domingo, 5 de abril de 2015

Las razones de la tómbola .- José Antonio Aguilar Rivera en Nexos

La expresión de incredulidad de algunos de mis alumnos, cuando el primer día de clases saco de mi portafolios una pequeña tómbola de bingo y la coloco sobre mi escritorio, es indescriptible. La utilizo desde hace tiempo para organizar la participación en el curso. Dentro de ella hay el mismo número de bolitas que estudiantes. Los insaculados tienen el privilegio de pasar al frente para exponer sus impresiones sobre Aristóteles, Hobbes y otros pensadores políticos que tuvieron la fortuna de leer para la clase. Resulta que los griegos tenían una maquina similar a mi tómbola de bingo: la klëroteria. La utilizaban en la antigua Atenas, donde se empleaban tanto las elecciones como el sorteo para seleccionar a los magistrados.
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Los mexicanos tenemos curiosas ideas sobre la democracia. Por un lado, estamos seguros de que ideas como “equidad” son una parte intrínseca del gobierno representativo. Sin embargo, revísese por donde se quiera: en ningún manual de filosofía política o tratado de historia del pensamiento político se hallará que la equidad es parte de la democracia. Sin embargo, la gran mayoría de la clase intelectual y política cree que, en términos normativos, la equidad es un valor clave de la democracia en general. El supuesto muy mexicano de que es uno de sus valores fundamentales no tiene ningún fundamento en la teoría política. Lo creen por igual consejeros electorales y políticos electos. En estas páginas he argumentado las razones de ello.1
Por otro lado, nos sorprende el uso del sorteo. Esto se ha hecho evidente porque el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) decidió sortear dos terceras partes de sus candidaturas a diputaciones plurinominales para la elección federal del 7 de junio. El tercio restante será ocupado por externos. El pasado 23 de febrero se llevó a cabo el sorteo por medio de 10 enormes tómbolas. La convocatoria de ese partido estipulaba: “En cada Asamblea Distrital Electoral se elegirán hasta 10 propuestas (cinco hombres y cinco mujeres) por voto universal, directo y secreto, en urnas que estarán abiertas mientras haya votantes formados. No se permitirá el voto en ausencia. Cada afiliado sólo podrá votar por un hombre y por una mujer. Los cinco hombres y las cinco mujeres que tengan más votos participarán, junto con los/as 10 electos/as en cada uno de los demás distritos de la circunscripción, en el proceso de insaculación, entendiéndose por ésta la realización del sorteo que marca el Estatuto”.
Al final de la rifa, Andrés Manuel López Obrador afirmó: “Fue la suerte no fue el dedazo. No quedaron familiares de los dirigentes, recomendados de los de arriba, salieron hombres y mujeres del pueblo, ciudadanos limpios, nuevos, buenos, comprometidos con el pueblo y la nación”.2
Las reacciones a la peregrina idea de Morena fueron en general negativas. Muchos consideraron esta medida como una manipulación antidemocrática y caciquil del líder máximo de ese partido. El diputado federal perredista Fernando Belaunzarán afirmó categórico: “Será una farsa engañabobos”. Para él, “el poder no debe ser sorteado en una rifa”. De igual forma, el ex dirigente del mismo partido Guadalupe Acosta Naranjo se ufanó de que mientras que a su partido político le organizaba el Instituto Nacional Electoral sus elecciones internas, a Morena se las organizó la Lotería Nacional.
El problema, debemos decir, es que el poder, históricamente, sí se ha rifado. Y esa rifa ha sido considerada como una manifestación intrínseca de la democracia. La susceptibilidad que ofende el sorteo no es democrática, sino aristocrática, aunque no lo reconozcamos a cabalidad. Las elecciones están, estructuralmente, sesgadas a favor de los notables.3
Nuestra incredulidad sobre el sorteo no debe sorprendernos, pues es compartida por muchas democracias modernas. A pesar de que hoy consideramos a las elecciones como el sello distintivo de la democracia, durante mucho tiempo se pensó que el rasgo típico de la democracia era más bien el sorteo. Bernard Manin sostiene: “lo que es más, el sorteo es descrito como el método democrático de selección, mientras que las elecciones se consideran más oligárquicas o aristocráticas”.4 Herodoto y Jenofonte lo creían así. De acuerdo con Aristóteles: “lo que quiero decir es que se considera como democrático que las magistraturas se asignen por sorteo, como oligárquico que sean electivas, como democrático que no dependan de cualificaciones de propiedad y como oligárquico que dependan de ellas”.5 Mientras que para Aristóteles las elecciones no eran incompatibles con la democracia creía que, consideradas de manera aislada, eran un método oligárquico o aristocrático, en tanto que el sorteo era intrínsecamente democrático. Montesquieu y Rousseau tenían creencias similares respecto a la naturaleza aristocrática de las elecciones. En El contrato social Rousseau vincula el sorteo con la democracia y la elección con la aristocracia: “La selección por sorteo está en la naturaleza de la democracia”. Por su parte, Montesquieu afirmó: “La elección por sorteo es propia de la democracia; la designación por elección corresponde a la aristocracia. El sorteo es una forma de elección que no ofende a nadie y deja a cada ciudadano una esperanza razonable de servir a su patria”.6
Lo notable, como afirma Manin, es que el sorteo, que era una práctica que gozaba de cabal salud hasta el siglo XVIII, desapareció súbitamente cuando se inventó el gobierno representativo. En efecto, todavía la “más serena de las repúblicas”, Venecia, lo practicó hasta su caída en 1797. El sorteo era un componente bien establecido de la tradición republicana de gobierno, la cual a menudo combinaba este método con la elección. Estados Unidos y Francia se apartaron de ella cuando lo excluyeron de su maquinaria de gobierno. Como señala Manin, lo que es asombroso, a la luz de la tradición republicana y las teorizaciones que produjo, es la total ausencia de debates sobre el uso del sorteo en la asignación del poder en los primeros años del gobierno representativo. Muy pocos entre los fundadores de esa forma de gobierno en América o Francia consideraron seriamente la posibilidad de incorporar el sorteo para asignar cargos públicos. Para explicar esta ausencia debemos descartar, primero, el argumento de la viabilidad. No es que la insaculación no fuese practicable en las modernas repúblicas (era posible adaptar el sorteo a nuevas circunstancias), sino que las creencias sobre aquello que confería legitimidad a la autoridad colectiva habían cambiado. Había, como señala Manin, un asunto frente al cual la elección y el sorteo eran decididamente distintos: el principio de que toda autoridad legítima emana del consentimiento de aquellos sobre los que se ejerce. Por donde quiera que se le mire, el sorteo no puede ser concebido como una manifestación de consentimiento. En un sistema basado en el sorteo el consentimiento no puede manifestarse de la misma manera que en las elecciones. Sin consentimiento no hay obligación. He aquí, entonces, por qué esta redefinición de la legitimidad política y la obligación llevaron a que se eclipsara el sorteo y triunfara la elección.
