domingo, 14 de junio de 2015

Morena donará el 50% de sus prerrogativas a universidades públicas

amlo morena
Andrés Manuel López Obrador encabezó el día de hoy la reunión del Consejo Nacional de Morena, donde se aprobó destinar la mitad de sus prerrogativas como partido político a un fondo para la educación superior.
Los consejeros de Morena autorizaron destinar la mitad del presupuesto que les otorga el Instituto Nacional Electoral (INE), así como una parte de las subvenciones y sueldos de sus legisladores para constituir un fondo que se destinará a las universidades públicas del país, con el objetivo de aumentar la matrícula y reducir el número de rechazados.
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Martí Batres Guadarrama, explicó que el cálculo inicial será una aportación aproximada de 100 millones de pesos, que se entregarían a universidades como la Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Ciudad de México (UACM) mediante la figura de donativo.
Durante la reunión también se fijó la agenda legislativa de Morena, en la que se incluye el reducir los salarios de los altos funcionarios, el rechazo a la privatización del agua, la abolición de las reformas estructurales de Peña Nieto, entre ellas la energética.
Además, el consejo aprobó que sean los diputados y asambleístas quienes elijan a sus coordinadores de bancada. Asimismo, se definió como de alta prioridad la elección local de Chiapas en julio próximo.

Morena denuncia al IEDF por acciones a favor Victor Hugo Lobo en la GAM


(11 de junio, 2015).- La dirigencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) denunció que el Instituto Electoral del Distrito Federal operó a favor del candidato del PRD a la jefatura de la delegación Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, alterando las actas de la demarcación en donde duplicaron votos a favor del sol azteca y disminuyeron para Morena.
Martí Batres, presidente nacional del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, mostró cuatro actas alteradas con más de 230 votos a favor del candidato perredista, de las cuales una está alterada directamente por el IEDF. De los cuatro casos, refiere Batres, “el más grave es el acta refabricada que hace el propio Instituto, que cuenta con las originales pero ellos nos están entregando una como si fuera original certificada, que en realidad es una falsificación hecha por el IEDF”, señaló.
Por ello, exigieron la renuncia del presidente del instituto electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez, ya que “un delincuente electoral no puede estar al frente”.
Asimismo, enviaron una carta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, exigiéndole asumir su responsabilidad en la operación ilícita del PRD y el IEDF a fin de favorecer a Lugo, candidato ganador a la delegación referida.
Batres detalló que una consejera del Instituto le filtró una fotografía que demuestra cómo en el distrito siete se sacó la paquetería electoral en una canasta de tacos para alterar el conteo de las actas y así favorecer al candidato del sol azteca en detrimento del postulado por Morena, Ramón Jiménez.
De esta forma, exigieron al GDF un castigo ejemplar a los responsables además de un conteo voto por voto de las casillas de la GAM, ya que de no ser así, aseguraron, se estaría demostrando la injerencia del secretario de Gobierno, Héctor Serrano, dentro de la operación de acarreo, compra y alteración de los sufragios de la jornada electoral del pasado 7 de junio, demandada desde antes de los comicios por el recién creado Morena.
(11 de junio, 2015).- La dirigencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) denunció que el Instituto Electoral del Distrito Federal operó a favor del candidato del PRD a la jefatura de la delegación Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, alterando las actas de la demarcación en donde duplicaron votos a favor del sol azteca y disminuyeron para Morena.
Martí Batres, presidente nacional del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, mostró cuatro actas alteradas con más de 230 votos a favor del candidato perredista, de las cuales una está alterada directamente por el IEDF. De los cuatro casos, refiere Batres, “el más grave es el acta refabricada que hace el propio Instituto, que cuenta con las originales pero ellos nos están entregando una como si fuera original certificada, que en realidad es una falsificación hecha por el IEDF”, señaló.
Por ello, exigieron la renuncia del presidente del instituto electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez, ya que “un delincuente electoral no puede estar al frente”.
Asimismo, enviaron una carta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, exigiéndole asumir su responsabilidad en la operación ilícita del PRD y el IEDF a fin de favorecer a Lugo, candidato ganador a la delegación referida.
Batres detalló que una consejera del Instituto le filtró una fotografía que demuestra cómo en el distrito siete se sacó la paquetería electoral en una canasta de tacos para alterar el conteo de las actas y así favorecer al candidato del sol azteca en detrimento del postulado por Morena, Ramón Jiménez.
De esta forma, exigieron al GDF un castigo ejemplar a los responsables además de un conteo voto por voto de las casillas de la GAM, ya que de no ser así, aseguraron, se estaría demostrando la injerencia del secretario de Gobierno, Héctor Serrano, dentro de la operación de acarreo, compra y alteración de los sufragios de la jornada electoral del pasado 7 de junio, demandada desde antes de los comicios por el recién creado Morena.

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Su Pacto espurio los condenó

