jueves, 22 de diciembre de 2011

“Sin justicia no habrá paz en el país”, advierte López Obrador

MÉXICO, D.F. (apro).- El precandidato único de las izquierdas a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que los próximos seis meses serán clave para el futuro del país y saber si remonta la crisis de inseguridad y supera la decadencia.

El político tabasqueño advirtió que sólo con justicia se va a poder serenar al país “y eso se debe entender, atender las causas que originaron esta decadencia”.

Insistió en que la justicia “conviene a todos, a ricos y a pobres”, pues “si no hay justicia, no habrá paz social en el país”.

En Magdalena Contreras, donde encabezó el primer mitin de su cuarto día de giras por las delegaciones del Distrito Federal, el aspirante presidencial dijo que la decadencia en el país es causada por la corrupción.

Planteó que “un gobernante honesto tiene autoridad moral para exigir a los demás un recto proceder y, si es un gobierno corrupto, no es respetado por nadie”.

Enseguida anunció que reducirá a la mitad los sueldos de los altos funcionarios, “y se van a acabar todos esos privilegios, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

También dijo que las conductas antisociales en el país son consecuencia de la falta de crecimiento económico, y reiteró que priorizará a la gente pobre “sin quitarle a los ricos, no hace falta, es sólo cosa que el presupuesto público se distribuya con justicia para que alcance a todos”.

Además, denunció que México padece un retroceso educativo en los últimos años, a pesar de representar uno de los aspectos más importantes para el desarrollo del país.

“Hemos retrocedido en estos años en materia educativa porque no se le da la atención a la educación, siendo tan importante para el desarrollo del país, para la democracia”, acusó.

Desde hace algún tiempo, agregó López Obrador, se ha establecido en el país la idea de ir privatizando poco a poco la educación pública.

Ejemplificó esto con los exámenes de admisión que –dijo– se han utilizado como pretexto para hacer a un lado a quienes quieren estudiar.

“Se va a terminar con eso porque es una gran mentira, no es que no pasen los jóvenes el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en escuelas públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente, por eso estamos haciendo el compromiso de que todos los jóvenes que quieran ingresar a universidades públicas van a tener su lugar”, ofreció López Obrador en caso de llegar a la Presidencia el próximo año.

Asimismo, anunció que de llegar a Los Pinos hará una revisión integral de las condiciones del IMSS y el ISSSTE para evitar, por ejemplo, el desabasto de medicinas o la mala atención.

“Vamos a revisar el funcionamiento del IMSS y del ISSSTE porque hay muchos trabajadores y se quejan de que no hay medicinas en el ISSSTE, esto se va a resolver, lo mismo con las citas de las consultas, todo eso lo vamos a resolver”, prometió.

“Igual en el Seguro Social, vamos a fortalecer todo lo que tiene que ver con la salud y la seguridad social”, remató.
Leer Nota AQUI

AMLO pide precisiones - Julio Hernández López


Astillero
Exploración marina
Ensayos neofranquistas
Piolín: privilegiar a EU

EN LA PERMANENTE. Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo, presentó una imagen donde el presidente Felipe Calderón Hinojosa recibe la comunión del cardenal Norberto Rivera Carrera, durante la primera sesión de la Comisión Permanente del CongresoFoto Roberto García Ortiz


El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (JDO; con jota, no con ge), se ha revelado como entusiasta explorador de nuevas formas de endurecer la mano en asuntos públicos. Tuvo su mayor momento de fama nacional cuando intempestivamente declaró como seguros delincuentes a quienes horas antes habían sido tirados como cadáveres de demostración en un puente de Boca del Río, en septiembre de este año. También logró colocar su nombre entre los más mencionados en Twitter cuando impulsó el encarcelamiento (y la posterior restricción legislada, bajo el disfraz de benevolencia) de usuarios de ese servicio de Internet que habían mentido, causando amplia alarma colectiva, sobre presuntos actos y amenazas criminales. Y ahora regala a la nación entera la oportunidad de ensayar, con la sustitución de la policía de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, la instauración de la Marina como alternativa de control social en una suerte de cogobierno entre el poder civil, declinante y cedente, y la fuerza armada de elite que el calderonismo ha ido imponiendo como su favorita y, a su juicio, la más confiable.

