Hace dos años 49 centroamericanos viajaban a Estados Unidos cuando fueron interceptados por Los Zetas. Sus torsos –sin cabezas ni extremidades– fueron a dar a la fosa común en Nuevo León. Desde entonces muchas familias hondureñas han transitado de la incertidumbre a la angustia y a la indignación. Primero, al no tener noticias de sus seres queridos; luego al sospechar que estaban muertos, y finalmente al recibir la confirmación (tras el cotejo del ADN) de que sus hijos, hermanos o esposos eran esos cuerpos mutilados. Y luego, la espera para recibir sus restos para, ahora sí, enterrarlos con nombre y apellido. Hasta ahora, sólo 10 han sido identificados.
En tres comunidades del departamento hondureño de La Paz varias familias esperan ansiosas el regreso de 10 de sus integrantes a quienes dejaron de ver cuando decidieron emigrar a Estados Unidos. La última comunicación que tuvieron con ellos fue en mayo de 2012: llamaron desde Nuevo León pidiendo un depósito para pagar el último tramo de su viaje. No volvieron a tener noticias suyas hasta diciembre de 2013, cuando por fin los encontraron.
Estaban enterrados en una fosa común. Despedazados. El puro torso. No había cabezas, piernas ni brazos.
Fueron víctimas en la matanza de 49 migrantes tomados al azar, mutilados y arrojados al pie de una carretera en Cadereyta, Nuevo León, el 13 de mayo de 2012. Seis eran mujeres.
Se cumplen dos años de la barbarie. Las familias en duelo esperan desde hace medio año la repatriación de los suyos, que no llega.
“Nos sentimos consternados, hay mucho dolor de ver lo que pasa en su país, en México. Mataron a mi hermano y a Mauricio, Ramón, Fabricio, Javier, Ever y Elmer, que salieron de aquí para darle mejor vida a sus padres, otros a sus hijos, a su esposa. Son personas honestas, simplemente migraron por no haber oportunidades de trabajo. Pero desgraciadamente México es un punto negro donde pasan esas masacres, no sabemos si de la mafia o si hay convenio con Estados Unidos de no dejar pasar migrantes”, lamenta vía telefónica la hermana de uno de los asesinados.
Su nombre no se da por cuestión de seguridad. Los asesinos siguen libres.
El pasado 16 de mayo el consulado mexicano en Tegucigalpa informó a las familias de las víctimas que el presidente Enrique Peña Nieto había recibido la carta en la cual le piden la investigación de la matanza, la pronta repatriación de los cuerpos y que no se les cobre el traslado.
La persona entrevistada informa que las familias han caído en una depresión profunda y desarrollado enfermedades por estrés y angustia, primero por desconocer el paradero de sus familiares, luego al enterarse de su final.
La noticia más triste de su vida se las dio el 17 de diciembre pasado Mercedes Doretti, quien dirige en México el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), dedicado a la identificación de cadáveres desde tiempos de la dictadura argentina y en guerras, desastres naturales o exterminios políticos. Estaba acompañada por representantes de organizaciones de derechos humanos y funcionarios mexicanos y hondureños, y apoyada por psicólogos.
“Aunque (las familias) sabían que esos migrantes habían sido mutilados, tenían la esperanza de que sus familiares sí tuvieran cabeza, brazos y piernas. La noticia les causó mucho dolor, mucha rabia, mucha tristeza, decían que sus hijos eran buenas personas, por qué les hicieron eso en México, que se investigara quién lo hizo y se castigara a los culpables, porque no era posible que quedara en total olvido e impunidad”, dice a Proceso Marcia Martínez, vicepresidenta de la organización hondureña Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (Cofamipro).
El comité acompañó a las familias desde que denunciaron la desaparición de los suyos. En un primer momento las contactó con el equipo argentino para que dieran muestras genéticas.
Luego las autoridades hondureñas tomaron nuevas muestras que enviaron a México, a la Procuraduría General de la República (PGR).
En el sexenio de Felipe Calderón, cuando la violencia se volvió epidémica, el gobierno mexicano se negó a firmar un convenio forense con organizaciones mexicanas y centroamericanas para intercambiar muestras genéticas de restos no identificados. La cifra de personas no identificadas enviadas a fosas comunes esos años oscila –según conteos de distintas dependencias– entre 12 mil y 25 mil.
Pese a la evidente “crisis humanitaria” –como calificó las desapariciones el subprocurador Ricardo García Cervantes al asumir el cargo–, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se negó a impulsar la propuesta (Proceso 1907).