¿Quiere esto decir que cualquier resurrección extemporánea del uso del sorteo es legítima? ¿Puede ser una cubierta para prácticas autoritarias? Para responder estas preguntas conviene echar una mirada a la práctica efectiva del sorteo en Atenas. Según Mogens Herman Hansen, la gran mayoría de los magistrados atenienses se seleccionaban por sorteo.7Cada año se insaculaban mil 100 cargos. Cada uno de ellos duraba 12 meses. Entraban a la klëroteria sólo aquellos ciudadanos, mayores de 30 años, que se presentaban al sorteo. Incluso en aquellas épocas el sorteo era una práctica controversial. El “padrón” del cual se debían elegir cada año los mil 100 magistrados era, en ese entonces, de cerca de 20 mil ciudadanos. Además, no se podía repetir en el cargo, aunque nada impedía que alguien obtuviera uno diferente habiendo transcurrido un año.
Según Hansen, a menudo había problemas para reclutar magistrados. Ello se debía a varios factores. El primero de ellos es que una vez seleccionado por sorteo, el ciudadano debía pasar una especie de confirmación por parte de los tribunales, llamada dokimasia. En esas audiencias las cortes podían revertir el nombramiento. Curiosamente, no se trataba de evaluar la competencia de los candidatos sino sólo de determinar si cumplían con los requisitos formales: edad, ciudadanía, que no se estuviera reeligiendo, etcétera. El aspirante debía probar ser amable con sus padres, pertenecer a una de las tres clases más ricas de la ciudad y haber realizado su servicio militar. También debían determinar si el candidato había cometido algún crimen. Lo interesante es que, a pesar de que el candidato reuniera todos los requisitos formales, podía ser rechazado con el argumento de que no era digno de asumir el cargo. Algunos ciudadanos atenienses fueron vetados por albergar “simpatías hacia la oligarquía”.
Sin embargo, más importante que la dokimasia para desalentar a posibles aspirantes a cargos públicos era la euthymai. Ésta era una especie de auditoria que se realizaba a todos los magistrados al final de su mandato. Si los auditores descubrían que el funcionario había cometido fraude o aceptado sobornos las penas eran severas. En el caso de malversación, la multa era de 10 veces el monto defraudado. Como señala Hansen, “un magistrado podía, al parecer, ser acusado de cualquier delito imaginable y la pena no se restringía a una multa de 10 veces el monto: la pena era fijada por el tribunal de acuerdo con las propuestas de los querellantes y varias fuentes consideran que la pena capital era una posibilidad”. Además del potencial castigo al final de su encargo, durante su magistratura cualquier miembro de la Asamblea podía proponer un voto de no confianza a cualquier magistrado y pedir su suspensión.
Claramente, el sorteo no incluía a todos los ciudadanos, sino sólo a aquellos que reunían ciertos requisitos de ciudadanía, edad e ingreso y que deseaban participar en él. Su gestión estaba vigilada y los castigos por mala conducta eran muy severos. Una espada de Damocles pendía sobre su cabeza durante y después de su gestión. Así que la rifa no era tan atractiva.
El sorteo en Atenas no sólo era una muestra de la soberanía del pueblo. Era algo más: un mecanismo de control popular. Era un preservador de la democracia. Los atenienses temían el regreso de la oligarquía. En su análisis Hansen llega a la conclusión de que la crítica de Sócrates a la democracia era un sofisma. Sócrates consideraba absurdo que se seleccionara a los magistrados por sorteo cuando nadie en su sano juicio elegiría al timonel de un barco utilizando una tómbola. Sin embargo, Hansen hace notar que los magistrados no podían dirigir al Estado de la misma forma en que lo haría un timonel con un barco. Los atenienses “escogían a sus magistrados por medio del sorteo precisamente para asegurarse de que no serían los timoneles del Estado: uno de los objetivos del sorteo era disminuir el poder de los magistrados. El sorteo no estaba basado en la idea de que todos los hombres eran igualmente expertos, sino en la certeza de que todos los hombres eran lo suficientemente expertos para hacer aquellas cosas para las cuales habían sido escogidos”.8 Gracias al empleo del sorteo las magistraturas dejarían de ser atractivas como armas en la lucha por el poder. Así, los atenienses mataban dos pájaros de un tiro: limitaban el poder de los magistrados y al mismo tiempo satisfacían el deseo de los ciudadanos de rotarse en los puestos públicos.
Quienes en el México del siglo XXI han revivido al sorteo tal vez no conozcan su historia. La tómbola tenía sus razones, y las tiene aún. Podría ser muy útil para evitar el faccionalismo, como ocurría entre los antiguos republicanos. El sorteo tal vez sea la mejor alternativa para nombrar a ciertos magistrados, como los consejeros electorales del INE. En otras áreas el sorteo está fuera de lugar absolutamente. El mismo personaje que lidera el partido de la tómbola propició el sorteo para acceder a la educación superior en la universidad —la Universidad de la Ciudad de México— que creó cuando era jefe de gobierno de la capital. Las universidades se basan en el mérito, no en la igualdad ciudadana, y emplear el sorteo para decidir quién ingresa es una cabal perversión de su función.
¿Qué hay de los candidatos de Morena a diputados plurinominales que este año se someterán al voto de la ciudadanía? Me parece que aquí podemos reconocer algunos de los rasgos políticos del sorteo como método. Por un lado, ciertamente apela a una estirpe democrática muy antigua. Se trata del sueño del ciudadano, más o menos común y corriente, que aspira a ser magistrado. Es el sueño de Demóstenes. Con todo, en el caso que nos ocupa hay que recordar que las tres mil personas insaculadas fueron, a su vez, producto de una elección en las asambleas distritales, no de un sorteo. Es decir, no todos los militantes de ese partido entraron a la rifa. Y ya que estamos en la vena de las restauraciones, sería bueno saber si Morena tiene pensado establecer procedimientos afines a la dokimasia y la euthymai de los griegos. Los atenienses corrían riesgos cuando se proponían para ser sorteados como magistrados. Para los insaculados en la rifa de Morena, en cambio, parecería no haber mayor costo. Algunos de los afortunados lo han celebrado como si en efecto se hubieran sacado la lotería.
Por otro lado, el sorteo tendría el mismo efecto que en Atenas: debilitar a los magistrados. En Atenas la idea era que los funcionarios no se convirtieran en una oligarquía o que favorecieran a los oligarcas. Deberían, por ello, tener muy poco peso propio frente a la gente. Entre nosotros, una bancada de partido sin cuadros políticos sería sin duda débil, pero no frente a la oligarquía, sino frente al líder del partido. Éste sería un gigante entre enanos. La bancada estará compuesta por un grupo de ciudadanos buenos, oscuros, puros y absolutamente desconocidos. Sin carreras políticas propias, entrarán y saldrán del Congreso tal como lo hacían los ciudadanos atenienses cada año, para regresar a la oscuridad y, una vez más, obedecer. Un factor que tal vez no haya sido debidamente considerado es que, como en Atenas, los diputados elegidos por sorteo —pues nadie votará personalmente por ellos al ser de representación proporcional— no le deben el cargo nadie. Es la suerte, como dijo AMLO. No sería sorprendente que salieran más independientes y respondones de lo que sus líderes se imaginan. La paradoja fundamental del sorteo en la era de Morena consiste en que es, a la vez, democrático y caciquil.

