jueves, 15 de mayo de 2014

Marinos asedian a defensor de derechos humanos en Tamaulipas


Elementos de la Marina en Tamaulipas. Foto: Víctor Hugo Valdivia
Elementos de la Marina en Tamaulipas.
Foto: Víctor Hugo Valdivia
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Más de un centenar de efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) desplazados en Nuevo Laredo mantienen rodeada la oficina del Comité de Derechos Humanos de esa ciudad,  en un acto de “intimidación y amenaza”, acusó el presidente de esa organización civil, Raymundo Ramos Vázquez.
En entrevista telefónica, el defensor denunció que desde las 9:00 los marinos mantienen sitiada la colonia La Joya, donde se encuentra su oficina, sin permitir el ingreso y salida de los vecinos, “allanado a las casas sin orden de cateo, alegando que están en operativo, y amenazan con entrar a mi oficina que ya fue cerrada”.
El CDHNL es la única organización civil de defensa de derechos humanos que ha sobrevivido en Tamaulipas, por la violencia desatada en la entidad a partir de la “guerra contra el narcotráfico” y la disputa por la plaza entre los cárteles del Golfo y los Zetas.
Dicha organización ha documentado casos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Marina y de la Defensa Nacional, lo que ha derivado en amenazas contra Ramos Vázquez, quien es beneficiario del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas.
Durante la visita del relator para la tortura de la ONU, Juan Méndez, Ramos Vázquez presentó varios casos de abusos cometidos por las fuerzas armadas, mismos que fueron publicados en el número 1957 de la revista Proceso.
El defensor aseguró que a las 9:00 personal de la Marina que ya tenía sitiada la colonia, “estacionaron un vehículo no oficial afuera de la oficina” y  minutos después se presentaron para “solicitar unos folletos de derechos humanos, que les fueron entregados por mi secretaria (Hilda Muñiz);  yo llegué más tarde y no me dejaron entrar”.
A las 13:30, un oficial de Marina que no se identificó llamó a Ramos Vázquez para informarle que tenía interés de ingresar a su oficina para “saber cómo están trabajando y revisar los expedientes de los abusos documentados”.
El defensor se negó a dar autorización para que los marinos ingresaran y ordenó al personal de su oficina desalojarla y cerrarla. En la colonia hay siete vehículos de la Marina y seis no oficiales distribuidos en las calles, y por lo menos hay un centenar y medio de marinos, apuntó.
“Un amigo abogado se acercó a preguntar a los marinos, que no se identifican, sobre lo que estaba ocurriendo y por qué querían entrar a mi oficina, y la explicación que le dieron es que sospechaban que presuntos delincuentes estuvieran escondidos ahí”, contó.
Ramos Vázquez consideró la actuación de los marinos como un acto de “amenaza e intimidación”, ante la actividad desplegada por el CDHNL.
“Luego de presentar los casos ante el relator a fines de abril, hicimos una manifestación con motivo del Día de las Madres, para recordar a los desaparecidos, y este jueves tenía programada una conferencia de prensa en mis oficinas para sumar al Comité a la campaña mundial contra la tortura lanzada por Amnistía Internacional”, detalló.
Ramos Vázquez recordó que no ha sido la primera vez en que se ha sido amenazado por miembros de fuerzas armadas, hechos que atribuye a su labor como defensor.

Choca autobús de ADO con pipa; al menos 10 muertos



15 DE MAYO DE 2014 
Accidente en la carretera Tabasco-Campeche. Foto:  Tomada del diario Tabasco Hoy
Accidente en la carretera Tabasco-Campeche.
Foto: Tomada del diario Tabasco Hoy
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Al menos diez muertos, así como varios heridos, dejó como saldo preliminar el choque e incendio de un autobús ADO con una pipa que transportaba combustible, en los límites de Tabasco y Ciudad del Carmen, Campeche.
Esta nueva tragedia ocurrió alrededor de las 15:00 horas de este jueves y, según los primeros reportes, el autobús proveniente de la isla hacia Villahermosa chocó de frente con la pipa y ambos se incendiaron.
El accidente ocurrió en el kilómetro 105 de la carretera Ciudad del Carmen-Villahermosa, a unos 30 kilómetros de la caseta fitosanitaria que se encuentra entre los límites de Tabasco y Campeche.
El ADO al parecer se partió en dos y una parte se incendió.
Según sobrevivientes, al parecer el chofer del ADO se quedó dormido y colisionó con la pipa cargada de combustible.
Elementos de la Armada de México y de Protección Civil del municipio de Centla, Tabasco, acudieron en auxilio de los sobrevivientes y a rescatar los cuerpos de los fallecidos.
El pasado 13 de abril un autobús que había salido de esta capital hacia la Ciudad de México se estrelló con un tráiler mal estacionado en el tramo carretero Isla-Cosoleacaque, a la altura del municipio de Juan Rodríguez Clara y Acayucan, Veracruz, con saldo de 36 muertos, en su mayoría tabasqueños, luego de calcinarse la unidad.

