domingo, 23 de noviembre de 2014

Protesta espontánea durante arriamiento de la Bandera en el Zócalo 22Nov

"La delincuencia es porque la gente es mala": Jara. #Michoacán. #YaMeCansé.

Frente al espejo .- JJosé Agustín Ortiz Pinchettiosé Agustín Ortiz Pinchetti



L
as matanzas y su impunidad han despertado a México: al borde del abismo nos miramos en el espejo del horror. Nuestra decadencia en la juventud de nuestra nación, la malignidad asociada al cinismo y a la indolencia. ¿Por qué tenemos este destino? ¿Es un proceso irreversible? La conciencia de nuestra realidad destruye la esperanza de lanormalización: una economía destruida por la corrupción y la codicia. Un país en que sus jóvenes no creen en el futuro. La ausencia de estado de derecho. La injusticia social garantizada por la ley y los tribunales. El recrudecimiento del racismo. El exterminio y la represión. La calumnia, el control de la opinión pública por el miedo, la violación de derechos civiles y políticos. La impunidad como norma de vida pública. El mundo entero apunta hacia nosotros y nos condena. Somos un Estado fallido, una democracia que nació muerta. La sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, fruto de una investigación que duró cuatro años (radiozapatista.org/audienciafinaltpp), ignorada hasta hoy, juzgó al régimen desde Salinas hasta Peña y aporta evidencias abrumadoras, entre muchas: aprovechando el desempleo y la sobreoferta laboral, en México se paga uno de los salarios más bajos del mundo. En los últimos 25 años hemos expulsado a 15 millones, récord mundial. Las estructuras bancaria y empresarial están penetradas porcárteles. La mentira y la amenaza son las estrategias del gobierno para inducir a la opinión pública. El oligopolio y la concentración televisiva hacen imposible el ejercicio del derecho a la información. Las reformas constitucionales tienden a la privatización masiva de los recursos nacionales y la anulación de los derechos de trabajadores y campesinos. México es el primer país de América con más denuncias en las instancias internacionales. Ninguna de las recomendaciones de esos organismos ha sido acatada.
Más de 37 mil personas murieron durante el sexenio de Calderón y la progresión no cesa. Se han documentado 2 mil feminicidios entre 2011 y 2013. Las masacres ejecutadas por fuerzas estatales y paraestatales han producido más muertes que la guerra santa del Islam. Sólo en San Fernando, Tamaulipas, se calculan más de 100 decapitados. El encarcelamiento ilegal y la tortura son prácticas cotidianas de la impartición de justicia; 102 periodistas han sido asesinados y 18 desaparecidos. Según reconoce el gobierno, han desaparecido 26 mil personas en el último lustro… y un largo etcétera… Lo que propone el tribunal y lo que se nos impone es la refundación del Estado. El modelo actual es insostenible, pero no hay un solo indicio de rectificación. En la élite aún predomina la tendencia a ocultar y olvidar. Hoy, por fortuna, ya es imposible.
Twitter: @ortizpinchetti

Narran abusos de la policía durante las movilizaciones

Agredieron granaderos a familias en el Centro Histórico

Ajena y burlona, la actitud de funcionarios de la CDHDF presentes
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Granaderos protagonizaron encuentros violentos con manifestantes que no iban encapuchados ni los enfrentabanFoto Víctor Camacho
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Sábado 22 de noviembre de 2014, p. 6
Tras las movilizaciones de protesta realizadas el jueves en la ciudad de México en solidaridad con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, han comenzado a surgir testimonios de las detenciones arbitrarias, exceso en el uso de la fuerza y otros abusos cometidos por policías en contra de manifestantes.
Entre las personas que resultaron agredidas por los agentes están Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y Jesús González, coordinador de comunicación del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quienes anunciaron que presentarán una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En entrevista con La Jornada, ambos narraron las agresiones que ellos y sus familias sufrieron a manos de los granaderos de la Policía Federal, y recordaron que cientos de personas más recibieron el mismo trato, sin importar si se trataba de niños, mujeres o personas de la tercera edad.
Pérez García, especialista en temas de derechos de la infancia, contó que al término del mitin realizado en la Plaza de la Constitución, él y su familia –madre, esposa, dos hermanas y su hijo– fueron golpeados por granaderos alrededor de las 10 de la noche, pese a que le advirtieron a los policías que había menores de edad presentes.
Escuchamos cohetones y nos resguardamos en las cortinas metálicas de los comercios; en ese momento varias familias nos orillamos porque vimos que la gente empezaba a correr. Al poco tiempo, llegaron los granaderos atacando a toda la gente. De manera automática, las personas cuidaban a los niños y a las personas de la tercera edad, pero llegaron empujando con sus escudos, recordó Pérez.
“Nos fuimos todos juntos, pero los granaderos nos pegaron con sus escudos a mí, a mi mamá, a mi esposa, mis dos hermanas y mi hijo. Yo recibí un golpe en el brazo mientras gritábamos ‘somos familias’, pero no nos escuchaban”, deploró.
Fue la intervención de los periodistas lo que los contuvo un poco y nos ayudó a salir del encapsulamiento, cuando empezaron a lanzar sus flashes. Nos fuimos caminando en bloque por la calle de Brasil, pero vimos que seguían pegándole a la gente, y no sólo eran golpes, sino también violencia verbal, dijo Pérez.
Por su parte, Jesús González manifestó que después de las 21:30 horas comenzaron las primeras corretizas, cuando me encontraba con mi esposa y mi hija. Fue un grupo de granaderos que venía de Palacio Nacional hacia 5 de Mayo y Madero, de donde no pudimos salir rápido porque las luces estaban apagadas, yo creo que de forma intencional.
Pensando que los agentes los respetarían al ver que se trataba de familias, inmóviles y sin actitud violenta, muchos asistentes a la marcha se quedaron recargados sobre las cortinas metálicas de locales cerrados, pero al llegar los uniformados nos empezaron a golpear sin ningún miramiento. Se generó un gran tumulto y muchas personas cayeron al suelo.
En ese momento, añadió,sentimos los efectos del gas pimienta y el caos fue mayor. Mi esposa y mi hija cayeron, y cuando traté de ayudarlas recibí golpes en la espalda, donde tengo algunas lesiones. Cuando nos levantamos, nos agarramos de la mano y salimos hacia Madero, pero antes alcancé a ver cómo golpeaban a mi hija en el brazo izquierdo.
La experiencia fue todavía más desagradable, narró el activista, cuando llegaron al Hemiciclo a Juárez y encontraron una camioneta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuyos funcionarios se negaron a darles ayuda.
Mientras chupaba una paleta, la única respuesta del tipo que estaba ahí fue señalarme con el dedo la dirección de la página web del organismo. Fue decepcionante e insultante y tuvimos que retirarnos enojados y confusos, denunció.
Otro ejemplo de la actuación violenta de los policías quedó de manifiesto en un video que comenzó a circular desde ayer en redes sociales, donde puede apreciarse que un grupo de granaderos entra a un restaurante, al parecer para detener a alguien, y cuando la gente les reclama su actuación, uno de los agentes le avienta a un comensal una silla de aluminio.