Admirador confeso de Francisco Franco, el gobernador JDO fue pionero en el establecimiento de una semioficial política de limpieza social que en otras entidades se practica pero sin que las autoridades acepten aunque sea indirectamente alguna autoría o responsabilidad. Luego del episodio de los 35 cuerpos descargados en las inmediaciones de una importante plaza comercial de Boca del Río, Duarte de Ochoa casi justificó en Twitter el episodio: Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más q esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar. Añadió: Los 35 ultimados tienen antecedentes penales, se les relaciona con la delincuencia organizada y están en los registros de plataforma México.

No todos los ejecutados, ni siquiera la mayoría, tenían antecedentes penales, ni se ha demostrado que hubieran escogido dedicarse a la delincuencia organizada ni están en registros federales. Pero lo peor no fue que el gobernador dijera mentiras (que en todo caso podría corregir e incluso ofrecer disculpas), sino el tono de justificación de una masacre porque los caídos formaban parte de los malos. Así como la administración federal ha renunciado a investigar y sentenciar sobre decenas de miles de muertes, como es su obligación (se matan entre ellos, son daños colaterales, fue a causa del crimen organizado, son algunas de las premisas de incivilidad a conveniencia que ha usado el calderonismo para negarse a dar continuidad procesal penal a esos casos), el duartismo veracruzano (en Chihuahua hay otro gobernador priísta con el mismo apellido) quiso sensibilizar a la sociedad sobre el hecho de que los masacrados en exhibición eran delincuentes, como si la cacería de ellos colocara los posibles delitos cometidos por los exterminadores en una franja de perdón necesario, de indulgencia jurídica forzosa.

En esa evolución represiva, el gobernador de Veracruz está abriendo la puerta a la instauración, por la vía de los hechos, del sueño dorado de Felipe Calderón y, aunque pensando más en su propia Policía Federal que en marinos, de Genaro García Luna: la supeditación de los cuerpos locales a los nacionales, como si éstos sólo por ser federales estuviesen vacunados contra los vicios de los agentes estatales y municipales. Durante años, García Luna ha sostenido una implacable guerra contra las policías que no son las suyas, en busca de establecer un mando único. Por su parte, el Ejército ha tomado el control de buena parte de las secretarías de seguridad pública y los cargos relacionados con cárceles en las entidades federativas, mientras los marinos se han encargado de las acciones más delicadas y se han ido asentando como poder alterno en ciertas regiones.

Otro botón de muestra del retorcimiento de las leyes por razones políticas (de entreguismo al extranjero, en este caso) se vivió ayer con la deportación del acusado de asesinar en México (cerca de Santa María del Río, en San Luis Potosí) a un agente estadunidense que en extraña y nunca aclarada misión viajó a esa entidad y luego fue asesinado en condiciones que mueven a natural suspicacia.

 Reivindicando una especie de derecho a la venganza imperial cuando son tocados algunos de sus representantes en las colonias, el gobierno estadunidense tomó el control de las indagaciones, desplazó abiertamente a autoridades nativas y emprendió una persecución ejemplar contra Los Zetas. Ahora, en una confirmación de la preminencia del interés jurídico de Washington sobre el de Los Pinos, Julián Zapata, alias El Piolín, acusado de asesinar al agente Jaime Zapata en México, no será sometido al curso procesal acá, sino en Estados Unidos, a donde fue extraditado ayer. Justificaciones técnicas podrán ser esgrimidas por las autoridades mexicanas, pero lo cierto es que el interés nacional fue relegado para permitir que la jefatura vecina se haga justicia por propias leyes.

Interpretación jurídica precisa es lo que demanda Andrés Manuel López Obrador al tribunal electoral federal para saber qué puede hacer y qué tiene prohibido en el espacio normativamente nebuloso de las precampañas y los candidatos únicos que, según una decisión dada ayer, a partir de un caso correspondiente a Yucatán, no deben realizar actos de proselitismo más que frente a militantes de las organizaciones que los postulan. El tabasqueño ha tomado en el aire la oportunidad de plantar cara a la legislación restrictiva, contradictoria y confusa que, en su caso, le obligaría a mantenerse virtualmente en silencio e inmóvil. Nos quieren callar, dijo de inmediato, recordando que al priísta sin lecturas mucho le conviene un retiro de esa naturaleza, pero no a un aspirante, AMLO, que necesita multiplicar su actuar para reducir la ventaja de candidatos que contarán con el apoyo del erario federal y de abundante propaganda, sobre todo en televisión. ¡Hasta mañana, ya preparando un breve descanso de temporada!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx


Aprovechando-Hernández


Dale dale-Ahumada


Descartes impensables-Rocha


Evento sin precedentes


Por el arco


Deseo Navideño


Extraordinario discurso de AMLO en la delegación Benito Juárez

Zedillo debe responder en enero a demanda por masacre de Acteal

Sólo del extranjero llega la justicia
Son imputaciones “infames e irresponsables”, dice el ex presidente al Yale Daily News


Diez sobrevivientes lo acusan ante corte de Connecticut por “crímenes contra la humanidad”

El litigio, de orden civil

Las Abejas se deslindan

La CIDH investiga al Estado mexicano

David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 22 de diciembre de 2011, p. 5
Nueva York, 21 de diciembre. Al cumplirse el 14 aniversario de la masacre de 45 civiles en Acteal, Chiapas, y después de las denuncias y expresiones de protesta de las principales organizaciones de derechos humanos internacionales durante los años recientes, ahora el caso está presente mediante una demanda civil presentada en Estados Unidos contra el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y, por otro lado, la presunta responsabilidad del Estado mexicano continúa bajo una investigación “de fondo” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A principios de enero de 2012 Zedillo responderá por primera vez a la demanda civil en su contra por “crímenes contra la humanidad”, entre otras acusaciones, presentada ante un tribunal federal en el estado de Connecticut, en un proceso judicial que podría durar meses.

Abogados de las partes del litigio informaron a La Jornada esta semana que el caso procede y cada una prepara sus estrategias. La primera fase concluye el 6 de enero (fin del plazo para una respuesta inicial de Zedillo) y a partir de ahí un juez determinará los siguientes pasos.

El abogado de los demandantes, Roger Kobert, indicó que existen pocos precedentes para casos civiles de este tipo, pero “si existen las circunstancias necesarias se puede hacer, y creemos que aquí tenemos esas circunstancias, los elementos necesarios para que este caso se sostenga”.

Todo empezó de manera sorpresiva cuando, tal vez en la primera vez que un ex mandatario mexicano es demandado en el extranjero por un asunto de derechos humanos, el 16 de septiembre se presentó una demanda civil contra Zedillo por 10 “víctimas” del ataque (sobrevivientes y/o familiares de los muertos) contra la agrupación Las Abejas en Acteal, cuando el acusado despachaba en Los Pinos.

En la demanda, de 53 páginas, se acusa a Zedillo de “conspiración para encubrir” su vínculo o responsabilidad por la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en violación de leyes nacionales e internacionales, y busca el pago de hasta decenas de millones de dólares por daños compensatorios y punitivos.

Se argumenta que “el acusado Zedillo sabía o debería haber sabido que sus subordinados estaban cometiendo abusos de derechos humanos, y falló en prevenirlos o castigar a los responsables”. (Revisar la demanda).

La demanda provocó sorpresa y llamó la atención en Estados Unidos por el perfil relativamente alto de Ernesto Zedillo en los ámbitos académicos (como profesor y director del Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale), empresariales y de relaciones internacionales (en proyectos de la Organización de Naciones Unidas, en comisiones sobre la despenalización de drogas, etcétera). Varios medios nacionales y algunos locales destacaron la nota.

Inmediatamente después de que se presentó la demanda, Ernesto Zedillo rechazó los cargos y sembró dudas sobre la posible motivación detrás de ésta.

En un correo electrónico enviado al Yale Daily News en septiembre pasado, el ex presidente mexicano calificó las acusaciones de “infames e irresponsables” y afirmó que “carecen totalmente de bases y son obviamente falsas. Cualquier persona que se atreva a verificar los hechos concluirá que ésta es una calumnia fabricada por razones que desconozco”.

Además, en carta enviada a la agencia Ap en las mismas fechas, Zedillo calificó las acusaciones de “calumnias” y afirmó: “es obvio para mí que quien esté detrás de esta demanda no está de verdad buscando justicia para la gente inocente cuyas vidas fueron tan dolorosamente devastadas por ese crimen atroz”.
En otra carta, dirigida al Hartford Advocate, rotativo local de Connecticut, Zedillo aseguró que el gobierno mexicano nunca empleó paramilitares para reprimir y “bajo ninguna circunstancia aceptaría la existencia de grupos fuera de la ley para resolver argumentos o conflictos”, y reiteró que las acusaciones son falsas.

