Contra las normas, así es como operaba este asilo para adultos mayores, con base en los resultados una búsqueda realizada en bases de datos oficiales:
- Hasta el día del incendio, el asilo no se encontraba inscrito en el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social del DIF Nacional, aun cuando la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, en materia de asistencia social, obliga a todas las instituciones públicas y privadas que prestan servicios de asistencia social para adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad, a estar inscritos en dicho directorio para su operación. La norma señala, además, que la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de sus disposiciones, recae en la SSA a nivel federal y en las autoridades correspondientes a nivel local.
- La Asociación Civil (A.C)) “Sociedad Cultural Impulsora de Bienestar Social” que administraba los recursos y bienes del asilo, operaba desde 2003 con una razón social que la avalaba una organización dedicada a la operación de centros de rehabilitación, no así a la administración de asilos para adultos mayores.
- En enero de 2015, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló las operaciones de la Sociedad Cultural Impulsora de Bienestar Social A.C, luego de que sus directivos no presentaran la declaración de impuestos del año 2013.
- A esto hay que sumar la existencia de una denuncia penal contra los ex administradores del asilo, quienes en septiembre de 2014 fueron denunciados penalmente y destituidos de la A.C, por los actuales directivos, por la supuesta malversación de 200 mil pesos de un programa social.
- Además, la madrugada del incendio, sólo tres trabajadores se encontraban presentes para atender a 44 adultos mayores, muchos de ellos enfermos o con algún tipo de discapacidad que les impedía moverse. Según la NOM-031-SSA3-2012, todo asilo permanente par adultos mayores “debe contar preferentemente con el siguiente personal: responsable sanitario del establecimiento, médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermera, cuidador, trabajador social, dietista, cocinera, intendente y vigilante. Un total de once personas.
- No sólo eso. Según esta misma norma, “los muros (de los asilos) no deben ser hechos con materiales inflamables”, lo que evidentemente no ocurrió en este caso, pues el inmueble de la “Casa Hogar Nuevo Atardecer” estaba construido con madera y tabla roca, materiales “ligeros” para el clima extremo de Mexicali, pero altamente inflamables.
¿Acción premeditada?
A pesar de que existen pruebas que demuestran que el asilo operaba ilegalmente desde su fundación, funcionarios que investigan el incendio han dicho que el siniestro pudo tratarse de una acción “premeditada”. Como móvil plantean una denuncia penal interpuesta contra los anteriores administradores del centro, por supuesta malversación de recursos de un programa social.
La información preliminar ofrecida por el subprocurador de justicia en Mexicali, Fernando Ramírez, es que aun cuando se tiene la declaración de un administrador del asilo, quien sostiene que el incendio fue provocado por una persona, hasta el momento no se ha localizado ningún indicio que corrobore esa línea.
Por su parte, el director de Bomberos de Mexicali, Fernando Rivera, ha dicho que el incendio tiene tintes de haber sido “provocado”, pero se ha negado a hablar de las condiciones en las que se encontraba la institución. De hecho, según el subprocurador Ramírez, el peritaje que entregó la Dirección de Bomberos de Mexicali a la PGJE revela que el incendio fue “premeditado”.
Asilo Nuevo Atardecer.
Las dudas
A una semana de los hechos, sin embargo, las investigaciones ministeriales continúan en manos de peritos de la PGJE, quienes independientemente de las líneas que establezcan tendrán que responder una serie de interrogantes sobre la seguridad del asilo. Por ejemplo, explicar si las instalaciones eran 100% seguras, como lo marca la norma, o si contaban con los permisos correspondientes de uso de suelo que otorga el Ayuntamiento.
Además, aclarar cómo influyó en la muerte de los 17 ancianos, que sólo tres empleados los pudieran atender en medio de la emergencia, e informar por qué el asilo operaba fuera de la norma y con una razón social que tenía como objetivo rehabilitar a personas adictas a las drogas.
Asilo Nuevo Atardecer.