José Antonio Aguilar Rivera
Investigador del CIDE. Autor de La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 y Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, entre otros títulos.

1 José Antonio Aguilar Rivera, “Contra la equidad”, nexos, abril 2014.
2 Alberto Morales, “De la tómbola… a una curul federal”, El Universal, 24 de febrero de 2015.
3 José Antonio Aguilar, “Grandes expectativas. La democracia mexicana y sus descontentos”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 2014, LIX (222), pp. 19-50. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42131768002
4 Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo, Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 41.
5 Aristóteles, La política, libro IV, cap. 9, 1294b, 7-9.
6 Rousseau, El contrato social, libro IV, cap. 3; Montesquieu, El espíritu de las leyes, libro II, cap. 2.
7 Mogens Herman Hansen, The Atenían Democracy in the Age of Demostenes, University of Oklahoma Press, Norman, 1999, p. 230.
8 Ibíd., p. 236.

Los #300deMorena

Pide Morena a la PGR deslinde a sus candidatos de la mafia del poder

Niegan candidatura al payaso “Lagrimita” en Jalisco


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Guillermo Cienfuegos Pérez, conocido como el payaso Lagrimita, no competirá como candidato independiente por la alcaldía de Guadalajara debido a que no logró cumplir con todos los requisitos.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) anunció que con las firmas de apoyo ciudadano que fueron validadas, Cienfuegos “no alcanzó el porcentaje equivalente de electores correspondiente”.
El Consejo del IEPC decidió rechazar la solicitud de Lagrimita para otorgarle la posibilidad de aparecer en las boletas en la jornada electoral del próximo 7 de junio.
Cienfuegos se quedó a 988 firmas de lograr su registro como candidato independiente.
El payaso requería de un total de 23 mil 887 firmas, pero IEPC sólo le validó 22 mil 899.
Tras conocer la noticia, Cienfuegos calificó a los integrantes del IEPC de “tramposos, chapuceros y chismosos”.
El payaso asegura que sí juntó las firmas que le solicitaba la norma electoral, el correspondiente al 2 por ciento del padrón electoral de Guadalajara, en por lo menos la mitad de sus seccionales.

