miércoles, 13 de julio de 2011

Espectáculo lamentable

Irma Eréndira Sandoval
Felipe Calderón ha calificado de espectáculo lamentable el intercambio de acusaciones entre Elba Esther Gordillo y Miguel Ángel Yunes. Pero lo verdaderamente lamentable es la total abdicación del gobierno federal para defender la institucionalidad democrática de cara a las presiones y chantajes de los poderes fácticos. Como buen yerno y alfil político de Gordillo, el subsecretario de Educación Básica, Fernando González, ha salido a defender a su suegra afirmando con enorme descaro que vivimos en un país de leyes, no de chismes. Sin embargo, el problema de fondo es precisamente la vulnerabilidad de un estado de derecho en el que personajes como Gordillo, Yunes, González, Guzmán Loera, Montemayor, Hank Rhon, Ruiz y Marín, todos los días demuestran con sus acciones que la ley misma se ha convertido en un chisme, cuyo continuo abuso siempre queda en la impunidad.
 
Ni Gordillo ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han respondido al emplazamiento directo de su ex aliado incómodo para que la presidenta vitalicia del sindicato permita que un auditor externo revise sus cuentas personales, bienes patrimoniales, ingresos, gastos de inversión, cuentas de cheques, sus tarjetas de crédito y los ingresos que sustentan su ritmo de vida, así como el manejo discrecional que se le ha dado al Fondo para el Retiro de los Trabajadores de la Educación. Eso sí, el Partido Nueva Alianza (Panal) celebra ya la decisión de la Comisión Permanente de solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación a fondo del manejo financiero del Issste durante el periodo de Yunes.

Sin embargo, de poco sirve que políticos, diputados y analistas exijan que las instancias competentes realicen las investigaciones correspondientes si como todos sabemos estas indagaciones suelen terminar en simulaciones y encubrimientos. Recordemos, por ejemplo, los estériles resultados de aquella rigurosa investigación que la SFP hiciera a los contratos de dudosa legalidad celebrados entre Pemex y la familia Mouriño.

Más que pedir investigaciones de la SFP al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la exigencia debería ser que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la PGR inicien inmediatamente una revisión al manejo financiero del SNTE, así como a los ingresos, gastos y declaraciones fiscales de Gordillo y sus familiares más cercanos. El fisco tiene el derecho de averiguar la legalidad de los movimientos financieros realizados por personas físicas y morales, así como la obligación de comprobar la veracidad de todas las declaraciones fiscales. Si las acusaciones de Yunes Linares son ciertas, muy probablemente se podrían configurar los delitos de enriquecimiento ilícito o de fraude fiscal en contra de la maestra, así como otras faltas en contra de los altos funcionarios del SNTE por haber desviado los fondos de sus agremiados hacia un partido político sin su conocimiento.
Otra auditoría de suma urgencia sería la relativa al manejo de los recursos en la Secretaría de Educación Pública (SEP). En particular urge revisar los fideicomisos que se han creado para financiar indirectamente al SNTE. Las irregularidades que han podido conocerse respecto del manejo de Enciclomedia y las fiestas del Bicentenario demuestran que en la SEP también hay gato encerrado.

Desde su llegada al puesto, el secretario Alonso Lujambio no se ha interesado por defender la institucionalidad, sino solamente por aprovechar las redes y el poder político de Gordillo.

Todo lo anterior renueva la exigencia en favor de ampliar los horizontes de la transparencia. Más allá de poder acceder a las cuentas del gobierno, también habría que convertir en sujetos obligados de las leyes de transparencia a sindicatos, partidos políticos, y las corporaciones dominantes en los medios de comunicación.

Siguiendo la sabia alocución de Marx sobre la repetición de los acontecimientos históricos, la tragedia del quinazo de Carlos Salinas hoy se convierte en la comedia del Hankazo y el Elbazo de Calderón. Por medio de un golpe mediático y autoritario, Salinas quiso reconquistar parte de la legitimidad no obtenida en las urnas. Hoy, los fallidos y tardíos intentos de parte de Calderón de hacer lo mismo han terminado por hundirlo aún más en el pozo del desprestigio.
Investigadora y Coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del IIS-UNAM.