Proceso. JESUSA CERVANTES
El voto de castigo imperó. Los grandes perdedores en los recientes comicios fueron los partidos que impulsaron el Pacto por México a inicios de este sexenio: PRI, PAN y PRD. El priismo se quedó sin gubernaturas importantes y profundizó el repudio que concita entre grandes sectores debido a sus prácticas antidemocráticas. El panismo obtuvo su peor resultado en un cuarto de siglo, y el perredismo se desmoronó en la Ciudad de México: en sólo dos años y medio pasó de obtener 65% de la votación a alrededor de 20%.
El PRI se alzó con el triunfo en la Cámara de Diputados al lograr cuando menos 260 legisladores en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal). Sin embargo, la selección de sus nueve candidatos a gobernadores y el abandono económico en que la dirigencia nacional dejó a sus abanderados locales el pasado 7 de junio “disminuyeron a la presidencia del partido y fortalecieron a los gobernadores”.
Así resume la situación un operador priista, que detalla cómo a las dos de la tarde del 7 de junio la alerta sonó en el segundo piso del edificio sede del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI. Ahí, el presidente de este instituto político, César Camacho; la secretaria general, Ivonne Ortega; el secretario de Administración, Luis Vega, y el recientemente nombrado secretario de Elecciones, Arturo Zamora, empezaron a recibir desde Los Pinos llamadas de reclamo: Nuevo León y Querétaro, dos estados claves, se estaban perdiendo.
Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, fue el encargado del regaño. Primero habló con Camacho, quien de inmediato exigió a los gobernadores priistas “operar” para revertir las tendencias. Éstos le reclamaron que “al cuarto para las doce y sin que bajara el dinero, era imposible”. Después lo evidenciaron ante Nuño; Camacho se defendió arguyendo lo siguiente: Luis Vega “nunca nos dejó operar el dinero, ya sabes que sólo responde a Peña”.
Uno de los participantes en la encerrona sigue con el recuento: “Para las cuatro de la tarde esto era un pleito, había reclamos de todos lados. Nuño hablaba con los gobernadores, éstos le aseguraban que ni Camacho ni Ortega hicieron trabajo político en los estados: ‘Nos dejaron solos’”. Nuño seguía reclamando a Camacho, y éste se defendía alegando: los propios gobernadores “no quisieron que me metiera a operar”.
Y mientras la dirigencia priista recibía desde la Presidencia de la República presiones y reprimendas, en la sala de prensa instalada en la explanada central del partido se tenía el dato de que el candidato independiente Jaime Rodríguez El Bronco estaba nueve puntos por arriba de la priista Ivonne Álvarez García en Nuevo León, y que Claudia Pavlovich, ahijada política de Manlio Fabio Beltrones, recuperaba la gubernatura de Sonora con siete puntos de ventaja.
A las 7 de la tarde las dirigencias nacionales del PRD y el PAN salieron a dar tendencias. El PRI aguardó. Camacho nunca dio la cara a los medios de comunicación. En tanto, en los nueve estados donde se disputaban las gubernaturas, los aspirantes priistas se iban apareciendo tímidamente –acompañados incluso por voceros designados un día anterior, como fue el caso con Héctor Gutiérrez de la Garza, en Nuevo León–, hablaban de tendencias que no les favorecían o cómo aventajaban ligeramente en Colima y San Luis Potosí.
Proceso consultó a cuatro analistas del PRI, y todos coincidieron en que Camacho no quiso hablar para no arrogarse la responsabilidad de la derrota. Sólo apareció ante Televisa y, el lunes ante noticiarios de radio, vía telefónica.
En charla con Javier Solórzano, en el Canal 11, Camacho aceptó: “A las dos de la tarde me enteré por la tendencia (que íbamos perdiendo Nuevo León). Se empieza a abrir la línea, de suerte que estadísticamente es imposible que regrese. Nos provoca un gran dolor pero hay que admitir las cosas como son: hubo claroscuros (para el PRI)”.
“El partidazo” se atomiza
El CEN del PRI determinó que la Secretaría de Elecciones se hiciera cargo sólo de la elección federal, esto es, de la renovación de la Cámara de Diputados.
Esa dependencia se concentró en 60 distritos, en los cuales el PRI aventajaba o perdía por una diferencia de tres puntos o menos con su más cercano competidor. Durante el último mes, diariamente monitoreaba a los candidatos y les exigía que aseguraran el triunfo.
Así fue como el PRI logró 25 diputados en solitario y 131 en alianza con el PVEM. Este último partido, sin embargo, no ganó ni una sola diputación por sí mismo.
Al final, gracias a esta alianza, más los legisladores de representación proporcional y su coalición de facto con el Panal, el otrora “partidazo” en el poder se alzó con 260 diputados federales para la última legislatura de Peña Nieto.
Aunque el PRI logró la mayoría en la Cámara de Diputados, la falta de operadores políticos y apoyo económico en los estados donde ya gobierna el PRI generó una nueva fuerza para los mandatarios estatales, que a decir de los priistas consultados se rebelarán. Esto los puede convertir de nueva cuenta en jefes locales de su partido, “un poco como sucedió cuando se perdió la Presidencia de la República”.
Uno de los operadores del PRI –que pide el anonimato– relata que a mes y medio de las elecciones la dirigencia nacional envió a 700 operadores políticos a los nueve estados donde se renovaron gubernaturas (Colima, San Luis Potosí, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora, Campeche, Michoacán, Guerrero y Querétaro), más Guanajuato, Yucatán, Campeche, Tabasco, Morelos, Estado de México y Jalisco, en donde se eligieron alcaldías y legislaturas locales.
“A los gobernadores les dijeron que se hicieran cargo de sus elecciones locales, y en los estados donde el PRI es gobierno no les mandaron dinero”, relata el operador.
Lo anterior tendrá consecuencias en el siguiente presupuesto federal, que se votará en la Cámara de Diputados. “Como los gobernadores sacaron solos la elección, entonces son ‘sus’ diputados y a ellos responderán. Eso hará más tensa la relación con el gobierno federal”.
Pero además, advierten los analistas del PRI, habrá 12 elecciones el próximo año. Si la estrategia de estos comicios se repite, todos los mandatarios se sentirán libres de exigir, pues el CEN los dejó solos y sus diputados responderán a los intereses del jefe estatal.
