lunes, 9 de agosto de 2010

La manta contra los periodistas

Federico Arreola
09 de August, 2010

La semana pasada se realizó, en la Ciudad de México, una marcha de periodistas. Leyendo la columna de Carlos Marín, en Milenio, me entero sin sorpresa (Marín es un calumniador, y son normales sus mentiras) de que el director editorial de Milenio culpa a Andrés Manuel López Obrador y al SME de haber colgado, en el Paseo de la Reforma, una manta para agredir a los comunicadores que por ahí pasaban.

La manta aludida decía lo siguiente:

"Peligrosos seudoperiodistas, integrantes del Cártel (desinformativo) del MILENIO y asociados. RECOMPENSA El bienestar de millones de mexicanos...".

En la manta aparecían las fotos de Pedro Ferriz de Con, Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín y Pablo Hiriart.

No estoy de acuerdo con el contenido de esa manta. No me gusta que se ofenda a nadie, ni siquiera a Marín y Ciro a los que, por muchas razones, no respeto.

A mí me acusan de no ser objetivo porque abiertamente milito en el movimiento de resistencia de Andrés Manuel López Obrador. No lo soy, claro que no. Pero creo que actúo con honradez al admitirlo.

No es el caso de los mencionados en la manta, que quieren pasar por objetivos cuando no lo son.

Ciro y Marín claramente favorecen con su trabajo periodístico al PAN y al PRI, sobre todo a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

No solo eso, Ciro y Marín se han especializado en agredir y calumniar a Andrés Manuel López Obrador. Serían más honestos, y sus lectores lo agradecerían, si admitieran que trabajan para un específico proyecto político. No lo hacen y se ven mal, pero no engañan a nadie.

Hiriart, aunque también llega a presumir una objetividad de la que carece, es más honrado al exhibir con absoluta transparencia sus nexos estrechísimos con Carlos Salinas de Gortari. El que lo lee sabe con certeza que él invariablemente trata de acomodar las cosas para beneficiar a Salinas. Es su derecho, y está bien.

Ferriz, el más decente de los cuatro, abiertamente declara ser un periodista de derecha que detesta a López Obrador. Se le agradece la sinceridad y, desde luego, habrá que debatir con él con toda seriedad.

Profesional de la calumnia, Carlos Marín al criticar la manta contra él y los otros tres periodistas, de plano culpó a López Obrador y al SME de haberla colgado en la avenida Reforma. Sin pruebas, desde luego. Es decir, a lo pendejo. Como es él. Ni hablar.

Después de esa mentira, Marín elogió a otros dos o tres periodistas que descolgaron la manta y la entregaron a la policía.

Qué mal se vieron los periodistas haciendo eso. Se exhibieron como poco tolerantes, nada libertarios, coléricos. Si lo que defienden los comunicadores es la libertad de expresión, debieron haber dejado la manta donde estaba. Y ya.

Sí, lo que la manta expresaba era una estupidez. Pero fue más estúpido que los paladines de la libertad de expresión la quitaran. Mostraron ser exactamente lo que son: pobres periodistas que día a día pierden credibilidad.

Sobrecargos exponen las promesas incumplidas de Calderón



Gustavo Sánchez/SDP | 09 de August, 2010 - 13:50
A unos días de las elecciones del 2006, Felipe Calderón envió, desesperadamente, una carta a los sobrecargos de aviación, los cuales, hoy, están a punto de quedar sin empleo, por la inminente quiebra de Mexicana. .
La protesta del sindicato de sobrecargos, el pasado viernes frente al Hemiciclo.
La carta de promesas enviada a los sobrecargos en junio del 2006.
Está fechada el 19 de junio de 2006. Faltaban 13 días para las elecciones presidenciales. Fue una misiva desesperada. Necesitaba votos a como diera lugar. Y Felipe Calderón decidió enviarle cartas a medio mundo, entre ellos, los sobrecargos.

Hoy la Asociación de Sobrecargos de Aviación considera que les dio la espalda el hombre a quien le otorgaron su voto. Están confundidos. No saben dónde quedaron las promesas. Por ello reparten a todo mundo la carta, firmada por Felipe Calderón Hinojosa, quien prometió que gobernaría "para que vivamos mejor".

Entre tantas cosas, Calderón prometió impulsar "una industria aeronáutica nacional en la que las empresas cuenten con certidumbre a mediano y largo plazo". Hoy, Mexicana ha suspendido vuelos internacionales, venta de boletos y se encuentra en un conflicto "obrero-patronal", principalmente con Gastón Azcárraga, quien ha sido señalado de malos manejos de la Compañía.

SDPNOTICIAS reproduce a continuación el texto íntegro del mensaje.

Estimados sobrecargos de aviación:

Los sobrecargos, mujeres y hombres convertidos en pilar económico y cabeza de miles de familias mexicanas son un grupo que tendrá especial atención de parte mía como Presidente de la República. Yo se (sic) lo duro que es tener una doble o incluso hasta triple tarea (madre, padre, hijo, estudiante, pareja, etc.) y que cada una de ellas debe ser cubierta, lo mismo si se encuentran presentes que ausentes por la naturaleza de su trabajo.