Galatzia explica compra de la casa de las lomas (casa blanca)

Todos saben que si hay policías de allá en suelo mexicano, dicen priístas

Diputados de PRD y MC desaprueban la intromisión
Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de noviembre de 2014, p. 10
La información publicada por el diario The Wall Street Journal en torno a la participación de policías estadunidenses en acciones contra la delincuencia organizada –encabezadas por la Secretaría de Marina– generó la desaprobación de diputados de PRD y Movimiento Ciudadano, mientras que los del PRI arguyeron que no está prohibida la cooperación entre México y Estados Unidos en el ámbito policiaco, en tanto los agentes de aquel país no utilicen armas en territorio nacional.
Roberto López Suárez (PRD) y Ricardo Mejía Berdeja (MC) coincidieron en que el actuar de policías estadounidenses en México es una evidente violación a la soberanía, que se ha venido repitiendo desde hace años con el pretexto del cumplimiento de la Iniciativa Mérida. Los dos legisladores consideraron una revelación muy grave la información proporcionada por el rotativo, porque también devela la probable participación de la inteligencia estadunidense en el ámbito nacional con fines desestabilizadores.
Por el contrario, Jesús Valdez (PRI) replicó que la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos no se puede ocultar,se ha dado desde décadas a la fechay las leyes del país son muy claras al impedir que los agentes estadunidenses intervengan en acciones utilizando armas.
Con dureza, López Suárez adujo que se confirma la violación permanente de la soberanía nacional. Si bien eso se volvió práctica sistemática desde Felipe Calderón Hinojosa, ahora es más riesgoso para todos los mexicanos, porque deja entrever que así como participan en acciones contra la delincuencia, los estadunidenses saben hacer inteligencia para desestabilizar, pueden respaldar al débil gobierno de Enrique Peña Nieto y atentar contra el creciente movimiento de  crítica social.
El diputado federal por la delegación Cuauhtémoc insistió en que lo descrito por el diario estaunidense no sólo es grave para los mexicanos, es muy grave en estos momentos en que el titular del Ejecutivo amenaza todos los días con el uso de la fuerza para acallar el reproche de la sociedad.
Con una visión contraria, el diputado del PRI Jesús Valdés consideró miope “tratar de observar una relación tan compleja como la de México y Estados Unidos sin considerar que la cooperación también se extiende a las labores de seguridad interna y combate a los delincuentes. En nuestro país los protocolos se cumplen, todos saben que si hay policías de aquel país en suelo mexicano, pero todos sabemos que no portan armas.
Su participación en la lucha contra las mafias es sustantiva porque otorgan información y dotan de experiencia a las fuerzas federales de México.
Para Ricardo Mejía Berdeja la intervención de policías de Estados Unidos en México obedece al cumplimiento de los compromisos signados “dentro de la Iniciativa Mérida, y de acuerdos bilaterales secretos y ominosos que ni siquiera imaginámos que existen.
“Además, ahí se encuentra archivado el caso del fallido operativo Rápido y furioso o el del ataque a agentes de ese país en la cercanía del poblado de Tres Marías en la colindancia del DF con el estado de México.”

Grupos financieros bajan hasta 2.1% expectativa de crecimiento

Los ajustes ocurren tras la rectificación sobre el avance del PIB efectuada por Hacienda

