miércoles, 19 de agosto de 2015

Al diablo con sus instituciones .- John M. Ackerman


E
l miércoles pasado el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, anunció que la elección presidencial de 2018 será declarada válida aun en caso de que el candidato ganador haya violado de manera flagrante, grave y sistemática la legislación electoral y el estado de derecho. Unos días antes, el mismo funcionario había anunciado que el INE no puede hacer absolutamente nada para detener la compra y la coacción del voto por medio de dádivas y presiones de los partidos políticos. Eso no lo vamos a resolver por la vía electoral, señaló el otrora experto en derecho electoral.
La supuesta transición mexicana a la democracia hoy yace muerta. Las instituciones electorales creadas durante la década de los noventa para garantizar una competencia justa entre diferentes opciones políticas hoy fungen como fieles defensoras del régimen autoritario de impunidad y corrupción.
La decisión del INE, el pasado 12 de agosto, de rechazar la solicitud ciudadana de retirar el registro al PVEM pinta de cuerpo entero a los funcionarios electorales. La ley es meridianamente clara. Tanto el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos como el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señalan como causal de pérdida de registro la violación de manera grave y sistemática de la normativa electoral.
Hasta los mismos consejeros que de manera vergonzosa defendieron al PVEM, como Ciro Murayama, Benito Nacif, Marco Baños, Adriana Favela y Córdova, tuvieron que aceptar durante el debate la abierta burla del partido del tucán al estado de derecho desde hace años.
En 2015, por ejemplo, estuvieron a los ojos de todos la campaña anticipada, los cineminutos, los informes legislativos, la compra ilegal de menciones en radio y televisión, la entrega de dádivas ilegales, los abusivos anuncios en la vía pública y el flagrante rebase de los topes de gasto de campaña.
Pero de la misma forma en que las autoridades avalaron las fraudulentas elecciones presidenciales de 2006 y 2012, hoy ofrecen un cheque en blanco al PVEM.
El mismo Córdova trazó el paralelo en su intervención: La pérdida de registro de un partido político es equivalente en el sistema de partidos políticos a lo que es la nulidad de una elección en el sistema electoral.
El mensaje fue perfectamente claro y se escuchó con enorme beneplácito en Los Pinos: absolutamente todo se vale en la competencia para la Presidencia de la República de 2018. No importa la gravedad, la sistematicidad o la profundidad de las violaciones a la ley. Quien venda más posiciones políticas, incluso a los intereses más oscuros, y compre más votos y complicidades, será el próximo presidente de la República.
El fraude electoral es hoy más consolidado que en 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari robó abiertamente la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy se mezclan las viejas prácticas de manipulación gubernamental, compra y coacción del voto y relleno de urnas con las nuevas prácticas de manipulación televisiva, parcialidad arbitral, triangulación financiera y terrorismo mediático.
La única alternancia que se permite es entre diferentes expresiones de la misma derecha neoliberal que ha malgobernado el país desde hace décadas. En el año 2000, el PRI entregó el poder al PAN para que este partido después se lo devolviera en 2012.
Desde ahora se prepara el relevo en 2018 del PRI al PVEM o a algún candidato supuestamente independiente avalado por la oligarquía nacional.
Como en los peores regímenes totalitarios, todo está diseñado para que la izquierda se quede al margen del juego político. A regañadientes se permite la existencia del nuevo partido ciudadano Morena, pero simultáneamente se da un cheque en blanco tanto al PVEM como al PRD para minar, atacar y robar despiadadamente los votos de esta nueva opción de izquierda.
Los descarados fraudes cometidos en Chiapas, Guerrero y el Distrito Federal durante 2015 fueron apenas pequeños ensayos para lo que se aplicará en la elección presidencial de 2018.
En este contexto, si la izquierda política quiere conquistar la Presidencia de la República en 2018 debe apostar a una amplia movilización social que rebase por mucho la esfera estrictamente electoral. Morena no puede permitirse el lujo de aceptar las reglas del juego supuestamente democrático, sino que debe convertirse en la conciencia de la nación y en un vigoroso promotor de la organización social.
De la misma manera, la izquierda social debe romper de una vez para siempre con su sectarismo antipartidos para estrechar la mano de manera generosa a los millones de militantes de Morena que quieren transformar de raíz a la República Mexicana.
Juntos habría que impulsar desde ahora un masivo programa de educación cívica y vigilancia ciudadana en contra de la compra y coacción del voto, así como una vasta iniciativa nacional de observación electoral. También habría que preparar desde ahora las multitudinarias movilizaciones ciudadanas poselectorales que serán necesarios para hacer respetar el voto en 2018.
Nuestras instituciones han traicionado la democracia. La única forma de expulsar a los diablos que hoy controlan los destinos de la nación será por medio de una amplia alianza política y social a favor de la justicia y la paz.
Twitter: @JohnMAckerman


La derecha se lava la cara de las infamias contra AMLO

MéxicoGate .- Reséndiz

PRD evita el juicio político a Javier Duarte #Veracruz

RenegadoL

  • Errores ¿involuntarios? en la demanda librarían a Duarte de la justicia
  • Diputados del sol azteca "le echan una mano" al PRI
  • Belaunzarán: ¿inepto o cómplice?
http://renegadolegitimo.blogspot.mx/2015/08/por-error-prd-salva-javier-duarte-de.html

(Ciudad de México, 19 de agosto).-  Luego de que el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentara este martes una demanda de juicio político"contra el gobernador del estado de Veracruz", cobran fuerza las versiones de que se trata de una maniobra distractora cuyo objetivo es precisamente el contrario:proteger al mandatario veracruzano Javier Duarte de Ochoa de cualquier "peligro judicial" derivado del multihomicidio de la colonia Narvarte, en el DF.