Solo (sic) si se reconocen todos estos roles, sus sentimientos y aspiraciones como trabajadores, estaremos en capacidad de brindarles contenidos concretos que contribuyan a la solución de los problemas que vivimos en nuestro diario acontecer social, laboral y político. Estoy orgulloso de las y los sobrecargos, porque una y otra vez han dado muestra de su profesionalismo y responsabilidad para con sus empresas y para con México.

Se (sic) que al igual que a mi (sic), a los sobrecargos les preocupa el que los políticos impulsemos de manera real y comprometida, mecanismos, programas y políticas que permitan una calidad de vida DIGNA Y SEGURA. Yo he expresado y ahora lo reitero, que promoveré una industria aeronáutica nacional en la que las empresas cuenten con certidumbre a mediano y largo plazo, a fin de que sus trabajadores puedan tener un empleo justamente remunerado, un hogar seguro y un país al que puedan representar siempre con orgullo. Mi compromiso con la comunidad aeronáutica es impulsar y velar porque esto sea una realidad.

Invito a todos los sobrecargos, mujeres y hombres, a que así como cumplen el importante papel de representar nacional e internacionalmente a nuestra cultura, con el poder y la confianza de su voto, consolidemos y fortalezcamos la democracia que exige nuestra gran Nación. A que infundamos en nuestras familias el valor de ejercer el derecho a elegir y a que no elijan otros por nosotros. A que donde quiera que se encuentren por razón de su trabajo, acudan a las casillas especiales y decidan con quién construiremos un mejor México para nuestras familias.

Con aprecio, respeto y gratitud por todas las atenciones que siempre han tenido conmigo como pasajero.

Felipe Calderón Hinojosa

Para que vivamos mejor

AMLO pone claro el asunto de Mexicana :

Jornada de movilizaciones contra recorte de las pensiones del IMSS, el miércoles

Jubilados, investigadores y académicos proponen, entre otros puntos, nacionalizar Afores


Los recursos acumulados están sujetos a la “voracidad” de la banca extranjera: César Torroella

Existen la posibilidad de llegar a la tercera edad sin seguridad social ni un retiro digno: Ventura

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Lunes 9 de agosto de 2010, p. 12
El próximo miércoles 11 de agosto, a las 11:00 horas, trabajadores de la salud, empleados públicos y grupos de jubilados iniciarán una jornada de movilizaciones contra el recorte a las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mediante una marcha que pasará por la Secretaría de Hacienda, el Senado de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En conferencia de prensa, César Torroella, de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana; José Antonio Vital, investigador especialista en temas de salud, y Óscar Ventura, líder del sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, explicaron sus demandas y el contexto social que les dio origen.

La reducción del monto máximo de las pensiones de 25 salarios mínimos a sólo 10 –señalaron– es “inaceptable” no sólo porque afecta las condiciones de vida de los trabajadores no activos, sino porque los recursos que éstos han acumulado están sujetos a la “voracidad” de la banca privada extranjera, en vez de ser administrados por el Estado mexicano.

En la actualidad, explicó Torroella, las administradoras de fondos para el retiro (Afore) controlan más de 40 millones de cuentas individuales, que en total suman más de 2 billones de pesos, lo que representa más de 20 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país.

Ese dinero está sujeto a los vaivenes del mercado bursátil, que muchas veces invierte los recursos en operaciones de riesgo. Tan sólo de marzo de 2007 a febrero de 2009 –ejemplificó–, los ahorros de los trabajadores perdieron 147 mil 850 millones de pesos, mientras las Afore ganaron más de 30 mil millones de pesos en el mismo periodo.
Mientras eso ocurre, el gobierno anuncia recortes en las pensiones “y dice que estamos al borde de la insolvencia en el IMSS, en la Comisión Federal de Electricidad y en el sector petrolero, cuando hay un subejercicio de más de 400 mil millones de pesos” en el gasto público si sumamos los datos de los recientes cuatro o cinco años, resaltó Vital.

Por ello, la jornada de movilizaciones propondrá varios puntos que servirán para que la clase trabajadora recupere su nivel de vida, entre ellas la nacionalización de las Afore, la correcta inversión de esos recursos para las necesidades económicas del país, el otorgamiento de seguridad social a más de 30 millones de personas que no gozan de ella, y fijar una pensión digna para todos los adultos mayores en México.

La lucha de los trabajadores en activo, advirtió Óscar Ventura, no está desvinculada de la de los no activos, porque aquellos serán “los pensionados del futuro. Los salarios de hoy definen las pensiones de mañana, y estamos ante la posibilidad de llegar a la tercera edad sin seguridad social y sin derecho a un retiro digno”.