Datos del Inegi muestran una recuperación de la demanda interna menor a la prevista, advierten
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Compradores buscan precios en negocios en el Centro Histórico de la ciudad de MéxicoFoto Francisco Olvera
Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de noviembre de 2014, p. 28
Después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificó su previsión de crecimiento, las principales firmas financieras que operan en el país también ajustaron a la baja sus expectativas de dinamismo económico para 2014 ubicándolas entre 2.1 y 2.4 por ciento.
El grupo financiero BBVA Bancomer redujo su expectativa de crecimiento para la economía mexicana para este año de 2.5 a 2.1 por ciento; Banorte-Ixe de 2.7 a 2.3; Banamex la fijó en 2.4 con riesgo a la baja; Santander la bajó de 2.5 a 2.1 y Ve por Más la mantuvo sin cambios en 2.2 por ciento.
En la semana que concluyó, tanto el Banco de México como la SHCP ajustaron su expectativa de crecimiento de la economía para 2014 y 2015.
La SHCP informó el viernes pasado que modificó sus estimados a rangos de posibilidad como lo hace el Banco de México. Para 2014 fijó un rango de 2.1 a 2.6 por ciento en lugar del dato puntual de 2.7 por ciento previsto anteriormente.
Para el próximo año estipula un intervalo de 3.2 a 4.2 por ciento, en sustitución del dato puntual de 3.7 por ciento anterior.
Previamente, el Banco de México había estipulado para 2014 un rango de expansión de 2 a 2.5 por ciento y para 2015 de 3 a 4 por ciento. Los estimados previos estaban en 2 a 2.8 por ciento para 2014 y 3.2 a 4.2 por ciento para 2015.
Los analistas del Grupo Financiero Banorte-Ixe opinaron que el reporte del producto interno bruto (PIB) dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que informó que al tercer trimestre la economía mexicana había crecido 2.2 por ciento anual, muestra una recuperación más incipiente de la demanda interna de la que habían inicialmente anticipado.
A ello, explicaron, hay que añadirle la fuerte recesión que actualmente atraviesa el sector minero ante la fuerte caída en la producción petrolera mexicana, la cual no habíamos contemplado en marzo, al cierre del primer trimestre de 2014. Sin embargo, se mostraron optimistas con las perspectivas para la economía mexicana en el mediano y largo plazos.
Adicionalmente, los expertos del BBVA-Bancomer revisaron a la baja el crecimiento de los primeros dos trimestres del año. Para el primero ajustaron de 0.44 por ciento a 0.36; mientras que para el segundo bajó de 1.04 por ciento a 0.90 por ciento, lo que señala que la actividad económica ha tenido un desempeño pausado en los primeros nueve meses del año, con lo que revisamos el crecimiento anual de 2014 de 2.5 a 2.1 por ciento.
Para los especialistas del grupo financiero Banamex las cifras de crecimiento en el tercer trimestre de 2.2 por ciento en términos anualizados confirman que la recuperación de la actividad económica se extendió durante el tercer cuarto del año, aunque a un ritmo más lento que el trimestre previo y al que anticipaban. De ahí que los resultados implican un riesgo a la baja, aunque moderado, para su pronóstico del crecimiento del PIB de 2.4 por ciento para todo 2014.
A su vez, los analistas del Grupo Financiero Santander advirtieron hacia adelante que los riesgos a la baja provendrán de un desempeño menor a lo esperado de la economía de Estados Unidos, un agravamiento de las condiciones globales, así como el que prevalezcan rezagos en la aplicación del gasto público y en las licitaciones de obras de infraestructura.
Por lo pronto, externaron los especialistas financieros: Hay que reconocerlo, en 2014 el desempeño de la economía, al igual que en 2013 será menor a lo previsto al inicio del año y en esta ocasión asociado a factores internos.

La policía llegó a agredirnos directamente; no escuchaba nada: Juan Mart...

