domingo, 21 de septiembre de 2014

López Dóriga se dice perseguido por caso Sonora

lopez doriga

El derrame de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi significó una de las “vencidas” más fuertes del presidente Enrique Peña Nieto con Germán Larrea, dueño de Grupo México, una de las dos fuerzas económicas más poderosos del país, consideró el periodista Joaquín López Dóriga.
A través de su columna En Privado, publicada este miércoles y jueves, el periodista denunció que ha recibido amenazas por dar seguimiento al caso.
Recordó que la primera reacción de la firma propietaria de la mina Buenavista del Cobre, que provocó el derrame de 40 mil metros cúbicos de material tóxico, fue culpar a las lluvias; mientras que las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desmintieron esa versión al documentar que en esos días no hubo precipitaciones.
Añadió que ante las pruebas que apuntaban a la mina como la causante de lo que es considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería, las multas y denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), Larrea pidió ver al presidente Peña a través de un integrante del gabinete ampliado.
Ante la respuesta, la cual fue que sólo sería recibido por la Semarnat, López Doriga explicó que el dueño de Grupo México acudió a la oficina de Juan José Guerra Abud, donde dijo que estaba dispuesto a dar una aportación de 300 millones de pesos manejados por su empresa, para luego retirarse del despacho, no sin antes advertir que se verían en los tribunales, sin embargo, su propuesta no fue aceptada, y el gobierno lo exhortó a crear un  fideicomiso de 2 mil millones de pesos para resarcir los daños, petición que rechazó.
Larrea denunció entre sus allegados que el gobierno federal le había pedido 200 millones de dólares para la campaña política del PRI en Sonora y con eso resolvería el problema, de acuerdo con el también titular de Noticieros Televisa, comentario que causó malestar en la residencia oficial de Los Pinos, por las acusaciones de chantaje.
Fue entonces cuando se organizó una reunión del presidente con varios integrantes de su gabinete, donde se habló de la posible cancelación de la concesión.
En la segunda parte de su columna, López Dóriga añadió que cuando Larrea dejó la advertencia de “nos veremos en los tribunales”, que su abogado era Fernando Gómez Mont y aparte la versión del dinero que sería utilizado para la campaña, la postura oficial se endureció.
Peña Nieto canceló la comida con el Grupo Ciudad de México,  encabezada por Alberto Baillères, a quien pidieron fungir como intermediario para que explicar a los integrantes de la agrupación mencionada que mientras no se resolviera el desastre ambiental ocasionado por el derrame de su mina en Sonora, no se sentaría con Larrea, también miembro de GCM, sostuvo el periodista.
A través de una entrevista con Noticieros Televisa, el presidente le dejó el mensaje claro y público: “El gobierno está comprometido para aplicar la ley y sancionar a todo aquel que atente contra los recursos naturales y contra el medio ambiente, de acuerdo a los principios marcados por la ley.
“… Aplicaremos la ley a cabalidad para asegurar el resarcimiento de los daños ambientales que se ocasionaron en Sonora y que se paguen todas las afectaciones que hubo a las familias que resultaron afectadas con motivo del desastre provocado por esta minera en Sonora”, citó.
Aún así,  Larrea esparció la versión de que había tenido un acuerdo de diez minutos con el presidente en el que había resuelto todo.
Sin embargo, López Dóriga explicó que nunca hubo un acuerdo, sino que fue un rápido saludo en un evento público de Banamex y Citi Group. Allí, continuó el periodista, en medio de toda la gente, Larrea se acercó a saludar al presidente y éste le dijo: “Todo dentro de la ley,” a lo que le respondió “sí, señor presidente”.
Al mismo tiempo, la comisión legislativa investigadora del caso confirmó la responsabilidad de Grupo México, estableció un fondo de 5 mil millones de pesos e insistió en la cancelación de la concesión de la mina Buenavista y que representa la mitad de la producción nacional de cobre.
Después de eso, Larrea reculó y aceptó lo que había rechazado: la constitución de un fideicomiso con una aportación inicial de su grupo de 2 mil millones de pesos.
Además, el presidente formó una comisión del más alto nivel, presidida por el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, a lo que siguió la sumisión y silencio del grupo.
Aunque a los suyos Larrea siga dando sus versiones y repitiendo sus amenazas, de las que lo hago directamente responsable, aseveró el periodista.
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