“Los gobernadores que tendrán proceso electoral se convertirán en ‘gobernadores guerrilleros’. Eso tensará la relación con el gobierno federal. Este proceso, gracias a la desatención de la dirigencia nacional del PRI, a quien fortaleció fue a los gobernadores”, dice uno de los analistas.
Los perdedores
Nuevo León se convirtió no sólo en la sorpresa electoral para todo el país, sino que también, por sus resultados, ha puesto en peligro a César Camacho Quiroz como coordinador de la próxima bancada del PRI en San Lázaro.
Uno de los encargados del proceso de elección del candidato priista en Nuevo León admite que hubo desaciertos. Primero, dice, porque mientras la iniciativa privada respaldaba al priista Idelfonso Guajardo como abanderado del PRI, uno de los hombres cercanos e impulsor del actual Ejecutivo estatal, el senador Emilio Gamboa Patrón, promovió que el gobernador Rodrigo Medina designara al abanderado.
Medina se inclinó por otra cercana colaboradora de Gamboa, la también senadora Ivonne Álvarez. La caída de la priista en las encuestas era estrepitosa, por lo que desde la Presidencia Aurelio Nuño envió a uno de sus hombres cercanos a tratar de recomponer la situación: Enrique Jackson.
La confianza depositada en el sinaloense por parte de Nuño viene de tiempo atrás, cuando en 2006 se creó la alianza contra el aspirante a la candidatura presidencial Arturo Montiel. Y durante la LIX Legislatura federal, el sinaloense conoció a Nuño; tiempo después lo recomendó con Peña Nieto cuando éste gobernaba el Estado de México.
Jackson no pudo hacer nada. El Bronco ganó y al estar Camacho como encargado de las elecciones gubernamentales –y por lo tanto ser en parte responsable de la derrota en Nuevo León– es que, según las fuentes del propio PRI, Nuño pretende desplazarlo como coordinador de la bancada priista e imponer a Jackson, quien figura como tercero en la lista de diputados plurinominales por la primera circunscripción.
Sobre Michoacán, donde perdió José Ascensión Orihuela, los priistas detallan que ese aspirante fue impuesto por el propio Peña Nieto, mientras que Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, “placeó” públicamente al perredista Silvano Aureoles: Cuando éste era presidente de la Junta de Coordinación Política, Videgaray se presentó en Michoacán para anunciar un apoyo de 4 mil 112 millones de pesos para la entidad.
Fausto Vallejo aún era gobernador, y el Congreso local era el que había logrado el préstamo. No obstante, Videgaray lo anunció como concesión de la Federación y logro de la Cámara de Diputados federal –que entonces encabezaba Aureoles. “En el PRI sabemos que quien ganó con Michoacán fue Videgaray”.
En Colima se presenta una situación contraria. El candidato del PRI, Ignacio Peralta Sánchez –quien al cierre de la edición estaba a menos de un punto arriba del panista Jorge Luis Preciado–, fue subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y coordinador de Proyectos Especiales del equipo de transición de Peña Nieto. Es considerado un hombre cercano a Videgaray, e incluso los operadores de la Secretaría de Elecciones del PRI refieren que fue impuesto, pues las encuestas ubicaban como favorito a Federico Rangel, alcalde colimense.
“La imposición tensó la relación con el gobernador, pues Peralta nunca tuvo base social y tenía en su contra la falta de arraigo. Pero el Grupo Universidad, que encabeza el exgobernador Fernando Moreno Peña, lo arropó aun en contra del mandatario, quien al final dijo: ‘Lo vamos a tener que sacar adelante’. Esta falta de arraigo y la imposición fracturó al priismo y le dio ventaja al panismo”, comenta la fuente consultada.
Hoy, la gubernatura de Colima podría perderse en caso de que alguna de las casillas que se abran presente irregularidades en contra del PRI.
“El que estaba arriba en nuestras encuestas del PRI era el alcalde de San Luis Potosí, Mario García Valdés, pero aquí también se impuso a Carreras, quien por cierto fue funcionario de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, Corete, durante la administración del panista Felipe Calderón”, dice el operador priista. Así, las fuentes coinciden en que la derrota se atribuye a Camacho y Gamboa.
Por lo que respecta a Guerrero, el priista Héctor Astudillo Flores, virtual ganador de la gubernatura, es del grupo político del exgobernador de dicha entidad, René Juárez, según los analistas del PRI. “El acuerdo con el PRD y la Presidencia de Peña fue que tanto en Michoacán como en Guerrero se iba a respetar la elección si la diferencia era de más de seis puntos”.
Por lo que se refiere a la derrota en Querétaro, la gente del PRI la atribuye a la “desatención” del gobernador hacia el partido local. “Tonatiuh Salinas, presidente de la dirigencia local, estaba reestructurando el partido desde los (comités) seccionales, pero renunció en diciembre de 2014. El gobernador desatendió el proceso y el partido quedó abandonado. No hubo partido que respaldara la elección”.
Así, el calderonista Francisco Domínguez, del PAN, ganó la elección en dicha entidad.
El PRI también perdió Baja California Sur. Su abanderado fue el senador Ricardo Barroso Agramont. Si a esto se suman los fracasos de los también senadores Ivonne Álvarez (Nuevo León) y Ascención Orihuela (Michoacán) se entiende que Emilio Gamboa –coordinador del PRI en la llamada cámara alta– sea visto como uno de los padres del descalabro.
Y aunque Campeche lo ganó, el senador Alejandro Moreno Cárdenas también es considerado gente cercana al exgobernador de Oaxaca y autor del Pacto por México.
En la próxima reunión del CEN del PRI, la gente de la Secretaría de Elecciones no sólo advertirá de la pérdida de las gubernaturas, “sino de las principales ciudades como Guadalajara, Morelia, Zapopan, Celaya y León; perdimos el contacto con la gente y eso nos lo pueden cobrar en las próximas federales”.
Estos problemas los deberá resolver el siguiente presidente del PRI, pues se espera que una vez que Camacho asuma la diputación federal sea relevado de la cúpula del CEN. El rumor es que puede llegar Miguel Ángel Osorio Chong, y su lugar de la Secretaría de Gobernación sea ocupado por Nuño.