El colmo : Ofrece la PGR millonarias recompensas por la captura de narcos ya detenidos

La Redacción
13 de julio de 2011 · 5 Comentarios
Destacado MÉXICO, D.F., (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció hoy hasta tres millones de pesos a quien aporte información sobre el paradero de Julio Jesús Radilla Hernández, El Negro.
Sin embargo, el presunto cabecilla del Cártel del Pacífico Sur en Morelos, a quien se vincula con el homicidio del hijo del escritor Javier Sicilia, fue detenido el pasado 25 de mayo en Coatzacoalcos, Veracruz, por elementos de la Policía Federal.
Ese mismo día, junto con El Negro fue aprehendido José Luis Luquín Delgado, El Jabón, por quien la dependencia también ofrece 3 millones de pesos por su captura, y hasta cinco millones de pesos por los homicidas de Benjamín Lebaron.
Según el acuerdo publicado este miércoles en el Diario Oficial, la PGR busca información veraz y útil “que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente en la identificación, localización, detención o aprehensión” de José Luis Luquin Delgado, El Jabón; Julio Jesús Radilla Hernández, El Negro; Karlo Emanuel Ayala Domínguez, La Liga; Ángel Taboada Villanueva, El Cone o El Conejo, líderes del Cártel del Pacífico Sur.
Además, se busca a sus cómplices El Pollo, El Cochiloco y/o Sin Cejas, El Jamón, El Moto Moto, El Dany y/o Daniel Pérez Patricio, La Cotorra, El Rojo, El Freddy, El Pum, El Pinky, Josué o El Viejo, El Ardilla y El More.
La PGR también ofreció una recompensa de hasta ocho millones de pesos por Ángel Erasmo Quezada Almanza, El Chabelo, acusado por el homicidio de Mario Ángel González Rodríguez, hermano de la exprocuradora de Chihuahua, Patricia González Rodríguez.
En el caso de Benjamín Franklin Lebaron Ray, ofreció hasta cinco millones por los responsables de su homicidio y el de Ángel Erasmo Quezada.
Asimismo, ofreció hasta tres millones por la localización de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, desaparecidos en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009.
Por los responsables de su desaparición, la dependencia que encabeza Marisela Morales entregará hasta un millón de pesos.
El pasado 25 de mayo, el coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, presentó a Julio de Jesús Radilla Hernández, El Negro, así como a José Luis Luquín Delgado, El Jabón, y Valentín Ortiz López, luego de un enfrentamiento en Coatzacoalcos, Veracruz.
En esa ocasión, el funcionario explicó que los tres detenidos estaban relacionados con el asesinato de siete personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia, ocurrido el 27 de marzo pasado en Morelos.
Además, indicó que el presunto móvil del homicidio fue que 10 días antes de esa fecha, varios de los ahora occisos tuvieron una riña con integrantes del Cártel del Pacífico Sur y, como venganza, Radilla Hernández planeó “levantar”, secuestrar y asesinar a las siete personas.
Cárdenas Palomino detalló que al dar seguimiento a la información de inteligencia, agentes de la Policía Federal establecieron un operativo de búsqueda en la colonia Frutos de la Independencia, en Coatzacoalcos, donde fueron recibidos con disparos de arma de fuego por Radilla Hernández, quien fue neutralizado, desarmado y detenido.
En otra operación realizada en la colonia Triángulo del Tesoro fueron detenidos Luquín Delgado y Ortiz López, a quienes se les aseguraron armas de fuego y otras evidencias de sus delitos.
De esta manera, dijo Cárdenas Palomino, ha quedado desarticulada la organización criminal del Cártel del Pacífico Sur, aunque reconoció que todavía hay otros miembros de esa banda que están prófugos.
No obstante, la PGR sigue buscando a algunos delincuentes ya detenidos.

SSP pagó a Televisa más de 118 mdp por serie de tv

SDPnoticias.com

2011-07-13 07:25:00

México.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que encabeza Genaro García Luna, pidió a Televisa realizar una serie de televisión, y fue así como se realizó la producción de 13 capítulos de “El Equipo”, cuyo costo tuvo 118 millones 116 mil 880 pesos, que la dependencia pagó a la televisora.



El contrato OM/DGRMSG/AD/022/ 2010, que consta de 23 cuartillas, revela que la dependencia solicitó la serie desde junio de 2010, pues en mayo de ese año se aprobó la elaboración de la producción, dentro de la campaña denominada “Policía Federal Héroes Anónimos”.



En el documento, entregado al diario El Universal, por la Secretaría de Seguridad Pública, obtenido a través de la Ley Federal de Transparencia, se indica que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la secretaría citada autorizó los recursos a través de la partida 3701.



La SSP informa que la filmación duró aproximadamente tres meses y se realizó en las instalaciones de la dependencia.



María Luisa Olivas, directora general de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; Alejandro Sosa Arciniega, director general de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Verónica Peñuñuri Herrera, directora general de Comunicación Social firmaron el contrato denominado “Servicios de Preproducción, Producción, Postproducción y Difusión en Televisión Abierta con Cobertura Nacional de la Campaña Contingente Denominada ‘Policía Federal Héroes Anónimos’”.



El él se destaca que Televisa, no cobró por la transmisión de la serie por considerarla “material educativo”, pero se benefició porque el contrato fue a través de la adjudicación directa.



El convenio estableció que la serie de televisión se conformará por 13 episodios.



“Los servicios de difusión en televisión abierta con cobertura nacional de ‘la serie’ se realizarán a través de cualquiera de los canales de televisión abierta que comercializa el prestador de servicios, incluyendo los canales con los que cuente o llegue a comercializar, debido a su esquema y capacidad corporativa con la que cuenta, para lograr la mayor cobertura a nivel nacional”, indica.

