y seguirá siendo el distrito donde se asientan los poderes federales) ha sufrido una guerra de desgaste en busca de mellar el espíritu progresista generalizado y la histórica vocación crítica. Ahora, el PRI (que ha dado los votos definitorios para que avance la tal reforma chilanga, canjeando esteapoyo a Mancera por los dedos en alto de perredistas en otros asuntos de interés del partido tricolor) está empeñado en la creación de condiciones que le permitan en 2018 el mayor avance desde que la izquierda electoral se instaló en el poder, con Cuauhtémoc Cárdenas al frente.
De entrada, la tal reforma política capitalina está vergonzosamente despojada de un carácter auténticamente democrático: sólo 60 de los cien constituyentes de la Ciudad de México serán elegidos de manera directa, pues el 40 por ciento restante será aportado por los ejecutivos federal y local y por representantes de las cámaras federales, según eso porque estos tienen (lo que teóricamente es cierto, aunque política y socialmente no lo sea) un mandato popular de origen (sobre todo, Peña Nieto en el DF) que debe ser expresado en el proceso de la tal reforma que al final de la historia sólo será una pancarta futurista más, a menos que una participación ciudadana entusiasta y enérgica impida tales planes PRI-PRD-Los Pinos.
Y, mientras entra hoy en vigor el nuevo reglamento de tránsito del DF, pletórico de buenas intenciones y aceptables propuestas que, sin embargo, darán pie a los institucionalizados abusos de los agentes en busca de extorsión a infractores, más ciertas cuotas de multas obligatorias para fortalecer las finanzas del gobierno capitalino, ¡hasta mañana, con el ataque de un comando de presuntos narcotraficantes contra oficinas de la PGR en Reynosa!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero

Porfa Santa


Pésimo Show


Seriedad-Hernández


Primera protesta en Argentina contra medidas del presidente Macri


Foto
Mauricio Macri, presidente de Argentina, ayer en un encuentro con la Asociación de Cooperativas Argentinas. El gobernante anunció el fin de impuestos a algunos productos del campo y modificaciones a subsidiosFoto Xinhua

Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 15 de diciembre de 2015, p. 19
Buenos Aires.
Miles de manifestantes autoconvocados convergieron la noche de este lunes en la Plaza de Mayo y también en otras provincias en la primera protesta contra el gobierno del presidente Mauricio Macri, quien por decreto ordenó subordinar a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), cuya misión es hacer cumplir la Ley de Medios y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), bajo la órbita del flamante Ministerio de Comunicaciones.
Esto viola el espíritu de la ley además de que el ministro de esa cartera, el ex diputado derechista Óscar Aguad, advirtió que esta legislación no duraría mucho bajo este gobierno. Se expresaron en rechazo dela concentración mediática y para no dar marcha atrás en una ley considerada la más democrática, por la cantidad de organismos y universidades que la redactaron, como fue aprobada en en el Congreso mayoritariamente en octubre de 2009 y refrendada por la Corte Suprema. Hasta ahora no se pudo imponer por la complicidad de sectores judiciales con el monopólico Grupo Clarín, que se ha negado sistemáticamente a cumplir la legislación.
También jóvenes manifestantes denunciaron la violencia con que actuó la policía de la provincia de Buenos Aires en el municipio de Vicente López contra los jóvenes de La Cámpora y vecinos que estaban en el Centro Artes y Batalla Cultural.
Los jóvenes fueron golpeados e insultados por policías sin identificación, que llegaron en automóviles y camionetas sin placas, como en tiempos dictatoriales. Los agredidos señalaron como responsable al intendente del lugar Jorge Macri, hermano del presidente.
La noche de este lunes, en tanto, sin acuerdo del acuerdo del Senado, el presidente Mauricio Macri designó por decreto a los dos jueces que faltaban en la Corte Suprema de Justicia, Horacio Daniel Rosatti y Carlos Fernando Rosencratz, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, el primero y rector de la privada Universidad de San Andrés el segundo, causando sorpresa en un día de acciones y anuncios polémicos.
Van 30 decretos
El gobierno resolvió no llamar a sesiones extraordinarias en este caso, y la Corte Suprema estimó que prefería una integración completa en el máximo tribunal pero podían seguir funcionando con tres miembros.
Es la primera vez que esto sucede en el país, donde la Corte Suprema ya estaba en la mira, por sostener al magistrado Carlos Fayt que casi no podía caminar ni estar presente en las sesiones, con más de 90 años, quien esperó para retirarse al 10 de diciembre cuando se cambió el gobierno.
Estos nuevos nombramientos determinan que Rosatti y Rosenkratz ejercerán como ministros de la Corteen comisión a partir de este martes y hasta que finalice el próximo mandato legislativo, es decir el 30 de noviembre de 2016.
La decisión, que se difundió a última hora de este lunes, provocó sorpresa y malestar recordando que después de la muerte de una de las integrantes de la Corte, Carmen Argibay y de la renuncia del jurista Eugenio Zaffaroni v cumpliendo estrictamente con la Constitución que marca el límite de 75 años, esa institución quedó con sólo tres jueces y permanentemente se opusieron en el Senado a tratar el nombramiento de nuevos magistrados propuestos por la presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner en una constante obstaculización a su gobierno.
En este caso se saltaron todos los pasos del reglamento con el nuevo decreto que es el número 30 que ha firmado Macri desde que asumió el poder el pasado 10 de diciembre.
De la misma manera este día el presidente anunció el final de los impuestos para productos como el maíz, la carne, el trigo y otros, y una baja sustancial en lo que se cobraba a la exportación de soya.
Pero a la vez esto significará un aumento de impuestos para las mayorías El ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo que el gobierno pondrá en marcha un proceso de modificación gradual de los subsidios a las tarifas de los servicios eléctricos y de gas natural, al tiempo que precisó que los sectores más vulnerables de la sociedad seguirán contando con este tipo de beneficio. Esto de acuerdo a los patrones que se utilicen para medir la”vulnerabilidad”.
Aranguren indicó que el Estado se mantendrá como accionista mayoritario en Yacimientos Petrolíferos Fiscales y que se buscará afianzar su rol de líder en el mercado con un manejo profesional y transparente.
En tanto, todas las centrales sindicales están en alerta por al dispararse los precios de alimentos y otros productos ante el anuncio de campaña de Macri sobre una devaluación. Esto incide en los salarios que se pedirán en los próximos días. La preocupación es que las señales son contradictorias y hay una serie de anuncios cambiantes. De alguna manera no parece un principio de cambiofavorable para las mayorías y menos aún con el anuncio de flexibilización del mercado que critican los sindicalistas.