Ayotzinapa : el gobierno miente

PROCESO 2015

“Los cuarenta y tres desaparecidos: el caso del gobierno colapsa”. Así resume la prestigiada revista The New Yorker la fallida investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero.
En el artículo, firmado por Francisco Goldman y aparecido en la versión electrónica de la publicación estadunidense, se cuestiona la credibilidad y solidez de la llamada “verdad histórica” dictada por Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR, el 27 de enero último.
“Ocho meses han pasado desde que 43 estudiantes desaparecieron en la ciudad de Iguala. El crimen desató meses de protestas en las calles y mandó al gobierno priista de Enrique Peña Nieto a una crisis de credibilidad sin precedente”, señala el texto, difundido el lunes 8.
Añade: “A principios de marzo Murillo Karam fue removido de su cargo y reemplazado por Arely Gómez, una senadora del PRI que desde que fue asignada parece estar buscando bajar el perfil del caso Ayot­zinapa. Y por una buena razón la narrativa que fue dejada por Murillo Karam e inalterada por Gómez quedó en ruinas.
“Por meses, periodistas, forenses, expertos jurídicos y grupos de derechos humanos, con la ayuda de testigos y la persistencia de las familias de los estudiantes han descubierto muchos huecos en la historia, expuesto muchas incongruencias y han proveído mucha información contradictoria, que incluso los elementos que alguna vez parecieron ser hechos reales, por ejemplo la culpa del alcalde Abarca y su esposa, ahora son abiertamente cuestionados” por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Equipo Argentino de Antropología Forense y las investigaciones de los periodistas Anabel Hernández, Steve Fisher y Marcela Turati, publicadas por la revista mexicana Proceso, que exponen todas las inconsistencias de la investigación oficial.
Goldman pone especial énfasis en los videos publicados por este semanario el 14 de diciembre de 2014 (Proceso, 1989), obtenidos como parte de una investigación realizada por Hernández y Fisher en el marco del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, en los cuales se muestran momentos del ataque y se escucha que los estudiantes identifican la presencia de la Policía Federal en el evento.
Los videos fueron entregados por los propios normalistas a los reporteros y forman parte de la averiguación previa abierta por la Fiscalía General de Guerrero desde el 27 de septiembre de 2014.
“Aparentemente el procurador Murillo Karam ni siquiera tomó los teléfonos y videos de los estudiantes como evidencia. ‘La PGR no hizo una investigación completa,’ dijo Hernández.”
Además, “en la revista Proceso del 17 de mayo (No. 2011) Hernández y Fisher publicaron un reportaje extenso basado en el análisis de 27 de las 99 confesiones de personas detenidas en el caso de Ayotzinapa. Los reporteros encontraron muchas contradicciones y versiones irreconciliables de lo ocurrido esa noche, y mucha evidencia –obtenida de reportes médicos hechos a los detenidos y de testimonios de familiares que hablaron a nombre de ellos– de que esas confesiones fueron obtenidas bajo tortura”.
También se cita el reportaje de Turati publicado en Proceso (No. 2003) acerca de los informes militares obtenidos a través de la ley de transparencia. En ellos se revela que el 27 Batallón de Infantería estuvo patrullando las calles entre las 11 de la noche del 26 de septiembre hasta las seis de la mañana del día siguiente.
“La gente no va a olvidar o perdonar lo que pasó en Iguala”, se lee en el texto, que cita a Turati. “El caso es único, en parte, por la manera en que representa muchos otros casos similares, muchas otras masacres y atrocidades parecidas”.
El reportaje apunta: “El reporte preliminar del 11 de mayo entregado por el Grupo Interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH de varias maneras corroboró los reportajes de periodistas mexicanos como Hernández y Turati, y también añadió información. Criticó duramente la fragmentación de la indagatoria gubernamental en al menos 13 diferentes casos criminales, radicados en seis tribunales distintos localizados en varias ciudades del país”.
Refiere que los expertos también detectaron que durante las pesquisas del gobierno hubo casos de “tortura, intento de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia y amenazas en contra de los estudiantes y sobrevivientes”, y que las peticiones de los expertos de la CIDH para entrevistar directamente a miembros del 27 Batallón fueron rechazadas por las autoridades civiles, militares y policiacas.