Por la presión social, el 22 de agosto de 2013 la PGR, el EAAF y una docena de organizaciones mexicanas y centroamericanas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos firmaron el convenio que permitió el cruce de datos genéticos de quienes buscan a sus familiares con los restos de las 135 personas no identificadas, asesinadas en las matanzas de 2010 y 2011 en San Fernando, Tamaulipas, y de 2012 en Cadereyta, Nuevo León. Desde entonces se sospechaba que la mayoría de las víctimas eran migrantes.
Cuatro meses después comenzaron a fluir los resultados. Los primeros en recobrar su identidad fueron ocho hondureños. Dos más un par de meses después. Todos provenientes de distintos caseríos del departamento de La Paz.
En este momento 31 de los cadáveres que la PGR había enviado a fosas comunes el sexenio pasado ya han sido identificados.
La hondureña Marcia Martínez recuerda el impacto que causó la noticia a las familias de La Paz cuando acudieron a la cancillería los pasados 17 y 18 de diciembre.
“Algunos sospechaban que (los de la fosa) sí eran sus familiares, pero no es lo mismo que te imagines a que te lo confirmen, pero Mercedes (Doretti), con mucho tacto y profesionalismo, les dijo que sí eran y la manera en que fallecieron. Porque murieron mutiladas. Y eso fue muy duro para las familias”, dice a Proceso.
La entrevista se realiza en la Ciudad de México durante un encuentro de organizaciones de familiares mexicanos y centroamericanos en busca de sus desaparecidos.
El 22 de diciembre, en un comunicado de la PGR, García Cervantes anunció esa primera identificación de los ocho e informó que “en las próximas semanas” se darían a conocer nuevos resultados sobre los cuerpos de los migrantes asesinados en Nuevo León y Tamaulipas. Sin embargo no hubo más anuncios oficiales al respecto.
“Por primera vez, en un esfuerzo conjunto entre el Estado mexicano, el hondureño y la sociedad civil, las víctimas fueron notificadas en su país por los expertos del EAAF y de la PGR que forman la Comisión Forense, con amplias explicaciones acerca del proceso de identificación, respaldadas por la entrega de copias del dictamen y de toda la información forense relacionada”, festinaron en un comunicado las organizaciones firmantes del convenio.
El convenio de colaboración forense fue signado por la PGR, el EAAF y las organizaciones centroamericanas Cofamipro, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, las guatemaltecas Mesa Nacional para las Migraciones y Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, Voces Mesoamericanas, el Foro Nacional para la Migración en Honduras y las mexicanas Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Casa del Migrante de Saltillo y los centros de derechos humanos Fray Juan de Larios y Victoria Diez.
La psicóloga hondureña Arlette Asturias, de Cofamipro, dice que con la noticia se cerró la incertidumbre de las familias que buscan a un ser querido y pasan el día preguntándose si está vivo o muerto, si sus captores le dan de comer, si tiene frío, si lo están torturando. Ahora lamenta que la espera de los restos para el entierro prolongue su sufrimiento.
“Se cumplieron dos años (de que les perdieron la pista) y siguen esperando. En diciembre fue la notificación y más de cinco meses después siguen esperando la repatriación de los cuerpos. Eso les afecta. Una señora decía: ‘No quiero más ayuda psicológica, quiero el cadáver de mi hijo, enterrarlo, que tenga una tumba’. Otras dicen que van a seguir luchando después de enterrarlos para que esto no les pase a otros.”
En video
El 15 de mayo de 2012, dos días después del hallazgo de los torsos en Cadereyta, el Blog del Narco publicó un video anónimo de seis minutos con 28 segundos, grabado en la oscuridad, en el cual se escuchan las instrucciones de una persona apurando a sus ayudantes para que bajen cuerpos de una camioneta y coloquen encima una manta. Quien graba y dirige la maniobra maldice que la oscuridad no permite filmar bien la escena.
El lugar está alumbrado por los faros de varias camionetas estacionadas alrededor. Brillan los tenis blancos de los jóvenes que realizan la maniobra, quienes se ayudan con azadones para empujar los torsos hasta apilarlos. Como si se tratara de basura. En el blog se señala que los cuerpos manipulados pertenecían a las víctimas de la matanza de Cadereyta.
La manta colocada en el lugar amenazaba a las autoridades y a cárteles rivales y estaba firmada por “El Loco, Z-40 y Comandante Lazcano”.