Sandra Luz Hernández, activista de Madres con Hijos Desaparecidos

Cierran bar gay en León por “no ser compatible con la nueva imagen” de la ciudad


Miles celebran el Día Internacional del Orgullo Gay. Foto: Octavio Gómez
Miles celebran el Día Internacional del Orgullo Gay.
Foto: Octavio Gómez
LEÓN, Gto., (proceso.com.mx).- Porque no corresponde con la “nueva imagen” que el gobierno de la priista Bárbara Botello quiere imponer al centro de la ciudad, un bar gay que operaba desde varios años fue cerrado, al negársele la renovación del permiso.
El director de Desarrollo Urbano Municipal, Óscar Pons, le dijo al propietario del establecimiento que “por órdenes de arriba” le sugería cambiar su negocio por “una cafetería o una tienda de estambres”.
Otros dos bares fueron cerrados en las semanas anteriores también en la zona del Centro Histórico de León, según consignó el portal informativo Zonafranca.
El “G Bar”, ubicado en la calle Madero, solía desplegar diversas actividades de información y promoción de la salud en las comunidades lésbico-gay, bisexual y transgénero de la ciudad, como conferencias, semanas de la salud, cine y otras.
También ha sido uno de los organizadores del desfile anual por el Día mundial contra la homofobia, celebrado tradicionalmente el 17 de mayo.
El propietario del establecimiento, Erick Lino, declaró a Zonafranca que él administraba el bar desde el 2005, cuando le fue traspasado por un dueño anterior, y en ese tiempo las licencias de uso de suelo eran permanentes.
Sin embargo, a partir de 2008 se estableció la obligación de renovarlas cada año. Pero con el argumento de los cambios en el Código Urbano, le negaron el cambio de nombre de la licencia (que tenía el del anterior propietario) y tampoco le aceptan la renovación del permiso del uso de suelo, con el argumento de que el bar no contribuye a dar una imagen “digna” al Centro Histórico.
“Las órdenes vienen de arriba. A mí me dijeron que el G Bar no es compatible con los planes a futuro de la Madero. Nos dijeron que puede reubicarse o poner una cafetería, o una tienda de estambres, búsquenle por otro lado”, fue la respuesta que el dueño recibió del director de Desarrollo Urbano Municipal, Óscar Pons.
Erick Lino lamentó la decisión de la autoridad municipal pues, puntualizó, el G Bar había sido en los 9 años en que fue el propietario un centro de expresión de la diversidad sexual existente en León y los alrededores, con actividades como la concientización sobre la homofobia, campañas de prevención del VIH-Sida y pláticas de orientación.

Lo que faltaba: pensión vitalicia a magistrados del Tribunal Electoral


Como parte de los cambios que aprobó el Senado a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se incluye un artículo que, en caso de que también lo apruebe la Cámara de Diputados, establecería pensión vitalicia para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
magistrados
El Senado aprobó anoche cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que, en caso de prosperar, permitiría que los magistrados del Tribunal Electoral puedan tener pensión vitalicia.
La modificación se hizo en el artículo 209, en el que señala que la comisión de administración del tribunal puede “determinar, en su caso, el haber de retiro de los Magistrados de la Sala Superior”.
La Comisión de Administración del Tribunal Electoral se integra por el presidente de dicho tribunal, un magistrado electoral de la Sala Superior, así como tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal.
El “haber de retiro” está establecido hasta ahora sólo para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el artículo 183 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación puntualiza: “Al retirarse del cargo, los ministros tendrán derechoa un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al cien por ciento durante los dos primeros años y al ochenta por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo.
Cuando los ministros se retiren sin haber cumplido quince años en el ejercicio del cargo, tendrán derecho a la remuneración a que se refiere el párrafo anterior de manera proporcional al tiempo de su desempeño. En caso de fallecimiento de los ministros durante el ejercicio del cargo o después de concluido, su cónyuge y sus hijos menores o incapaces tendrán derecho a una pensión equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración mensual que en términos de los dos párrafos anteriores debía corresponder al propio ministro”.
Los magistrados del Tribunal Electoral ganan más de 4 millones de pesos al año, por su sueldo así como prestaciones e incluso un “pago por riesgo”.

Cínicos, los legisladores que aseguran no bajarán precios de gasolinas con reforma: AMLO



México, DF. Andrés Manuel López Obrador cuestionó que el presidente de la Comisión de Energía del Senado y otros legisladores afirmaran que los precios de las gasolinas no disminuirán al ponerse en marcha la reforma energética
“Estos cínicos declaran que no bajarán el precio de las gasolinas. Urge recoger los dos millones de firmas para exigir la consulta energética”, escribió.
El Movimiento de Regeneración Nacional recolecta las firmas en el formato que le fue entregado por el Senado para que se realice la consulta popular en junio de 2015.