Mientras tanto, Zedillo contrató un abogado privado, ya que la demanda no tiene ninguna relación con la Universidad de Yale, informó la institución.

Desde la presentación de la demanda se han generado cada vez más especulaciones y tensiones sobre sus orígenes.

Esta semana, el abogado de Zedillo, Jonathan Freiman, dijo a La Jornada que por el momento no podía comentar nada sobre el caso de manera pública, ya que se estaba preparando la respuesta a la demanda, pero cuando se presentó ésta declaró al Yale Daily News que el caso es “claramente político”.

Nutriendo la especulación sobre quién estaba promoviendo el caso, en septiembre y de nuevo a principios de octubre, Las Abejas se deslindaron de esa demanda, reiteraron que ninguno de sus integrantes participa en ella y criticaron que el caso parecía motivado más por dinero y política que por interés en la justicia.

La especulación se incrementó porque los 10 demandantes han solicitado el anonimato, argumentando su seguridad personal y “temor a represalias” de “simpatizantes” de Zedillo, del PRI, y de los paramilitares (según se afirma en la demanda), y porque no se ha aclarado quién contrató al bufete de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess en Miami, que más bien se dedica a casos empresariales y de daños comerciales o personales, ni quién está pagando los costos legales.

Kobert, el abogado de los demandantes, afirmó hoy a La Jornada que las decisiones de sus clientes son privadas, y ante las sugerencias de Zedillo y su abogado de una motivación política detrás del caso, respondió que “si alguien te está responsabilizando de cometer atrocidades, tal vez la mejor cosa que hacer es intentar cambiar el tema, ¿no?”

Agregó que no conoce ni tiene relaciones con nadie de la esfera política mexicana. Reconoció que en este caso sus clientes, obviamente, son indígenas sin recursos que no pueden pagar los costos legales, y que su bufete decidió que el caso era de su interés y, por primera vez, indicó, los costos serán recuperados con un porcentaje del pago de los daños que la demanda solicita, algo que es práctica común en Estados Unidos en casos de este tipo, si es que tiene éxito.

La acusación se presentó ante el tribunal distrital bajo dos leyes (Alien Tort Claims Act y Torture Victim Protection Act) que permiten que los demandantes presenten demandas civiles sobre ciertas violaciones de leyes internacionales en Estados Unidos, aun si no fueron cometidas aquí o si el acusado no es ciudadano estadunidense.

Por otra parte, el caso contra el gobierno de México por la masacre de Acteal presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue admitida en 2010, y por ese motivo se abrió una investigación con la cual esa instancia estudia “a fondo” los méritos del caso, informó hoy a La Jornada María Isabel Rivero, jefa de comunicación social del organismo.

El estudio terminará con la elaboración de un informe, aunque no existe plazo para su conclusión. Ese reporte es presentado tanto al Estado como a los demandantes y, por lo general, incluye recomendaciones para “reparar la situación”.

Dice Peña Nieto que no aceptará apoyo del narco

 