Grupo Higa también es encuestador

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Más allá de la obra pública, la renta de aeronaves o la construcción y financiamiento de residencias para la familia del presidente Enrique Peña Nieto y su círculo cercano, las empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú, integrantes o no de Grupo Higa, se diversificaron y buena parte de ellas colabora con el gobierno federal.
La más antigua de las razones sociales registrada por Hinojosa Cantú, Publicidad y Artículos Creativos, S.A. de C.V. (Pacsa), una imprenta con domicilio en Toluca, Estado de México, se convirtió este sexenio en casa encuestadora o especialista en diagnósticos de opinión para el gobierno federal.
De acuerdo con el contrato CNA-GRM-032/2013, signado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pagó 1 millón 972 mil pesos a dicha empresa con el objeto de realizar “un diagnóstico de la opinión sobre el cumplimiento a los programas y compromisos gubernamentales de la Conagua”.
El contrato se rubricó el 26 de junio de 2013 y los servicios se realizarían el mes inmediato posterior a la firma.
La copia del documento fue obtenida mediante una solicitud de información (Folio 1610100250614) y en sus anexos se expone que la empresa se obliga a realizar “un sondeo de opinión” especializado. El registro de datos debía servir como base para elaborar un informe “sobre los rubros técnico y social de las obras y/o acciones que se lleven a cabo en la ejecución cotidiana de la Conagua”.
Además, el sondeo y su informe debían integrar el “catálogo de conceptos, ruta crítica y desglose de costos, ya sea para compromisos gubernamentales, estadísticas hidráulicas y/u opinión de servicio”.
La encuesta de Higa
Pacsa es una de las empresas que Grupo Higa, en su página de internet, reivindica como integrante de su corporativo. A diferencia de las numerosas razones sociales que posee Juan Armando Hinojosa Cantú, descubiertas en los últimos meses como beneficiarias de contratos de obra que no se incluyen en la presentación digital del corporativo, la imprenta conforma su división publicitaria.
Según los datos que la página de Grupo Higa despliega sobre Pacsa, nada tiene que ver con estudios de opinión: sólo es una imprenta que presume de tener capacidad para imprimir 5 mil metros cuadrados diarios.
No obstante, los servicios que le contrataron incluyen el diseño de los sondeos, el plan de estudio e investigación, la realización de una prueba piloto, y codificación y procesamiento de datos con su correspondiente análisis y procesamiento, para finalmente entregar un informe de resultados.
Entre los temas prioritarios que se le asignaron a Pacsa en el contrato destaca la medición del nivel de conocimiento y aceptación de los programas contra sequías e inundaciones; la Cruzada Nacional contra el Hambre, en lo que corresponde a cobertura de agua potable y drenaje; opinión sobre el Sistema Meteorológico Nacional y sobre los compromisos presidenciales.
La medición estaba dirigida a Tabasco, Guerrero, Coahuila y Michoacán, y por lo expuesto en el contrato los resultados servirían internamente a la Conagua, así que no se hicieron públicos.
Empresas sin publicidad
La búsqueda de información sobre las razones sociales de Juan Armando Hinojosa Cantú es compleja. Además de las numerosas empresas que tiene registradas y son poco conocidas, en las plataformas públicas para la transparencia –como el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y Compranet– aparecen indistintamente con el nombre completo o con abreviaturas.
Es el caso de Autopistas de Vanguardia, que en ocasiones sólo se registra como Autovan, y también el de Publicidad y Artículos­ Creativos, que a veces aparece como Pacsa.
No obstante, los registros del POT sólo arrojan dos contratos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que juntos apenas superan los 300 mil pesos.
Como la empresa de taxis aéreos de Grupo Higa, Eolo Plus, la mencionada Pacsa fue desde hace años proveedora del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En 2009, este partido le otorgó un contrato cercano al millón de pesos. De acuerdo con los registros públicos, en 2013 le pagó sólo 144 mil pesos, y en 2014, 92 mil pesos más.
En los diferentes contratos localizados, los servicios de Pacsa sólo corresponden a la proveeduría de artículos publicitarios, es decir, de impresión. Todo cambia con el contrato firmado con Conagua, en la que aparece como realizadora de estudios de opinión.
No obstante, en dicho documento se establece que cuenta con los recursos técnicos, materiales y humanos para realizar el sondeo que la dependencia, cuyo titular es David Korenfeld, le encargó.