Feliz día del aviador


Arreglos oportunos Julio Hernández López

Astillero
 TV Atlacomulco
 Postores copetones
 Va Alcántara (y aliados)
 Arreglos oportunos
Julio Hernández López
Foto
AVAL EN EL SENADO. La noche de este miércoles, los senadores aprobaron dos nuevas leyes secundarias y avalaron reformas a otras tres en materia electoral, que regirán los comicios de 2015. En la imagen, los coordinadores parlamentarios Miguel Barbosa (PRD), Emilio Gamboa (PRI) y Jorge Luis Preciado (PAN)Foto José Antonio López
¿P
ara qué tanto brinco, estando el suelo tan Toluco? El grupo Atlacomulco va por una de las cadenas de televisión abierta que el actual jefe político está subastando (¿la clave de identificación de esa nueva señal sería XH-KPT?)
Para ello se han aliado y alineado oportunamente Roberto Alcántara Rojas, accionista mayoritario de Inversionistas en Autotransportes Mexicanos (IAMSA), principal consorcio nacional de autobuses (con unas nueve mil unidades) y de la línea aérea VivaAerobús; Prisa, el expansivo pero económicamente atribulado grupo español de medios de comunicación que tiene como emblema el diario El PaísReporte Índigo, la publicación impresa y digital que dirige Ramón Alberto Garza García, acompañado por Antonio Navalón, de origen español, quien ha representado los intereses de Prisa, y el grupo Mac Multimedia (la revista CambioDiario DFRumbo de México Diario de Toluca, como sus principales productos), encabezado por los hermanos Luis y Anuar Maccise, cuya cobertura periodística ha tenido como principal plataforma y destino el estado de México, donde gobernadores como Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto han agradecido el estilo informativo.
El eventual (a)salto a las pantallas televisivas había dejado demasiadas huellas obvias (de las cuales esta columna astillada ofreció una relatoría el pasado 27 de febrerohttp://goo.gl/2fYDDF), pero este martes el propio Roberto Alcántara Rojas informó que el grupo (Toluca) está interesado en las dos nuevas cadenas de televisión abierta que serán licitadas por el gobierno. Mencionó que es necesario conocer los detalles de las bases de licitación para armar de lleno la propuesta, aunque no especificó si será en alianza con el español Grupo Prisa (http://goo.gl/jSolHw).
Alcántara, presidente del Grupo Toluca, va a cumplir tres meses como extraño miembro del consejo de administración de Promotora de Informaciones S.A. de C.V (Prisa), el consorcio presidido por Juan Luis Cebrián. Prisa se define como unacompañía líder en creación y distribución de contenidos culturales, educativos, de información y entretenimiento en los mercados de habla española y portuguesa, la cual, con presencia “en 22 países, llega a más de 52 millones de usuarios a través de sus marcas globales El País, 40 Principales, Santillana o Alfaguara” (http://goo.gl/eJMVZ4).
En México, por ejemplo (donde durante el anterior gobierno federal tuvo como ejecutivo a un cuñado de Calderón), Prisa es dueña al 50 por ciento de Televisa Radio, con sus señales específicas de W Radio y Las 40 principales, y junto con la empresa de Emilio Azcárraga Jean maneja la edición mexicana de la revista Rolling Stone, en cuya portada más reciente apareció Peña Nieto como El reformador, con un subtítulo de presunta reivindicación operativa ante presunciones de subnormalidad,¿Tonto?... ni tanto, a partir de un texto escrito por Enrique Hernández Alcázar, un irreverente y bien informado periodista que conduce en W Radio el interesante programa de humor político y análisis denominadoEl weso. Cuando menos en cuanto al título de portada, Rolling Stone fue obsequiosa con EPN, pues no utilizó el encabezado original del texto de Hernández Alcázar: “EPN, el reformador… incompleto”.
A ese entramado mediático internacional ha llegado el presidente del Grupo Toluca, el pro priísta y pro peñista Alcántara Rojas, empresario mexiquense cuya experiencia no tiene absolutamente nada que ver con prensa, radio, televisión y libros, pues se ha dedicado al manejo de su enorme flotilla de autobuses y a otra variante de la transportación, la de los vuelos de bajo costo en alianza con RyanAir y, décadas atrás, al manejo de un banco, Bancrecer, favorecido en naufragios y rescates por el Fobaproa.
Es entendible que los periodistas Garza y Navalón, a nombre de Reporte Índigo, hagan alianzas, aunque parezcan disparejas, con el gigante español. Incluso, con amplitud de criterio, puede sobrellevarse el hecho de que Prisa haga acuerdos de colaboración con el grupo Mac Multimedia, cuyo historial periodístico parecería circunscrito al estado de México (donde Arturo Montiel fue generoso gobernador, al igual que el sobrino luego sucesor: el tecleador astillado se disculpa por este inexplicable ataque de memoriosidad senil, que le ha hecho insistir torpemente en algo que ya había pergeñado líneas atrás) y ciertas incursiones en el DF.
Pero, ¿Alcántara Rojas en el consejo de administración de Prisa? Pues sí, con una aportación de capital que le otorga 0.025 por ciento de los derechos de voto de esa sociedad anónima, el empresario mexiquense es desde el pasado 25 de febrero uno de los 14 vocales del mencionado consejo. Otro de esos vocales es el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien preside el comité de gobierno corporativo. Alcántara es, además, uno de los seis vocales de la comisión delegada que preside el mero mero Cebrián (http://goo.gl/SV1SzP).
Un asomo a la imprescindible columna México SA, de Carlos Fernández-Vega, arroja luz, desde 2002 (http://goo.gl/iPkSiG), sobre los usos y costumbres del nuevo periodista Alcántara, eventualmente armador del proyecto financiero de apropiación atlacomulquense de una nueva cadena de televisión abierta: “Roberto Alcántara Rojas, uno de los dilectos y costosísimos hijos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), ex cabeza del grupo empresarial al que la reprivatización salinista le asignó el otrora Banco de Crédito y Servicios (originalmente Bancreser, ahora conocido como Bancrecer) y dueño –entre otras muchas cosas– de una enorme flotilla de camiones de pasajeros que durante muchos años dio servicio gustosa y generosamente a candidatos, comitivas y acarreados en distintas campañas políticas del otrora invencible partido tricolor. Por una mera casualidad de la vida, una de esas campañas fue la del reprivatizador de la banca” (Zedillo).
Todo listo, pues, para la puja por el nuevo canal, con bendecidas alianzas sugerentes y un gel marca Paisano que parece unirlas. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero

