“Los cuarenta y tres desaparecidos: el caso del gobierno colapsa”. Así resume la prestigiada revista The New Yorker la fallida investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero.
En el artículo, firmado por Francisco Goldman y aparecido en la versión electrónica de la publicación estadunidense, se cuestiona la credibilidad y solidez de la llamada “verdad histórica” dictada por Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR, el 27 de enero último.
“Ocho meses han pasado desde que 43 estudiantes desaparecieron en la ciudad de Iguala. El crimen desató meses de protestas en las calles y mandó al gobierno priista de Enrique Peña Nieto a una crisis de credibilidad sin precedente”, señala el texto, difundido el lunes 8.
Añade: “A principios de marzo Murillo Karam fue removido de su cargo y reemplazado por Arely Gómez, una senadora del PRI que desde que fue asignada parece estar buscando bajar el perfil del caso Ayotzinapa. Y por una buena razón la narrativa que fue dejada por Murillo Karam e inalterada por Gómez quedó en ruinas.
“Por meses, periodistas, forenses, expertos jurídicos y grupos de derechos humanos, con la ayuda de testigos y la persistencia de las familias de los estudiantes han descubierto muchos huecos en la historia, expuesto muchas incongruencias y han proveído mucha información contradictoria, que incluso los elementos que alguna vez parecieron ser hechos reales, por ejemplo la culpa del alcalde Abarca y su esposa, ahora son abiertamente cuestionados” por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Equipo Argentino de Antropología Forense y las investigaciones de los periodistas Anabel Hernández, Steve Fisher y Marcela Turati, publicadas por la revista mexicana Proceso, que exponen todas las inconsistencias de la investigación oficial.
Goldman pone especial énfasis en los videos publicados por este semanario el 14 de diciembre de 2014 (Proceso, 1989), obtenidos como parte de una investigación realizada por Hernández y Fisher en el marco del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, en los cuales se muestran momentos del ataque y se escucha que los estudiantes identifican la presencia de la Policía Federal en el evento.
Los videos fueron entregados por los propios normalistas a los reporteros y forman parte de la averiguación previa abierta por la Fiscalía General de Guerrero desde el 27 de septiembre de 2014.
“Aparentemente el procurador Murillo Karam ni siquiera tomó los teléfonos y videos de los estudiantes como evidencia. ‘La PGR no hizo una investigación completa,’ dijo Hernández.”
Además, “en la revista Proceso del 17 de mayo (No. 2011) Hernández y Fisher publicaron un reportaje extenso basado en el análisis de 27 de las 99 confesiones de personas detenidas en el caso de Ayotzinapa. Los reporteros encontraron muchas contradicciones y versiones irreconciliables de lo ocurrido esa noche, y mucha evidencia –obtenida de reportes médicos hechos a los detenidos y de testimonios de familiares que hablaron a nombre de ellos– de que esas confesiones fueron obtenidas bajo tortura”.
También se cita el reportaje de Turati publicado en Proceso (No. 2003) acerca de los informes militares obtenidos a través de la ley de transparencia. En ellos se revela que el 27 Batallón de Infantería estuvo patrullando las calles entre las 11 de la noche del 26 de septiembre hasta las seis de la mañana del día siguiente.
“La gente no va a olvidar o perdonar lo que pasó en Iguala”, se lee en el texto, que cita a Turati. “El caso es único, en parte, por la manera en que representa muchos otros casos similares, muchas otras masacres y atrocidades parecidas”.
El reportaje apunta: “El reporte preliminar del 11 de mayo entregado por el Grupo Interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH de varias maneras corroboró los reportajes de periodistas mexicanos como Hernández y Turati, y también añadió información. Criticó duramente la fragmentación de la indagatoria gubernamental en al menos 13 diferentes casos criminales, radicados en seis tribunales distintos localizados en varias ciudades del país”.
Refiere que los expertos también detectaron que durante las pesquisas del gobierno hubo casos de “tortura, intento de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia y amenazas en contra de los estudiantes y sobrevivientes”, y que las peticiones de los expertos de la CIDH para entrevistar directamente a miembros del 27 Batallón fueron rechazadas por las autoridades civiles, militares y policiacas.
1 comentario:
Para acabar pronto, principal responsable Enrique PeñA Nieto... Que se debe hacer en su contra?, se debe mandar al Altiplano, sin derecho a una defensoría y cumplir una condena de 150 años ( no e cree que viva un año pero, el tiempo que le quede y esté en la cárcel eso sería justicia divina ).
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