Y es que desde el primer momento en que se presentó dicha demanda, llamó la atención el "error" en que incurrieron los diputados perredistas Miguel Alonso Raya y Fernando Belaunzarán, quienes "se equivocaron" al escribir el nombre del gobernador, lo que permitiría al gobierno de Veracruz desestimar la demanda mediante argumentos legaloides. 

De acuerdo con fuentes del  propio sol azteca consultadas en San Lázaro, resulta "muy extraño" queel diputado Fernando Belaunzarán, cercano a los chuchos y al llamado "PRD rojo" que en Veracruz obedece las órdenes de Duarte, no se sepa el nombre completo del gobernador, a quien en su escrito de demanda llama "Javier Duarte Ochoa" cuando el nombre correcto es Javier Duarte DE Ochoa.

El "salvador" de Duarte


Y es precisamente este "pequeño error" el que abre la puerta para que los abogados de Duarte utilicen diversas chicanas y estrategias legaloides que le permitan a su cliente salir bien librado, toda vez que "no es el sujeto demandado" porque el escrito hace referencia a "otra" persona. 

De sobra es sabido que en la investigación del multihomicidio, el gobierno veracruzano ha echado mano de todo tipo de chicanadas y resquicios legales para obstaculizar el curso de las indagatorias; no obstante, como espada de Damocles pendía la posibilidad de encausar a Duarte por la vía política a través del Congreso. Ahora esa posibilidad se ve lejana, gracias al oportuno "error" cometido por el siempre útil Fernando Belaunzarán, que podrá ufanarse que "la lucha se hizo" cuando se desestime la demanda que tan "descuidadamente" redactó. ¿Ineptitud o complicidad?


A continuación se muestra el Acta de ratificación de la demanda de juicio político, donde claramente se ve el "error" de Fernando Belaunzarán al escribir el nombre del gobernador de Veracruz. Nótese que el otro diputado promovente del jucio, Miguel Alonso Raya, ni siquiera se molestó en firmar la ratificación. ¿Será porque sabe que es una causa perdida de antemano?



Una simple consulta en la página web Consultas CURP de la Secretaría de Gobernación permite comprobar que el segundo apellido del mandatario veracruzano es Duarte DE Ochoa y no "Duarte Ochoa". Lo mismo sucede al realizar una búsqueda en la página Consulta tu cédula profesional, de la SEP. Invitamos a los lectores a comprobar que en ninguna de las dos páginas hay registro de un tal "Javier Duarte Ochoa" que pueda corresponder al gobernador veracruzano. 

Conclusión: la demanda de juicio político presentada por los dos diputados del PRD es una faramalla; está pensada para hacer ruido mediático pero su verdadera intención es otraENCUBRIR al gobernador de Veracruz; ENTORPECER las indagatorias que realiza la PGJDF; TIRARLE UN SALVAVIDAS a Javier DuarteDE Ochoa al permitirle esquivar el juicio político por un "error" muy bien planeado por parte de esos dos parias legislativos. 

Fernando Belaunzarán le está lavando la cola a Javier Duarte de Ochoa. 

¿Inepto, o cómplice? 