Michoacán-Hernández


Blindaje electoral


Pregunta obligada


Encaminados-Rocha


Qué raro


Ahora Tamaulipas-Helguera


Paternidad


Y ahora, a Tamaulipas-Fisgón


Modelo de comunicación y reforma política

Peña durante su mensaje en cadena nacional sobre la reforma energética. Foto: Especial
Peña durante su mensaje en cadena nacional sobre la reforma energética.
Foto: Especial
MÉXICO, D.F. (apro).- Cuatro temas quedaron como “insalvables” o encorchetados en las negociaciones entre el PRI, PAN y PRD sobre la reforma político-electoral realizadas durante estos dos meses: El modelo de comunicación política, el financiamiento privado, las candidaturas comunes y los alcances de las funciones del Instituto Nacional Electoral en relación con los institutos estatales.
Bastante se avanzó en las negociaciones. Iniciaron con cerca de 30 temas de desencuentro, luego llegaron a 16 muy álgidos. El asunto del prorrateo de los gastos de campaña, una de las diferencias más importantes, se resolvió entre la madrugada del domingo 11 y el lunes 12 de mayo.
Este martes 13 las comisiones unidas decidieron aprobar, en lo general, el dictamen acordado por los negociadores y que el pleno del Senado resolviera las diferencias. Además, la Comisión Permanente convocó a un periodo extraordinario para este miércoles 14 y se espera que, a más tardar, el 16 de mayo deben ser discutidas y votadas en la Cámara de Diputados y el Senado las cuatro leyes secundarias.
Los “corchetes” no son asuntos menores. Están en la esencia de la imposibilidad de tener una reforma político-electoral definitiva que deje de pensar sólo en los términos de la partidocracia y decida pensar en los ciudadanos.
También definirá los alcances de un modelo centralizado de organización electoral que provocó la desaparición del IFE para dar paso a un órgano híbrido que es el INE.
Y, en tercer lugar, el PAN insistió en incrementar el financiamiento privado para que rebasara el tope de gastos que representaba el 10% y llegara al 25%. Este tema aún falta analizarlo en todas sus consecuencias para un país donde las donaciones de personas físicas se pueden convertir en una fórmula de chantaje y de opacidad enorme.
Modelo de Comunicación Política
El senador Javier Corral es uno de los legisladores que más ha insistido en este punto. El panista fue el único que se abstuvo en la votación de la Comisión Permanente y argumentó que aún existen serias deficiencias en los artículos del 159 al 186 dentro de la Ley General de Procesos Electorales.
Lo que se apruebe en este punto definirá las relaciones entre cuatro partes importantes de la ecuación: Los medios de comunicación y la información que manejan en el proceso electoral, los partidos políticos y sus candidatos, los ciudadanos que son las audiencias receptoras de esos mensajes y las autoridades gubernamentales.
En el proyecto de dictamen se vuelve a caer en un vicio que tanta animadversión le ha creado a los partidos políticos: La excesiva partidocracia que ignora o limita a los candidatos independientes, figura que ya ha sido aceptada en la reforma constitucional.
a) Se debe establecer que los candidatos independientes tendrán derecho de “acceso a las prerrogativas para las campañas”, incluyendo el acceso a los medios de comunicación electrónica, sin necesidad de comprar ni adquirir estos espacios.
b) En el proyecto de dictamen también es indispensable “prohibir la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”. Pero también es necesario prohibir la transmisión de la misma publicidad o propaganda en los programas de entretenimiento.
c) Hemos visto, desde el ascenso de Enrique Peña Nieto al poder, que el uso y abuso de los infomerciales o de la inserción de menciones pagadas en programas de variedades y de espectáculos se convirtió en un modelo de despilfarro de recursos públicos y una sospechosa fórmula para mantener una doble contabilidad, sin que los organismos electorales puedan ejercer una fiscalización puntual y precisa.
El modelo Peña Nieto –impune hasta ahora porque nunca fue sancionado ni él ni el PRI- ha sido replicado y repetido por todos aquellos gobernadores, alcaldes y hasta delegados capitalinos que pretenden promoverse como candidatos o precandidatos. En este caso, se trata de respetar y admitir uno de los derechos de audiencia más importantes: Diferenciar entre información, entretenimiento y publicidad política.
d) También es necesario subrayar la necesidad de que el INE ordene la suspensión de la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas en las estaciones de radio y televisión que se vean o escuchen en el ámbito geográfico de la elección que se celebre, incluyendo también los canales de televisión restringida.
e) El otro punto delicado del modelo de comunicación política es la posibilidad –siempre presente– de inducir y alentar la guerra sucia en los mensajes de campaña, ya no sólo a través de medios electrónicos (radio y televisión) sino de estas nuevas y dinámicas formas de comunicación que son las redes sociales.
¿Son válidos los blog centers, la contratación de cuentas falsas y la promoción de un lenguaje de odio contra adversarios, comunicadores y periodistas? ¿Cómo se hará la vigilancia y el monitoreo en estos medios? ¿De qué manera la vigilancia respetará el derecho a la información y a la libertad de expresión de manera irrestricta?
Éstas y otras dudas aún no están resueltas. Y es el debate que vendrá, con toda su fuerza, en los comicios del 2015, tanto federales como estatales.
Twitter: @JenaroVillamil

Fiscal de Moreira supo de la masacre en Allende pero no hizo nada para detenerla


El extitular del PRI, Humberto Moreira. Foto: Octavio Gómez
El extitular del PRI, Humberto Moreira.
Foto: Octavio Gómez
SALTILLO, Coah. (apro).- Jesús Torres Charles, fiscal general durante el gobierno de Humberto Moreira, supo de la masacre que en 2011 ocurría en los municipios de Nava y Allende, donde alrededor de 300 personas fueron asesinadas manos de Los Zetas, pero no hizo nada por evitarla, pues era un asunto de narcotráfico fuera de su competencia, justificó.
En conferencia, dijo que el gobierno de Coahuila entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) el resultado de sus investigaciones, pero hasta junio de ese año, un mes después de que terminó la matanza.
“Iniciamos averiguaciones previas muy serias. Entregamos un desglose a la Procuraduría General de la República a través de la SIEDO donde dimos los detalles de nuestras investigaciones”, precisó Torres Charles previo a su participación la conferencia “Reforma penal y derechos humanos”, realizada en Instituto de Cultura.
Sin embargo, dejó ver que las autoridades de entonces no actuaron para detener la masacre pues se trataba de asuntos del crimen organizado y, por lo tanto, no era de su competencia.
Luego, rechazó que policías estatales o elementos de la desaparecida Fiscalía General estuvieran relacionados con los grupos criminales autores de esos crímenes.
La masacre en los municipios de Allende y el Norte de Coahuila fueron a consecuencia de una venganza de Miguel Ángel Treviño, uno de los principales líderes de Los Zetas, contra dos de sus socios que denunciaron ante el gobierno de Estados Unidos el tráfico de narcóticos que se realizaba por la frontera de Piedras Negras.
Héctor Moreno Villanueva fue uno de los delatores, junto con José Luis Garza Gaytán. Ambos huyeron a Estados Unidos cuando fueron descubiertos.
El pasado 29 de abril, el ahora gobernador Rubén Moreira informó que la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila informó que ya citó a exfuncionarios públicos por la masacre de Allende.
“No puedo adelantar, pero ya fueron citados funcionarios públicos de ese tiempo para seguir con las indagatorias”, mencionó el mandatario sin ahondar al respecto.
Rubén Moreira comentó que la Procuraduría de Justicia estatal emprende una serie de indagatorias que arrojan que los hechos de Allende  sucedieron entre abril y agosto del año 2011.
Se le cuestionó por qué las autoridades de esa época no informaron sobre la masacre, a los que respondió: “Todo eso se investigará”.
Todo comenzó la tarde del 18 de marzo de 2011 cuando llegaron al poblado de Allende alrededor de 40 camionetas con hombres encapuchados y fuertemente armados que viajaron desde Tamaulipas buscando a las familias los detractores.
La barbarie ocurrió entre marzo y mayo. Durante ese tiempo, los sicarios estuvieron “levantando” a decenas de personas que tuvieran alguno de esos apellidos. Se llevaron hasta a sus amigos y empleados y luego de asesinarlos, desaparecían los cuerpos en las llamadas “narco cocinas”.
Los agresores también destruyeron con maquinaria pesada 40 residencias y siete ranchos en busca del dinero robado por sus socios a Treviño y  de un libro de contabilidad donde Héctor Moreno anotaba los negocios y el dinero que lavaba a nombre del que fuera su socio.
Según Luis Reynaldo Tapia,  alcalde de Allende, las víctimas de la masacre fueron unas 300 personas. Sin embargo, se suman unas 100 víctimas, producto de la limpia de su organización en el norte del estado. La mayoría de los cadáveres fueron deshechos en una “narco cocina” que operaba en el interior del Cereso de Piedras Negras.
Un mes después de la masacre y la retirada de los sicarios de Los Zetas, los militares llegaron a Allende y la región norte de Coahuila para reforzar la seguridad en la zona.