Enfermos perseguían a Colosio, ahora persiguen a AMLO

Federico Arreola


@FedericoArreola
2011-07-13

Ayer escribí algunas razones por las que yo no apoyaría a Marcelo Ebrard Casaubón como candidato presidencial de la izquierda mexicana en 2012.



Son razones son más clínicas que políticas. La manera en que el grupo de Manuel Camacho, encabezado por Alejandra Moreno Toscano y Marcelo Ebrard, acosó a Luis Donaldo Colosio en 1994 fue criminalmente enfermiza. ¿Qué hizo Colosio para merecer eso? Nada más, ganarles en la lucha por la candidatura presidencial del PRI. Ante la derrota, la reacción de Camacho, Ebrard, Moreno Toscano y otros no fue la de políticos dignos, sino la de un grupo salido del peor manicomio.



En su momento se supo que, días antes de que asesinaran a Donaldo en Lomas Taurinas, Manuel Camacho y su gente se reunieron en el departamento de Arturo González Cosío para “diseñar” estrategias que lograran que Carlos Salinas diera marcha atrás en su decisión de haber dado la candidatura del PRI a Colosio.



Su estrategia fue aislar a Colosio de los dirigentes del PRI. Mientras que Luis Donaldo navegaba solo por el país en una campaña electoral acosada desde Los Pinos, Fernando Ortíz Arana y su consejero áulico José Antonio González Fernández hacían política anti-colosista en las oficinas centrales del Revolucionario Institucional en la Ciudad de México.



Esa era parte de la tarea que tenían que cumplir para obligar a Salinas a sustituir a Colosio por Manuel Camacho. Y en ese diseño estratégico Ebrard jugó un papel de primer orden.



Camacho se había “habilitado” constitucionalmente para ser candidato presidencial cuando presionó a Salinas para que lo designara pacificador en Chiapas, renunciando a Relaciones Exteriores, sin cobrar formalmente cantidad alguna del erario.



El ambiente se enrareció cada día más en aquellos días, muy parecidos a los actuales por cierto. Desgraciadamente mucho muy parecidos.



Salinas convocó a una comida a la clase priista. Y únicamente les dijo a sus oyentes: “No se hagan bolas, el candidato es Colosio”. Pero nunca paró a Camacho y a Ebrard. Nunca les pidió que fortalecieran a Colosio y menos condenó la persecución de los camachistas sobre el sonorense que propició la descomposición política que lo victimó en Tijuana el 23 de marzo de aquel 1994.



El candidato del PRI era Colosio, decían Alejandra Moreno y Marcelo Ebrard. Pero no es el de la sociedad civil ni el de Salinas. Según ellos, el candidato de la sociedad y el de Carlos Salinas, era Manuel Camacho.



Ellos, Camacho, Ebrard, Moreno Toscano, habían elaborado un proyecto desde la caída del sistema de 1988 que dejó en tesitura de duda el triunfo de Salinas sobre el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ese proyecto era el de que Manuel Camacho sucediera a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de México.



Arrogantes, Camacho, Ebrard y Moreno Toscadno veían en ese proyecto, la reivindicación modernizadora de México.



Actualmente, esa perversidad política sigue vigente, ya no con Manuel Camacho como líder, sino con Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno del Distrito Federal que está decidido a arrebatar la candidatura presidencial de la izquierda a Andrés Manuel López Obrador contando, para ello, con la ayuda de las televisoras, de los chuchos del PRD, de los grandes empresarios y hasta de Felipe Calderón.



No podrán con Andrés Manuel como no pudieron con Luis Donaldo. Al menos no por las buenas…



Si el proyecto aquel que tanto perjudicó a Colosio sigue vigente, ya no con los colores priistas, sino con los de la “izquierda”, vigentes están también los más cercanos y perversos promotores de su eventual candidatura presidencial, a saber: Manuel Camacho, Oscar Argüelles (manejaba la prensa en Chiapas cuando el alzamiento zapatista), entre otros que tratan de permanecer encubiertos por no querer romper abiertamente con Andrés Manuel López Obrador.



Por esas razones escribí ayer mi preocupación por la operación que realiza Marcelo Ebrard para ser candidato a la presidencia, algo que no logrará, insisto, por las buenas, como no lo logró en 1994 su jefe de aquel tiempo, Manuel Camacho.



Y más tardé en redactar mi columna de ayer que Marcelo en enseñar toda su perversidad.



Dijo que México será un país de coaliciones a partir del 2012. Encabezadas por él, según su sueño loco invariablemente compartido con Manuel Camacho. Ese sueño, en 1994 se convirtió en una terrible pesadilla para los mexicanos.