Regale cosas útiles


OBI UNAM KENOBI


En un vistazo: nuevo reglamento de tránsito del DF (infografía)


El nuevo reglamento tiene por objeto regular la circulación de transeúntes y vehículos en la vía pública y la seguridad vial en la ciudad y es aplicable a peatones, conductores, pasajeros y propietarios de cualquier tipo de vehículo matriculado que circule en el territorio capitalino.
Entre las disposiciones que establece el nuevo ordenamiento destaca que a partir del martes no usar cinturón de seguridad al conducir será motivo de infracción, al igual que utilizar el celular u otro dispositivo mientras se conduce.
Además, la velocidad máxima para manejar en vías primarias será de 50 kilómetros por hora y las vueltas continuas a la derecha estarán prohibidas.
El nuevo reglamento de tránsito capitalino puede ser consultado íntegro en este enlace. Aquí la infografía con disposiciones claves:
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“De cómo una portada del ¡Hola! se convirtió en un gran escándalo”

"Parecía una inocente portada de una revista del corazón", tras la cual hubo "meses de investigación y comprobaciones".

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Por Gumersindo Lafuente (publicado originalmente en ElDiario.es y retomado con autorización del autor)
Todo empezó en el supermercado un sábado de mayo de 2013. El periodista mexicano Rafael Cabrera esperaba en la cola de las cajas cuando se fijó en la portada de la nueva edición de la revista ¡Hola!. Allí aparecía Angélica Rivera, posando en exclusiva como primera dama. Pero lo que llamó la atención del reportero no fue la imagen de la actriz, mujer del flamante nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto. Lo que captó su curiosidad fue el escenario.
El reportaje estaba hecho en lo que la propia Angélica describía a lo largo de la entrevista como “su verdadera casa” cuando era preguntada por su vida en Los Pinos, la residencia oficial del presidente. A partir de ahí empezaron a suscitarse los interrogantes, sobre todo cuando después de las primeras pesquisas, se pudo establecer que la lujosa vivienda de blanquísima fachada está situada en las Lomas de Chapultepec, una de las zonas más caras de la capital mexicana y que el valor de la propiedad podía estimarse en cerca de los siete millones de dólares.
Pero todo empezó a complicarse mucho más cuando a las dudas sobre la capacidad económica de la pareja presidencial para adquirir tal propiedad, se sumó la certeza de quela vivienda no estaba a nombre ni de Enrique Peña ni de Angélica Rivera ni de ninguno de sus seis hijos. En el registro de la propiedad la finca figuraba a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa del Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista habitual del Estado y amigo de Enrique Peña Nieto. El escándalo estaba servido.
Pasaron los meses y se sucedieron las pesquisas, al final el destino quiso que la historia acabase siendo investigada por cuatro aguerridos reporteros, el propio Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán, reunidos al fin por Carmen Aristegui en su equipo de investigación de la emisora de radio MVS. Y ahí comienza la segunda parte del enredo. Lo que en principio era un caso de posible corrupción de la primera autoridad del país, se acabó convirtiendo también en una tremenda operación de censura.
Lo que parecía una inocente portada de una revista del corazón se transformó tras meses de investigación y comprobaciones, en La casa blanca de Peña Nieto, un reportaje que jamás se llegó a emitir en la cadena de radio de la que era estrella Carmen Aristegui, pero que cuando se publicó en su sitio web, Aristegui Noticias, al tiempo que en otros medios mexicanos independientes, un 9 de noviembre de 2014, terminó con la propia Aristegui, sus cuatro reporteros y el resto del equipo -hasta 25 personas- en la calle.
Esta historia oscura de corrupción y censura se ha convertido ahora en un espléndido libro editado por Grijalbo en México y presentado en la reciente Feria de Guadalajara. Allí estaban sus cuatro autores y Carmen Aristegui, la que fue su jefa, hablando del caso, disfrutando de los diversos premios obtenidos por la investigación (El Nacional de Periodismo y el de la Fundación Gabriel García Márquez, entre otros), pero sin poder trabajar de nuevo en ninguna emisora de radio o televisión de México, tal es la capacidad de intimidación que el actual Gobierno tiene sobre los empresarios del sector.
El libro, además de un jugoso repaso por las entretelas del poder de Peña Nieto, es también una lección de investigación periodística y un motivo más para la indignación que se ha ido contagiando en buena parte de la sociedad mexicana durante los último años, coronados ahora por los escándalos de corrupción, las graves violaciones de los derechos humanos, la increíble fuga del Chapo Guzmán y las intimidaciones, agresiones y asesinatos de periodistas.
México se enfrenta a un momento histórico. Igual que en España prendió la mecha del 15-M y estamos a punto de darle un giro al bipartidismo hegemónico, allí nos miran con un poco de envidia y con la esperanza de que los movimientos ciudadanos que sí existen, terminen en algún momento por convertirse en alternativa al poder recientemente recuperado por el PRI.