Mireles, el malo


14 DE MAYO DE 2014 
ANÁLISIS

Mireles. Oposición al desarme. Foto: Germán Canseco
Mireles. Oposición al desarme.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- Uno de los pilares que sostenía a los grupos de autodefensa ciudadana desde que nacieron el 24 de febrero de 2013 en la Tierra Caliente, Michoacán, era su autonomía del gobierno estatal y del federal. Esto daba legitimidad y credibilidad al movimiento, no obstante que el uso de las armas podría ser calificado como ilegal.
Por más de un año fueron considerados en muchas partes del país –con los mismos problemas de violencia e inseguridad– como la respuesta más legítima de una sociedad harta de los abusos del crimen organizado y sus cómplices en el gobierno, las fuerzas armadas y los policías que propiciaron un ambiente de desconfianza para cualquiera que se atrevía a denunciar.
En los meses que estuvieron operando sin el peso de los reflectores ni de las tentaciones del poder, el dinero y las posiciones políticas, las autodefensas hicieron lo que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no pudieron: arrebatar Michoacán de las manos de los Caballeros Templarios.
Con las armas en las manos los calentanos primero, y los costeños y purépechas después, avanzaron por regiones que estaban bajo el yugo de los Templarios. Les quitaron de sus dominios 24 municipios y lograron poner en cada uno de ellos grupos de autodefensas propios y hasta consejos ciudadanos que hacían las veces de alcaldes o cabildos.
José Manuel Mireles, un médico de Tepalcatepec con formación política alejada del PRI, concentró la atención de los medios por su discurso coherente y contestatario que chocaba con el oficial. Su figura alta, desgarbada y de tupido bigote, con sombrero, se hizo emblemática de las autodefensas que en el primer año mantuvieron su lejanía del gobierno federal.
Conforme pasó el tiempo el gobierno cooptó a varios de los representantes de las autodefensas que desde enero tomaron un papel protagónico en cada avance que tenían en los poblados que estaban bajo el control de los criminales Templarios.
El 4 de enero, Mireles sufrió un accidente aéreo y ante su ausencia el comisionado del gobierno federal, Alfredo Castillo, pidió que pusieran a otro representante de las autodefensas, y desde entonces trepó al escenario Estanislao Beltrán, Papá Pitufo, un limonero de Buenavista Tomatlán.
Sin la presencia de liderazgo ni el discurso político independiente del gobierno, Estanislao Beltrán resultaba más cómodo que Mireles en los planes del gobierno federal de desaparecer a las autodefensas, que para entonces ya eran un icono para otros grupos inconformes con la incapacidad e ineptitud del gobierno para combatir al crimen organizado.
El 24 de febrero, a su regreso a Tepalcatapec, y luego de su convalecencia por el percance aéreo, Mireles recuperó las calles y entre sus pares autodefensas no sólo el papel de vocero, sino que fue nombrado coordinador general de las autodefensas ciudadanas. Con ese cargo el médico cirujano se convirtió en “la piedra en el zapato” del gobierno del priista Peña Nieto.
Durante semanas, Castillo se reunió con las autodefensas pero sin incluir a Mireles. Asistían Papá Pitufo, Alberto Gutiérrez, El Comandante Cinco; Nicolás Sierra, jefe de la banda de Los Viagras, y otros más, con quienes el comisionado tomó el acuerdo para el desarme y desmovilización de las autodefensas a partir del sábado 10 de mayo.
A principios de abril, Mireles protestó por su exclusión y después de una serie de movilizaciones en varios municipios de Tierra Caliente y pueblos purépechas fue invitado a las siguientes reuniones, donde era la única voz disidente a las intenciones del gobierno federal de desaparecer a las autodefensas. Además, denunció el enriquecimiento de algunos de sus compañeros y su vinculación con grupos del crimen organizado.
Para el gobierno peñista era cada vez más incómoda la presencia de Mireles y, antes de que llegara el día del desarme, se desplegó una estrategia para anularlo y desprestigiarlo, aprovechando las propias debilidades del jefe de las autodefensas.
Papá Pitufo y el Comandante Cinco, que varias veces sirvieron de mensajeros de Castillo, fueron los peones en la estrategia gubernamental: acusaron a Mireles de deficiencia mental, de aprovecharse del movimiento, de la muerte de cinco jóvenes en un enfrentamiento en Caleta de Campos y solo faltó que señalaran que también era Templario.
Lo traicionaron a pesar de haber sido compañeros de causa. El comisionado cerró la estrategia al decir que se investigaría a Mireles por la muerte de los jóvenes, así como de confirmar que ya no era más el interlocutor con las autodefensas.
Hoy el movimiento de autodefensas michoacanas dejo de existir en Tierra Caliente. Siguen operando algunas en la región de la Costa y zona purépecha, junto con las rondas y policías comunitarias. El gobierno mediatizó e inutilizó al movimiento convirtiéndolo en una fuerza rural bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, la misma que fue infiltrada por el crimen organizado.
Quizá el gobierno federal apueste a que con la anulación del liderazgo de Mireles podrá controlar el movimiento de autodefensas en Michoacán y lograr una pacificación en la entidad.
Sin embargo, no toma en cuenta que ya existen municipios, como Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Tingüindín y Cotija, que han rechazado la sumisión y por el contrario han expresado su apoyo al doctor de Tepalcatepec.
También han resaltado que persiste una intención de formar un movimiento nacional de autodefensas que pretende canalizar la expresión de inconformidad social en todo el país ante la incapacidad del gobierno federal de sofocar al crimen organizado.
La anulación del liderazgo de Mireles y la institucionalización de las autodefensas no acaba con el problema del crimen organizado en Michoacán, tampoco la detención de los líderes de los Templarios y el encarcelamiento de algunas autoridades, como el exgobernador interino Jesús Reyna.
Peor aún, los grupos que antes estaban en el estado, como el Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, han regresado y la estructura social que soportó por tantos años a los Templarios sigue intacta. Tal vez haya una pausa en la violencia, pero el problema a todas luces no ha sido resuelto.
Twitter: @GilOlmos