Por eso, porque no debemos olvidar la tragedia de 1994, los mexicanos debemos hacer todo lo que podamos para rechazar la psicopatía de perversidad política pura de Ebrard y Camacho, que sueñan con que el primero sea jefe de estado y el segundo jefe de gobierno como líder en las cámaras de la coalición que, ellos sueñan y sueñan, lleve a Marcelo a ganar las elecciones de 2012.



¿Ingenuidad de Marcelo Ebrard y Manuel Camacho? No lo creo. Más bien se trata de una repetición de la perversidad política que ellos mostraron cuando persiguieron a Luis Donaldo Colosio hasta horas antes de la muerte del sonorense. Porque, qué carajo, iluminados sabrá dios por qué espíritus agoreros, Camacho (y con él Ebrard) un día antes del magnicidio declararon que querían hacer las paces con Donaldo. Qué casualidad.



Ahora los blancos en la mira tienen esos tiradores políticos apellidados Camacho y Ebrard son Andrés Manuel López Obrador y MORENA.



Yo lo denuncio porque es mi deber. Sé que a AMLO le disgustan mis críticas a Ebrard porque lo considera su amigo y su aliado. Ni modo. Si Andrés Manuel no me entiende, lo siento mucho. Ni soy empleado del tabasqueño (no lo seré nunca) ni me comprometí, cuando decidí apoyarlo, a un voto de obediencia.



Y la unidad de la izquierda, desde luego, no es un valor para mí. Mucho menos un valor absoluto. En primer lugar, no soy de izquierda. En segundo, ¿unidad con Camacho, Ebrard, los chuchos? Por favor.

Propone el SME crear una nueva central que agrupe a todos los trabajadores

Tenemos un gobierno fallido que se renueva con el sistema electoral: general Gallardo

Karina Avilés

Periódico La Jornada
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 45
En un foro convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el secretario del interior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Humberto Montes de Oca, propuso construir una nueva central de trabajadores que agrupe “a todas” las tendencias sindicales democráticas y realizar el trabajo para tener “una representación política propia”.

Ante decenas de maestros reunidos en el contexto del Taller del educador popular, el cual se desarrollará a lo largo de esta semana en el auditorio del SME, Montes de Oca señaló que para salir de la crisis por la que atraviesa el país y avanzar hacia un cambio democrático popular desde la izquierda es necesario “ir más allá” de las alianzas con los movimientos democráticos y pasar “a la lucha política”.

Para ello, señaló, es necesario construir una organización política nacional, cuya parte medular sea el movimiento social alternativo. Antes cuestionó por qué, si la ciudadanía está harta, no se rebela y las diferentes organizaciones democráticas “siguen siendo marginales”.

A ello respondió que el Estado tiene un “control sobre la mayoría de la población”, además de que gran parte de los medios de comunicación, en particular los electrónicos, ejercen una influencia “muy fuerte sobre la conciencia” de los ciudadanos: hay desinformación, existe una crisis de representatividad de los partidos, falta una cultura política del pueblo, además de que la pobreza impide a la ciudadanía participar en la defensa de sus derechos políticos, sociales y económicos.
Por su parte, el general José Francisco Gallardo, quien en 1993 fue condenado a ocho años de prisión, luego de la publicación de un extracto de su tesis de maestría titulada Las necesidades de un ombudsman militar en México, expresó que no tenemos un Estado fallido, sino “un gobierno fallido” que se renueva mediante el sistema electoral.

Expresó que en este país no tenemos un sistema de justicia, sino un “sistema inquisitorio” y los ciudadanos viven una “impunidad legalizada”. La seguridad interior, añadió, es “un proyecto de grupos de poder que tiene como finalidad la seguridad del gobierno, del Ejército, de la oligarquía, y todo esto provoca un Estado delincuencial”.

En su turno, Víctor Manuel Velasco, de la Organización Nacional del Poder Popular, consideró que el cambio verdadero se dará en la medida en que “seamos capaces de construir los embriones del poder popular”. Para ello, concluyó, “es necesario crear nuevas relaciones sociales a nivel de la economía, la política, la cultura y la educación”.

Acuerdo

Puesto para la salida

Gord, JamEsther Gord Julio Hernández López

Astillero
Desaparición forzada del fuero militar
Orden interamericana
Recomponer escenarios

Foto
PIDEN HACER AUDITORÍA AL ISSSTE. Derechohabientes, incluidos pensionados, protestaron frente a las oficinas generales del Issste para pedir que se realicen auditorías al institutoFoto José Antonio López