Ante los señalamientos de que pudo ser una acción premeditada en represalia a una denuncia penal por el delito de “administración fraudulenta” por el desvío de 200 mil pesos de un programa social, la PGJE tendrá que explicar quiénes son los personajes involucrados y determinar el supuesto destino que tuvieron los recursos defraudados o si nunca hubo tal delito. No sólo por la sospecha del móvil y el interés público del caso, sino porque la casa hogar era administrada por una A.C que desde su conformación, en 2003, recibía dinero público y donaciones privadas.
Asilo operaba con registro de centro de rehabilitación
El 26 de junio de 2003, la Sociedad Cultural Impulsora de Bienestar Social A.C, quedo registrada ante un notario público.
Lo hicieron como una asociación “sin fines de lucro” autorizada para recibir donaciones públicas y privadas.
Según la partida 5260029 del RPPBC, la asociación tenía como objeto social “establecer, dirigir, administrar y mantener en funcionamiento centros de atención médica y de salud, centros de rehabilitación”. En ningún momento se menciona la atención de adultos mayores.
El monto del capital social de la asociación fue de cinco mil pesos, por lo que cada uno de los socios aportó mil pesos.
Como presidente de la A.C fue nombrado Humberto Cota Cota, pastor cristiano de Mexicali, y como vicepresidenta, María Luisa López Ávila, esposa del pastor.
Como secretario quedó Amaral Perches Ruiz, como tesorero Fernando Lázaro Ibarra y como vocal Gloria del Carmen Rodríguez Gómez.
Los nuevos asociados le dieron el “poder” al pastor Cota -quien ya presidia el “Centro Cultural Visión y Misión A.C”, dedicado al estudio de la teología así como a la administración de guarderías y centros educativos- para que los representara legalmente en cualquier “pleito, cobranza o acto administrativo”.
De esa manera se conformó legalmente la Sociedad Cultural Impulsora de Bienestar Social, que ese mismo año comenzó a administrar la “Casa Hogar Hermoso Atardecer” para personas en situación de abandono y la tercera de edad, cuyas instalaciones en el Ejido Querétaro tenían un año de operar bajo la tutela y patrocinio del pastor Cota, su esposa y diferentes miembros de la comunidad cristiana en Mexicali.
El acuerdo verbal que el pastor Cota hizo con la asamblea del Ejido para que lo dejaran operar un asilo y cederle en comodato un terreno de dos hectáreas fue que en dicho predio se construyera, además, un centro de rehabilitación. Sin embargo, sólo se cumplió la parte del asilo.
Candados para evitar desvíos
Los documentos del RPPCBC, en poder de Animal Político, revelan que el 6 de abril de 2005 los representantes de la Sociedad Cultural Impulsora de Bienestar Social tuvieron una protocolización de asamblea en la que decidieron destituir a tres de sus integrantes, dar la bienvenida a otros tres y poner candados entre sus miembros para evitar el desvío de recursos.
Entre los integrantes destituidos se encontraba Amaral Perchez Ruiz, secretario de la A.C, así como Enrique Humberto Carrasco Ávila y Sergio Quintera Varela, quienes en 2003 no figuraban en el acta inicial de la asociación presentada ante el RPPCBC. En contraste, entre los nuevos miembros que llegaron a la asociación se encontraba Sergio Avitia Nalda, exdiputado del PRI y actual gerente de la Comisión Nacional Forestal en Baja California, quien en ese momento fue nombrado vocal de la asociación administradora del asilo.
En el caso de las cláusulas que integraron al objeto de la asociación, éstas iban encaminadas a imponer candados a sus integrantes para evitar la malversación de los activos y recursos de la organización, además de ampliar la donación de recursos al sostenimiento de “establecimientos culturales y asistenciales para personas de escasos recursos”.
Además, establecieron un punto de acuerdo donde se informaba que los asociados, cualquiera que fuera su calidad, que se separaran voluntariamente o que fueran excluidos de la misma, perderían “todo el derecho al haber social”, lo cual fue avalado por el pastor Cota, quien seguía presidiendo la organización.