Ayotzinapa : se caen las piezas claves de la versión oficial

Anabel Hernández .- PROCESO 2015


Una pieza clave en la versión que la PGR ha difundido tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa es que los estudiantes fueron detenidos y llevados a la base de la Policía Municipal de Iguala antes de ser entregados al cártel de Guerreros Unidos. Pero el juez de barandilla que debería haberlos recibido asegura que no fue así. En esta sexta entrega del reportaje realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, documentos y testimonios fortalecen la versión del juzgador, quien actualmente está solicitando asilo en Estados Unidos y teme por su vida.
Ulises Bernabé García era juez de barandilla de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014 –cuando se perpetró la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En entrevista exclusiva revela lo que pasó esa noche.
En esta sexta entrega de la investigación realizada con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, García asegura en entrevista –desde una ciudad mexicana fronteriza, y a punto de cruzar a Estados Unidos– que los estudiantes jamás fueron llevados a esa base y que tampoco llegaron policías municipales de Cocula, tal como asienta la versión oficial.
Su testimonio y documentos obtenidos para esta investigación revelan que la peor parte de los ataques contra los normalistas ocurrió cuando la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), el 27 Batallón de Infantería y la Policía Federal estaban operando en las calles de Iguala.
Una de las partes principales de la versión oficial es que, a las 11:30 de aquella noche, policías de Iguala se llevaron a estudiantes de la calle Juan Álvarez –donde ocurrió una de las agresiones contra los normalistas– a la base de la policía municipal.  En una versión, la PGR asienta que fueron los 43 y, en otra, que sólo 10 o 15. De ahí, en dos patrullas de la Policía Municipal de Cocula se los llevaron al paraje Loma de los Coyotes, donde los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, que supuestamente los asesinó y quemó a la media noche de ese día en un basurero.
En contraste, García afirma que, en las horas que la Procuraduría General de la República (PGR) dice que los estudiantes fueron llevados a la base, un militar conocido como el “Capitán Crespo”, del 27 Batallón de Infantería de Iguala, al mando de un grupo de 12 soldados uniformados y armados realizó una minuciosa inspección en toda la comandancia por más de 15 minutos. Poco después, señala García, llegó al mismo sitio el subprocurador de Guerrero, Víctor León Maldonado, y tomó control de la base por el resto de la noche y hasta las 8 de la mañana del día siguiente.
Reportes militares obtenidos por la periodista Marcela Turati, proporcionados en apoyo a esta investigación, prueban que elementos del 27 Batallón de Infantería visitaron dicho hospital a las 23:20 y pese a que ya había heridos emitieron un parte informativo “sin novedad”. También confirman que la Policía Federal estuvo operando esa noche a cargo del comandante apellidado Dorantes García.
Ahora se sabe que el nombre completo del “Capitán Crespo” es José Martínez Crespo, y es el mismo militar que fue al Hospital Cristina a amenazar a estudiantes sobrevivientes. El capitán y sus subordinados estuvieron activos toda la noche y hasta el amanecer en las calles de Iguala.
De acuerdo con información proporcionada en el 27 Batallón, a la fecha el mando militar sigue ahí, en funciones. Se pidió hablar con él pero la solicitud fue rechazada con el argumento de que “estaba ocupado”.
En las averiguaciones previas de la FGE (HID/SC/02/0993/2014 ) y de la PGR (AP/PGR/SEIDO/UEADMS/1017/2014), el supuesto traslado de los estudiantes a la comandancia es un eslabón fundamental para incriminar al gobierno local y deslindar al estatal y al federal. Sin esa pieza, la versión oficial tiene un enorme vacío, ya que no se sabría quiénes, cuándo y a dónde se llevaron a los 43 estudiantes.
El 21 de noviembre, García declaró en la PGR y después de eso el ejército comenzó a buscarlo. El 15 enero pasado, esa procuraduría giró una orden de arresto por su presunta participación en el crimen organizado y el secuestro de los alumnos. Actualmente él se encuentra en Estados Unidos, donde presentó una solicitud de asilo político. En entrevista asevera temer por su vida.
García, de 29 años de edad, entró a trabajar al municipio de Iguala hace cinco años en el área de Desarrollo Rural. En las elecciones municipales de 2012 fue asistente personal del candidato del PRI a la alcaldía, Eric Catalán, actual delegado federal del Trabajo en Guerrero. Perdieron la elección y dos meses antes de la toma de posesión de José Luis Abarca (PRD) pidió su cambio a la Policía Municipal y ocupó el cargo de asesor jurídico.
En julio de 2014, la persona que era juez de barandilla pidió un permiso y García lo sustituyó. Su trabajo consistía principalmente en poner multas y horas de cárcel por faltas administrativas: beber, escandalizar u orinar en la vía pública. El encargo terminaba el 30 de septiembre y después volvería a su puesto de asesor jurídico.
“O sea, lo mío fue mala suerte más que nada. Fue mala suerte estar en ese encargo en ese momento”, señala García.
Su nombre es mencionado en las averiguaciones de la FGE y de la PGR. Se asevera que interrogó a los normalistas en la base y los entregó a policías de Cocula. Él refiere algo distinto.
El 26 de septiembre
García expresa que el 26 de septiembre sólo hubo seis detenidos, de entre 30 y 35 años de edad, por beber en la vía pública. El último llegó como a las 21:30.
Su versión fue contrastada con las declaraciones ministeriales rendidas por policías municipales el 27 de septiembre, quienes informaron de la detención de seis personas –una en la calle Nayarit, cerca de la panadería Elvia, y cinco en un puesto de revisión policiaco en la carretera Iguala-Chilpancingo– porque iban manejando ebrias.
Los normalistas, en tanto, salieron de Ayotzinapa a las 17:59 horas y a las 20:00 horas llegaron en un camión a una caseta de cobro en las inmediaciones de Iguala, donde ya eran vigilados por policías estatales y federales. Otro camión se quedó en la autopista Chilpancingo-Iguala.
El primer ataque comenzó a las 21:40 horas, luego de que los normalistas tomaran otros tres autobuses de la central de camiones. La segunda agresión fue entre las 22:00 y las 23:00 horas, cuando tres de los camiones en que viajaban fueron cercados por policías en la calle Juan Álvarez, casi esquina con Periférico. A las 23:00 horas los agentes se retiraron y los sobrevivientes llamaron a la prensa y a compañeros.
García dice que él nunca se enteró del ataque porque no tenía ningún equipo policiaco: sólo era personal administrativo. Alrededor de las 23:30 horas, el policía responsable de la puerta de entrada de la comandancia le avisó que un militar quería verlo.
El Ejército en la comandancia
El militar –que se presentó como “El capitán Crespo”– entró acompañado de cinco soldados, con el pretexto de buscar una motocicleta blanca. Inspeccionó cada rincón de la comandancia: celdas, baños y todas las oficinas. Todavía estaban ahí los seis hombres detenidos, pero ningún estudiante.
“Era la primera vez que lo veía y hasta se me hizo sospechoso porque me dio una palmada en la espalda. Me habló muy como si nos conociéramos”, comenta García. “Le di toda la libertad: ‘Puedes revisar la comandancia’”. La inspección duró cerca de 15 minutos y la unidad castrense se retiró.
Luego de las 23:00 horas, estudiantes sobrevivientes ofrecieron una conferencia de prensa en la esquina de Juan Álvarez y Periférico. Aproximadamente a esa hora, un camión en el que viajaban jugadores del equipo de futbol Avispones –que se piensa que fueron confundidos con normalistas– fue baleado en la carretera federal Iguala-Chilpancingo. Tres personas murieron y hubo varios heridos.
Hubo un ataque más: alrededor de medianoche, un comando disparó contra los estudiantes y los periodistas reunidos en Juan Álvarez. Fueron asesinados Daniel Solís y Julio César Ramírez. En una reconstrucción realizada por los alumnos y sus abogados a principios de este año, cayeron en cuenta de que algunos de sus compañeros desaparecidos fueron capturados mientras huían de esa última agresión.