 
Histórico acomodo tardío a una resolución internacional para cancelar el fuero a militares cuando cometan violaciones a los derechos humanos.
Corte mexicana que acepta la condición de Suprema a la Interamericana que desde San José, Costa Rica, le ha ordenado dejar de permitir el régimen de excepción que desde décadas atrás, y en especial en estos años recientes sombríos y sangrientos, ha significado una rotunda condición de impunidad a las fuerzas armadas cuando actúan contra civiles de su propia patria. No es que la Corte mexicana resolviera o decidiera (más que en términos estrictamente procesales), sino que hubo de dar paso al cumplimiento local de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir del caso de Rosendo Radilla Pacheco, un líder social de Atoyac de Álvarez, Guerrero (de donde fue presidente municipal), que fue detenido ilegalmente en un retén militar el 25 de agosto de 1974, luego visto en donde entonces estaba instalado un cuartel militar, en la misma zona, y finalmente desaparecido.
La desaparición forzada del fuero militar se logró por decisión externa y particularmente por el empuje de familiares, activistas y abogados que sostuvieron durante años una lucha jurídica de fondo hasta llegar a una resolución que no solamente atiende los justos intereses de los directamente afectados, sino que abre una gran posibilidad de que los diarios y crecientes abusos graves de militares y marinos contra la población civil puedan reducirse así sea por el temor de que ahora sean procesados y juzgados en jurisdicciones ajenas a lo castrense.
La ilusión justiciera debe ser, desde luego, matizada y declarada en alerta, pues en el México de la impunidad institucionalizada la pura letra jurídica por maravillosa que sea no garantiza su recta aplicación, y menos si a las naturales presiones, intereses y corruptelas que sabidamente han doblegado de manera casi crónica a esas instituciones judiciales civiles ahora además éstas pudieran estar amenazadas y fueran incluso agredidas cuando de juzgar casos de militares se tratara. Si el Poder Judicial federal no ha podido resistir el poder del narcotráfico (según lo ha denunciado con toda precisión el propio comandante Calderón, quien asegura haber sabido con antelación cuánto dinero le darían a determinado juez por emitir determinada sentencia), fundada es la duda respecto a si será capaz de soportar y superar las posibles formas de coacción extrema que en su contra pueden desatar los armados hombres ahora sujetos a valoraciones civiles.
La tardanza y la virtual complicidad histórica de los más altos miembros del Poder Judicial federal con la violación de los derechos humanos a partir de operaciones militares represivas queda de relieve a partir de la obligada aceptación de la sentencia interamericana (antes, contra guerrilleros y luchadores sociales; ahora, contra un universo impreciso en el que mezclan guerreramente a presuntos narcotraficantes, que aun siéndolo no por ello deben quedar fuera del ámbito de protección jurídica y de necesario procesamiento judicial que debería existir en un país medianamente civilizado que tuviera un Estado medianamente eficaz), pero también si se toma en cuenta que diariamente son reportados en diversos medios de comunicación hechos que sin equivocación muestran graves y constantes agravios a la población civil y a la legalidad supuestamente vigente, mediante allanamiento de moradas en colonias enteras, aprehensiones sin órdenes judiciales, ocultamiento absoluto de información a autoridades civiles y a familiares de víctimas, torturas, lesiones y asesinatos, todo ello sin que los respetabilísimos togados hagan colectivamente algo más que someterse a la fuerza de los hechos y cerrar los ojos con miles de coartadas técnicas.
La supresión del mencionado fuero militar podría significar una oportunidad de recompostura para las también muy lastimadas fuerzas militares, y ahora las marinas, cuya función esencial ha sido trastocada de manera criminal, no por deseo propio, sino por instrucciones desquiciadas de discutibles autoridades civiles que han creado tal caos nacional que no han tenido otro recurso al alcance de sus imperitas manos que ordenar a las leales fuerzas armadas que entren a combatir, con sus métodos y consecuencias, lo que esos civiles no han podido resolver e incluso han complicado al extremo. Enderezadas contra su propio pueblo, llevadas a enfrentar a delincuentes altamente peligrosos (capaces de venganzas inhumanas) no con criterios de prevención y sometimiento, sino de exterminio del enemigo, que es la lógica militar, esas fuerzas armadas pueden encontrar en la sentencia de la CIDH una barrera de protección que les impida seguir exponiendo su prestigio y a su tradicionalmente respetado personal en la comisión de delitos que ya no podrán ser protegidos por los propios jefes militares o marinos.
Astillas
Políticamente cándido (nótese la suavidad de lenguaje que utiliza esta recatada columna) se declaró el abogado Felipe Calderón al continuar ayer con su largo tropiezo reincidente respecto a las relaciones oscuras que ha sostenido con la cacique sindical que ahora pretende eliminar. Dijo que él sí hizo arreglos políticos con Elba Esther Gordillo, pero que no la autorizó para alzarse con el dinero del Issste (mientras tanto, en los estudios de la SEP y la Lotenal se filma: JamEsther Gord, la agente 0.56, con licencia para saquear; una profesora que terminó de licenciada)... Quique Gaviotón dice que no es cierto que él patrocine o aliente el grupo que se denomina Expresión Política Nacional, y que comenzó a entregar credenciales de activismo en un desayuno servido por el gobierno del estado de México en la residencia oficial y en el que el mismo EPN, el individuo, no la Expresión les agradeció su colaboración en los comicios recién pasados... Y, mientras la cúpula del PRI se reúne hoy viendo hacia 2012, y el sábado lo hace la elite del PAN, ¡hasta mañana, con Lujambio perdiendo luz ante la Estela de corrupción bicentenaria!