Eolo Plus, de Hinojosa Cantú, los aerotaxis preferidosde Hacienda y SCT

El empresario consentido de Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú, no sólo ha ganado millones de pesos gracias a generosos contratos de obra pública. En lo que va del sexenio también quintuplicó los ingresos (hasta llegar a 67 millones de pesos) de su compañía de aerotaxis Eolo Plus, gracias a adjudicaciones directas firmadas sobre todo con organismos controlados por las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes.
En apenas dos años, Eolo Plus, la empresa de taxis aéreos de Juan Armando Hinojosa Cantú, quintuplicó sus ingresos gracias a contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y diferentes dependencias y entidades gubernamentales coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante los dos últimos años de gobierno de Felipe Calderón, Eolo Plus obtuvo cinco contratos, de los cuales cuatro fueron con Pemex Exploración y Producción y uno con el IMSS. Esos convenios le reportaron menos de 13 millones de pesos.
Todo cambió a partir de diciembre de 2012. Aun cuando en el país hay al menos 137 empresas de taxis aéreos autorizadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (según el programa de verificación de permisionarios para 2015) y que la mitad de esas empresas tienen operaciones en el aeropuerto de Toluca, como Eolo Plus, los contratos asignados a ésta fueron mayoritariamente por adjudicación directa, es decir, sin someter a concurso la oferta de servicios con las numerosas empresas del sector que podría prestarlos.
Mediante un cruzamiento de datos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia y a la base de datos de compras gubernamentales Compranet, se observa que en los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto el consorcio del empresario ya acumula ingresos por 67 millones de pesos.
No es la primera vez que los actuales titulares de la SCT y de la SHCP –Gerardo Ruiz Esparza y Luis Videgaray Caso, respectivamente– son relacionados con Hinojosa Cantú y sus empresas, particularmente con el Grupo Higa.
A Ruiz Esparza se le señala por las numerosas y multimillonarias adjudicaciones de obra pública en favor de Hinojosa Cantú, mientras que Videgaray se vio forzado a admitir que el empresario le había vendido y financiado una residencia en el exclusivo club de golf de Malinalco, mediante un procedimiento idéntico al que permitió a Angélica Rivera –esposa de Peña Nieto– adquirir la llamada Casa Blanca en las Lomas de Chapultepec.
La información sobre la casa de Malinalco fue publicada en diciembre último por el diario estadunidense The Wall Street Journal, que el miércoles 18 de marzo avivó el escándalo por presunto conflicto de intereses al documentar que Hinojosa Cantú no tuvo ganancias cuando vendió la propiedad en 2012. De hecho registró pérdidas.
Sin embargo, los dividendos llegaron meses después para Eolo Plus, una de las empresas más conocidas del contratista originario de Reynosa, Tamaulipas, y avecindado en el Estado de México. La compañía fue ampliamente identificada luego de que, en el reportaje titulado La Casa Blanca de Peña Nieto, el equipo de investigación de Carmen Aristegui documentara que Eolo fue contratada durante la campaña presidencial de Peña Nieto.
Para entonces, la relación de Hinojosa Cantú con Peña Nieto y su círculo cercano era ampliamente conocida, en especial luego de que el 28 de julio de 2012 se desplomó un helicóptero Augusta, propiedad de Eolo Plus, en el que murió el hijo homónimo del contratista, quien regresaba de la Hacienda Cantalagua, donde Peña Nieto celebraba su cumpleaños (Proceso 1866).
Por esos meses hubo señalamientos sobre la presunta participación de los Hinojosa en el financiamiento de la campaña presidencial mediante la trama de las tarjetas Monex, sin que las indagatorias hayan arrojado consecuencias jurídicas hasta ahora.
El vuelo de Eolo
En los dos primeros años de gobierno de Peña Nieto, dependencias y entidades gubernamentales coordinadas o dependientes del secretario Videgaray adjudicaron cinco contratos a Eolo Plus, que significan un total de 37.4 millones de pesos.
De acuerdo con los datos obtenidos por Proceso, los montos que se exhiben en las diferentes plataformas de acceso público son antes de impuestos.
El primer contrato fue asignado por Banobras, dirigida entonces por Alfredo del Mazo Maza, primo de Peña Nieto y el más joven de una dinastía con siete décadas de poder. Por medio de una adjudicación directa, la banca de desarrollo otorgó un contrato a Eolo Plus por 10.7 millones de pesos, con vigencia del 1 de abril de 2013 al 31 de diciembre de 2014.
Luego vino otro convenio con Nacional Financiera, dirigida por Jacques Rogozinski, tecnócrata salinista a quien se atribuye la política de privatizaciones de los años noventa. Fue un contrato por 2.6 millones, vigente del 30 de agosto de 2013 al 8 de abril de 2014.
El 19 de septiembre de 2013, en tanto, la Sociedad Hipotecaria Federal, dirigida por Jesús Alberto Cano Vélez, le asignó un contrato por 6 millones de pesos. El titular de esa dependencia también responde a Videgaray, con quien se relacionó en la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la LXI Legislatura.
Siguió el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, que le asignó 15.6 millones de pesos por servicios prestados entre el 30 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2016. Esa institución era dirigida por el priista poblano Jorge Estefan Chidiac, designado por Videgaray.