Pago millonario del SAT para exvocera de Calderón .- ÁLVARO DELGADO

Una exvocera de Felipe Calderón, Alejandra Sota, es ahora arropada también durante el gobierno de Peña Nieto, del que recibe millonarios contratos; uno de ellos, por 20 millones de pesos, le fue otorgado de manera turbia por el Sistema de Administración Tributaria, que depende de Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda, y consiste en preguntar a los mexicanos cómo perciben la recaudación de impuestos federales. No le va igual en Estados Unidos, pues hace unos días perdió el juicio que interpuso allá en contra de la periodista Dolia Estévez, corresponsal de MVS en Washington, quien publicó en Forbes un reportaje que la incluía entre “los 10 mexicanos más corruptos de México”…
Alejandra Sota Mirafuentes, exvocera y protegida de Felipe Calderón, cobra en el gobierno de Enrique Peña Nieto más de 800 mil pesos mensuales por preguntar a los mexicanos cómo perciben la recaudación de impuestos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Luis Videgaray.
Sota obtuvo un contrato bianual por 20 millones de pesos en una turbia licitación del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que depende del propio Videgaray y es actualmente dirigido por Aristóteles Núñez Sánchez: Su empresa les ganó a tres que son propiedad de exempleados suyos que, a su vez, favorecieron desde el gobierno a amigos mutuos con multimillonarias asignaciones.
La exfuncionaria panista, quien el último 30 de noviembre perdió en Estados Unidos la demanda que presentó en contra de la periodista Dolia Estévez por incluirla en el reportaje Los 10 mexicanos más corruptos de México, firmó el contrato en octubre de 2014, y desde entonces cobra 833 mil pesos cada mes –percibirá esa cifra hasta octubre del próximo año–, cuatro veces más que los 203 mil que percibía con Calderón.
Documentos obtenidos por Proceso acreditan que Sota Mirafuentes es accionista de la firma Integra, Metas Estratégicas, S.A. de C.V., con 70% de las acciones, mientras que Maira Yazmín Colín García, su subordinada en la Presidencia de la República, posee el otro 30%.
Colín García, quien se acreditó ante el SAT como representante legal de la compañía creada en abril de 2013, es además accionista de Dinamia Consultores, S.C., dirigida por José Omar Gutiérrez Bayardi, quien también fue subordinado de Sota en la Coordinación de Opinión Pública e Imagen de la Presidencia de la República.
Otras dos empleadas de Sota en la Presidencia, Beriana Mendoza Andreu y Selene González Terrones, son integrantes de Duo Comunicación, Opinión y Políticas Públicas, S.A. de C.V., dedicada igualmente a realizar estudios de opinión.
Ellas son amigas de Sota desde que estudiaron la carrera de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), a las que luego, en 2006, incorporó sucesivamente a la campaña, al equipo de transición y al gobierno de Calderón.
Integra, Metas Estratégicas, de Sota; Dinamia Consultores, de su socia Colín García, y Duo Comunicación, Opinión y Políticas Públicas, de sus amigas Mendoza y González, se inscribieron como licitantes en el procedimiento de “invitación a cuando menos tres personas”, convocado por el SAT en octubre del año pasado.
A estas tres empresas se sumó una cuarta, Técnicos Encuestadores de Campo, S.A. de C.V., propiedad de Fernando Hernández Cano, quien en el sexenio calderonista acumuló contratos por 41 millones de pesos destinados a realizar estudios de opinión para la Presidencia de la República.
El SAT invitó a estas firmas con base en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, el cual, en la fracción X, dispone que cuando se contraten servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones se debe “aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación”.
Licitación simulada