Un gobierno de portada


Eduardo Cervantes.
EPN Time
La historia actual nos remite a los tiempos de Carlos Salinas Gortari. Promesas, bonanza, futuro prometedor y halagos por doquier en el contexto internacional.
Cuando Salinas de Gortari gobernaba, las publicaciones con mayor prestigio del mundo, lo retrataban en sus portadas. Era Salinas el visionario, el modernizador, el hombre que México había esperado décadas y décadas; el hombre que haría posible lo que ningún otro Presidente, sacar a México del tercer mundo.
Y en parte lo hizo, se modernizó una parte del territorio nacional, el Estado se deshizo de empresas paraestatales que generaban más gastos que dividendos –no significa que no tuvieran futuro-, entramos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –club de ricos al que cualquier otro país latinoamericano no podía aspirar-, la Organización Mundial de Comercio elogiaba nuestras políticas comerciales y el Fondo Monetario Internacional, nuestra política monetaria y fiscal. La cereza en el pastel, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
Salinas fue el consentido de los medios, principalmente de las publicaciones especializadas en economía, política, finanzas, energía, telecomunicaciones, etc.
Se dejaba apapachar por intelectuales y académicos, lo que arrastraba una estela de tranquilidad y confianza al resto de la poblacion.
Y el encanto se deshizo: el levantamiento en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y otros más, los antecedentes de una probable devaluación y las demandas de libertades civiles y derechos políticos, fracturaron el teatrito.
Las portadas y halagos del exterior no sirvieron, el país se nos deshizo entre las manos y con ello, varias generaciones quedaron privadas de oportunidades de desarrollo y crecimiento, riquezas se esfumaron y el patrimonio de una clase media vapuleada por 15 años de crisis económicas, desapareció.
Y las portadas quedaron para el recuerdo, la anécdota, la denuncia y la burla.
A 20 años, transitamos por un paraje igual de peligroso, el Presidente es el salvador de México para la revista Time y es vendido como un objeto de la cultura pop, en la Rolling Stone; Luis Videgaray es homenajado como el Ministro de Finanzas más importante del mundo y Emilio Lozoya, es el petrolero del año.
Siempre nos acusan de ser un país desmemoriado, sin conciencia y sin aprendizaje histórico. Hoy las condiciones son distintas, la democracia –bien o mal construida-, la libertad de la que gozamos y las redes sociales, pueden ser el anclaje a un pasado que no nos puede vender espejitos (otra vez, otra vez).
La ingeniería de una ciudadanía crítica e informada -a pesar de aun ser un ideal lejano-, se va construyendo poco a poco y liderazgos horizontales emergen para exigir y para denunciar los excesos y abusos del poder. Para demandar portadas que no nos afirman como nación y sí, nos distraen de lo importante.
Ojalá y esté equivocado, y ésta no sea una pantomima más del sistema político mexicano. Porque estos vicios no son propios del partido en el poder, son características que comparten todos en menor o mayor escala.
Nuestro régimen debe madurar y abandonar la retórica mediática, debe propiciar espacios de diálogo y de confrontación de ideas basados en argumentos y no en creencias. No en portadas.
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Dip. Luisa Alcalde (MC) - Ley General en Materia de Delitos Electorales ...