Enrique Peña Nieto, precandidato del PRI a la presidencia de la República. Foto: Miguel Dimayuga
Enrique Peña Nieto, precandidato del PRI a la presidencia de la República.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO D.F. (apro).- El candidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, exigió al Instituto Federal Electoral (IFE) revisar el cumplimiento de la legislación sobre precampañas, con los aspirantes de los distintos partidos políticos.
“Se trata de revisar que todos, candidatos y precandidatos, cumplamos con lo que marca la ley”, dijo, y agregó que tal como lo anticipó el líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, buscará un acuerdo de civilidad con todas las fuerzas políticas, con respeto al electorado, y para que la contienda se dé en los términos de propuestas e ideas y no una campaña de lodo.
Sobre la necesidad de blindar las campañas electorales de la presencia o influencia del crimen organizado, el exgobernador mexiquense manifestó que debe evitarse a toda costa esa infiltración, y aseguró que tanto él como todos los candidatos de su partido no aceptarán un solo apoyo en ese sentido.
Ante el sector campesino del PRI, la Confederación Nacional Campesina (CNC), Peña Nieto exigió al gobierno de Felipe Calderón intervenir con fondos adicionales a los aprobados por la Cámara de Diputados, para hacer frente a los efectos de la peor sequía que ha padecido México en los últimos 70 años.
El PRI –dijo– está comprometido con el campo, y añadió que es momento de demandar la atención urgente del gobierno federal, más allá de la coyuntura por la que atraviesa ese sector de la producción.
“Es una desgracia nacional la que vive el campo mexicano, y no atenderse, la hambruna y la crisis alimentaria se agudizarán con consecuencias lamentables para nuestra soberanía nacional. Estos oprobios nos están consumiendo y tenemos angustia por el porvenir”, señaló por su parte Gerardo Sánchez García, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC.
Tras ello, señaló que la CNC está de “plácemes” porque tiene como invitado especial a Enrique Peña Nieto.
“Tengo que decirte, mi estimado amigo, que en la CNC siempre vimos en ti al hombre, al político, al estadista por el que nos la jugamos, en el que tenemos la esperanza de reconstruir al campo.
“La CNC siempre está contigo, porque sabemos que los retos y desafíos que enfrenta México son mayúsculos y sólo un político como tú, con tu temple, puede enfrentarlos contundentemente. Necesitamos líderes, verdaderos líderes para recuperar la credibilidad y la confianza de nuestro pueblo, de nuestra gente”, puntualizó Sánchez García.
Apenas ayer, Coldwell dijo sobre Peña Nieto: “Tenemos al candidato más sólido en muchos años, el mejor posicionado en las encuestas… Está plenamente capacitado para gobernar el país y tiene las destrezas que debe tener un político”.
Luego de mencionar que las instituciones públicas que apoyan al campo están desmanteladas y detallar los problemas a los que está enfrentado ese sector, Sánchez García dijo a Peña Nieto:
“Tienes un reto enorme: recuperar a nuestra nación. Nada te puede detener ni distraer de lo importante. Tienes en la CNC un gran ejército para apoyarte”.
Y advirtió: “Los adversarios no se detendrán, y nosotros menos. Nos alienta el espíritu de la Revolución y nos motiva el corazón de las Adelitas de México”.

López Obrador está de vuelta


Adolfo Sánchez Rebolledo
López Obrador está de vuelta. Y no me refiero a su actividad pública, que ha sido constante en los últimos años, sino al regreso del político convencido de que los tiempos han cambiado y nada le será concedido en las urnas si no es capaz de convencer a la ciudadanía, de tender puentes y ganar nuevos territorios para su causa. Un difícil, continuado esfuerzo, siempre sujeto a la mala voluntad de sus adversarios, lo trajo hasta aquí como el candidato progresista para desvanecer el sueño bipartidista de los grupos del poder. El cruce del desierto, en sí mismo un acto de resistencia, ha sido también la prueba del ácido para una corriente política (la izquierda) que forma parte integral del pluralismo del México del siglo XXI, pero a la cual se quiso diluir, invisibilizar, cuando no deslegitimar al considerarla un peligro” para la institucionalidad en crisis, pero asumida como expresión de ciertas reglas inmutables. Hoy esa corriente está de regreso. Con sus errores a cuestas, pero arraigada, sabiendo que la situación exige desplegar con eficacia organizativa un programa más maduro y complejo para un país que no tiene asegurado el futuro. Se trata de darle continuidad a los planteamientos y los valores que en 2006 ganaron la confianza de 15 millones de votantes, asumiendo que la situación general es hoy mucho peor que hace seis años y, por lo tanto, que las decisiones electorales de junio venidero serán decisivas para la supervivencia de la nación, la República y también para la izquierda como fuerza reformadora apoyada en la sociedad.