Sin embargo, dicha dependencia sólo invitó a cuatro empresas privadas y pasó por alto los nexos de amistad y de negocios entre ellas para contratar, por dos años, un “servicio de investigación, levantamiento y análisis de opinión sobre aspectos fiscales, desempeño, funcionamiento, imagen y mecanismos de comunicación del SAT con asesoría de implementación de estrategias de mejora”.
Conforme al fallo de la licitación, cuya copia posee el reportero, “no resultaron solventes técnicamente” Duo Comunicación, Opinión y Políticas Públicas, S.A. de C.V., ni Técnicos Encuestadores de Campo, S.A. de C.V., por lo que la empresa de Sota y Dinamia Consultores, de su socia Colín García y su exempleado Gutiérrez Bayardi, resultaron finalistas.
Y tras la evaluación de las propuestas económicas, el SAT dio como ganadora a la firma de Sota Mirafuentes, que ofreció cobrar 19 millones 755 mil 728 pesos contra los 20 millones 308 mil 888 pesos con 38 centavos que cotizó Dinamia Consultores.
La diferencia en las propuestas económicas de ambas fue de sólo 533 mil 160 pesos con 38 centavos.
Pero, además, en el fallo de la licitación –un documento de siete cuartillas– emerge otro dato anómalo por el que, según la ley, la propuesta de la empresa de Sota debió desecharse:
“En el acta de Presentación y Apertura de Proposiciones, de fecha 9 de octubre de 2014, se hizo constar que durante la apertura de la proposición de la licitante Integra, Metas Estratégicas, S.A. de C.V., se conoció que sólo la propuesta económica no se encontraba foliada.”
La responsable de la evaluación legal y administrativa del SAT, Lourdes María Antonieta Sánchez Vicencio, administradora de Recursos Materiales, no hizo válida esta anomalía y decidió la adjudicación a la sociedad de Sota Mirafuentes y Colín García.
Y desde octubre del año pasado la empresa de Sota levanta encuestas mensuales y semestrales a los contribuyentes sobre cómo perciben el cobro de impuestos que realiza el SAT.
Integra, Metas Estratégicas, S.A. de C.V., fue creada por Sota Mirafuentes el 4 de abril de 2013, apenas medio año después de que dejó la Presidencia de la República, donde se desempeñó primero como coordinadora de Opinión Pública e Imagen y luego, desde 2010, como vocera del propio Calderón y del gabinete de seguridad.
La compañía se dedica a prestar servicios de asesoría en general, de análisis, investigación, estudio, proyección, desarrollo y programación; de consultoría vinculados con el desarrollo de sistemas de información basados en la opinión pública; de investigación de mercados; de estrategias de posicionamiento público; de comunicación, elaboración de estadísticas, investigación cualitativa, muestreo, encuestas de opinión, estudios de mercado, entrevistas de profundidad, grupos de enfoque y estudios antropológicos.
Es sabido que uno los clientes de Sota es Eruviel Ávila, el gobernador priista del Estado de México, y ahora también el que fue coordinador de la campaña de éste, Luis Videgaray (2011), quien cumplió la misma función con Peña Nieto en las elecciones de 2012.
El sello de la corrupción
Sota Mirafuentes ha estado en medio del escándalo no sólo por no tener título profesional y haber ingresado a la Universidad de Harvard sin cubrir ese requisito, sino igualmente porque la Secretaría de la Función Pública (SFP) la investigó ante la acusación de otorgar contratos a sus amigos.
Sin embargo, jamás se informó sobre el resultado de la investigación de esa secretaría, en la que, desde noviembre, su esposo, Benjamín Hill Mayoral, fue designado titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, por el titular Virgilio Andrade. (Véase recuadro.)
Y es que, el 2 de agosto de 2013, la primera emisión de MVS noticias reveló que Sota Mirafuentes encabezó a un grupo de amigos del ITAM que se coludieron a lo largo del sexenio de Calderón para beneficiar entre otras empresas a Defoe Experts on Social Reporting con decenas de millones de pesos.
La firma es propiedad de Yamil Gustavo Nares Feria, quien fue subdirector de Opinión Pública bajo las órdenes de Sota en la Coordinación General de Imagen y Opinión Pública y es amigo de ella desde el ITAM.