Según la declaración ministerial del estudiante Francisco Trinidad Chalma, aproximadamente a la media noche varios normalistas se refugiaron en el Hospital Cristina, ubicado a unos metros de la balacera, a donde llevaron a un compañero con una herida de bala en la cara. Ahí llegó el ejército:
“El que iba a cargo de esas unidades preguntó si éramos los ‘ayotzinapos’. Le pedimos ayuda para nuestro compañero que se estaba desangrando y nos dijo que ‘tuviéramos huevos para enfrentarlo como así hacíamos nuestro desmadre’. Cateó toda la clínica (…) buscaban armas pero nosotros no íbamos armados.”
El estudiante Omar García señaló: “El ejército llego rápidamente, entró, cortaron cartucho. (…) Nos acusó de que estábamos allanando morada, (…) que nos iban a llevar a todos, pues éramos delincuentes”. Les tomaron fotos y les pidieron su nombre real porque si no, “no los iban a encontrar”.
Un reporte militar ubica a Martínez Crespo como el capitán que fue al hospital.
El batallón que ocultó información
El 27 Batallón entregó cuatro partes de novedades sobre sus actividades del 26 de septiembre en Iguala. En la mayoría de ellos, los nombres de los funcionarios están tachados. Ahí se reportaron los movimientos de entradas y salidas de fuerzas. Algunas veces los cuatro refieren lo mismo, pero en otras hay diferencias. Su contenido delata que el comandante del batallón, José Rodríguez Pérez, pudo haber ocultado información a sus superiores y que sus subalternos le ocultaron datos a él.
Los partes 22615 y 22655, fechados el 26 y 27 de septiembre, respectivamente, fueron firmados por Rodríguez Pérez. Omitió informar de la salida de miembros del batallón para participar en el informe de actividades de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, y de todas las actividades de militares relacionadas con los ataques.
El mismo día 27 se hizo el tercer parte. El documento no tiene número y está signado por un sargento de infantería. En él se afirma que, a las 17:40 horas del día 26, un capitán segundo de infantería fue al informe de labores de Pineda Villa y regresó a la base a las 18:15, “sin novedad”. En realidad el informe se inició a las 18:30 horas y terminó a las 19:30 horas. Acudió el capitán Paul Escobar y, según testigos, se quedó hasta el final del evento.
Se señala que a las 00:30 horas –ya del día 27– salió un teniente de infantería acompañado de otros militares “con el fin de efectuar patrullamientos (sic) a inmediaciones de esta ciudad” y todos regresaron hasta las 03:10 de la madrugada. A las 00:40 salió el capitán Martínez Crespo (se consigna su nombre) con dos vehículos, también para hacer patrullajes, y él y su unidad volvieron a las 05:20 de la mañana.
El cuarto parte tampoco está numerado, pero aparece la rúbrica de un capitán segundo de infantería –cuyo nombre fue tachado, pero probablemente es Martínez Crespo. Ahí se indica que a las 23:20 horas del día 26 salió un teniente de infantería con otros militares “con la finalidad de recabar información al Hospital General de esta ciudad” y regresó a las 23:40 horas sin novedad”… pese a que en esa clínica ya estaban tres normalistas heridos.
Se indica que a las 23:50 horas salieron más militares para realizar patrullajes y retornaron a las 03:10 horas del 27 de septiembre, “sin novedad”.
A las 00:30 horas, señaló el capitán que firmó el informe, él también fue, acompañado de otros elementos, a hacer patrullajes en Iguala e inmediaciones, regresando al cuartel a las 05:55 horas “sin novedad”. Los horarios son muy similares a la salida de Martínez Crespo informada en el tercer reporte.
En otros informes del 27 Batallón fechados el 26 y 27 de septiembre, sin hora, se reconoce que los militares supieron de la llegada de los estudiantes a la caseta de cobro, de la toma de autobuses en la central camionera y de todos los ataques, y que cuando llegó el ejército al sitio de la agresión contra los Avispones ahí estaba el comandante de la Policía Federal Rafael Dorantes García. En reportes del gobierno de Guerrero lo identifican como Luis Antonio Dorantes García. Él también estaba enterado de todo lo ocurrido desde la llegada de los estudiantes a la caseta.
También se consigna que Martínez Crespo vio los cuerpos de dos estudiantes en la calle de Juan Álvarez y luego fue al Hospital Cristina.
La Fiscalía tomó el control
Tras la visita del ejército, a la base de la policía igualteca llegó el titular de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores, con el subprocurador de Guerrero, Víctor León Maldonado. Ellos vieron quiénes estaban detenidos y concentraron al personal. Les informaron que había ocurrido un ataque contra los normalistas y pidieron a los policías sus armas para hacerles peritajes.
El subprocurador se fue, pero la base quedó bajo el control de la Policía Ministerial de Guerrero. En ese momento arribaron familiares de los borrachos detenidos, pagaron su multa y se fueron. El último partió como a las 02:20 horas del día 27. “Me dieron los nombres y liquidaron su multa, la mínima”, explica el exjuez de barandilla García.
Cuando regresó el subprocurador se molestó porque los había liberado, pero nunca le indicaron que no podía hacerlo. Además, los sacó ante la presencia de la Policía Ministerial.
El exjuez de barandilla dice que mostró al subprocurador las papeletas que comprobaban la entrada y salida de esos detenidos y que días después entregó a la FGE un reporte y copias de las multas.
La mañana del 27 de septiembre todos los miembros de la Policía Municipal fueron concentrados en el cuartel de la Policía Estatal. “A mí me pasan con el subprocurador y me dice: ‘¿Dónde están los estudiantes?’, ‘¿Cuáles estudiantes? Yo no sé de qué me habla’”, relata García.
León Maldonado le dijo que había habido estudiantes en la base y él le contestó que eso no fue así. García quiso testificar pero no le tomaron su declaración, pero como tampoco lo detuvieron se fue a su casa.
Según la FGE, el agente municipal Hugo Hernández Arias acusó a García de haber tenido a los estudiantes en el patio de la comandancia, pero se tienen pruebas documentales de que su declaración fue alterada.
En octubre fueron aprehendidos por la PGR policías de Cocula. Once de ellos declararon haber participado en la detención de los estudiantes (Proceso 2011), pero se contradijeron en datos como las horas, y el cómo y a dónde se llevaron a los normalistas. Según los dictámenes médicos, la mayoría de los agentes encarcelados presentaban signos de tortura.
En mayo pasado, además, fue capturado Francisco Salgado Valladares, jefe de la policía municipal. Declaró a la PGR que los estudiantes sí fueron llevados a la base, pero a las 10 de la noche. Su testimonio se contradice incluso con la versión de la PGR.
Cuestionado sobre esas acusaciones, García asienta que son falsas. Que de ser ciertas, otros policías y personal administrativo que estaba en la base hubieran declarado que los estudiantes estuvieron ahí, porque el patio está en medio de la comandancia. Y que el ejército y los miembros de la Fiscalía de Guerrero los habrían visto.
En la base municipal había ocho funcionarios esa noche. En entrevista, una de esas personas, quien pide que se reserve su nombre por temor a represalias, corrobora lo dicho por García. Afirma contundente que nunca hubo estudiantes en la base y que tampoco llegaron los policías de Cocula, como difunde la PGR.
Para este reportaje se buscó insistentemente a León Maldonado, quien dejó la Fiscalía de Guerrero en abril pasado, según se observa en su cuenta de Facebook, pero nunca dio respuesta a la solicitud de entrevista. También se preguntó a la PGR su postura sobre las afirmaciones de García, y no hubo contestación.
La persecución
“Yo no puedo inventar algo que no pasó”, asevera García. “Otra: ¿en qué momento pudieron haber llegado (estudiantes) si el ejército llegó a las 11:30 de la noche a revisarme el área? No encontró nada. Llegaron ellos (los de la Fiscalía). Me dejaron al ministerio público, al policía, al encargado de la ministerial, al perito. Si hubieran llegado estudiantes ellos se habrían dado cuenta”.
La PGR lo citó a declarar el 21 de noviembre. Relató todo y presentó las copias de las boletas de entrada y salida de los seis ebrios detenidos. La PGR no lo aprehendió, pero luego el ejército comenzó a buscarlo.
“A mí me duele ver también que los señores (padres de familia) anden buscando a sus hijos desesperados. Pero me duele más ver que me estén culpando sin que yo tenga nada que ver, mientras que los que a lo mejor sí tienen responsabilidad andan sueltos en la calle.”