En ese sentido, puede decirse que ha terminado el ciclo de afirmación de los convencidos para entrar en la disputa por la conciencia de los votantes, apelando a la razón, a los sentimientos y emociones, identificando los problemas nacionales más ardientes y ofreciendo propuestas que no se conformen con “sonar bien” a los oídos mediáticos, sino que sean oportunas, eficaces para resolver a fondo la situación del país. La izquierda, mal que le pese a los sectarios, tiene que ser receptiva y dialogar con todos los sectores de la sociedad civil, abrirse a formas de convergencia que ayuden a construir el amplio frente progresista que el momento requiere. Pero no lo hará satisfactoriamente sin reconocerse en su propia diversidad, responsablemente (como hicieron López Obrador y Ebrard) para evitar la fragmentación que, en las condiciones objetivas de la sucesión impediría la consolidación de una estrategia de largo plazo para arraigar a la izquierda como el motor permanente del cambio. Mientras llega el día de discutir la refundación de las formaciones partidistas actuales y su destino, lo que está en el centro es la configuración de un amplio frente electoral que por definición trascienda la suma convencional de las siglas partidistas o incluso los marcos de la coalición electoral. Un frente así debería darle espacio a todos aquellos grupos e individuos que de buena fe quieran participar en la transformación de México a partir del rechazo a la herencia tóxica de la clase política dirigente, cuya vida transcurre en una burbuja alejada de los votantes, de sus causas y preocupaciones. La mayoría ciudadana no tiene partido, pero en ella hay grupos activos, afiliados a distintas causas, que están dispuestos a trabajar por el cambio, siempre y cuando sea respetada su independencia y no se le obligue a subordinarse al programa “máximo” de las fuerzas políticas. Sólo la izquierda puede ofrecer una opción de gobierno verdaderamente racional que sea popular, en el sentido de satisfacer en la proporción más deseable las expectativas de las mayorías y, en particular, de las víctimas extremas de la desigualdad. La política de la izquierda tiene que lograr la convergencia –no la unanimidad– de esa diversidad en torno a una propuesta democrática que, por su propia naturaleza, trasciende la suma convencional de siglas y movimientos, en la medida que supera la provisionalidad de las alianzas electorales para perfilar los fundamentos de un nuevo bloque histórico, dicho sea en el vocabulario gramsciano.
En ese sentido, es importante volver al punto inicial: López Obrador está de vuelta con argumentos probados pero también con novedades que han merecido aplausos y críticas, como es el caso del tema de la “república amorosa”. En mi opinión, lo más importante, según entiendo, es la decisión de enfrentar el reto electoral haciendo política sin renunciar a las señas de identidad, a los principios, pero sepultando de un tajo la mitología construida para hundirlo en una trivial caricatura recordando algo que no puede ser soslayado: el candidato tiene, al igual que los demás, su propia individualidad expresada en convicciones morales y espirituales que sólo la intolerancia negaría.

En sus primeras salidas en el Distrito Federal, López Obrador ha dado contenido a la agenda de gobierno emanada de la experiencia del Movimiento Regeneración Nacional. Se pronuncia alrededor de tres ejes; la honestidad, la justicia y el fortalecimiento de los valores, y procura que dejen de ser abstracciones para convertirse en ideas concretas, proyectos viables y argumentaciones a favor de la mayor transformación posible a las precarias condiciones del México actual.

Muy importante, clave podría decirse, es el planteamiento en torno al estado de bienestar, al que se accede mediante una estrategia que “atenderá, respetará y escuchará a todos, pero dándole preferencia a la gente más humilde y pobre”; que no intenta despojar a nadie, pero que sí implica una clara redistribución del ingreso en el marco de la ley. López Obrador plantea impulsar el crecimiento y con él la calidad de vida, el progreso y la justicia. Incluso ofrece planes concretos que teniendo como sujetos a los jóvenes relancen el ciclo de crecimiento siguiendo una lógica muy diferente, opuesta a la que predomina desde hace décadas con nefastos resultados en términos de pobreza, violencia y degradación de la vida social. Ese planteamiento es el hecho diferencial en la disputa por el poder, la que en definitiva distingue a la izquierda de los demás partidos, alineado con el pensamiento único que nos ha llevado a la peor crisis de la historia. Pero hay, más allá de las formulaciones, una preocupación que López Obrador ha planteado con fuerza: ¿cómo hacer para que el discurso y la práctica política no se divorcien de los fines éticos que, en definitiva, mueven a la gente, al ciudadano de cara a los intereses desnudos de la economía y el poder? Apostar por la honestidad en la vida pública y privada, revalorando las normas universales de la convivencia humana, los valores de respeto y tolerancia emanados a través del proceso civilizatorio es, en cierta forma, una vía para apuntalar al Estado laico como garantía de la libertad de creencias fuera de toda imposición de ningún catecismo o moral obligatoria. La lucha contra la corrupción implica una profunda reforma cultural y moral, una transformación de abajo arriba de la sociedad y el Estado. No es poca cosa. La temporada apenas comienza. Estamos en precampaña. No hay tiempo que perder.