Finalmente, y merced a un convenio válido del 2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016, el Banco Nacional de Comercio Exterior, dirigido por el hijo del expresidente Miguel de la Madrid, Ernesto de la Madrid Cordero, le asignó a Eolo Plus 2.5 millones de pesos.
A esos acuerdos se sumaría luego, sin ser dependencia controlada por Videgaray, un contrato de la Secretaría de Economía por “apenas” 156 mil pesos.
Caro para el gobierno
Los contratos públicos asignados a Eolo Plus se limitan a especificar los montos por concepto de transportación aérea. Contrastando el precio de cada hora de vuelo con el que ofrecen otras empresas de aerotaxis, se percibe un probable caso de sobreprecios.
A través de una solicitud de información a la SCT (folio 0000900324714) sobre los contratos con la empresa de Hinojosa Cantú, fue posible observar, en las cláusulas contractuales y en sus especificaciones en documentos anexos, que Eolo Plus no se hace cargo de diferentes gastos relacionados con la transportación.
En el contrato ADN-712-DGRM- 01/2014-61 –el único que la SCT remitió con anexos– se ve que Eolo Plus no se hace responsable del pago de tarifa por uso de aeropuerto, es decir la “renta” por permitir el aterrizaje y media hora de estacionamiento. Ese importe –que debe solventar la dependencia– varía en función del horario, tonelaje del avión y tiempo de maniobras.
Eolo Plus tampoco abona la cuota de derecho de uso de aeropuerto, de manera que los gastos por estacionamiento en plataforma, con tarifa por hora y pernocta, corren a cargo del erario, lo mismo que el servicio de “comisariato”, esto es, alimentos y bebidas que adicionalmente ofrece el consorcio.
En el anexo II del mencionado contrato se establece que los servicios se realizarán en cuatro tipos de aeronaves: Hawker 800, para ocho pasajeros, a 3 mil 300 dólares la hora de vuelo (h/v); Bombardier Challenger 601, para 12 pasajeros, a 5 mil 500 dólares h/v; Koala A 119 MKII, para seis pasajeros, a un costo de 3 mil dólares h/v; y Augusta A109S, para seis pasajeros, a 3 mil 800 dólares h/v.
Una serie de consultas con diferentes compañías de taxis aéreos demostró que Eolo Plus cobra caro. Por ejemplo Aerobahía –empresa con sede en Huatulco, Oaxaca– ofrece un Hawker 400 para ocho pasajeros en 3 mil 100 dólares h/v. Con otra empresa con sede en Toluca, que pidió evitar su identificación, un Augusta A109S se ofrece en 3 mil dólares h/v, en tanto que otras aeronaves equivalentes al Koala, para seis pasajeros, se ofrecen en 3 mil dólares h/v.
El lugar de despegue es relevante para el contrato, pues el anexo I establece que cuando sea desde un aeropuerto distinto al de Toluca se cobrará por las horas efectivas de vuelo para ir al lugar donde se solicite el servicio.
La sombra de Ruiz Esparza
En los primeros dos años de la actual administración, la SCT, a cargo de Ruiz Esparza, le asignó a Eolo Plus casi 30 millones de pesos en contratos.
El mencionado convenio ADN-712-DGRM-01/2014-61 (válido del 1 de abril al 31 de mayo de 2014) adjudicó a Eolo Plus 5.4 millones de pesos.
La SCT, a través de su dirección de Recursos Materiales, firmó con Eolo Plus otro contrato por 5.5 millones de pesos. Bajo la clave ADN-712-DGRM-01/2014-79, este acuerdo fue signado el 6 de junio de 2014 y formaliza la continuación del firmado en abril hasta el 31 de julio de 2014.
Posteriormente, mediante un convenio modificatorio, la SCT amplió el periodo del contrato por un mes e incrementó el monto a pagar en 1.1 millones de pesos. La cifra final, así, quedó en 6.6 millones.
Al concluir este convenio, se pactó uno más (ADN-712-DGRM-01/2014-87) por 17.2 millones, con vigencia del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2014.
Con esto, la suma obtenida por Eolo Plus durante 2013 y 2014 gracias a contratos con SCT y organismos sectorizados de la SHCP es de casi 67 millones de pesos.
La cifra es relativamente modesta, pues representa apenas 1% de todo lo ingresado por las distintas empresas de Hinojosa Cantú: 60 mil millones de pesos sólo en contratos de obra pública, según la estimación más reciente, difundida por la reportera Jesusa Cervantes (Proceso 2002).
Entre esos contratos de obra pública destaca la adjudicación directa para construir el hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un monto cercano a mil millones de pesos, una inversión temporal pues dicho aeropuerto desaparecerá con el nuevo proyecto aeroportuario.
Para el nuevo aeropuerto se había previsto que Grupo Higa formara parte de un consorcio integrado por CICSA, una constructora de Carlos Slim; ICA, de Bernardo Quintana; Prodemex, de Olegario Vázquez Raña; Coconal, de Héctor Ovalle; La Peninsular, de Carlos Hank Rohn; Grupo GIA, de Hipólito Gerard (cuñado de Carlos Salinas de Gortari); Tradeco, la consentida del calderonismo, y Marhnos, dirigida por Nicolás Mariscal Servitje.
La experiencia de las empresas de Grupo Higa en construcción aeroportuaria se limitaba a diferentes obras realizadas en el Aeropuerto Internacional de Toluca, asignadas a dicha empresa durante la administración de Peña Nieto como gobernador del Estado de México.
Sin embargo, el consorcio para edificar el nuevo aeropuerto, según informó ICA, se desintegró a finales de enero pasado (Proceso 2001) sin mayores explicaciones, en el contexto del escándalo de las casas construidas y financiadas por Hinojosa Cantú.