Juego de espejos .- Jabaz

Ayotzinapa, la mentira histórica al desnudo .- JENARO VILLAMIL

Familiares de los 43 protestan en el Congreso de Guerrero. Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- El 27 de enero pasado Jesús Murillo Karam dio una de sus últimas y polémicas conferencias de prensa sobre los sucesos de Iguala y la situación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Presumió la detención de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y afirmó que tras 386 declaraciones “esta es la verdad histórica: los normalistas fueron calcinados, están muertos”.
Murillo Karam ya no está en la PGR, pero su “verdad histórica” sigue siendo tan cuestionada y desmantelada como en su momento lo fue su tenebroso relato del “holocausto” en Cocula, Guerrero, del 7 de noviembre anterior.
La pretensión de darle “carpetazo” a la desaparición de los 43 normalistas fue su misión como procurador, nunca la justicia y menos una investigación a la altura de la conmoción nacional e internacional generada por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
El reciente avance del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH viene a ser una estocada no sólo a la “verdad histórica”, sino a las mentiras veladas y abiertas de Murillo Karam y de todos los integrantes del Estado mexicano involucrados en la investigación.
“No hay una sola evidencia” de la participación del Ejército en los sucesos de Iguala, sentenció aquel 27 de enero Murillo Karam. Ahora, este lunes 17 el GIEI fue contundente: existe una negativa sistemática del Estado mexicano para que los expertos independientes entrevisten a militares del 27 batallón de Iguala.
“El GIEI no entiende por qué ha podido entrevistar a víctimas, policías, inculpados, testigos y otros agentes del Estado y; sin embargo, en este caso es remitido a la vía penal… En nuestra respuesta remitida al Estado el 4 de agosto señalamos la urgencia de hacer las entrevistas y la disponibilidad de hacerlo del 10 al 14 de agosto, en nuestra última visita antes de presentar el informe”, subrayaron en el documento que está disponible en la página oficial del grupo de expertos.
La respuesta de la PGR a este grupo de cuatro expertos fue que formularan “por escrito” las “posiciones” que consideren formen parte de la diligencia ministerial y que, derivado de las características de esta indagatoria, “sólo estará presente la autoridad ministerial y quienes deban desahogar las posiciones que sean formuladas”.
El GIEI lamentó la respuesta y considera relevante poder entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de Iguala, sin inculparlos o responsabilizarlos de nada.
No puede existir “verdad histórica” en tanto el Estado mexicano se cierre a la posibilidad de que los efectivos militares rindan cuentas de su papel –aun sea por omisión– en los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
El GIEI también aportó nuevas revelaciones que sacuden todas las certezas de la “verdad histórica”:
1.- Se perdieron pruebas del caso. Lo más grave es la destrucción de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de los 43 normalistas en la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia. “Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del Tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos”, advirtieron los especialistas en su informe preliminar.
2.-Nuevas evidencias de ropa de los normalistas desestimadas por la PGR.Esta falla es considerada “grave” por el GIEI, pues en la diligencia original del 27 de septiembre de 2014 se resguardó ropa de algunos de los normalistas desaparecidos. Esta situación no era conocida por familiares ni representantes legales y tampoco existía “un registro específico ni procesamiento de la misma”.
El GIEI ha pedido a la PGR que esta ropa fuera examinada por sus peritos y por los integrantes del Equipo de Argentino de Antropología Forense (EAAF), el primer organismo internacional que cuestionó abiertamente la “verdad histórica” de Murillo Karam.
3.-Necesidad de nuevas autopsias ante evidencias de “posibles artefactos o de caninos”. En el caso de Julio César Mondragón Fuentes, de Daniel Solís y Julio César Ramírez, los especialistas advierten que “no se evaluaron ciertas lesiones que aparecen en el informe original de la autopsia y en las fotografías proporcionadas”. En el caso de Mondragón se registraron “huellas en los huesos de la cara de posibles artefactos o de caninos que dejan señales características”.
Ninguna de las 386 declaraciones que Murillo Karam presumió como parte del expediente de 115 tomos mencionó la existencia de perros en el ataque a los normalistas ¿Por qué? ¿Quiénes utilizan perros para agredir a jóvenes?
Por esta razón, el GIEI solicitó que se haga una “segunda autopsia” al cuerpo de Julio César Mondragón.
4.-No se les reconoce como víctimas de desaparición forzada.- Ni a los heridos ni familiares de los normalistas, ni a las víctimas directas o indirectas del caso, se les han dado “medidas de atención y reparación integral”. El GIEI ha pedido a la CNDH que “realice recomendaciones para que todas las disposiciones de la ley de víctimas y el conjunto de los derechos de las víctimas cuenten con el necesario reconocimiento y soporte legal”.
En tanto la “verdad histórica” pretende dar carpetazo desde la célebre conferencia del 7 de noviembre del “Ya me cansé” de Murillo Karam, los análisis e informes de entidades ajenas al Estado mexicano reiteran que se trata de un caso de desapariciones forzadas que no ha sido indagado ni investigado como tal.
El informe preliminar del GIEI (el final se dará a conocer el 2 de septiembre próximo) constituye, quizá, el golpe más certero a la mentira histórica que el Estado mexicano pretende construir en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Peritos argentinos y CNDH
Antes de este documento, los peritos de la EAAF cuestionaron el 7 de febrero la “verdad histórica” de Murillo Karam con un informe muy detallado que resultó una clara denuncia a la manera de la PGR de colectar y resguardar evidencias.
Los peritos argentinos afirmaron que no estuvieron presentes en la recolección de evidencias en el basurero de Cocula entre el 27 de octubre y 6 de noviembre de 2014. Los peritos de la PGR recogieron evidencia consistente en 42 elementos balísticos, muestras de tierra y otros elementos no biológicos “sin haber avisado ni contar con la presencia de la EAAF”.
También señalaron la “ausencia de custodia en el basurero de Cocula”, entre el 7 y el 28 de noviembre anterior.
La EAAF encontró “fuerte evidencia sobre la existencia de múltiples focos de fuego en los últimos años en el basurero de Cocula”, por lo tanto, no es concluyente la tesis de la PGR de que fue “un solo evento de fuego” el que originó que calcinaran presuntamente a los normalistas.
El 24 de julio pasado en su Informe del Estado de la Investigación del Caso Iguala, la CNDH también señaló que se cometieron varias fallas y omisiones para aclarar los hechos. El organismo mexicano mencionó la “falta de pruebas”, pero no fue tan detallado ni explícito como los cuatro expertos del GIEI.
¿Qué hará ahora la procuradora Arely Gómez ante el desafío que plantean las observaciones y denuncias a la “verdad histórica” de Murillo Karam?
Si la orden de Enrique Peña Nieto es mantenerse en la tesis original de un holocausto cometido por sicarios del narcotráfico, coludidos solamente con policías municipales de Iguala, estaremos presenciando la mentira histórica más grave y más vergonzosa del Estado mexicano frente a la comunidad internacional.
Twitter: @JenaroVillamil
Comentarios: www.homozapping.com.mx