Indigna asesinato de madre que buscaba a su hijo en Sinaloa; ONG exigen justicia


14 DE MAYO DE 2014 
DESTACADO

Exigen investigar el asesinato de Sandra Luz Hernández en Sinaloa. Foto: Juan Carlos Cruz
Exigen investigar el asesinato de Sandra Luz Hernández en Sinaloa.
Foto: Juan Carlos Cruz
MÉXICO, D.F. (apro).- El asesinato de la activista Sandra Luz Hernández, quien buscaba a su hijo desaparecido en Sinaloa, provocó una ola de indignación entre organizaciones de derechos humanos, incluida la recién creada Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
La CEAV, Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos (CMDPDH) y Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), exigieron al gobierno federal y, en especial al gobernador Mario López Valdez, el esclarecimiento del homicidio ocurrido el lunes 12 en el centro de Culiacán, hasta donde acudió Sandra Luz presuntamente en busca de un informante que daría datos sobre la ubicación de su hijo, Edgar García Hernández.
Edgar, recordó la CEAV, era “empleado de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el 12 de febrero de 2012 fue sacado de su casa por personas armadas que irrumpieron en su domicilio”.
En su comunicado, la CEAV destaca que desde entonces “Sandra Luz Hernández se sumó a las investigaciones de la desaparición de su hijo ante la inacción de la autoridades estatales que, en dos años, no habían logrado generar información y avances firmes que permitieran conocer el paradero de su hijo”.
El organismo resaltó que Sandra Luz no sólo luchó por encontrar a su hijo, también “se unió a fuerzas y voluntades con madres de otras personas desaparecidas en Sinaloa”.
Para la CEAV “es lamentable que, en especial, las y los activistas que empeñan sus esfuerzos y determinación por ayudar a las víctimas y demandar su derecho a la justicia y la verdad, sean blanco de la intimidación, la violencia y los atentados que ponen en peligro su integridad física o incluso, como en el caso de Sandra Luz, desgraciadamente, la pérdida de la vida”.
Al solidarizarse con la familia de la activista “para que este crimen no sea un caso más en la larga lista de la impunidad”, la CEAV exigió al gobierno de López Valdez “una pronta respuesta y firmeza para esclarecer este homicidio que ensombrece, en todo el país, la causa de las víctimas y de sus defensores agrupados en organizaciones de la sociedad civil”.
La RNDDHM, integrada por 135 defensoras de derechos humanos de 19 entidades del país y el Distrito Federal, envió una carta al gobernador de Sinaloa para exigir el esclarecimiento del asesinato de Sandra Luz, quien formaba parte de Grupos de Familias en Búsqueda de sus Hijos/as.
Luego de solicitar a la CNDH la apertura de una queja de oficio, la Red informó a López Valdez en su carta que con el de Sandra Luz “suman 31 asesinatos de defensoras de derechos humanos en nuestro país, de 2010 a la fecha”, y que en los primeros tres meses esta ONG documentó “41 agresiones directas contra 25 defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, así como seis agresiones contra sus organizaciones”.
También recordó que Sandra Luz no ha sido la única madre asesinada en busca de justicia, y que muestra de ello es el caso de Marisela Escobedo, acribillada el 16 de diciembre de 2010 a unos pasos del Palacio de Gobierno de Chihuahua luego de exigir justicia por el homicidio de su hija.
“Ante este clima de violencia e inseguridad contra las defensoras de derechos humanos en México, hacemos un llamado a las autoridades estatales y federales para que atiendan esta situación y tomen medidas efectivas para garantizar el ejercicio de defender derechos humanos”, señaló la Red en su misiva.
A la condena se sumó la CMDPDH, que en comunicado parte detalló que Edgar García Hernández trabajaba en la oficina del procurador de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, cuando fue sustraído con violencia de su domicilio.
La ONG destacó que el lunes 12, “luego de una reunión con funcionarios de la PGJE, Sandra Luz recibió una llamada donde le dieron instrucciones para encontrarse con un supuesto informante. Sandra Luz, con una compañera activista, se dirigió al lugar y alrededor de las 16:00 horas, cuando caminaban por la colonia Benito Juárez en la zona centro de la ciudad, fue atacada por un sujeto que le disparó en al menos 15 ocasiones con una pistola calibre .9 milímetros, y quien de inmediato huyó del lugar”.
La CMDPDH consideró “inadmisible que las deficiencias en la procuración de justicia en el país obliguen a las víctimas a llevar a cabo investigaciones para lograr justicia, así como para buscar y localizar a personas desaparecidas”.
En respuesta, lamentó, “las víctimas de violaciones a derechos humanos, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil sufran represalias por luchar por justicia y verdad”.

¡ Inmensa la hipocresía de Belaunzarán !

Cárcel a quien compre votos en elecciones, aprueban diputados

Los diputados aprobaron la nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales, con la que se establece cárcel por la compra del voto.
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La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la minuta del Senado de la República sobre la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la turnaron al Ejecutivo federal para su promulgación.
El documento fue avalado en lo general con 384 votos a favor, 34 en contra y 13 abstenciones, y posteriormente el Pleno rechazó de manera gradual 21 reservas, presentadas por MC (10), PRD (seis) y PT (cinco). En lo particular se aprobó con 362 votos a favor, 29 en contra y 11 abstenciones.
Esta legislación forma parte de la legislación secundaria de la reforma político-electoral, aprobada en 2013; establece tipos penales, sanciones, distribución de competencias y formas de coordinación entre la federación y los estados y tiene como objeto proteger el desarrollo electoral y la consulta popular.
La norma, aprobada en la primera sesión del primer periodo extraordinario del receso legislativo, prevé sanciones de hasta 15 años de cárcel a quien lave dinero, condicione el voto, coarte o coopte al electorado o pretenda manipular elecciones a su favor.
La mayor penalidad establecida, de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa, se impondrá a la persona que realice, destine o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, cuando exista una prohibición legal para ello.
También se sancionará cuando los fondos tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos. Esta pena aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.
El documento destaca que las personas que no sean funcionarios públicos o pertenezcan a un partido, serán sancionados con prisión de tres a seis meses y una multa de 50 a 100 días de salario mínimo vigente, cuando participen en la votación de manera activa sin cumplir con los requisitos de ley.
Asimismo, cuando lleve a cabo proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral; obstaculice o interfiera en el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo o el adecuado ejercicio de los funcionarios electorales, entre otros aspectos.
Sobre los funcionarios electorales que hagan uso ilícito del registro federal electoral, del padrón electoral o de la lista de electores, se les impondrá una sanción de hasta doscientos días de multa y prisión de dos a seis años.
Recibirá la misma sanción quien siendo funcionario electoral obstruya el desarrollo de la jornada electoral, impida la entrega de materiales electorales, induzca al voto, instale o cierre una casilla sin observar los procedimientos legales o altere los resultados.
Respecto a los delitos cometidos por funcionarios partidistas o candidatos, el documento señala que éstos se harán acreedores de 100 a 200 días de multa y prisión de dos a seis años, si ejercen presión o inducen a los electores a votar o abstenerse de hacerlo por algún candidato, partido político o coalición.
De igual manera a quien realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral o sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales.
Sanciona el condicionamiento de programas gubernamentales con fines electorales, prevé que tratándose de servidores públicos que los utilicen, las penas se incrementarán hasta una tercera parte.
Precisa que de igual manera los senadores, diputados federales o locales asambleístas o presidentes municipales que hayan sido electos y que no se presenten, sin causa justificada, a desempeñar su cargo, serán sancionados por omisión, con la suspensión de sus derechos políticos electorales hasta por seis años.
Establece la sanción a los ministros de culto, de 100 a 500 días de multa que en el desarrollo de actos de su ministerio o ejercicio de culto religioso, presionen u orienten el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de hacerlo por un candidato, partido político o coalición.
Acerca de la Consulta Popular, impone una sanción de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años, para quien durante este ejercicio, realice proselitismo o presione a los electores.
Contempla también sanciones a cualquier forma de interferencia en el escrutinio y cómputo, la introducción o sustracción de las urnas y papeletas de la Consulta.
Impone multas de 200 a 400 días de salario mínimo y prisión de hasta nueve años al servidor público que durante la Consulta coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para votar o se abstengan de hacerlo, o condicione la prestación de servicios públicos, o cumplimiento de programas gubernamentales.