Creelisaa

Sacrificándose por México-Hernández

Aniversario y crisis en Mexicana

La aerolínea cumplió 90 años de haber sido creada, 89 de operación y casi un año de que el Nuevo Grupo Aeronáutico, encabezado por Gastón Azcárraga, la pusiera en punto de quiebra. Ayer, en la Terminal 1 del aeropuerto capitalino, cientos de trabajadores de la empresa rechazaron cualquier pretensión de terminar con la firma y demandaron pronta respuesta para el reinicio de vuelos Foto Marco Peláez

Unos ocho mil 500 empleados, sin percepciones desde septiembre del año pasado

Cumple Mexicana 90 años de creada: 89 de actividades y uno a punto de la bancarrota
Ningún grupo interesado ha acreditado tener 250 millones de dólares para reiniciar operaciones

Miriam Posada y Patricia Muñoz

Periódico La Jornada
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 26
Mexicana de Aviación cumplió ayer 90 años de haber sido creada, 89 de operación y casi un año de que el Nuevo Grupo Aeronáutico encabezado por Gastón Azcárraga la colocó a punto de la quiebra y con ello, 8 mil 500 trabajadores en el desempleo.

Por el aniversario de la aerolínea la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señalaron que ningún grupo interesados en Mexicana han logrado acreditar los 250 millones de dólares necesarios para el reinicio de operaciones, y aseguraron que continuarán con las negociaciones para el rescate de la empresa, pero sin recursos del gobierno.

Más optimista el conciliador y administrador de Mexicana, Gerardo Badín, afirmó que los dos grupos interesados disponen de los recursos pero están a la espera de su llegada, por lo que podría definirse a un nuevo propietario de la aerolínea antes del 9 de agosto, fecha de conclusión del concurso mercantil.

Con 11 meses a la búsqueda de un grupo de inversionistas interesado en rescatar a la aerolínea y ninguna acción legal en contra de Gastón Azcárraga y sus socios por el gobierno mexicano, ayer la SCT y la STPS aseguraron que a lo largo del conflicto su labor ha consistido en “facilitar la búsqueda de soluciones, en la inteligencia que se trata de la difícil situación financiera de una empresa privada, cuyo proceso de concurso mercantil está sujeto a las reglas, tiempos y requisitos que establece la Ley de Concursos Mercantiles”.

El saldo son 8 mil 500 trabajadores sin percepciones desde septiembre del 2010, casi un año fuera del aire, cuatro meses perdidos en negociaciones con PC Capital, tres meses más en búsqueda de un inversionista que sí acredite su solidez financiera, dos grupos en espera de que lleguen 250 millones de dólares para reiniciar, dos demandas ante la Procuraduría General de la República en contra de Gastón Azcárraga, y una serie de acusaciones en contra de la SCT por no haber verificado la operación de la empresa debido a que se trata de una concesión.
Ante la exigencia de los trabajadores de tierra y aire de Mexicana de que no sean 250 millones de dólares los que aporten los inversionistas, las dependencias señalaron que el monto lo fijó el conciliador junto con los acreedores, con base en el modelo de negocios.

El conciliador destacó que existen condiciones suficientes para que Mexicana remprenda el vuelo porque se han aplicado medidas para hacerla una empresa viable, como el rediseño de los contratos colectivos de trabajo con los tres sindicatos; los acuerdos con los principales acreedores permiten celebrar el convenio concursal que le permitirá a la empresa tener pasivos manejables; el rediseño del modelo operativo con rutas y tarifas atractivas para los pasajeros y al mismo tiempo darán a la empresa ingresos y márgenes de operación sanos. Hay avances en la validación y certificación de aeronaves, estaciones y personal operativo.

La SCT y la STPS aseguraron que “continuarán haciendo sus mejores esfuerzos para apoyar la labor que el conciliador desarrolla en el concurso mercantil”, insistieron en que se “agotarán todas las acciones para que Mexicana pueda volver a volar, sin que ello implique la distracción de recursos fiscales por parte del gobierno federal”, dijeron que por Mexicana “haremos todo lo que esté en nuestras manos para que viva muchos años más”.