Piensa positivo .- Jans

Oaxaca: órdenes de aprehensión .- Julio Hernández López

 EPN reprocha en Michoacán
 No aplauden obras
 Burocrática respuesta a carta

Foto
EN LA CASONA DE XICOTÉNCATL. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal; Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los legisladores del PRI; el perredista Miguel Barbosa Huerta, dirigente de la mesa directiva; ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, en la presentación del informe de actividades del SenadoFoto María Meléndrez Parada
A
l gobierno de Enrique Peña Nieto le pareció que una calificada demanda internacional de seguridad para defensores de derechos humanos y periodistas mexicanos, y de investigación de crímenes y agresiones contra ellos (difundida en el blog de Pen America Center, la vertiente regional de la asociación mundial de escritores Pen International, con firmas de intelectuales, académicos, artistas, escritores, periodistas y ciudadanos en general), merecía una respuesta meramente burocrática de un funcionario que no está en el primer nivel del organigrama federal.
Así fue que apareció Roberto Campa Cifrián, actual subsecretario de Derechos Humanos (ja) de la Secretaría de Gobernación (quien fue en 2006 candidato presidencial de Nueva Alianza, como cuadro de todas las confianzas de Elba Esther Gordillo), para emitir un comunicado de retórica sosa que pretende poner de relevancia los presuntos esfuerzos de la actual administración priísta para proteger libertades y derechos ciudadanos, enfatizando que una línea de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es el fortalecimiento de los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas.
Tal verborrea oficial no tiene asidero en la realidad. El gobierno federal ha derrochado recursos en la aplicación de una política de desatención sostenida de los crecientes problemas de los periodistas mexicanos ante la violencia de las bandas del crimen organizado pero, en especial, de miembros de la clase política también criminal. Los tales mecanismos de protección, los protocolos, las fiscalías especiales y los funcionarios muy preocupados por las agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos sólo han sido un ardid burocrático para aparentar que algo se hace aunque, en realidad, se mantiene en el abandono a los periodistas que fundadamente han denunciado amenazas, y se garantiza la impunidad generalizada en los casos en que tales advertencias tienen sangrienta confirmación.
Sin embargo, en el parque temático Atlacomulco se estima que es mucho lo que se hace por el público aunque éste no siempre lo valore adecuadamente. Ayer, en Apatzingán, Enrique Peña Nieto dijo, al inaugurar un hospital regional, acompañado del gobernador saliente de Michoacán, Salvador Jara, y del entrante, Silvano Aureola de Los Pinos, que a veces no se logra dar justa dimensión a lo que cada una de estas obras significa en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de una región; pareciera que fuera ya parte de algo ordinario y común el estar entregando obras.
El reproche refleja una impropia expectativa de reconocimiento de EPN a su propia figura o ejercicio gubernamental (ya sé que no aplauden) y exhibe una visión complacida de lo que sucedería en una sociedad que ante tantas obras, servicios y beneficios ya casi no apreciara los nuevos aportes, acostumbrada a recibir tantas cosas que una más no le conmueve. Ha de precisarse, además, que esas obras se realizan con dinero de los propios contribuyentes y muchísimas veces, casi por sistema, tales procesos están caracterizados por la elevación de costos originales, mala calidad, equipamiento deficitario, tardanza en la entrega de las edificaciones terminadas, y una corrupción ya institucional, que provee a funcionarios y contratistas de ganancias a costa del propio proyecto y su viabilidad.
En curso está otra inauguración, que nadie adscribe al ámbito de lo ordinario y común. Está por iniciarse el nuevo ciclo lectivo en los niveles donde participan profesores que se oponen abiertamente a las reformas impulsadas por Peña Nieto, en especial en Oaxaca, donde se ha establecido un virtual estado de sitio, con una gubernatura tomada por los poderes centrales (Gabino Cué como ejecutor de órdenes superiores), el instituto estatal de educación pública reconvertido jurídica y operativamente para utilizarlo como instrumento de presión y control contra los miembros de la sección 22 del SNTE (esencia de organización y lucha de la CNTE), escuelas ocupadas por gendarmería y policías federales que simulan labores de limpieza y restauración cuando en realidad están desplegados para impedir que los mentores oaxaqueños las ocupen en actos de protesta, y miles de soldados, marinos y policías (con equipo especial, en los aires hasta siete helicópteros en determinadas horas) en espera de entrar en acción contra los disidentes.
La toma militar de Oaxaca no ha tenido la respuesta violenta que las autoridades esperaban, pues el movimiento magisterial ha optado por eludir la provocación y reorganizarse ante las nuevas circunstancias. Pero el próximo lunes será la inauguración oficial del nuevo año escolar y las posturas en pugna se acercarán peligrosamente desde este jueves, cuando los profesores en protesta pretenden adelantar su llegada a las aulas, en un tenso medir de fuerzas.
Al escenario sombrío se añaden las órdenes de aprehensión calculadamente liberadas por jueces federales con sede en Oaxaca para ir tras quince miembros de la mencionada sección 22, entre ellos el vocero oficial. A ellos se les acusa de haber participado el 7 de junio reciente en la quema y el robo de papelería electoral en las regiones de Tuxtepec y del Istmo de Tehuantepec. Tales órdenes de aprehensión constituyen un amago contra otros dirigentes y activistas, y redondean el proyecto federal de aplastar ejemplarmente a la oposición oaxaqueña, como un mensaje nacional de segundo trienio peñista.
Y, mientras en Guadalajara un miembro del Ejército conminaba en días pasados a un reportero vial, de @Trafico_ZMG, a dejar de grabar imágenes de un accidente entre un automóvil y un camión militar, al advertirle y luego que por qué los reporteros están muertos (http://bit.ly/1Nrz7OG), ¡hasta mañana, con el PRD encaminándose a que uno de los externos (el menos externo de ellos) se afilie al sol azteca y pueda ser su próximo presidente!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero

El Nuevo PRI .- Jabaz

PGJDF pone en riesgo la vida de las víctimas de Cuauhtémoc Gutiérrez

PGJDF reveló identidad de víctimas de Cuauhtémoc Gutiérrez; temen por su seguridad (Reportaje especial)

Temen que sus nombres completos, direcciones y fotografías estén en manos de gente cercana a Gutiérrez de la Torre.