¿ Por qué no conviene el neoliberalismo ?

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Comuneros michoacanos denuncian que ahora pagan “cuota” a autodefensas


14 DE MAYO DE 2014 
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Autodefensa de Aquila, Michoacán, en conferencia de prensa. Foto: Enrique Castro
Autodefensa de Aquila, Michoacán, en conferencia de prensa.
Foto: Enrique Castro
MÉXICO, D.F. (apro).- Comuneros indígenas de San Miguel de Aquila denunciaron que el comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, alienta el paramilitarismo y confronta a las comunidades.
En conferencia de prensa, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Aquila, Octavio Villanueva Magaña, señaló que pese a los patrullajes de fuerzas federales de seguridad, la situación de violencia entres las comunidades indígenas continúa además de que se ven amenazadas por un grupo de autodefensas creado en octubre de 2013 que les exige las mismas cuotas que Los Caballeros Templarios.
Villanueva recordó que en agosto de 2013 el Ejército desarticuló a las guardias comunitarias constituidas en junio de ese año, y que desde que operan las autodefensas, “piden cuotas mensuales de 700 mil pesos por darnos seguridad, y dicen que tienen el aval del comisionado Castillo, lo que debe ser cierto, porque los hemos visto reunido con ellos”.
El dirigente indígena informó que esos autodefensas que forman parte de la estructura de guardias rurales alentadas por el gobierno federal, “han amenazado a las autoridades comunitarias, dicen que si no les entregamos lo mismo que le dábamos a Los Caballeros Templarios, nos van a levantar y nos van a matar, ya no puedo entrar a mi oficina  ni organizar una asamblea porque llegan a exigirme el dinero”-
Villanueva denunció que el comisionado Castillo contrató un bufete de abogados que visitó a los guardias comunitarios presos en el penal de Mil Cumbres en Morelia y en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz, para pedirles que “renuncien a la defensa que lleva el maestro Leonel Rivero, a su participación en la Coordinación Nacional Plan de Ayala- Movimiento Nacional (CNPA-MN), y que ellos los sacan en 20 días de la cárcel”.
Al respecto, el abogado Sandino Rivero, miembro de la defensa, de los 40 guardias comunitarios detenidos en agosto del año pasado –35 de ellos en libertad bajo caución, tres en Mil Cumbres y dos en Villa Aldama–, dijo que los ofrecimientos de los abogados, Jorge Espino, Antonio Pacheco y Juan Carlos Escobar, “quienes ostentaron la representación del comisionado Castillo”, ha provocado “confusión entre los detenidos, que ellos y sus familias están en un proceso grave de desgaste, tanto físico como económico, sobre todo de aquellos que están en Villa Aldama”.
El dirigente nacional de la CNPA-MN, Francisco Jiménez Pablo, alertó que el plan de seguridad impulsado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la creación de guardias rurales, “pervierte el proyecto comunitario, porque las corporaciones policiacas y militares están corrompidas, en tanto que las autodefensas están partidas, hay unos que apoyan a (José Manuel) Mireles y otros a (Estanislao Beltrán) Papá Pitufo, lo que vemos es que con ese planteamiento se está dando paso a mediano plazo al paramilitarismo y a comunidades luchando contra comunidades”.
Puntualizó que los guardias comunitarios de Aquila desde que se conformaron rechazaron ser parte del proyecto de autodefensas. “Hubo un acercamiento con Mireles pero se decidió no formar parte de ese Consejo General de Autodefensas porque su estrategia es expansiva y de control de territorios y las guardias comunitarias lo que buscan es la seguridad de la comunidad”.
Ahora con la división los dirigentes, descartó que los comunitarios de Aquila se sumen al médico “porque muchos de los que extorsionan están con Mireles”.
Jiménez Pablo anunció que el próximo 4 de junio indígenas de Aquila realizarán diversas movilizaciones para conmemorar la creación de la guardia comunitaria en esa comunidad, así como para visibilizar otros problemas que tienen como los agrarios, de extracción de minerales y de seguridad.
Los comuneros de Aquila demandaron la intervención del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, el desistimiento de los cargos contra los guardias comunitarios detenidos y procesados; el esclarecimiento de las desapariciones de tres miembros del Consejo de Bienes Comunales desaparecidos en noviembre de 2013, el respeto al derecho de los indígenas de Aquila en militar en la CNPA-MN así como a la de elegir la mejor forma de mantener la seguridad de su comunidad, en este caso a través de los guardias comunitarios.