El mismo día de la aparición del video, células de Los Zetas colocaron mantas en San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas deslindándose del asesinato múltiple.
Durante la administración calderonista fue detenido el zeta Daniel de Jesús Elizondo Ramírez, El Loco, señalado como operador de esa matanza. En su declaración habría dicho que la orden era tirarlos en la plaza central de Cadereyta. No explicó por qué los mataron a ellos.
La primera reacción de las autoridades neoleonesas tras el hallazgo fue decir que por la mutilación de los cuerpos sería difícil descifrar su identidad. Sin embargo, semanas después informó que cinco fueron identificados (no precisó cuántos eran extranjeros). Uno de ellos era hondureño, se llamaba Fabricio, era originario de La Paz.
La masacre ocurrió en un periodo de disputas entre cárteles por el control de Tamaulipas, a partir de que el Cártel del Golfo se alió con el de Sinaloa para quitarle territorio a Los Zetas. En el cable desclasificado 20120522 del gobierno de Estados Unidos –al cual Proceso tuvo acceso– se señala que ese crimen “(evidencia) la espantosa brutalidad que transpira la codiciada plaza de Tamaulipas”.
La presunta explicación que el líder zeta detenido dio a la PGR para esa matanza fue que se quería causar confusión entre la población y entre sus rivales. En tanto, los medios neoleoneses citaron a un agente de la procuraduría local no identificado quien dijo: “Por la cantidad de personas, la primera línea apunta a que podría tratarse de los pasajeros de un autobús repleto de ilegales; pudo haberse tratado de un problema de cobro de cuota a un pollero por parte de la delincuencia organizada que ya se apoderó también de este negocio ilegal”.
La espera
Desde que escucharon la noticia de la matanza, las familias hondureñas de La Paz sospecharon que los victimados podían ser sus seres queridos. Ellos habían llamado desde Cadereyta y no habían vuelto a comunicarse.
Meses después, un sobreviviente les informó que cuando sus familiares estaban en la casa de seguridad donde esperaban el cruce a Estados Unidos, llegaron personas armadas que eligieron a varios, los sacaron, los llevaron a otro lugar.
En cuestión de días aparecieron los cuerpos destrozados. Las cabezas nunca fueron halladas.
Otro familiar entrevistado por la reportera cuenta: “Ellos llamaron de Cadereyta el 5 de mayo, estaban pidiendo que les depositaran para poder cruzar, porque estaban cerca. En la casa donde estaban había de 48 a 55 personas y ahí fue donde llegaron a sacarlos, pero no era para algo bueno. Creemos que alguien los entregó. Esto lo contó uno de los sobrevivientes, porque hubo varios. Cuando vimos la masacre nos asustamos porque hacía días que habían salido y no se habían comunicado. Luego identificaron (entre los cuerpos) a uno que viajaba con todos, y pensamos que eran ellos”.
Las familias pidieron ayuda. Primero al Cofamipro, organización que conocían porque las madres con hijos desaparecidos en su tránsito por México tienen un programa en Radio Progreso. Ellas las contactaron con el equipo forense y con la mexicana Fundación para la Justicia, las cuales les tomaron las muestras genéticas. Posteriormente el Ministerio Público hondureño les tomó otras muestras pero, según los testimonios, la cancillería hondureña les informó que ninguno de los cadáveres hallados en Nuevo León era de su familiar. El gobierno mexicano envió a la fosa común los restos como “personas no identificadas”.
La historia cambió a partir de la firma del convenio forense, cuando el gobierno mexicano abrió la puerta a peritos independientes. Los restos que esperaban en fosas están recuperando su identidad.
Pero a las familias les urge recuperar a sus muertos. Terminar el sufrimiento.
“Vimos videos terribles de YouTube, que aún están en internet, donde se ve lo que hacen con ellos; son fatales, afectan nuestra salud. En diciembre fuimos informados ya formalmente de que eran ellos y no puedo decir que estábamos preparados, no estamos, igual nos ha afectado, no estamos listos para enfrentar la situación, nuestro estado psicológico es malo aunque estamos en charlas con psicólogos voluntarios”, dice la hermana de una víctima.
Las familias hondureñas esperan que su gobierno haga una petición formal al de México para que investigue lo ocurrido. Esperan también que el consulado mexicano cumpla con su palabra de devolverles a sus familiares. Los quieren de regreso, en sus tumbas, donde estén escritos sus nombres. Para que descansen en paz.
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