Es muy común que los funcionarios hagan alarde del falso fuero por el que se consideran intocables y abusen del poder en sus funciones públicas y en sus relaciones privadas; y que los ciudadanos sepan que no serán escuchados a través del derecho de petición, como establece el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Éste es el caso de un agente del Ministerio Público federal, con residencia en la capital de Sonora, quien hace tratos civiles y económicos conforme a un contrato oral, por un cuantioso préstamo con intereses. Mismos que se ha negado a reportar y que se han ido sumando al capital principal,dando largas al dueño que le facilitó la suma.
Por todo el país se sabe de casos semejante al de este empleado del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien ha dicho, públicamente, que la Procuraduría General de la República (PGR), dejada por Calderón en la impunidad y arbitrariedades, está siendo encarrilada al cumplimiento de su Ley Orgánica para perseguir los delitos del orden federal.
El ministerio público federal, Arturo Valenzuela Padilla, necesitado de un préstamo, contrató con un particular una hipoteca millonaria; misma que se niega a cubrir valiéndose de su poder judicial. No hay manera de hacer que pague dicho préstamo, por más que recibe (y ya ni esto), llamadas desde Cajeme, a sabiendas de que ningún abogado de la localidad se atreve a llevar el litigio, ya que cuando éste necesite de los servicios del Ministerio Público federal, recibirá represalias. Así que el ciudadano, víctima de la prepotencia, no halla cómo hacerle llegar al procurador general la petición de que su empleado no abuse de su poder para no cumplir sus obligaciones.
El funcionario de marras ha encubierto su obligación particular con el manto de su función pública e impunemente se resiste a pagar lo que le corresponde. Se ostentó como funcionario para “garantizar” su palabra y abusar de la buena fe de la contraparte que ahora, porque nadie acepta llevar el caso a los tribunales, expone su queja ante este columnista para que haga llegar al procurador la petición de que su empleado no se escude en su calidad de funcionario y evite saldar sus compromisos.
Si va en serio que en la PGR, como en el resto de la estructura administrativa del Poder Ejecutivo federal, se combatirá toda clase de corrupción, los titulares de esos órganos deben evitar que sus empleados usen su función pública para otorgarse impunidad en sus actos particulares. Es momento de poner un alto a los abusos del poder municipal, estatal y federal, para así otorgar justicia. Y que los funcionarios no se amparen en su desempeño público para evadir sus obligaciones particulares. Este recado a Murillo Karam es para que su ministerio público federal deje de usar su placa, su función y su fuero para eludir su obligación con un ciudadano que eleva la petición de que ese funcionario no abuse del poder.
El reportero Arturo Ángel del periódico 24 horas que dirige Raymundo Rivapalacio (17 de abril de 2013) informa que Murillo Karam, desde la cúpula de la PGR está investigando a sus funcionarios: esperemos que empiece por el ministerio público de Sonora.
*Periodista
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