Corte: militares a juicio civil si violan derechos humanos

El ministro Juan Silva Meza durante la sesión.
Foto: Germán Canseco

México, D.F. (apro).- En acatamiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dispuso que las sentencias que dicten los jueces en todo el país deben apegarse a las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos, incluidas aquellas que restringen el fuero militar.
En votaciones mayoritarias y unánimes, el pleno de la Corte tomó dos decisiones sin precedentes al discutir el cumplimiento, por parte del Poder Judicial de la Federación, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano por la desaparición forzada, en 1974, del campesino Rosendo Radilla a manos del Ejército mexicano.
La primera, que todos los jueces del país pueden aplicar la protección internacional de los derechos humanos. La segunda vino en consecuencia: que los militares responsables de violaciones a los derechos humanos de civiles deben ser juzgados por la justicia ordinaria y no por los tribunales castrenses.
“Bajo ninguna circunstancia puede operar el fuero militar en violaciones a los derechos humanos que afecten a civiles”, señaló el ministro presidente de la Corte, Juan Silva Meza, al relatar el acuerdo alcanzado de forma unánime, aunque con algunas reservas, por el pleno del máximo tribunal del país.
La resolución adoptada este martes por la Corte va mucho más allá de la iniciativa de ley propuesta por el gobierno de Felipe Calderón para modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar (CJM) y que está pendiente de discutir en el Congreso.
La iniciativa de Calderón limita a los casos de violación, tortura y desaparición forzada los delitos cometidos por militares que pueden ser investigados por la justicia civil. Excluye delitos graves como el homicidio, cargo por el que se siguen varias cusas judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas en el marco de la “guerra al narcotráfico” de Calderón.
Los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos establecen que cualquier delito cometido por militares contra civiles debe ser investigado por la justicia civil y no por la justicia castrense, como actualmente sucede en México.
Después de 10 meses de haber iniciado la discusión sobre el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH, dictada en noviembre de 2009, la SCJN adoptó las primeras resoluciones de fondo.
En la primera, determinó que todos los jueces del país están obligados comprobar que las leyes que apliquen en sus sentencias se ajusten a la Constitución Política y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Con esa decisión, la Corte echó abajo el criterio judicial que prevaleció por 70 años y por el cual sólo los jueces federales podían hacer ese tipo de revisiones.
A partir de que la sentencia cause estado, todos los jueces locales y administrativos del país estarán en la posibilidad de aplicar lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales firmados por México sobre derecho humanitario.
Lo que no podrán hacer será declarar la inconstitucionalidad de una norma, lo que está reservado a los tribunales federales.
Silva Meza resumió el sentido de la decisión adoptada por el pleno en una votación de siete a tres: “Todos los jueces estamos obligados a buscar que nuestras resoluciones estén dictadas del modo como mejor se respeten los derechos humanos, no sólo previstos en la Constitución, son en aquellos que tal vez con mayor detalle están en los tratados” internacionales.
Los ministros precisaron que su resolución se ajusta al nuevo artículo Primero de la Constitución, que entró en vigor en junio pasado y que obliga a “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias” a “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.
La segunda decisión de la SCJN limita la aplicación del Código de Justicia Militar, que ha servido como argumento para que los tribunales militares atraigan los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal del Ejército, la Fuerza Aérea o la Marina.
Por unanimidad, aunque con reservas de los ministros Salvador Aguirre, Jorge Mario Pardo y Luis María Aguilar, la Corte estableció que “los jueces del Estado mexicano deben replicar, en casos futuros, el criterio de restricción del fuero militar en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla y en aplicación del artículo primero constitucional”.
La Corte también fijó que ejercerá su “competencia originaria” para resolver las diferencias de competencia entre los tribunales militares y civiles federales o locales y que puedan dar pauta a la creación de jurisprudencia.

Fuera el fuero militar-Rocha

En dos meses el instituto gastó 2 mil 300 millones de pesos en vales de medicinas