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Reportaje Especial/ Por Irving Huerta y Sebastián Barragán para AN
Las mujeres que denunciaron al líder priistaCuauhtémoc Gutiérrez de la Torre analizan acogerse a un programa de cambio de residencia temporal, luego de que la Procuraduría de General de Justicia del DF (PGJDF) violó la secrecía sobre sus datos personales y las amenazas que ha recibido su defensa legal.
Ahora, las víctimas no saben si sus nombres completos, direcciones y fotografías están en manos de gente cercana a Gutiérrez de la Torre o funcionarios que quieran afectarlas, por lo que temen por su seguridad y la de sus familiares.
Las mujeres, quienes escaparon del esquema de reclutamiento que operaba en las oficinas del PRI capitalino, denunciaron a Gutiérrez ante la Procuraduría General de la República (PGR), con sus identidades resguardadas con nombres clave y documentos empaquetados en un sobre sellado.
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Pero el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, declinó llevar la averiguación y la remitió a la procuraduría capitalina, donde al final se decretó el no ejercicio de la acción penal. Las denuncias habían llegado a la procuraduría local con esos nombres clave y con sellos en el sobre que contenía sus identificaciones oficiales.
Una de las mujeres que denunciaron contó a Aristegui Noticias cómo fue que miembros de la Procuraduría del DF acudieron a su domicilio particular, a notificarle del no ejercicio de la acción penal y la buscaron por su nombre verdadero, de acuerdo con testimonios de la víctima y sus familiares.
“Todo este tiempo he sido la más tranquila, pero con esto que pasó, que se revelaron nuestros datos, sí tuve miedo”, dijo ella, quien es una de las muchachas cuyo testimonio dio pie a la investigación que se publicó el 2 de abril de 2014, en la Primera Emisión de Noticias MVS que conducía Carmen Aristegui.
Todas las notificaciones anteriores habían llegado con sus nombres clave y al domicilio de su abogada, Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac).
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La mañana del martes 28 de julio, a las 7:30 am, tres funcionarios de la procuraduría del DF se presentaron en el domicilio de las víctimas: el agente del Ministerio Público Guillermo Santamarina Zepeda, el notificador Nicolás Sánchez González y quien se identificó como integrante de la dirección de derechos humanos de la procuraduría, Cynthia Mendoza Arellano.
Primero preguntaron por el nombre clave de la víctima, pero uno de los familiares negó que allí viviera alguien con ese nombre. Entonces mencionaron la verdadera identidad de la joven y los miembros de su hogar entraron en alarma. No permitieron que la víctima se encontrara con los funcionarios.
El agente del Ministerio Público llevaba anotados los nombres reales de las jóvenes en una libreta, aunque no estaban escritos en el documento oficial que finalmente dejaron en la vivienda.
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Además, los funcionarios de la Procuraduría no incluyeron la argumentación de la procuraduría para no seguir investigando el caso, algo inusual para denuncias penales y los avisos que se entregan a denunciantes.
Después de 30 minutos, la representante de la dirección de derechos humanos recomendó a los familiares un lugar donde la víctima puede ser tratada psicológicamente, en la colonia Del Valle, de la ciudad de México.
La directora de Catwlac, Teresa Ulloa, dijo que la violación del acuerdo de resguardo de identidad es una falta grave a los protocolos de investigación y representa un bloqueo más al proceso de impartición de justicia.
La abogada sostuvo que este derecho aplica para víctimas de delitos como el secuestro, la violación y trata de personas, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, y existen sanciones graves para las personas que rompan este secreto, las cuales se agravan si se trata de funcionarios públicos.
Teresa Ulloa es representante legal de las víctimas pero la procuraduría capitalina no le ha notificado el no ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez de la Torre; sin embargo, durante el proceso ministerial su oficina recibió todos los requerimientos de las autoridades.
La titular de Catwlac mostró al equipo de Aristegui Noticias oficios que normalmente enviaba la PGJDF sobre el caso. En ellos se aprecia el seudónimo elegido por las denunciantes y la dirección de su representante legal.
Negó que el no ejercicio de la acción penal sea motivo para dejar de cuidar la identidad de las denunciantes, pues en términos legales el proceso aún está lejos de terminar porque las víctimas tienen mecanismos para exigir la actuación de la procuraduría capitalina.
Teresa Ulloa afirmó que la diligencia que practicaron funcionarios de la PGJDF es un acto de intimidación y representa una amenaza a la seguridad de las denunciantes, pues ahora no se sabe qué otras personas tienen acceso a sus nombres completos, direcciones y fotos de identificaciones personales.
Ulloa afirmó que ha recibido amenazas de violación por celular y que diversas personas se han acercado a las movilizaciones que realiza para fotografiar la cara de todas las personas que participan. Sostuvo que fuera de sus oficinas hay personas que registran todos los movimientos, incluyendo un registro de visitantes.
Para la activista con más de 45 años de experiencia en el tema de trata de personas, la filtración de información y la obstaculización de la defensa de las víctimas en este caso, por parte de la procuraduría, son condiciones que no había visto en toda su carrera y que ameritan medidas de protección urgentes para las mujeres que denunciaron a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
Aristegui Noticias pidió una postura a la oficina de comunicación de la PGJDF, que dirige Rodolfo Ríos Garza, pero hasta el momento no ha respondido.