La morralla de Alarcón

Vendieron su voto más de una vez...

Morena denunciará los excesos y compra de votos de PRI, PVEM, PAN y PRD

López Obrador anuncia que su partido hará una evaluación de los comicios

Critica el tabasqueño la actitud de perredistas por negarse al recuento de los sufragios
Kafkiano, el pedido de panistas en el caso de Colima, considera el ex jefe de gobierno
Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada
Domingo 14 de junio de 2015, p. 8
Andrés Manuel López Obrador advirtió que Morena denunciará los excesos que cometieron PRI, PVEM, PAN y PRD con la compra de votos en los comicios del domingo pasado. Vamos a ir a las instancias correspondientes a exigir que se limpie lo más que se pueda la elección, subrayó.
Nosotros pensamos demandar, en hacer las denuncias sobre todo estos excesos, sobre toda esta corrupción que es la compra de votos, traficar con la pobreza de la gente. Es una gran inmoralidad lo que hacen, sostuvo.
En un video difundido en su página de Facebook, señaló que Morena fue el único partido que obtuvo votos sin gastar dinero, sin derroche, porque se hicieron las cosas con honestidad, diciéndole a la gente que se debía luchar por una transformación, sin entregar despensas ni materiales de construcción; sin entregar mochilas, sin comprar votos.
Nada que ver con lo que hicieron los otros partidos, dijo el presidente del Consejo Nacional de Morena.
El Partido Verde, por ejemplo, gastó miles de millones de pesos en esta campaña, comprando lealtades, votos. Ahí está el caso de Chiapas; hay que investigar de dónde salió todo ese dinero, porque fue un gran despilfarro, sostuvo.
Respecto al PRI, consideró: de los 10 millones de votos que obtuvieron, calculo que 70-80 por ciento fueron comprados, en el estado de México y otras entidades.
López Obrador afirmó que el PAN también incurrió en esa práctica. Pero “lo que da más tristeza y al mismo tiempo reafirma que fue buena la decisión que tomamos de abandonar ese partido, fue la actitud tan deshonesta de dirigentes, candidatos y gobernantes del PRD.
Foto
Andrés Manuel López Obrador en la jornada comicial del pasado 7 de junioFoto Carlos Ramos Mamahua
En el Distrito Federal compraron miles votos en Iztapalapa, en Coyoacán, en Gustavo A. Madero. También en Tabasco y hay que investigar de dónde salió todo ese dinero, añadió.
El dirigente de Morena cuestionó que el PRD, en contubernio con los del Instituto Electoral del Distrito Federal, se nieguen al recuento de sufragios.
Ya se va a hacer en Colima, lo está exigiendo el PAN, lo que es para Kafka, es surrealismo puro. Y lo está exigiendo el hijo de Martha Sahagún, del PRI y del PVEM, en Celaya. Pero en Gustavo A. Madero y en otras delegaciones (capitalinas) no quieren los del PRD.
Advirtió que permitirán que se implante el sistema de compra de votos porque de ocurrir ya nos llevó el tren. Ellos, la mafia del poder y sus partidos, tienen la fábrica de pobres y siempre va a haber pobreza y se les va a facilitar comprar lealtades, votos y conciencias.
López Obrador anunció que este domingo Morena realizará un consejo para hacer una evaluación del proceso electoral y prepararnos para lo que viene: los comicios del 19 de julio en Chiapas, donde se elegirán 122 presidentes municipales –hará una gira por el estado–, además de los procesos en los que se renovarán gubernaturas en 12 entidades, en junio del año próximo.

TVAzteca rumbo a la quiebra

Acciones de Tv Azteca se debilitan en la BMV; dejó de ser competitiva, dicen analistas