Robos y sobornos en el Estado Mayor Presidencial

PROCESO-1986

Entre noviembre de 2006 y abril de 2009 la empresa Bizjet sobornó a personal de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, la Policía Federal y el gobierno de Sinaloa para obtener contratos de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves. Dos exejecutivos de esa firma aseguran que miembros del Estado Mayor Presidencial recibieron más de 2 millones 200 mil pesos. Uno de ellos, el general de brigada Crisanto García, no sólo sigue en funciones, sino que incluso fue ascendido cuando Peña Nieto llegó a Los Pinos.
El escándalo sigue girando en torno al presidente Enrique Peña Nieto. Ahora detona en el Estado Mayor Presidencial (EMP). Uno de los involucrados en el caso de corrupción con la empresa estadunidense Bizjet durante el sexenio pasado, el general de brigada Crisanto García, permanece en el selecto grupo de militares encargado de la seguridad presidencial.
Al amparo del jefe del EMP, el general de brigada Roberto Francisco Miranda Moreno, Crisanto García es ahora subjefe de Logística, el tercer mando más importante en esa elitista unidad militar, responsable de la operación y el mantenimiento de las aeronaves a su cargo.
El general García es además responsable de la organización y protocolo de los actos de la esposa del presidente de la República, de la sección de Transmisiones y de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales (CGTAP) del EMP.
Involucrado desde el gobierno de Vicente Fox en el transporte aéreo presidencial, el militar es señalado también como parte de una red de jefes y oficiales del EMP que durante el sexenio de Felipe Calderón hicieron negocios con autopartes de aviones y helicópteros y fraudes en los contratos de mantenimiento.
Varios de ellos salieron con la llegada del nuevo gobierno, pero el general Crisanto García no sólo permaneció, sino que mantiene aún el control del hangar presidencial, con el respaldo del jefe del EMP designado por Peña Nieto, de acuerdo con testimonios de la propia instancia castrense.
Licenciado en administración por la Escuela Superior de Guerra y maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), el general García fue incluido en la investigación que hizo la justicia de Estados Unidos por corrupción y soborno de la empresa Bizjet International Sales and Support para ganar contratos en México y Panamá entre 2004 y 2010.
Desde diciembre de 2000, cuando Fox llegó a Los Pinos, el general ha sido responsable de la administración de bienes materiales y manejo de recursos humanos y financieros en la CGTAP, la encargada de transportar al presidente y a altos funcionarios federales, así como del mantenimiento y operación de las aeronaves. Una de ellas fue el helicóptero que se desplomó y causó la muerte del entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, en Amecameca, Estado de México, en noviembre de 2011.
Durante el sexenio foxista fue director general de la CGTAP y en diciembre de 2006, a la llegada de Calderón, ascendió a coordinador general, cargo en el cual se mantuvo hasta marzo de 2010, cuando fue designado subjefe de Logística del EMP por decisión del entonces jefe de ese órgano técnico militar, el general Jesús Castillo Cabrera.
De acuerdo con el Reglamento Interior del EMP, el jefe de esa unidad administrativa es quien le propone al presidente de la República la designación o remoción, entre otros, del subjefe de Logística. Apenas llegó Enrique Peña Nieto a Los Pinos, el general Roberto Miranda, su jefe de seguridad, ratificó al general García.
Según la acusación penal en Estados Unidos, que se sigue en la Corte federal del Distrito Norte de Oklahoma, tanto la CGTAP como la Policía Federal y el gobierno de Sinaloa fueron sobornados por ejecutivos de Bizjet –compañía con sede en Tulsa, Oklahoma– para obtener contratos de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves.
Por lo menos dos exejecutivos de la empresa que se han declarado culpables –Neal Uhl y Peter Dubois– reconocen haber entregado por lo menos 172 mil dólares, equivalentes a más de 2 millones 200 mil pesos, a funcionarios de la CGTAP entre noviembre de 2006 y abril de 2009, según la acusación del Departamento de Justicia.
Pero hay más exejecutivos de Bizjet involucrados, por lo que la cifra que el gobierno estadunidense notificó al de México fue de 2 millones de dólares entregados a funcionarios del EMP, la Policía Federal y el gobierno de Sinaloa.
En marzo de 2012 la empresa admitió ante la justicia estadunidense que pagó esa cantidad en sobornos en México para obtener contratos de mantenimiento de aeronaves. La Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-11/003/2012. Pero al final de ese año Crisanto García fue ascendido por Calderón de general brigadier a general de brigada.
Los militares implicados
El 14 de marzo de 2012 la PGR informó que, a cambio del pago de 2 millones de dólares en sobornos a esas dependencias, Bizjet International obtuvo contratos por 20 millones de dólares y 50 millones de pesos.
Aunque no dio oficialmente los nombres de los funcionarios involucrados, en distintos medios se publicó que los investigados eran Eduardo Laris McGregor, coordinador de Operaciones Aéreas de la Policía Federal; Mauricio Camarena Delgado, director de Servicios Aeroportuarios de Sinaloa; el entonces general brigadier Crisanto García, subjefe de Logística del EMP; el teniente coronel Flavio León Huerta, exdirector Técnico de Mantenimiento en la CGTAP, y el capitán José de la Luz Rojas Tlalolini, de la misma coordinación.
La PGR informó que esos funcionarios eran investigados como probables responsables de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, sancionados por los artículos 222 y 224 del Código Penal Federal.
De acuerdo con las declaraciones de Uhl y Dubois, obtenidas por Proceso, los sobornos a la CGTAP se hicieron a través de una empresa de cobertura de Bizjet a cuentas bancarias de tres militares encargados de la seguridad en el transporte aéreo de la Presidencia de la República, entre los que mencionan a un capitán, un coronel y un funcionario del EMP, a quien no identifican por rango. De los tres, aseguran que se trata de funcionarios con alto poder de decisión e influencia para otorgar los contratos de mantenimiento.
Refieren los declarantes que, en noviembre de 2006, a distintos empleados y funcionarios del EMP se les hizo un primer pago por 2 mil dólares, luego otro por 30 mil en octubre de 2007, uno más por 50 mil 500 en noviembre de ese mismo año, otro por 50 mil en diciembre de 2008 y uno de 40 mil dólares en abril de 2009.
