Al reportero Juan Pablo Becerra-Acosta publicó este miércoles, en Milenio, fotografías tomadas por personal castrense de un “encuentro” con algunos normalistas de Ayotzinapa en la igualteca clínica Cristina. Los altos mandos militares acantonados en Iguala conocieron al detalle, “minuto a minuto”, lo que sucedió cuando menos en la zona urbana durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y en las primeras horas del día siguiente, con un registro pleno e inequívoco de la comisión de hechos de sangre contra estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Pero, a pesar de las pruebas directas que tuvieron de las lesiones y de la violencia política que estaba sucediendo, se atuvieron a las contestaciones tramposas y evasivas de autoridades municipales y estatales y optaron, según esta versión, por la inmovilidad./
En su texto, el reportero incluye “partes militares, novedades, mensajes urgentes y bitácoras” de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin precisar, en legítimo ejercicio de su oficio y sin que ello melle la calidad de su trabajo, el origen de tales documentos que podrían provenir de una filtración o de expedientes judiciales o incluso del propio mando castrense, deseoso de puntualizar que el Ejército no tuvo participación en los hechos criminales de esa noche y la madrugada siguiente, e incluso enfatizar el “agradecimiento” de los normalistas contactados en la clínica Cristina (aunque algunos de esos estudiantes se han quejado del maltrato de los militares, de burlas y de impedimentos para su adecuada atención médica)./
Al respecto, Becerra Acosta (quien ya había publicado el 26 de enero un adelanto narrativo de lo ahora probado con material oficial) señala que “los documentos confirman que los militares estaban al tanto de todo lo que acontecía en Iguala aquella noche, pero que no intervinieron mientras ocurrían las agresiones contra quienes resultaron muertos, heridos o levantados por policías de Iguala, Cocula y miembros de la banda Guerreros Unidos”. En la madrugada del 27, el Ejército ya sabía, y en las siguientes horas debería haberlo sabido Enrique Peña Nieto con toda precisión, del ataque masivo contra estudiantes, del fallecimiento de dos de ellos y que Aldo Gutiérrez Solano tenía “ruptura de cráneo por proyectil de arma de fuego. Sigue en coma, con 65 por ciento del cerebro sin actividad”./
La confirmación gráfica y documental de la inacción del Ejército y de la insólita aceptación de las versiones evidentemente mendaces de autoridades municipales y estatales es también la confirmación de la responsabilidad del aparato federal de gobierno, no sólo de la franja castrense sino de otras instancias como la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República que de manera natural debieron estar puntualmente informadas de lo que iba sucediendo en Iguala y nada hicieron para impedirlo y sólo diez días después comenzaron a abordar el asunto formalmente. Ratifican, esos documentos, que el Estado mexicano no fue capaz de impedir la consumación de graves delitos contra estudiantes en un contexto nítidamente político y específicamente de jóvenes opositores al sistema vigente./
Las evidencias de ese estado fallido, que permite o propicia actos criminales, ha generado una irritación social que no ha cesado al interior del país y que ha crecido de manera insólita y diversificada en el extranjero, con opinantes de distinto renombre y especialización que critican y denuncian los horrores mexicanos. El caso de los 43, por lo demás, se suma a una larga acumulación de agravios cometidos desde los poderes institucionales contra los ciudadanos. Esa institucionalidad no da respuesta pronta ni aceptable a los reclamos de grupos organizados y de ciudadanos en particular, y en consonancia con esa inutilidad de la clase política (sumida en escándalos de corrupción, frivolidad y criminalidad) se multiplican y aceleran las protestas públicas, exigiendo respuestas positivas que al no darse alimentan ese círculo de activismo que se manifiesta en calles, plazas, recintos oficiales, aeropuertos y plazas estratégicas federales, cuarteles y actos públicos o privados con relevancia./
En ese contexto se han dado las movilizaciones y protestas de Guerrero, y no en el que sectores conservadores y grupos inducidos pretenden privilegiar, el de una legalidad rota por profesores y activistas movidos por intereses “extraños”, ante lo cual es menester la mano dura para restablecer el “orden”. Enrique Peña Nieto no puede aspirar a que se restablezca la “normalidad” sin que haya claridad y justicia en el caso de los 43, pero tampoco sin que se cumplan exigencias derivadas de reformas administrativas como la enderezada contra maestros para ejercer un control político faccioso en estados donde hay organización y movilización ajenas o contrarias a los planes gubernamentales./
El anunciado uso de la Policía Federal para el desalojo y el amedrentamiento de profesores ya tuvo resultados en Acapulco, con más de un centenar de detenidos, nueve consignados, un número impreciso de heridos y un profesor jubilado muerto. A pesar del asomo de los fantasmas de Oaxaca y Atenco, apenas unas horas después ya estaba organizada la siguiente protesta, aunque luego cediendo en la obstrucción de carreteras que habían ocupado, en un acto de prudencia y madurez. Plena aplicación de la ley, con ésta en la mano, anunciaba en tanto Peña Nieto. Debe comenzar por el caso de los 43, donde probadamente hubo criminal omisión del Estado mexicano./
El pasado domingo fue presentada en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería la maciza y reveladora investigación de Ana Lilia Pérez, Mares de cocaína, editada por Grijalbo (documentada bitácora de la mexicanización de buena parte del mundo a través de las vías náuticas). El video de las intervenciones de la autora y de los comentaristas, el experto José Reveles y un tecleador astillado, está disponible en http://bit.ly/1A7FpIo (el rollo del columnero antes mencionado va del minuto 23 al 34). ¡Hasta mañana!
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