Quieren todo-Hernández

¿Por qué sacaron a EPN todo demacrado a correr?

¿Por qué sacaron a EPN todo demacrado a correr?
Polemón
Por: Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo)
17 de agosto 2015.- ¿Por qué presumir que Enrique Peña Nieto puede correr uno, dos, diez kilómetros? ¿Por qué mostrarlo en pleno trote? ¿Por qué difundirlo tan profusamente en redes sociales? El que Enrique Peña Nieto haya salido a correr un maratón y el que se le haya dado a esta acción tanta cobertura no es algo fortuito. Hay ahí un mensaje.
Las imágenes son claras: Enrique Peña Nieto flaco, demacrado, con las piernas bien delgadas y los brazos bien delgados y el cuello bien delgado. Con las ojeras enormes y el rostro como con pellejo caído, con los ojos hundidos, bien hundidos.
Ahora bien, ¿Qué mensaje querían enviar desde la presidencia de la República con las imágenes del priísta en demasía demacrado y el inusual despliegue de información mostrado? Acaso era decir: ¿“nada de que el presidente está enfermo, véanlo, corriendo un montón de kilómetros, bien atlético”?.
Peña Nieto demacrado
Si uno observa las imágenes en las que va acompañado Peña en la carrera Molino del Rey 2015, todos los que los rodean parecen personas sanas. Unas rechonchas, otras muy atléticas, unas flacas pero no flacas como enfermas, sino flacas como bien conservadas. En cambio, Enrique Peña Nieto tiene algo. Un no sé qué…
Entonces, ¿Para qué evidenciar ese “no sé qué” de Enrique Peña Nieto? ¿Acaso son tan estúpidos en la Presidencia de la República como para pensar que mostrándolo corriendo 10 kilómetros se borrarían de un tajo los rumores sobre un cáncer letal que lo aqueja?
Sorprende la insistencia de exhibir a Peña Nieto corriendo. Hay un video en el que se escucha la voz del priísta y el lugar por donde va trotando. Una voz con calma, como evidenciando que a pesar de correr, Peña no se agita, no se cansa, no se desmaya.
Mi primer Periscope. Minutos antes de arrancar la Carrera del Estado Mayor Presidencial.
¿Qué mensaje quisieron dar en la presidencia con un Enrique Peña Nieto demacrado, pero corriendo y presumiendo que corrió? Puede ser que sí, que los que le manejan todo el marketing a Enrique Peña Nieto hayan pensado que mostrándolo de pantalones cortos, camisa y piernas flacas iban a terminar con los rumores de su cáncer letal. Si acaso esa fue la intención, el mensaje no fue transmitido cabalmente y lo único que pasó es que los rumores se acrecentaron, y ahora muchos que no decían, dicen: “¿pero qué enfermedad tiene EPN?” “¿Por qué está tan demacrado?”
Ahora bien, si ése no era el mensaje, ¿Qué quisieron decir desde la presidencia de la República? ¿Acaso lo quisieron mostrar como un personaje que enfermo corre aún (una especie de Cid Campeador, que después de muerto, sigue ganado batallas (en este caso, carreras)? ¿Qué quisieron decir desde la presidencia con ese Peña demacrado y corriendo?
peña demacrado 4
Quizá es que, el mensaje, se debe entender en el contexto de la próxima designación deManlio Fabio Beltrones a la presidencia del PRI. ¿Es acaso el mensaje no para la gente, para el pueblo o para la oposición, sino para el grupo contrario dentro del mismo PRI?
No cabe duda: a esta telenovela le faltan varios capítulos…