Explican que en el caso de los 30 mil dólares se hizo una transferencia electrónica de la compañía desde Nueva York a una cuenta bancaria de una empresa de fachada en California para asegurar un contrato de mantenimiento con el EMP. En el caso de los 50 mil 500 dólares mencionan el mismo procedimiento. Los pagos en México se hicieron con cheques o en efectivo.
La alegada participación del general Crisanto García en los sobornos de Bizjet era conocida por su entonces jefe inmediato en el sexenio de Calderón, el general Jesús Castillo Cabrera, pero también por el actual jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Roberto Miranda Moreno, según testimonios de la propia unidad militar.
“Cuando en la prensa estaba el escándalo del bizjetazo, el general Crisanto dejó de volar en las giras presidenciales y al coronel Flavio León lo quitaron” como director técnico de la CGTAP, asegura un testigo de la época, quien pide el anonimato.
“En el EMP se escuchaban cosas de cómo el general Castillo le decía al general Miranda que cómo el pendejo de Crisanto se fue a meter en esos pedos, porque el general Castillo no era muy discreto cuando se enojaba.”
El teniente coronel Flavio León salió del EMP junto con Calderón. A pesar del escándalo, hasta el 1 de diciembre de 2012 se mantuvo como el director general adjunto de la CGTAP, de la que también fue director general y director técnico de mantenimiento, cargos en los que fue mano derecha del general Crisanto García.
El capitán José de la Luz Rojas Tlalolini salió del EMP el mismo día que el teniente coronel Flavio León. Egresado de la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea Mexicana, con la especialidad en mantenimiento de aviación, también pertenecía a la CGTAP.
El coronel Roberto Navarro Gómez, quien fue director general de Mantenimiento en el hangar presidencial en la segunda parte del sexenio pasado, fue otro de los que salieron de la CGTAP y del Estado Mayor Presidencial con el ascenso del general Roberto Miranda.
Lo mismo pasó con el general brigadier y piloto aviador Pablo Bañuelos Márquez, quien hasta el 27 de noviembre de 2012 fue coordinador general en el hangar presidencial y cuyas funciones eran la supervisión técnica y el manejo de recursos humanos.
Mantenimiento simulado
El caso de Bizjet no se agotó con el pago de sobornos. Una práctica común fue la simulación en el mantenimiento. “En los aviones asignados a esa empresa los jefes obligaban a los mecánicos a que firmaran trabajos no hechos. Muchos se resistían, pero al final firmaban obligados”, dice el testigo que pidió el anonimato.
Explica que los aparatos eran enviados a Estados Unidos y que, allá, los técnicos de Bizjet eran quienes pedían que se avalaran las “revisiones”, porque ese era el acuerdo con los jefes de los mecánicos en México. Cuando éstos insistían en firmar sólo por los trabajos realizados, les llamaban desde la dirección de Mantenimiento de la CGTAP.
Refiere intervenciones de ese tipo del coronel Navarro, el general Bañuelos y el teniente coronel León. “Están haciendo bien su trabajo, pero hay que ser más flexibles”, era la orden. Y asegura que los jefes eran los que viajaban como supervisores de mantenimiento o reparaciones, pero los que firmaban eran los mecánicos, además de que pedían su parte en los viáticos de los técnicos.
En esas decisiones asegura que participaban la dirección de mantenimiento, dependiente de la CGTAP, la dirección de Operaciones y la dirección de Administración. Añade: Cuando los aparatos regresaban con fallas se tenían que arreglar en México, pero ya no como parte del contrato de mantenimiento, reparación y revisión, sino con los técnicos del hangar presidencial.
Lo peor, dice, era cuando se mandaban a “empresas patito” certificadas para trabajos pequeños y que sólo abren los aparatos, los limpian o pintan las piezas para presentarlas como nuevas. Pero como el aparato sigue sin operar bien, al final se manda al extranjero y se cobra una nueva factura.
Antes de que se conociera el caso de Bizjet, en el EMP ya era un comentario común que se estaba pagando mucho dinero sin que en Estados Unidos se les hiciera nada a los aparatos, asegura. Y cuando salió en prensa, la orden tanto en Los Pinos como en el hangar presidencial fue que nadie hablara de más.
Otras veces, comenta, los jefes de mantenimiento ordenaban a los mecánicos revisar “trabajos” ya pagados, cuando en realidad aún no se hacían. Además, les pedían rubricar facturas por trabajos no supervisados y que muchas veces superaban los miles de dólares. Y si había algún problema después de esas inspecciones, mandaban a los técnicos a que explicaran las fallas.
Asegura que lo mismo ocurría con aviones de la compañía Learjet o con los helicópteros de la empresa Eurocopter, “aunque en este caso dejó de ocurrir cuando la empresa abrió talleres de mantenimiento en México”, a donde llegan mecánicos del EMP a supervisar el mantenimiento.
Dice que el interés económico de los mandos del EMP ha estado en los aviones, más que en los helicópteros, aunque con éstos “hubo venta de componentes en el sexenio pasado. Incluso de partes y componentes de tres helicópteros Augusta nuevos”.
Refiere que con uno de ellos se hizo un vuelo de adiestramiento, pero se reportó como mantenimiento porque los primeros no se pueden hacer sin la certificación de la aeronave por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pues muchas veces se vuela sin la certificación.
La orden que se dio en el EMP, en Los Pinos, fue que se presentara como vuelo de mantenimiento de balance de rotores para ocultar que estaban practicando, porque hubo un percance con un árbol, por estar volando demasiado bajo. Es lo que se conoce como pajarazo, cuando se le pega a un árbol y salen volando los pájaros, explica.
Otra práctica que menciona el testimonio es la venta de partes nuevas, se mandaban arreglar pero sin que se les hiciera nada. “Sólo era para facturar”. Otras veces se ordenaba tirarlas a la basura, considerándolas material de desecho o en desuso. Cuando alguien preguntaba por qué, los jefes decían que eran órdenes. Lo mismo pasaba con las refacciones, dice.
En una ocasión uno de los mecánicos se resistía a desmontar equipos nuevos de esos aparatos para que se usaran como refacción y se enviaran a Estados Unidos. Su temor era que lo acusaran de traficar con equipo de aviación. Tal fue su oposición que sólo uno de esos equipos se envió a Filadelfia, a la fábrica sede de los Augusta. Tal vez ese equipo se volvió a montar y se cobró por eso, considera.
“En el hangar presidencial se corría la voz de que el principal beneficiado de todo esto era el general Crisanto García, pues ya estaba como jefe logístico del EMP cuando fue el bizjetazo, pero lo sorprendente es que sigue a cargo del hangar y hasta tiene ahí un cuarto de alojamiento.”  