El propio Nares Feria reconocería después que en el sexenio de Calderón recibió contratos por 55 millones de pesos, entre ellos varios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una maquinación en la que intervinieron justamente las amistades de Sota que participaron en la licitación del SAT ganada por ella.
Maira Yazmín Colín García fungió como coordinadora de Evaluación de Estudios de Usuarios del IMSS, y José Omar Gutiérrez Bayardi se desempeñó en calidad de titular de la División de Investigaciones y Supervisión de la Coordinación de Evaluación de Estudios de Usuarios de esa misma dependencia.
Según la investigación de MVS, ellos dos le otorgaron contratos a Defoe, de Yamil Nares Feria, por 22 millones de pesos, para elaborar encuestas, una de las cuales fue el impacto que tuvo el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en 2009.
Los contratos a Nares Feria, quien estudió con Sota la carrera de Ciencia Política, comenzaron a fluir cuando su empresa tenía apenas dos meses de haber sido fundada ante notario público de Oaxaca. El contrato más grande que recibió fue en el último mes del gobierno de Calderón, noviembre de 2012, y ascendió a 9 millones 400 mil pesos.
Otro amigo de Sota en el ITAM, José Alfonso Arango Pérez, obtuvo asimismo contratos de ella para Milenio Consultores.
En diciembre de 2013 la periodista Dolia Estévez, corresponsal de MVS en Washington, publicó en Forbes el reportaje mencionado que incluyó a Sota, y un año después ésta la demandó por difamación ante una corte de Estados Unidos.
Apenas el pasado 30 de noviembre, el juez Liam O’Grady, de la Corte Federal del Distrito Este del estado de Virginia, desechó los tres cargos de la acusación por difamación y daños económicos que interpuso Sota en contra de la periodista.
“Los argumentos que hace Sota son en su mayor parte opiniones de Estévez que no pueden razonablemente ser declaradas o implicadas en hechos falsos”, se lee en el fallo de 12 páginas, consultado por Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington.
El revés en EU
En su querella contra la periodista, Sota sostuvo que fue difamada y que el artículo­ le causó daños económicos a sus negocios personales, pero en su dictamen el juez O’Grady subraya:
“Sota admite que ella estaba siendo investigada por corrupción, por parte de las autoridades mexicanas, y que estudiaba en la Universidad de Harvard sin contar con un título profesional.”
La demanda de Sota califica de “difamación” el hecho de que Estévez la considere en su artículo como una de las personas a quienes los mexicanos “perciben” como entre las más corruptas.
“La aserción de que Sota era percibida entre los mexicanos más corruptos en 2013 no puede ser objeto de demanda porque no es objetivamente verificable y porque conlleva una aserción subjetiva”, enfatiza O’Grady en sus conclusiones.
“No existe una manera objetiva de probar si Sota es percibida como una de las 10 personas más corruptas en México. Estévez establece su opinión sobre el asunto y aportó una base factual para esta opinión. Sota admite la base factual de que la opinión de Estévez es verdad”, remarca el juez.
Sobre los supuestos daños económicos que le causó el trabajo de Estévez, Sota aseguró que se le fueron de las manos unos contratos que otorgaría el gobierno mexicano a su firma de consultaría Integra, Metas Estratégicas, S.A. de C.V.
Supuestamente, y según la demanda, la exfuncionaria federal hubiese percibido de 850 mil a 1 millón 700 mil dólares con esos contratos, pero su negocio no se concretó porque justo cuando estaba en tratos con el gobierno apareció el artículo de Estévez.
Por cierto que ese millón 700 mil dólares equivale a los 20 millones de pesos por un contrato que la empresa de Sota firmó con el gobierno de Peña Nieto en octubre de 2014, dos meses antes de presentar la demanda contra la periodista…