Twitteros critican al TEPJF por restricción a precandidatos

Víctor Hernández.

Twitteros mexicanos criticaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haber restringido las acciones de los precandidatos únicos a la presidencia.

Luego de que TEPJF se convirtiera en trending topic en Twitter México, los twitteros señalaron incongruencia en el hecho de que el tribunal alegue que los precandidatos sólo puedan hacer actos para militantes y simpatizantes mientras que al mismo tiempo permite spots que va a poder ver el público en general.

A continuación algunos de los mensajes de los twitteros mexicanos criticano al TEPJF:


@rosana1474 Será que AMLO iba avanzando y EPN cayendo demasiado rápido?Por aquello de la decisión del #TEPJF

@tlahuadgo @julioastillero Aguasss, el peje ya dijo que el TEPJF, lo quiere silenciar. Dejavu del otoño del 2006?

@EnriqueBecerril No hubiera sido @EPN el que anduviera haciendo mítines por que a él sí lo apoyaba el TEPJF.

@techandgamer Yo quiero saber cómo le va a hacer el TEPJF para vigilar que los precandidatos del #PAN no se dirijan a No Militantes

@juango96 Ja @jcblancoc4 @lopezobrador_ Ni te cohibas ni claudiques, q afortunadamente el TEPJF no tiene injerencia en Redes Sociales / / #nomamar

@eineto Dice el TEPJF que cuando pase un spot del #PAN o del #PRI se tapen los ojos los que no son militantes! Fin del comunicado!

@marcohuerta Sin duda el TEPJF no está a la altura de la democracia que se requiere. Aplican diferentes criterios y a destiempo.

@Bucaner0 #Locos -El TEPJF se contradice,entonces para q autorizaron Spots para poblacion abierta. Porque restringir precampañas solo para militantes?

Exterminan a líderes comunitarios nahuas de Ostula, Michoacán

Van 28 víctimas, pese a que la CIDH ordenó medidas cautelares

Abatidos, firmantes de minuta para frenar a grupos armados de la región
En el caso más reciente, Trinidad de la Cruz fue torturado y asesinado
De 300 familias que estuvieron asentadas en la zona costera sólo quedan 30