La responsabilidad de Televisa frente a los graves acontecimientos que vive México es enorme e insoslayable -



Esta empresa, junto con TV Azteca, que controlan más del 95% de mercado televisivo, continúan manejando los noticieros apegados a sus intereses, con lo cual lesionan el derecho a la información de los mexicanos y se han convertido en uno de los más graves escollos para la vida democrática del país. Un ejemplo de ello es el silencio actual en torno a la llamada Casa Blanca de la familia Peña-Rivera, en la que Televisa tiene una participación directa.
En particular, la cesión de una casa a la actriz Angélica Rivera después de su matrimonio con el entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto confirma los cercanísimos nexos con la televisora, hecho más que suficiente para reabrir la investigación en torno a la participación ilegal de esa empresa en la promoción de Peña Nieto aún mucho antes de la campaña presidencial.
La Reforma de Telecomunicaciones representó una simulación, puesto que si bien en un principio se recogieron muchas de las propuestas elaboradas por organizaciones independientes, a la postre fue aprobada dejando prácticamente intacto el poder de las televisoras. Ante ello, es indispensable corregir el rumbo para impedir el control monopólico de este estratégico sector, así como garantizar una mucha mayor presencia de medios estatales y comunitarios.
Las televisoras, salvo honrosas excepciones, son el factor que más ha empobrecido la vida cultural del país, al difundir sistemáticamente valores cargados de sexismo, racismo, clasismo y enaltecer la frivolidad y el menosprecio de lo propio.
Por todo ello, en el momento actual, Televisa en especial y todo el sistema hegemónico de telecomunicaciones requieren un juicio nacional, y el inicio de una verdadera transformación radical que nos regrese a los mexicanos los derechos que se nos han conculcado.
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Definitivo: Peña Nieto incurrió en conflicto de interés