En este caso-Rocha

Moreno Valle promueve agresiones contra la prensa: Artículo 19

Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla. Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- El organismo Artículo 19 dio a conocer hoy un informe sobre la transparencia en el gobierno de Rafael Moreno Valle en el que destaca que el mandatario poblano tiene a la opacidad como política pública.
La ausencia de transparencia, dice, “es una mala noticia para la democracia” en Puebla.
El estudio denominado “Transparencia, la deuda de (Rafael) Moreno Valle. Informe sobre la garantía del derecho de acceso a la información en el estado de Puebla”, sostiene que en la entidad se instauró una política restrictiva del espacio público, e incluso se legisló en favor del uso de la fuerza desmedida durante las protestas sociales, “tolerando y promoviendo el aumento de las agresiones contra la prensa con la intención de inhibir el flujo de información plural y en tiempo real”.
La libertad de expresión, añade, “ha sufrido las consecuencias de la represión en todas sus garantías. La transparencia y el derecho de acceso a la información han sido vulneradas en la misma vía. Por un lado, se creó una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el estado de Puebla, que amplía el nivel de protección del derecho de acceso a la información, pero que limita la efectividad del recurso de revisión, con lo que se impide la posibilidad ciudadana de recurrir a una segunda opinión por parte del organismo especializado”.
De acuerdo con el documento de Artículo 19, organismo dedicado a defender y proteger el derecho de libertad de expresión, mientras las leyes federales se reforman, en Puebla destacan las prácticas de funcionarios de gobierno contrarias a promover y asegurar el derecho a la información pública.
Pone como ejemplo la desaparición de documentos administrativos, fiscales, legales e históricos que, subraya, es una falta muy grave que amerita sanciones.
“Si bien existen mecanismos de destrucción, los mismos tienen que sujetarse a lo dispuesto tanto en la Ley de Transparencia como en la de archivos de cada entidad. Ningún funcionario público puede desaparecer u ocultar información sin causa legítima”, aclara.
En su reporte, Artículo 19 denuncia que en la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Puebla (CAIP) se ha dado prioridad al acuerdo político sobre la especialización, la probidad o la meritocracia del pleno en la designación de sus integrantes.
“Estas características son fundamentales para tomar decisiones colegiadas, informadas y apegadas a la ley, más allá de las respuestas coordinadas entre los poderes de gobierno que impiden los contrapesos necesarios y los criterios que debe mantener un organismo autónomo”.
Resalta que si bien en su conformación el organismo garante siempre se ha visto cooptado por el poder estatal, lo mismo en el sexenio de Mario Marín que en la administración de Rafael Moreno Valle, “el control no había llegado a los niveles que se tienen registrados desde el comienzo de 2015, cuando el Congreso del estado, dominado por el grupo del gobernador, eligió a Gabriela Sierra Palacios, funcionaria de la Auditoria Superior del Estado, como integrante de la CAIP”.
De igual manera, precisa que el nuevo marco normativo en materia de transparencia y acceso a la información del estado de Puebla es progresivo respecto al anterior, sin embargo, “creó un vicio que limita la efectividad del único mecanismo de exigencia del derecho de acceso a la información: el recurso de revisión”.
Darío Ramírez, director de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, informó de 2010 a 2015 documentaron un asesinato y 92 agresiones a periodistas, y 13 ataques cibernéticos provenientes principalmente de funcionarios públicos.

Contrapropuesta para Oaxaca-Fisgón

Otro máximo histórico del dólar: se vende en 16.85 pesos

La Fed publicará sus minutas. Foto: EFE.
La Fed publicará sus minutas. Foto: EFE.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– El dólar alcanzó, otra vez en menos de una semana, un nuevo máximo histórico al venderse en las ventanillas de Banamex hasta en 16.85 pesos luego de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos reportó una inflación estable y, sobre todo, en espera de que la Reserva Federal publique las minutas sobre la política monetaria, las cuales darán pistas a los inversionistas sobre el incremento de la tasa de interés de ese país.
Esta pronta alza, especulada por analistas para septiembre, ha provocado la volatilidad de forma más constante que otros factores como la percepción de la desaceleración económica china, la crisis griega o el derrumbe de los precios de materias primas a nivel global.
La inflación interanual está todavía lejos del objetivo del 2 por ciento marcado por la Reserva Federal (Fed), el banco central estadounidense.
El vicepresidente de la Fed, Stanley Fischer, remarcó la semana pasada que la inflación está en un nivel “muy bajo”, pero consideró que se trata de una situación “temporal” que se acabará “estabilizando”.
La leve subida del 0.1 por ciento que registró este miércoles el índice de precios al consumo (IPC) en julio, cuando el costo de la vivienda experimentó su mayor aumento desde 2007, mantuvo a la inflación interanual en la senda positiva por segundo mes consecutivo.
El incremento de los precios en julio fue inferior a lo esperado por los analistas y al registrado en junio (0.3 por ciento) y mayo (0.4 por ciento), pero es el sexto consecutivo.
Además, la inflación interanual cerró julio en el 0.2 por ciento tras haber entrado en junio en terreno positivo por primera vez en lo que va de año.
En contraste con lo dicho por el líder de la Fed en Atlanta, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Dennis Lockhart, aseguró días antes que está “cerca” el inicio de la “normalización” monetaria y que tendría que verse un “significativo deterioro” de la economía para que la Fed no tome pronto la decisión de subir las tasas de interés de referencia.
El siguiente encuentro del banco central está previsto para el 16 y 17 de septiembre, con rueda de prensa de la presidenta de la Fed, Janet Yellen, y todos los analistas parecen coincidir en que será la fecha para la primera alza de tasas, actualmente entre el 0 por ciento y el 0.25 por ciento.
Al término de la reunión de julio de su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés), la Fed subrayó la continuada mejoría de la economía estadounidense, que creció a un ritmo anual del 2.3 por ciento en el segundo trimestre tras un comienzo de año débil.
La esperada subida de tasas de interés es vista como la confirmación definitiva de que Estados Unidos ha dejado finalmente atrás la llamada Gran Recesión.
La Fed rebajó las tasas de interés a niveles cercanos a cero en plena crisis, con el objetivo de estimular la economía nacional y favorecer la toma de crédito.
EL MERCADO ACCIONARIO TAMBIÉN CAELa Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió la sesión de este miércoles con tendencia negativa, al retroceder 0.41 por ciento, en línea con los mercados en Estados Unidos.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) observa un retroceso de 176.95 puntos respecto a su cierre previo, con lo que su principal indicador se ubica en las 43 mil 683.85 unidades.
En el mercado local se negocia un volumen de 8.3 millones de títulos por un importe económico de 314.6 millones de pesos, donde 20 emisoras avanzan, 48 retroceden y seis se mantienen sin cambio.
Wall Street abrió con fuertes pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, caía un 0.85 por ciento a la espera de las actas de la última reunión de la Reserva Federal y arrastrado por la incertidumbre sobre China.
De acuerdo con Grupo Financiero Monex, los mercados a nivel mundial presentan movimientos con un sesgo más negativo, centrados en el comportamiento de los mercados en China y pese a que legisladores alemanes aprobaran el tercer programa de rescate para Grecia.
Asimismo, expuso que en Estados Unidos se dieron a conocer datos de inflación, así como en unas horas las Minutas de la Reserva Federal (Fed).