Sota y Peña: Vocación por la trampa .- ÁLVARO DELGADO

Alejandra Sota, exvocera de Calderón. Foto: Miguel Dimayuga

MEXICO, DF (apro).- A Alejandra Sota le está yendo económicamente mejor con Enrique Peña Nieto que con Felipe Calderón, su protector: Ahora cobra 833 mil pesos mensuales, cuatro veces más que los 203 mil que percibía al mes durante el sexenio anterior.
Esa cantidad ha estado recibiendo Sota del gobierno de Peña desde que, en octubre de 2014, obtuvo del Sistema de Administración Tributaria (SAT) un contrato bianual por casi 20 millones de pesos, por lo que hasta octubre de 2016 obtendrá los 833 mil pesos por preguntar cómo cobra impuestos el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, su amigo.
En los seis años de gobierno de Calderón, en el que fue coordinadora de Opinión Pública e Imagen y vocera, Sota cobró sólo por salarios un total de 14 millones 616 mil pesos, pero gracias al turbio contrato que recibió del gobierno de Peña, ganará 20 millones en sólo dos años.
Nada mal para una preparatoriana… que estudió en Harvard quién sabe por qué.
Tal como lo publica la revista Proceso esta semana, el SAT que encabeza Aristóteles Núñez –cuyo jefe es Videgaray– entregó el contrato a Integra, Metas Estratégicas, S.A. de C.V., la empresa de Sota, en una licitación simulada.
El montaje para favorecer a la exvocera de Calderón –“la pinche Sota”, la llamó Josefina Vázquez Mota– implicó al SAT y a otras tres empresas concursantes una, propiedad de su socia, otra de dos de sus exempleadas y, la tercera, es de un amigo que ella benefició con asignaciones millonarias.
Este turbio procedimiento debería ser investigado por la Secretaría de la Función Pública, pero eso no ocurrirá porque el esposo de Sota, Benjamín Hill Mayoral, es alto funcionario de esa dependencia que encabeza Virgilio Andrade, quien a su vez exoneró a Peña Nieto por la compra de la “Casa Blanca” al contratista Armando Hinojosa Cantú.
Sí: Hill Mayoral, esposo de Sota, es –desde noviembre– nada menos que el jefe de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública.
Parece chiste. No lo es. Es gravísimo. Y sólo revela el nivel de corrupción y contubernios que en Proceso se ha acreditado, pero no es general, en lo etéreo, sino con información específica sobre personas concretas.
¿Su marido va a investigar a Sota? Exonerada está…
En su momento, Sota fue formalmente investigada por favorecer con multimillonarios contratos que desde la Presidencia de la República entregó a sus amigos del Instituto Autónomo de México (ITAM). El caso se pudrió.
Ahora Sota seguirá obteniendo contratos chuecos por la misma razón que lo está Arturo Escobar, el mafioso dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), está impune: Por las complicidades al más alto nivel.
Ernesto Cordero, amigo de Sota y a cuyo esposo incluyó en la nómina del Senado cuando estudiaba en Harvard, enjuició con dureza la corrupción que atribuyó a Gustavo Madero y Luis Alberto Villarreal, y que aplica a sus amigos: “Pinches ladrones”…
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