De los dirigentes comunales de esa región de Michoacán sólo queda vivo Santos Leyva
Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Jueves 22 de diciembre de 2011, p. 7
La minuta de la última reunión que sostuvieron las autoridades federales y del estado de Michoacán con los líderes comunitarios de Ostula para intentar frenar la acción criminal de los grupos armados que asuelan la región costera, el pasado 28 de noviembre en Morelia, lleva al calce las firmas vacilantes de Trinidad de la Cruz Crisóstomo y Santos Leyva, septuagenarios líderes del movimiento indígena nahua que por décadas mantuvieron vivo el anhelo de recuperar los territorios que les habían sido despojados en las riberas del municipio de Aquila.
Santos Leyva fue presidente de bienes comunales. Su hijo, Pedro Leyva, destacó en el liderazgo en años recientes y había llevado la causa a otros espacios de resistencia, como el Congreso Nacional Indígena y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El 6 de octubre fue asesinado. Resultó la víctima número 27 del implacable proceso de exterminio que padece ese pueblo que había resuelto, tres años antes, fundar un nuevo centro poblacional, al que bautizaron Xayacalan (Lugar de las máscaras), derivado de su danza ritual de los xayakates.
Santos Leyva, ya mayor, con la vista cansada y una sucesión de duelos en el corazón, es el único que queda vivo de toda una generación de autoridades comunitarias que han caído una tras otra.
El último en ser asesinado fue Trinidad de la Cruz, firmante de la minuta. Tenía 73 años. Había sobresalido por su activismo en favor de las guardias comunales que se integraron, siguiendo el modelo de las policías comunitarias de San Luis Acatlán. Fue secuestrado, torturado y muerto apenas ocho días de la reunión referida. Él es el número 28.
Dicha minuta revela la incapacidad de las fuerzas de seguridad federales y locales para hacer frente a las bandas armadas relacionadas con el narcotráfico que disputan el control de la región.
Díganos qué es lo que van a hacer
A la reunión que se celebró en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán asistieron funcionarios de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, del Ministerio Público Militar de la 21 Zona Militar y del gobierno de Leonel Godoy.
Ahí, don Trini y don Santos explicaron que las incursiones de caravanas de tres o cuatro vehículos con hombres fuertemente armados no había cesado. Identificaron las comunidades de donde salían: La Placita (donde radican los presuntos propietarios que disputan las tierras a los indígenas en tribunales agrarios), El Faro, Aquila, Chayacalan, Rancho Los Mendoza y La Playa.
Expresaron que las medidas cautelares emitidas anteriormente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para localizar a cuatro paisanos desaparecidos y proteger la vida de otros amenazados no habían tenido ningún efecto. Y pedían expresamente que cuerpos de seguridad combinados y rotativos –para evitar la corrupción, hicieron hincapié– realizaran rondines, ofreciendo además garantías a las guardias comunales. Para resolver estas peticiones se estableció otra mesa de negociación.
Esta instancia ya no fue a ningún lado. Es público cómo fue asesinado ocho días después don Trini.
Con nombres y apellidos
Algo similar sucedió en septiembre. Pedro Leyva asistió a una audiencia con la relatoría de la CIDH para evaluar los avances en el cumplimiento de las medidas cautelares que había ordenado el organismo interamericano en septiembre de 2010. La reunión fue en la Secretaría de Gobernación. La intervención de los representantes de Ostula fue dura. Afirmaron que el Estado mexicano había sido omiso; que a las 11 muertes y una desaparición forzosa, que se contaban ya al momento de la emisión de las órdenes de protección, se habían sumado en un año 16 asesinatos y tres desapariciones más. Identificaron ante las autoridades presentes a los principales perpetradores de estos crímenes, con nombres y apellidos.
Las autoridades alegaron que el Ministerio Público no podía actuar si la comunidad no presentaba denuncias. Los representantes de la comunidad demostraron que sí habían levantado demandas pero que la procuraduría estatal sólo tenía abiertas tres averiguaciones previas. Señalaron que por la inseguridad imperante tenían que trasladarse hasta el Ministerio Público de Coahuayana, donde, sospechaban, las autoridades estaban coludidas con los delincuentes. Y tenían un ejemplo irrebatible: uno de los cuatro desaparecidos de la comunidad es el adolescente Enrique Domínguez, de 17 años, que fue levantado cuando iba camino a Coahuayana con varios familiares a darle seguimiento a la denuncia por la desaparición de otros tres.
Díganos qué es lo que van a hacer, habría exigido Pedro Leyva. Los representantes de la CIDH constataron que las autoridades no habían presentado ningún avance positivo en sus obligaciones.
Después de la reunión en Gobernación, Pedro Leyva asistió a una de las asambleas de los lunes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el local de Servicios y Asesoría para la Paz, (Serapaz). De ahí volvió a Xayacalan, con la idea de estar de regreso el 14 de octubre, ya que él integraba el grupo que iba a dialogar con el presidente Felipe Calderón por segunda vez en el castillo de Chapultepec. Fue abatido el 6 de octubre.
Hoy en día la población de Xayacalan está diezmada. De las 300 familias que se habían asentado en la zona costera quedan 30; las demás se han exiliado en los pueblos vecinos. No queda vivo ningún dirigente, excepto Santos Leyva. Incluso sus representantes y abogados viven con medidas extremas de seguridad, lo que les impide estar presentes en las oficinas del Ministerio Público y en los juzgados, exigiendo la justicia que se les niega.
Don Trini fue enterrado el 10 de diciembre, pero no en sus tierras, sino en la vecina playa La Ticla. Ahí sí, fuertemente custodiado por elementos del Ejército. Los días 11 y 17 de diciembre, superando el miedo, la comunidad realizó dos asambleas y pidió que la Marina entrara de inmediato a hacer rondines. El domingo 18, después de años de ausencia, entró a Xalacayan el primer pelotón de marinos.
Eso sólo resuelve la situación más crítica, aplaca un poco el miedo. Pero falta la solución de largo plazo. Mientras, no hay la certidumbre necesaria para que comuneros y gobierno puedan continuar con el proceso agrario.