5 años después, la detienen por “turismo electoral” a favor del PRI en Veracruz

La PGR detuvo de una mujer por alterar el Registro Federal de Electores a favor del candidato tricolor a Boca del Río, Salvador Manzur Díaz.

5 años después, detienen a ex funcionaria por "turismo electoral" a favor del PRI en Veracruz


Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a la ex funcionaria de Cuernavaca, María Asunción Díaz Flores, por prácticas de “turismo electoral” a favor del PRI en Veracruz, durante la campaña de 2010.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que la captura se dio en cumplimiento deuna orden de aprehensión girada por un juez de distrito en Veracruz, a petición de laFiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
La imputada, quien se desempeñaba como delegada del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, operó para la campaña de Salvador Manzur Díaz, candidato a presidente municipal de Boca del Río, Veracruz, cargo al cual fue elegido. También durante las elecciones de 2010 fue candidato Javier Duarte, actual gobernador de dicha entidad.
Sobre el caso la Fepade informó este martes que Díaz Flores es probable responsable del delito electoral federal previsto y sancionado en el Artículo 411, hipótesis relativa a quien, por cualquier medio, participe en la alteración al Registro Federal de Electores, en relación con el diverso 13, fracción III, ambos del Código Penal Federal.
De acuerdo con las investigaciones, en enero de 2010 la mujer invitó a 440 personas para apoyar a Manzur Díaz en el estado de Veracruz y a cambio les ofreció entre 200 y 320 pesos, despensas y pagar los gastos de traslado, incluyendo desayuno y comida.
Además les indicó que tendrían que llevar su acta de nacimiento y credencial de elector original y una vez cubiertos estos requisitos fueron contratados 11 autobuses, los cuales partieron los primeros días de febrero de 2010 desde Cuernavaca, Morelos, hasta Veracruz.
En ese lugar la imputada les solicitó a dos cómplices que entregaran a los viajeros recibos de luz y agua con direcciones ubicadas en esa entidad, acompañados de un croquis hecho a mano donde se especificaba un domicilio.
Posteriormente los llevaron a diferentes módulos del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), donde les entregaron fichas para tomarles la fotografía y darles un comprobante, documentos que recibió la ahora detenida y una vez finalizado el trámite regresaron a Cuernavaca.
Al dar seguimiento al caso, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fepade obtuvo declaraciones de testigos, los contratos con la empresa de autobuses, así como los Formatos Únicos de Actualización y Recibo (FUAR) y peritajes que acreditan la alteración en el Registro Federal de Electores.
La PGR señaló que la mujer se encuentra interna en el Centro Federal Femenil Noroeste,ubicado en Tepic, Nayarit, donde el juez de la causa determinará su situación jurídica. Mientras tanto, el priista Manzur Díaz continúa como delegado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) en Veracruz.
Manzur, el mapache
El escándalo de “turismo electoral” no es el único caso en el que está implicado Manzur Díaz. Dejó su cargo como alcalde a nueve meses de concluir, en 2013, y tomó protesta en el gobierno del estado como secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno de Javier Duarte, donde se reveló que realizaba actividades de mapachería, dadas a conocer en unas grabaciones por el PAN en esas fechas.
El gobierno de Duarte tardó 17 días después de la revelación de los audios para cesar a su secretario y el ex alcalde de Boca del Río, quien fue acusado de manipular programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a favor del PRI en Veracruz, en vísperas de la elección.
El caso también fue denunciado ante la Fepade.
(Con información de Notimex, El Universal Proceso)

Silencio en la procuraduría, luego de las revelaciones sobre mal manejo de evidencias

Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de agosto de 2015, p. 4
A casi un año de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha tenido avances sobre la investigación de ese caso y sólo reporta oficialmente haber detenido a 108 presuntos responsables.
De éstos, 102 siguen en prisión, cuatro obtuvieron su libertad por falta de pruebas y dos están sujetos a proceso, pero gozan del beneficio de la libertad bajo fianza, porque las acusaciones en su contra no constituyeron delitos graves.
La dependencia optó este martes por guardar silencio y no responder al reciente informe que el pasado lunes hizo público el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes dijeron que las evidencias sobre el caso Ayotzinapa fueron perdidas o destruidas.
La PGR sólo mantiene información oficial sobre la investigación de este tema en la página web de la dependencia, en el área denominada ‘‘casos de interés’’, donde desde hace cuatro meses se colocaron diversos contenidos relacionados con la indagatoria, pero la información no ha variado.
En particular, la procuraduría destaca el documento titulado Reporte final sobre el caso Iguala, que es la transcripción íntegra de la conferencia de prensa que ofrecieron el entonces procurador Jesús Murillo Karam y el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
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