Sin Embargo

Ricardo Salinas Pliego. Foto: Cuartoscuro
Ricardo Salinas Pliego, dueño de TvAzteca. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– Los indicadores financieros de Televisión Azteca dentro de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) advierten que la televisora propiedad de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, uno de los empresarios más importantes de México, está en problemas financieros y, de acuerdo con analistas del mercado bursátil, también presenta problemas de competencia en su ramo.
Sus acciones tuvieron máximos de 9 pesos por unidad en 2009 y llegaron a casi 10 pesos en 2011. Pero en 2014 promediaron 7.91 pesos y en 2015 se mantienen en un mínimo de 4.10 pesos, al cierre del viernes pasado. Estas cifras han fortalecido el escenario de riesgo que la misma empresa previó a inicios de 2015: inestabilidad económica por los cambios en el marco regulatorio, por la competencia, por la reducción de contratos de publicidad y la imposibilidad de poder pagar su deuda que asciende a los 14 mil 557 millones de pesos.
Expertos en telecomunicaciones plantearon que esta caída podría deberse a factores externos, como el mercado internacional. Sin embargo, consideraron que también se debe a la baja competitividad que ha tenido la empresa con “programas baratos”.
“Los problemas económicos de la televisora obedecen al gasto excesivo en programas que no son redituables y a las inversiones en asuntos ajenos a la producción de televisión”, dijo Raúl Trejo Delarbre, doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Tv Azteca es una de las dos productoras más importantes de programación de televisión en español en el mundo y la segunda más grande de México, después de Televisa. Es concesionaria de 179 canales independientes de televisión distribuidos a lo largo del territorio nacional y que operan desde 346 sitios de transmisión ubicados en todo el país.
Su presencia entre las empresas con mayor variación a la baja en la BMV durante varias semanas despertó rumores sobre sus problemas económicos, que fueron acompañados de diversas declaraciones sobre el posible recorte en la producción de telenovelas. Sin embargo, la compañía no ha emitido información oficial al respecto.
En el reporte anual que presentó a la Bolsa Mexicana, la televisora alertaba sobre una serie de situaciones que podrían afectar su estabilidad económica. Como primer factor estableció la imposibilidad de poder pagar su deuda, que de 2012 a 2014 aumentó 3 mil 379 millones de pesos, para ubicarse en 14 mil 40 millones de pesos. Esta cifra creció en los primeros meses de 2015 otros 512 millones de pesos.
Actualmente, la empresa tiene un personal integrado por 6 mil 156 personas, de las cuales 2 mil 351 trabajan como independientes. Del global, mil 542 se enfocan al trabajo en producción, 2 mil 318 en labores administrativas, 290 son gerentes, 493 laboran en ventas y 704 forman parte de un sindicato. El 11 por ciento del personal presta servicios de forma permanente.
Su utilidad de operación en el primer trimestre de 2015 se ubicó en 110 millones de pesos, 186 millones menos de lo que registró en el mismo periodo de 2014.
En su informe del Primer Trimestre de 2015 se plantea que los costos y gastos aumentaron 7 por ciento, como resultado del incremento de 10 por ciento en costos de producción, programación y transmisión y por servicios de telecomunicaciones.
Juan José Gutiérrez Aragón, analista de Bursamétrica, comentó que una de las razones en la baja de las acciones podría deberse al entorno que hay en el mercado internacional ante la posible alza en las tazas de interés en Estados Unidos, pero que los bajos números señalan que el desempeño de la empresa no ha sido favorable.
Ante el cuestionamiento de que si en 2015 aún es redituable la inversión en empresas de televisión abierta, el analista bursátil –refiriéndose en concreto al duopolio mexicano– explicó que invertir en Televisa es invertir en mercados diversificados, en el que sobre sale la televisión de paga y que son los servicios que le están generando mayor rentabilidad. Mientras que Tv Azteca sólo lanzó en 2008 su canal de televisión restringida denominadoAzteca Novelas.
Aunado a esto, las ventas locales de publicidad cayeron 5.4 por ciento en el año pasado.
LA FÓRMULA DE TV BARATA
TV Azteca dejó de ser competitiva en su programación. Foto: Cuartoscuro
Tv Azteca dejó de ser competitiva en su programación, por “programas baratos”, dicen especialistas en el sector telecomunicaciones. Foto: Cuartoscuro
Otro de los factores a los que Tv Azteca adjudicaba a inicios de 2015 la posible crisis financiera, era la implementación de la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada desde 2013, con la que se generaban cambios al marco regulatorio de la publicidad, la preponderancia y la infraestructura. Además de la presencia de dos nuevos concesionarios de televisión abierta de cobertura nacional, que aumentaría los niveles de competencia.
Sin embargo, el académico Raúl Trejo Delarbre descartó que las complicaciones de Tv Azteca puedan derivarse de los cambios en el marco regulatorio, como ellos lo adjudican.
Desde su perspectiva, TvAzteca dejó de ser competitiva y dejó de pelear por el público.
“Tienen que reconocer que los contenidos que está ofreciendo le permiten tener una audiencia cautiva entre los que no tienen otra opción más que la televisión abierta. Sin embargo es difícil. Están acostumbrados a hacer una televisión barata, en la que gastan poco y recaudan mucho. Ese tiempo ya se acabó, pero no parece que ellos estén acatando ese cambio en el escenario audiovisual en México”, expuso.
La competitividad con Televisa repercute directamente en la economía de la empresa en el ámbito de la publicidad, ya que de este ingreso dependen el 22 por ciento de los ingresos netos de Azteca. La empresa de Emilio Azcárraga Jean genera la mayor parte de las ventas de publicidad en televisión mexicana de los últimos tres años.
Respecto a la nueva cadena de televisión abierta de cobertura nacional –Cadena Tres–, la televisora del Ajusco dice en su informe que no podrá asegurar que mantendrá o mejorará su participación en el mercado mexicano de publicidad en televisión, ni que sus costos para obtener programación y contratar personal de producción y creativo.
De la nueva Reforma en Telecomunicaciones, Azteca señala como puntos que le afectan de manera directa a la revocación de concesiones, la regulación de la competencia, la retransmisión de señales, la declaración de agentes preponderantes por sectores, lo que obliga a estos a informar y compartir su infraestructura con el resto de los competidores.
“Quizá Azteca no sea el negocio prioritario de Salinas Pliego, pero sí es su arma para hacer política. No sólo le interesa hacer dinero, sino que para hacer más dinero debe tener presencia política. Ese personaje ha hecho de la televisión una forma de coacción política, una forma de presión y un negocio que va más allá de los rendimientos financieros”, precisó Raúl Trejo.

Lorenzo .- Tarín

En seis estados se utiliza el ‘fracking’ desde 2003

En Veracruz, Puebla y Nuevo León se perfora vía 'fracking', antes de reforma energética

Aristegui Noticias 

La Alianza Mexicana Contra el Fracking y Carto Crítica difundieron documentos que revelan que de 2003 a la fecha se han realizado 924 pozos con la técnica de fractura hidráulica (fracking) en México,en seis estados del país.
La información, que ha sido posible recopilar mediante la solicitud de información pública connúmero de folio 1857500000714 realizada a Pemex Exploración y Producción, revela que ha habido perforaciones mediante esta técnica, esto en los estados de Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos).
La fracturación hidráulica se ha utilizado masivamente en México sin haber difundido información sobre los estudios de impacto ambiental de estos proyectos, ni reglamentación específica que vigile y antes de que la reforma energética sea aplicada en su totalidad.
“Los pozos de exploración utilizan el mismo método que los pozos de extracción. Los pozos de exploración utilizan la fractura hidcráulica”, dijo este viernes a El Siglo de Torreón, Manuel Llano, investigador de Carto Crítica y miembro de la Alianza Mexicana contra el Francking.
La perforación y operación de estos pozos no ha quedado en manos de Pemex, ya que para ello ha contratado a grandes empresas petroleras como Halliburton, Schlumberger o Baker Hughes, las mismas que ahora podrán participar en las licitaciones de la Ronda Uno para obtener directamente la concesión de estos campos de hidrocarburos.
La Alianza Mexicana informó a inicios de junio que estas perforaciones se han llevado a cabo sin información, consulta o consentimiento de comunidades afectadas y no existe información sobre los estudios de impacto ambiental de estos proyectos, ni reglamentación específica que vigile esta práctica altamente contaminante y dañina para la salud.
El ‘fracking’ es una técnica para extraer del subsuelo petróleo y gas natural de yacimientos llamados “no convencionales”, conformados por formaciones rocosas poco permeables denominadas lutitas bituminosas, estos suelen ubicarse a profundidades de entre mil y cinco mil metros por debajo de la superficie terrestre.
A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección a elevada presión de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros. Este flujo sin embargo, disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos muy cercanos al anterior para mantener la producción de los yacimientos. La fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua.
El documento  de Pemex no aclara si esas prácticas son de ‘fracking’ convencional o “no convencional”, dado que el segundo es el más criticado por el nivel de contaminación que genera, afirmó Llano.
(Con información de El Siglo de Torreón, Carto Crítica y la Alianza Mexicana contra el Fracking)