Peña y Rivera después de emitir su voto. Foto: Germán Canseco

La investigación de Aristegui Noticias sobre la Casa Blanca de la pareja presidencial cayó como una bomba en un ambiente generalizado de rechazo y desconfianza hacia el gobierno federal por su incapacidad de resolver el caso Ayotzinapa. En un intento por apagar ese fuego, Enrique Peña Nieto hizo que su esposa diera una explicación pública sobre el inmueble… Explicación que no satisfizo a nadie y sólo ha sido objeto de críticas y burlas. Por su parte, el mandatario “abrió” al público su declaración patrimonial, la que, según expertos, deja muchas dudas sobre sus propiedades y la forma en la cual las obtuvo.
La reacción del presidente Enrique Peña Nieto al escándalo ya conocido como Casa Blanca dejó más dudas que certezas sobre su patrimonio. Con aparente malestar él y su cónyuge, Angélica Rivera Hurtado, aportaron datos sobre la residencia cuestionada y sobre otros bienes lo cual, más allá del sentimiento de ofensa expresado por la esposa del mandatario, confirmó los indicios de que hay un conflicto de interés.
La investigación periodística del portal Aristegui Noticias –publicado simultáneamente en el número 1984 de Proceso–, titulada “La casa blanca de Peña Nieto”, reveló que la residencia ubicada en Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec, estaba escriturada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro.
Esa razón social pertenece al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, accionista mayoritario del Grupo Higa, corporativo que en menos de dos años de gobierno federal de Peña Nieto ha sumado 22 mil millones de pesos (mdp) en contratos de obra conforme a lo que se ha transparentado hasta ahora; además durante el periodo de éste como gobernador del Estado de México la empresa obtuvo contratos por más de 35 mil mdp (Proceso 1985).
Aunque el vocero presidencial, Eduardo Sánchez Hernández dijo al menos dos veces que no existe conflicto de interés, los datos expuestos por Rivera corroboran que Hinojosa Cantú –a quien dijo conocer, “ como a muchas otras personas”– construyó la residencia a su gusto y se la financió.
Para el jurista Jaime Cárdenas hay suficientes elementos para pensar que hay conflicto de interés, pues Hinojosa Cantú, quien celebró el contrato de compra-venta de la casa, se ha favorecido con contrataciones del gobierno federal tan importantes como la del tren México-Querétaro o el proyecto hidráulico Monterrey VI.
Doctor en derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Cárdenas recuerda que el artículo 8, fracción XI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece como obligación excusarse de intervenir “por motivo de su encargo” en asuntos donde tenga interés personal, familiar y de negocios o que puedan resultar en un beneficio para su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes civiles o para terceros con relación profesional, laboral o de negocios, o sociedades de las que formen o hayan formado parte.
A la luz de ese precepto Cárdenas precisa que no es Rivera quien incurrió en conflicto de interés sino el presidente Peña Nieto.
Proceso le menciona al jurista los argumentos –expuestos por el vocero Sánchez el lunes 10 en un espacio informativo de Televisa– de que el contrato se celebró antes de que Peña Nieto fuera presidente o que la asignación del tren rápido México-Querétaro se canceló.
Cárdenas explica que el contrato de compra-venta de la residencia de Sierra Gorda con reserva de dominio –según se dio a conocer en medio del escándalo– en términos jurídicos “no se ha perfeccionado”, es decir que Rivera sigue pagándola por lo cual no puede darse aún por “celebrado”.
Respecto a la construcción del tren rápido a Querétaro, considera que aun cancelada la adjudicación, el acto jurídico de la licitación existe, pues hubo convocatoria, procedimiento y fallo.
Esto significa que el acto jurídico existe y aun cancelado el resultado, sigue siendo elemento del conflicto de interés.
En su videodeclaración televisada el martes 18, la primera dama anunció que vendería los derechos de esa propiedad. Cárdenas sostiene que los elementos constitutivos del conflicto de interés no se solventan con esa operación.
“Ojalá que estos hechos sean materia de investigación. La PGR tendría que investigar de oficio para determinar si existe conflicto de interés. Supongo que la Secretaría de la Función Pública hará investigaciones del caso. Se van a escudar en que no hay denuncias. Si no hay, estarán por presentarse, por lo que deberán investigar”, afirma.
La crisis se agrava
Aunque no es la primera vez que un presidente o sus colaboradores son expuestos al escrutinio público, el asunto de la Casa Blanca estalló en medio de una crisis de confianza y legitimidad del gobierno federal por el caso irresuelto de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, lo cual lo hizo más grave, observa la politóloga Lourdes Morales Canales.
Doctora en ciencia política por la Universidad de París I y actual profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica, Morales Canales explica que además de la legislación nacional hay instrumentos internacionales en materia de combate a la corrupción que son aplicables al caso.
Por ejemplo la ONU distingue dos tipos de conflicto de interés en su programa de declaración financiera: el institucional y el personal.
El primero es cuando una institución no puede prestar servicios por haber una ventaja competitiva, como es el caso de la Presidencia y sus contratos con Grupo Higa.
El conflicto de interés personal se plantea cuando existe una relación profesional o afectiva que interviene en el cumplimiento de funciones oficiales.
–¿Los dos supuestos encajan en este caso? –se le pregunta.
–Las respuestas (de Peña Nieto y su esposa) dejan mucho que desear y no hay prueba en contrario. El asunto queda en entredicho mientras no aclaren. Pero aclarar es poner en la vitrina pública las obras asignadas al contratista cuando el presidente fue gobernador o en las que actualmente está participando, para que muestre si hubo principios básicos de competitividad.
“La primera dama no fue electa por la ciudadanía, no era ella la que tenía que explicar. Su explicación dejó más dudas. Y ahora resulta que está ofendida. Yo no sé quien asesora al señor presidente.”
Experta en temas de rendición de cuentas, Morales Canales ejemplifica con la cancelación del contrato del tren México-Querétaro, adjudicado al consorcio de empresas entre las cuales estaba el Grupo Higa y va más allá de la existencia del acto jurídico, pues advierte que no sólo se deja de explicar el motivo de la cancelación sino se va a pagar un costo.
El patrimonio declarado
Arropado el martes 18 por una concentración masiva en Cuautitlán, Estado de México, Peña Nieto dijo que hay quienes al amparo del dolor por lo ocurrido en Iguala quieren desestabilizar el país, provocar desorden social y atentar contra su proyecto de nación.
Añadió: “No sé si esté vinculado a esto (la investigación periodística sobre la casa) pero pareciera un afán orquestado por desestabilizar y por oponerse al proyecto de nación”.
Luego abundó en lo positivo de que quienes tienen responsabilidad pública rindan cuentas y sean transparentes… y anunció que le había pedido a su esposa aclarar el tema de la Casa Blanca.
Esa misma noche Angélica Rivera apareció en un video que difundió El Noticiero, de Joaquín López Dóriga y luego se colocó en línea, en el cual la primera dama explicaba, aparentemente molesta, su negocio con Juan Armando Hinojosa.
El presidente se volvió a referir al asunto el miércoles 19 cuando, en Michoacán, agradeció que su esposa hubiera hecho público su patrimonio y anunció que él mismo abriría los datos de su declaración patrimonial.
La Presidencia de la República avisó que publicaría la declaración patrimonial de Peña Nieto a las 23:30 horas, pero una hora antes López Dóriga en su noticiero volvió a tener la “primicia”… que no lo fue tanto, pues repitió lo ya sabido.
El 30 de marzo de 2012, al iniciar su campaña presidencial, Peña Nieto anunció que haría pública su declaración patrimonial. Esa vez expuso que sus propiedades eran cuatro residencias: una en Metepec, una en Ixtapan de la Sal, una en Atlacomulco y otra en Toluca; un terreno en Valle de Bravo, otro en Acambay y dos en Metepec, todo en el Estado de México. Además dijo tener un departamento en Acapulco. La declaración fue avalada por notario, inau­gurando también el uso de la fe pública para compromisos de campaña.
El 15 de enero de 2013, al presentar su primera declaración patrimonial ya como presidente, Peña Nieto omitió precisar los lugares donde se ubican sus propiedades. Así que en realidad la declaración sólo ofrece montos de lo que anteriormente ya había declarado, no establece los lugares precisos de los inmuebles y terrenos pero indica que seis de las nueve propiedades fueron donadas por su padre y su madre, mientras que una más la heredó de su fallecida esposa Mónica Pretelini.
Según la misma declaración sólo compró dos inmuebles, uno de ellos cuando tenía 15 años: Habría adquirido una casa en 1982 por un monto de sólo 924 viejos pesos.
En 1988 su padre le habría donado un terreno de mil metros cuadrados con valor de 11 mil 200 viejos pesos. Un año después, también su padre le donó un terreno rústico de 2.4 hectáreas por un valor de 647 viejos pesos.
El 19 de marzo de 2001 heredó de su cónyuge un departamento con un valor de 2.6 mdp. Pero la herencia no coincide con las fechas, pues su primera esposa, Mónica Pretelini, murió seis años después, en enero de 2007. En el derecho sucesorio la herencia en vida se llama donación.
Luego Peña Nieto compró al contado otras más, en diciembre de 2005, con un valor de 5.6 mdp.
Las dimensiones de las casas y terrenos habían sido explicitadas desde la declaración del 15 de enero de 2013. Las propiedades que adquirió por donación de su madre, según la explicación, habían sido obtenidas por ella a su vez por donación de su esposo. Se trata de un terreno de 2 mil 547 metros cuadrados, con un valor de 6.9 mdp donado en 2009. Además tres propiedades donadas en 2011: Una casa de 150 metros cuadrados, con valor de 611 mil 253 pesos. Otra de 338 metros cuadrados con valor de 455 mil 600 pesos. Y un terreno de casi seis hectáreas con un valor de 5.1 mdp.
El presidente de México tiene un patrimonio de 45.2 mdp, de los cuales 21.4 son inmuebles, 6.9 en joyas, relojes, metales preciosos o monedas y obras de arte, en tanto 16.9 son inversiones. Sus bienes y ahorros han sido obtenidos mayoritariamente por “donación”.
Para Diego de la Mora, responsable del área de Presupuesto y Políticas Públicas de la organización civil Fundar, falta la declaración de los bienes de su esposa que, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Manual de Declaraciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es una obligación de todo servidor público.
Agrega: “Me parece que toda la información, las justificaciones que se han hecho tanto de la primera dama como del presidente, y la declaración patrimonial no eximen de responsabilidad a la SFP y al Congreso de investigar, por posible conflicto de interés; me parece que hay muchos elementos para llevar el caso hasta sus últimas consecuencias”.
Morales Canales considera que la declaración ofrecida por el presidente es mejor que la versión pública anterior. Y si bien califica la apertura de montos como “un buen gesto” añade que no ofrece respuestas.
“La información es una herramienta que ayuda pero debe completarse con justificaciones y razones; si no, queda incompleta. No entendemos qué llevó al presidente a vivir ahí (Las Lomas), su relación con Grupo Higa ni la cancelación del contrato, o las obras del Estado de México; no sabemos si en verdad es la empresa más competitiva, la mejor o cuál es la valoración previa”, plantea.
La investigadora menciona las limitaciones legales para mantener las declaraciones patrimoniales como confidenciales, especialmente a partir de que la Suprema Corte rechazó un amparo demandado por Fundar sobre la publicidad de las de los dipu­tados, que los ministros desestimaron –excepto José Ramón Cossío– privilegiando el derecho a la confidencialidad.
Morales recuerda que en la “Ley modelo sobre declaración de ingresos, pasivos y activos por parte de quienes desempeñan funciones públicas”, de la OEA –instrumento suscrito por México– se plantea un formato para la publicidad de información de las declaraciones patrimoniales de servidores públicos, pero también de contratistas, algo de lo cual se carece en el país.
Sostiene que esta crisis debería abrir la oportunidad para revisar propuestas serias en materia de rendición de cuentas y transparencia, especialmente porque esta semana se discutirán reformas en dichas materias.
“Lo que queremos, como ciudadanos, son respuestas y acciones. Hay mucho enojo en las calles y pocas propuestas y medidas a largo plazo. Se requieren acciones –no sólo mediáticas y espectaculares– que nos hagan ver que hay una política pública de combate a la corrupción. El grito en las calles es contra inseguridad e impunidad, pero sobre todo contra la corrupción.”