VIDEO DEL INSTITUTO COCHAMBRES .- Monosapiens

VIDEO DEL INSTITUTO COCHAMBRES

PRI teme el efecto "Peña Nieto"

JOSÉ GIL OLMOS
El PRI teme perder la mayoría absoluta que construyó en la Cámara de Diputados y buena parte de las gubernaturas que se disputarán el 7 de junio, según revelan documentos internos de ese partido. La culpa la tiene la pésima imagen de Enrique Peña Nieto; la alianza con el Partido Verde, cuyo dispendio mediático no reditúa lo proyectado, y las luchas intestinas. Ante ese panorama, el priismo ya no apuesta a sumar votos, sino a dividirlos entre sus oponentes. En Guerrero, Michoacán, Morelos y el Distrito Federal, por ejemplo, ordenó apoyar al PRD para debilitar a Morena.
El PRI está preocupado: calcula que en las elecciones del próximo 7 de junio perderá en 170 de 300 distritos electorales. De acuerdo con documentos internos de la dirigencia priista revisados por Proceso, ese partido admite que Enrique Peña Nieto es parte del problema, pues tiene una mala imagen entre los ciudadanos. Además, la alianza con el PVEM resulta menos efectiva de lo deseado: apenas le alcanzaría para mantener la mayoría relativa en la Cámara de Diputados.
Paralelamente, el PRI sospecha que perderá la gubernatura en Michoacán, donde nombró como candidato a Ascención Orihuela, y en Guerrero, con Héctor Astudillo, a quien el día de su lanzamiento en Chilpancingo le gritaron: “¡Ése ni en su casa gana!”. En Nuevo León se admite que la candidata Ivonne Álvarez tiene un contendiente muy fuerte: el panista Felipe de Jesús Cantú.
La más reciente encuesta de Parametría, publicada el lunes 23, muestra que las actuales intenciones de voto hacia San Lázaro son: PRI, 30%; PAN, 27%; PRD, 12%; Morena, 11%; PVEM, 10%; Movimiento Ciudadano, 3%; PT, 2%; Panal, 2%; Encuentro Social, 2%, y Partido Humanista, 1%.
De acuerdo con el ejercicio demoscópico de Jorge Buendía y Loredo, publicado en El Universal el 23 de febrero, el PRI sufrió una caída de 12 puntos porcentuales y tiene una ventaja de apenas cuatro sobre el PAN, que reporta el crecimiento más importante junto con Morena, el cual sumaría un total de 9% de las preferencias en sus primeros comicios.
Según el análisis de la cúpula del PRI, la alianza con el PVEM también es preocupante. No existe seguridad de que los integrantes de esa organización repitan los 11 puntos obtenidos en 2012, pese a la reciente campaña mediática en la que gastaron más de 500 millones de pesos. Se cree que pueden regresar a su nivel histórico de entre cuatro y cinco puntos.
Las multas por 166 millones de pesos impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la orden de detener la campaña en radio, cine y televisión que desplegó desde el año pasado frenaron el crecimiento del Verde. De hecho, el coordinador del PVEM en el Senado, Carlos Puente, anunció que su agrupación solicitará un crédito bancario por 150 millones de pesos para cubrir las multas, que alcanzan 80% de las prerrogativas anuales que le corresponden.
Un presidente que no reditúa
Desde hace meses, las encuestas nacionales evidencia un derrumbe en la percepción de la figura presidencial. El diario Reforma publicó el jueves 26 de marzo que la ciudadanía evaluó el desempeño de Peña Nieto con un promedio de cinco de calificación. Es la peor cifra desde que inició su sexenio. El mandatario tuvo su mejor nota en abril de 2013, cuando consiguió 6.3.
La encuesta cuatrimestral de dicho periódico indica que sólo 39% de la población aprueba el desempeño del titular del Ejecutivo y 57% lo reprueba.
Según el plan de evaluación electoral del PRI, el electorado percibe negativamente la gestión presidencial en lo concerniente a seguridad, transparencia, corrupción, violencia, derechos humanos y economía –que no crecerá ni 2% este año.
La desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, perpetrada entre el 26 y el 27 de septiembre pasado, y el escándalo de las propiedades de Angélica Rivera y Luis Videgaray, que presumiblemente implican conflicto de interés al haber sido financiadas por el contratista consentido de Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa, dañaron fuertemente la imagen del mandatario.
Otro golpe provino del pésimo estado que guardan los derechos humanos en el país. La administración federal fue criticada por la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otros organismos que le reprochan la gran cantidad de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y casos de tortura.
Esta situación, admite el PRI, ocasiona una “crisis discursiva” de esta organización ante el electorado.
Problemas internos
El PRI padece, además, problemas internos. Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional asientan que hay malestar entre los altos mandos priistas, pues en el proceso de selección de candidatos sólo se beneficiaron los grupos de unos pocos –como los del presidente y la secretaria general, César Camacho e Ivonne Ortega–, mientras que todos los que organizaron el proceso electoral desde el 7 de octubre de 2014 fueron marginados.
Como ejemplo del desacuerdo se reporta lo ocurrido en Querétaro, donde casi 7 mil 500 personas renunciaron al PRI desde el miércoles 4 de marzo, cuando los candidatos rindieron protesta.
El caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, exdirigente tricolor en el Distrito Federal, también resquebrajó al PRI. Una investigación periodística realizada por el equipo de Carmen Aristegui reveló que el político fomentaba la prostitución desde su cargo empleando los recursos de su partido.