Los recursos públicos
Por nueve años más, el pastor Cota fungió como presidente de la Sociedad Cultural Impulsora de Bienestar Social y como administrador de la “Casa Hogar Nuevo Atardecer”. Durante todo ese periodo, siguieron recibiendo recursos públicos y privados para la atención de adultos mayores, aun cuando en ningún momento cambiaron el objeto social de la organización que seguía operando como centro de rehabilitación.
Aun cuando es desconocido el monto de dinero que recibió la organización en 12 años, existen pruebas en bases oficiales del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal, así como del gobierno de Baja California, que demuestran cómo sistemáticamente recibían dinero público para la atención de adultos mayores.
En 2010, como parte del Programa de Coinversión Social, INDESOL les entregó 267 mil 086 pesos para dos proyectos: “¿Cuál calor? Mi hogar me protege” y “Confort y descanso, me siento mejor”. El gobierno estatal, como parte del mismo programa, les dio 82 mil 503 pesos, es decir un total de 349 mil 589 pesos (poco más de 23 mil dólares). Aparte, durante los dos primeros trimestres de 2014, el gobierno estatal les entregó otros 65 mil pesos para la manutención del asilo.
Pastor crea nueva A.C
Fue en septiembre de 2014 cuando el pastor Cota y su esposa “dejaron” las instalaciones de la casa hogar del Ejido Querétaro y abrieron un nuevo centro para adultos mayores en el Ejido Veracruz de Mexicali, menciona la propia pareja en la página de internet perteneciente al nuevo asilo.
Según documentos del RPPBC, el 30 de septiembre de 2014, la pareja y su hija Johana, fundaron la A.C “Casa Hogar Hermoso Atardecer”, que tiene como objeto social el “atender y dar asistencia a las personas y comunidades que se encuentran en condiciones de pobreza, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y en especial atender a adultos mayores en riesgo y vulnerabilidad”.
Se trata de la cuarta asociación civil “sin fines de lucro” fundada por el pastor Cota en un periodo de 13 años.
La destitución del pastor
Una semana antes de la conformación de la nueva asociación del pastor Cota, el 24 de septiembre de 2014 los integrantes de la Sociedad Cultural Impulsora de Bienestar Social A.C, protocolizaron un acta de asamblea ante el RPPCBC, donde informaban de la remoción de Cota como presidente y tesorero de la asociación, e informaban de la nueva restructuración del Consejo Directivo que administraría los bienes de la asociación, entre estos el asilo Nuevo Atardecer.
“Queda formalizado el acuerdo de asamblea mediante el cual queda libre la remoción de su cargo al señor Humberto Cota Cota, en base a el acta de asamblea del 30 de octubre de 2010. Como presidente y tesorero, respectivamente”, señala el documento.
Como parte de la nueva restructuración del Consejo Directivo de la asociación, se nombró presidente a Ramón Ernesto Murillo Ochoa y vicepresidenta a Lourdes Sánchez Cabrales. Por su parte, el priista Sergio Avitia Nalda, quien fungía como vocal desde hace 9 años, fue nombrado tesorero.
Públicamente los nuevos encargados de la asociación que administra el asilo, nunca hablaron de la salida del pastor Cota como encargado, pero tras su remoción presentaron una denuncia penal contra su administración por la supuesta malversación de 200 mil pesos de un programa social otorgado por la federación.
Tres meses más tarde de la destitución del pastor Cota, el 9 de enero de 2015, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación que la “Sociedad Cultural Impulsora de Bienestar Social” había perdido su autorización como asociación, lo anterior por no haber presentado la “declaración anual de ingresos y egresos” del año 2013.
Animal Político contactó con la señora María Luisa López, esposa del pastor Cota, así como con Alberto Mendoza, representante del asilo siniestrado, y por separado se negaron a ofrecer una declaración sobre la negligencia en la que incurrieron y las acusaciones de administración fraudulenta.
A una semana del fatal incendio, la PGJE no ha avanzado en sus indagatorias y ninguno de los personajes involucrados en la operación del centro han declarado sobre las responsabilidades en las que incurrieron.
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