Imagen al exterior .- Omar

Faltan 43 .- Boligán

Actores contra el teletón (video)

Vamos progresando-Hernández

Ayotzinapa es más que política, es sobre derechos humanos: Residente

Va más allá de México porque es muy fuerte, una desgracia, dice el vocalista de Calle 13

Apoyo estas causas porque para mí es imposible que pase esto en Latinoamérica y al treparme a la tarima no mencionarlo, afirma
En EU hay mucha expectativa sobre el caso: Tom Morello
Foto
René Pérez, Residente, junto a familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, en una imagen que publicó en su cuenta de Instagram
Juan José Olivares
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de noviembre de 2014, p. 7
Todas las causas sociales son importantes, pero el caso de Ayotzinapa me parece que va más allá de la política: trasciende al plano de los derechos humanos. Va más allá de México; es algo más grande, porque es algo muy fuerte, es una desgracia, dijo René Pérez, conocido comoResidente, de la agrupación Calle 13, previo a su concierto de anoche en el Palacio de los Deportes.
Residente ofreció una conferencia junto con Eduardo Cabra, Visitante, la otra parte de la agrupación puertorriqueña. También los acompañó el guitarrista Tom Morello.
En la charla, Residente comentó que habló con uno de los padres de los desaparecidos. Es muy conmovedor lo que me contó, porque yo acabo de tener un hijo, y sé que es muy fuerte, yo apoyo estas causas porque no puedo dejar de hacerlo, es mi deber. Para mí sería imposible treparme en una tarima y que esto pase en Latinoamérica y no mencionarlo. No obstante, no entiendo porqué gente en México lo ha maliterpretado y se han ofendido.
Se le preguntó al músico qué le comentaría al presidente Enrique Peña Nieto sobre el caso. A lo que dijo: No es mi presidente. El mensaje se lo tienen que dar ustedes, manifestándose pacíficamente para que haya más unidad.
Sin oportunismo
Sobre su activismo y manifestación habitual en los lugares en los que se presenta con su grupo, aseguró que él sólo usa el micrófono para algo positivo, expresarse.
“Lo hacemos genuinamente, no ganamos nada. ¿El oportunismo? ¿De qué?, yo sólo gano la oportunidad a que me peguen un tiro. Tampoco pierdo la oportunidad de sonar menos en la radio, de no vender un disco o de no participar en los Grammys. Sólo somos artistas y hablamos, y expresamos lo que sentimos con toda honestidad. No tenemos porqué no hacerlo. No me interesa ser un líder, lo dije, tengo un micrófono y lo uso. Agregó: Podría no meterme en nada y cantar música pop y vivir tranquilo, y así olvidarme de tener seguridad y una esposa con miedo. No. Yo voy a defender lo que ocurre en otros países también.
No obstante, aceptó que los artistas no están obligados a decir cosas si no la sienten. A mi como me criaron mis padres bajo mi instancia, desde pequeño tengo esos valores y cuando ocurre una injusticia como la de Ayotzinapa, sólo hice lo que tenía que hacer, en referencia a su discurso en la ceremonia de los Grammys pasados.
Comentó que en dicha gala la mexicana que sí habló fue Lila Downs antes de la premiación, pero no lo televisaron.
Por su parte, Tom Morello, músico reconocido de la banda Rage Against the Machine, dijo que en Estados Unidos mucha gente está a la expectativa de este caso de Guerrero y que él siempre se unirá a este tipo de causas.
Respecto al decreto de Barack Obama sobre la regularización de miles de migrantes, el músico aseveró que no es suficiente. La justicia no debe tener fronteras.
A su vez, Eduardo Cabra, comentó estar únicamente orgulloso de su hermano (René) sobre manifestarse.Hay que tener cojones para hacer lo que él hace.

Mansión de mando de la PF, valuada al menos en 29 mdp

14 noviembre, 2014 | 7:55 am

El Universal | NorteDigital
El valor en el mercado de la casa del encargado de combatir la corrupción al interior de la Policía Federal, no va acorde con el salario que percibe como funcionario
Edgardo Flores Campbell, director nacional de Asuntos Internos
Fuente: Agencias
La mansión de Edgardo Flores Campbell, titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, fue edificada en una de las zonas más exclusivas de la capital del país, donde el metro cuadrado llega a alcanzar un precio de hasta 31 mil 304 pesos.
La licencia que emitió la delegación Miguel Hidalgo para la construcción del inmueble, que cuenta con alberca, indica que se autorizaron 927 metros cuadrados.
De acuerdo con la plusvalía de la zona que maneja el portal Metros Cúbicos, empresa dedicada al mercado de bienes y servicios inmobiliarios en México, los 927 metros cuadrados de la propiedad de Campbell, alcanzan en el mercado un precio de 29 millones 18 mil 808 pesos. Esto no incluye detalles y accesorios que han añadido a la propiedad.
El valor en el mercado de la casa del encargado de combatir la corrupción al interior de la Policía Federal, no va acorde con el salario que percibe como funcionario dentro de la corporación que encabeza Francisco Galindo Ceballos, comisario General de la Policía Federal.
El Portal de obligaciones de Transparencia del gobierno, indica que el titular de Asuntos Internos, con plaza clave CGPF001, percibe un sueldo mensual de 191 mil 900 pesos.
Los recursos que se destinan para cubrir el sueldo de Campbell, son semejantes al salario del comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien según el portal de Transparencia, obtiene un pago de 199 mil 591 pesos al mes.
La información disponible indica que Flores Campbell, además de su salario mensual, cuenta con un seguro de 40 meses de sueldo integrado en caso de cualquier contingencia que ponga en peligro su vida.
Otra de las prestaciones que se le otorgan al funcionario que vive en una de las zonas de mayor plusvalía del Distrito Federal, es una caja de ahorro que al momento de dejar de prestar sus servicios se le entrega. La prestación le aporta el doble de la cantidad que haya ahorrado durante el tiempo que laboró.
Además, cuenta con un seguro de 74 a 333 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal, de acuerdo al nivel jerárquico correspondiente, siendo extensiva a cónyuge y a dos hijos.
Percibe una prima vacacional de 7.5 días de sueldo mensual, primas de antigüedad, las cuales pueden variar dependiendo el tiempo laborado como funcionario, y tiene derecho a dos periodos de vacaciones de 10 días hábiles.
Sus familiares pueden cobrar un seguro de muerte de hasta cuatro meses de sueldo, así como una ayuda para despensa de 77 pesos mensuales.
El pasado martes se informó sobre el derrumbe parcial de una propiedad ubicada en Bosques de las Lomas, en la delegación Miguel Hidalgo. La casa, es propiedad de Flores Cambell, quien comenzó a tener cargos en el gobierno al estar cerca del entonces candidato a la presidencia Felipe Calderón Hinojosa.
Durante la campaña de quien fuera presidente de México, Campbell se acreditaba como coordinador de giras y logística. También se le relaciona con el ex secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora.
Antes de incorporarse a la seguridad pública federal, fue director general de Seguridad Pública y Tránsito en Tlalnepantla Estado de México y director de Seguridad Pública de la delegación Miguel Hidalgo en la administración del panista Arne Aus Den Ruthen.