Sin embargo, el viernes 20 de marzo la Comisión Nacional de Justicia Partidaria (CNJP) determinó mantener a Gutiérrez en el PRI y sólo suspendió de manera indefinida sus derechos políticos. Poco antes de que se difundiera la decisión, renunció al partido la presidenta de la CNJP, Italy Ciani Sotomayor, y poco después Reyna Araceli Tirado Gálvez, quien sustituyó a Sotomayor sólo unas horas.
Armando Barajas Ruiz, consejero político nacional del PRI, impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución de la CNJP.
Otro problema interno fue la salida de Samuel Aguilar de la Secretaría de Elecciones por diferencias con César Camacho en la selección de los abanderados y en la política de alianzas.
Según algunos líderes del PRI (que pidieron el anonimato), la lista final de candidatos fue palomeada por Peña Nieto, previa criba de Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, quien propuso lanzar como aspirante a una diputación federal a David López, excoordinador de Comunicación Social de Los Pinos, con el objetivo de quitarlo de en medio para que fuese designado Eduardo Sánchez.
La primera semana de diciembre de 2014, Nuño afirmó que la caída de la imagen reformista del mandatario se debía a fallas del área de comunicación. “Han bastado más de dos meses de tragedia (en alusión a los normalistas de Ayotzinapa), sospechas de corrupción y errores de comunicación del gobierno para que las expectativas generadas hace dos años por el plan de reformas lanzado por el presidente Enrique Peña Nieto al día siguiente de su toma de posesión, aquello que la prensa internacional llamó ‘el momento México’, se hayan desvanecido”, dijo en una entrevista con el diario español El País.
Ante este adverso panorama, algunos priistas apuestan al llamado “voto duro” para salir avante en las elecciones intermedias. Históricamente, en los comicios de mitad de sexenio ha participado alrededor de 47% del padrón nacional; sin embargo, ahora se prevé una concurrencia de 40% a 42%. A lo largo de los años, fomentar el abstencionismo le ha convenido al PRI, que tiene más voto clientelar y corporativista que otros partidos.
Mapaches y perredismo
A partir de la primera semana de abril, el PRI desplegará un ejército de 700 “delegados de activismo” u “operadores electorales” bajo el mando del secretario de Organización, José Alfaro, y del subsecretario, Gerardo García. Se encargarán de conseguir sufragios para el priismo y “movilizar la estructura” el 7 de junio, cuando en total se disputarán mil 705 puestos de elección popular en 17 estados.
A cada uno de los 300 distritos electorales se mandarán dos “delegados de activismo y movilización”. Los 100 restantes fungirán como coordinadores.
La orden presidencial es que en Guerrero, Michoacán, Morelos y el Distrito Federal los operadores priistas apoyen al PRD. El primer objetivo es que la agrupación que declara ser de izquierda siga apoyando al peñanietismo. El segundo, que el perredismo funja de contrapeso ante el acelerado crecimiento de Morena, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
“Morena ha mostrado un crecimiento sistemático desde finales de 2014, y en algunas zonas del país, como la Ciudad de México, con registros de preferencia cercanos a 20% o más. En esta medición es notable que Morena esté por arriba del Partido Verde por primera vez en la serie El Financiero-Parametría. La preferencia de Morena de 11% es la más alta que se ha registrado en la serie”, señaló la casa encuestadora en su última entrega.
La cúpula priista teme que el avance del Verde resulte insuficiente para dominar la Cámara de Diputados. La dirigencia calcula que el PRI conseguirá 130 diputaciones directas y 50 de representación proporcional. Es decir, obtendrá 180 curules frente a las 237 que tiene actualmente. El PVEM alcanzaría 25, siete más de las que hoy posee. La suma de ambos da 205, es decir, 46 menos de las que conforman la mayoría absoluta.
Las alarmas
Los documentos del PRI revelan otro temor de ese partido: el riesgo de que en algunas entidades el crimen organizado presione a los candidatos priistas a presidencias municipales, y de que diversos movimientos sociales traten de impedir la instalación de casillas.
Las entidades donde se presagia violencia son Guerrero, Oaxaca y Michoacán, mientras que en Baja California Sur, Sonora, Estado de México, Jalisco, Colima, Querétaro, Nuevo León y Morelos la amenaza proviene de los grupos criminales.
“De la presencia del crimen organizado no se quiere hablar nada”, dice un dirigente del PRI consultado al respecto. No obstante, indica que para las entidades donde los maestros y organizaciones sociales están anunciando un boicot “se militarizará la elección”: Se enviarán tropas para garantizar que se instale la cantidad de casillas necesaria para declarar válida la jornada electoral.
Según el entrevistado, que pide el anonimato, el PRI tiene escasas posibilidades de ganar las diputaciones locales y las delegaciones del Distrito Federal; de ahí que la estrategia sea restarle apoyo a Morena y apoyar al PRD, que hizo alianzas de última hora con el Panal y el Partido del Trabajo.
Por esta coalición en 14 delegaciones el comisionado nacional del PT en el Distrito Federal, Adolfo Orive, presentó su renuncia al cargo. En respuesta, la dirigencia petista lo expulsó del partido el jueves 26.
En la elección para gobernador de Baja California Sur, Nuevo León y Sonora, el priismo espera derrotas ante el PAN. En Guerrero perdería ante el PRD.