El desabasto en las farmacias del organismo, causa de la erogación
En dos meses el instituto gastó 2 mil 300 millones de pesos en vales de medicinas
Foto
Manifestación de pensionados realizada ayer frente a las oficinas del institutoFoto José Antonio López
Ángeles Cruz Martínez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 7
A causa del desabasto de medicamentos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), en los primeros dos meses del año el organismo gastó 2 mil 300 millones de pesos, equivalentes a 26 por ciento del presupuesto anual destinado a este rubro. La causa: la compra de productos a precio comercial.
Lo anterior, porque al no surtir las recetas en las farmacias de clínicas y hospitales, en enero y febrero se entregaron a los derechohabientes 1.2 millones de vales del programa Medicina Exprés (Medex), con el cual se busca mantener niveles de abasto superiores a 95 por ciento. El objetivo aparentemente se logra, pero a costa de un gasto mayor.
Los cupones son canjeados por los derechohabientes de la institución en una red privada de casi 800 farmacias, pero a precios superiores a los que obtienen las instituciones públicas en procesos de licitación.
Según la información oficial –que no es muy clara–, la inversión para subsanar la falta de oportunidad en el surtimiento de recetas, como se denomina oficialmente al desabasto, ascendió a 2 mil 300 millones de pesos en esos dos meses, en los cuales se reconoce que se reportaron las mayores carencias.
Sin embargo, de acuerdo con los mismos datos, la falta de medicinas se reportó desde diciembre de 2010, mes en el que creció más de tres veces la cantidad de cupones entregados, al llegar a 463 mil 738, contra los 134 mil 386 de noviembre.
Para enero de 2011, la cifra se elevó hasta 740 mil 414 cupones; en febrero fueron 468 mil 312 y en marzo 378 mil 344. Ya en abril, el Issste entregó 174 mil vales a sus beneficiarios.
Sólo entre enero y mayo de este año, indica el organismo, se han adquirido a través de 1.8 millones de cupones Medex, 10.2 millones de cajas de medicinas, las cuales representan un importe de 2.6 mil millones de pesos.
En relación con las cuentas del primer bimestre de 2011, reconocido como crítico por el nivel de desabasto, que alcanzó a casi la totalidad de las claves de mayor consumo, el Issste indica que se adquirieron fármacos por un monto de 2 mil 300 millones de pesos, de los cuales hasta hace tres semanas todavía adeudaba mil 500 millones.
La deuda quedaría saldada una vez que el organismo comprobara la validez de los cupones emitidos por clínicas y hospitales de todo el país.
Los datos del instituto señalan que entre 2007 y 2010 se invirtieron 38 mil 935 millones de pesos, es decir, un promedio de 9 mil 733 millones por año, aunque al revisar los incrementos anuales del periodo destaca que éstos fueron de poco más de 8 mil millones de pesos entre 2007 y 2009, mientras para 2010 se registró un aumento de casi 30 por ciento para ubicarse en 11 mil millones de pesos.
En 2009, el organismo adjudicó a la empresa distribuidora Fármacos Especializados el contrato para el almacenamiento y distribución de medicinas, como una alternativa para mejorar el abasto en todas las clínicas y hospitales del Issste en el país.

Por diosito-Helguera

Encuesta-Fisgón

Cambios. Naranjo



Camina como Pacto... Helioflores



Martes sangriento: ejecutan a 18 en Ciudad Juárez

El crimen en la vulcanizadora.
Foto: Ricardo Ruíz
CIUDAD JUÁREZ, Chih. (apro).- Autoridades policiacas reportaron el asesinato de 18 personas en este municipio fronterizo.
Cinco de ellas fueron acribilladas por un comando minutos después de las 21:00 horas en la Unidad Habitacional Benito Juárez, ubicada al centro norte de la ciudad.
El primero de los reportes de defunción de este martes llegó a las 00:26 horas. Un joven de 19 años de edad, identificado como José Ángel Lucero Aguilar, murió en la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), minutos después de que ingresó con múltiples heridas producidas por disparos de arma de fuego.
A las 11:00 horas, Juan Navarro García fue asesinado de seis disparos a las afueras de su domicilio ubicado en la colonia Tierra y Libertad. En este atentado una menor de seis años resultó lesionada.
Para el mediodía, tres acomodadores de vehículos fueron cazados y ejecutados a las afueras de la clínica 35 del IMSS en el Infonavit Casas Grandes.
Las víctimas fueron identificadas como Jesús López Urrieta de 40 años, Efrén y Juan Ramón Calzada Moreno de 40 y 35 respectivamente. En el ataque, una mujer resultó lesionada.
Para las 14:00 horas, en el fraccionamiento El Campanario, al oriente de la ciudad, un grupo de sicarios arribó a una vulcanizadora y aniquiló a un adulto y un niño de 12 años que trabajaba como su ayudante. El menor intentó huir, pero fue alcanzado por los mercenarios, quienes lo asesinaron cuando intentó esconderse en un establecimiento de comida.
A la misma hora, pero en la colonia Postal, en las calles Magnesio y Fray García de San Francisco, al poniente de Juárez, un albañil fue asesinado a tiros por los tripulantes de dos vehículos. El hombre recibió al menos una docena de disparos en la cabeza.
Para las 16:30 de la tarde, un automovilista perdió la vida al ser rafagueado desde otro vehículo en movimiento, en las calles Ponciano Arriaga y Eje Vial Juan Gabriel de la colonia Revolución Mexicana, al sur poniente de la ciudad.
Entre tanto, otros dos hombres fueron asesinados en la colonia Eco 2000, precisamente en el cruce de las calles Lince y Alce.
Asimismo, en la colonia Los Alcaldes, en las calles Mateos Torres y Reyes Estrada, al sur oriente de la ciudad, un hombre del que se desconoce su identidad fue acribillado y dejado sin vida en la vía pública.
Más tarde se reportó otro asesinato en la colonia Infonavit Aeropuerto, en el cruce de las calles Jilotepec y Copaiba, donde un hombre no identificado quedó tendido en la acera con múltiples lesiones producidas por arma de fuego.
Este es uno de los días más sangrientos del año en esta ciudad. El 18 de febrero hubo 20 homicidios y el 19 del mismo mes se registraron 19 asesinatos. El domingo 23 de enero la cifra de muertes asociadas al crimen organizado fue de 18