Amotinamiento de federales en Juárez


La seguridad del país está en riesgo: legisladores
Enrique Méndez y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Lunes 9 de agosto de 2010, p. 3
Los presidentes de las comisiones de Justicia y de Seguridad del Senado, Alejandro González Alcocer y Felipe González, ambos del Partido Acción Nacional (PAN), consideraron que la protesta de policías federales en Ciudad Juárez, Chihuahua, “es muy preocupante y pone en riesgo la seguridad en todo el país. Se requiere una explicación de parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, pues no podemos dejar pasar esto”.

En la Cámara de Diputados, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) señalaron que el presidente Felipe Calderón debe ordenar una revisión profunda de la Policía Federal (PF) ante las evidencias de corrupción en algunos de sus mandos, como reveló la captura de un comandante en Ciudad Juárez por parte de sus subordinados.

Ardelio Vargas Fosado, diputado priísta y presidente de la Comisión de Defensa, resaltó que una de las máximas de la policía debe ser que la confianza se revisa todos los días, y lamentó que el órgano interno supervisor de la PF haya sido rebasado por el contacto diario de los policías con la delincuencia organizada.

Por su parte, Alfonso Navarrete Prida, también diputado del PRI, planteó que el Ejecutivo debe reconocer que la Policía Federal ha sido infiltrada por el crimen organizado, y que por lo tanto es necesaria una limpia. “Tiene que admitir que no es impoluta”, dijo.

El coordinador de los diputados del PT, Pedro Vázquez González, resaltó que la rebelión de policías también podría estar auspiciada por algún cártel para cuestionar la autoridad.

No obstante, convino en que evidencia la infiltración de los cuerpos policiacos, al igual que otras dependencias en el gobierno federal, estatal y local.

Subrayó Vázquez González el hecho de que la entrega de mandos por sus propios subordinados ocurra en Ciudad Juárez, “donde se libra la batalla más fuerte y sangrienta entre los grupos criminales y de las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado”.

A su vez, el senador del PRI, Carlos Jiménez Macías, resaltó: “es muy grave lo que pasa en la Policía Federal. Esto que ocurrió en Ciudad Juárez no hace sino confirmar que hay una corrupción brutal en las fuerzas policiacas. Esto es muy preocupante y se requiere que las autoridades actúen con enorme contundencia para esclarecerlo”.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alcocer dijo que “después de esta denuncia, lo que deben hacer las autoridades es depurar a los cuerpos policiacos y en especial a la Policía Federal, y realizar una investigación exhaustiva”.
Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, dijo que “esta situación es muy preocupante, vamos a tener que solicitar una explicación de lo que sucede. Esto no lo podemos dejar pasar sobre todo si la policía federal está siendo la columna vertebral en la estrategia de seguridad en Ciudad Juárez”.

El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Tomás Torres manifestó que “los altos mandos deben iniciar una investigación sobre esas imputaciones que hicieron subordinados a sus jefes de la Policía Federal. Esto que ocurrió nos deja ver que hay una corrupción evidente en las corporaciones policiacas.

“Lo ocurrido en Ciudad Juárez es un desastre. Nos preocupa mucho. Nos preguntamos, ¿en manos de quién están los mandos y los operativos de la seguridad pública en esa ciudad fronteriza? Esto plantea un quiebre en la estrategia, se debe investigar a fondo.”

Mientras, el diputado Navarrete Prida, integrante de la Comisión de Justicia, afirmó que siempre existe la posibilidad de que cualquier corporación policiaca sea afectada por la corrupción.

“Lo que no se vale es tratar de vender la idea de que hay una policía eficaz, cuando también tiene problemas. No se puede explicar la existencia de delincuencia organizada sin la posibilidad de que el crimen organizado la haya infiltrado. Un requisito para que exista delincuencia organizada es que esté protegida institucionalmente. Y este tipo manifestaciones demuestra que así es”, declaró.

Calderón, expresó, tiene que decir la verdad y actuar contra los servidores públicos coludidos con el crimen organizado. “Esto es, una limpia, porque no se puede generar impunidad, aunque tampoco especular, así que se debe investigar quién los nombró, por qué estaban ahí”, sostuvo.

Vargas Fosado resaltó, en tanto, que se trata de un hecho vergonzoso, sobre todo porque los policías pusieron al descubierto a sus jefes, en una corporación que, sostuvo, se mantiene sólida.

“Son malos elementos que han sido separados pero esto no debe de quedar ahí, debe haber una investigación profunda, un castigo ejemplar, como lo prevé la ley contra la delincuencia organizada”, concluyó.

Manuel Borja y las turbulencias de Mexicana


Miguel Ángel Granados Chapa



MÉXICO, D.F., 8 de agosto.- Si en México se estilara numerar a los miembros de una dinastía, a la manera sajona, Manuel Borja Chico sería conocido como Manuel Borja IV (pues su bisabuelo, su abuelo y su padre fueron todos sus tocayos. Manuel Borja Soriano, Manuel Borja Covarrubias y Manuel Borja Martínez fueron profesores de la UNAM, donde se graduaron, y fueron prestigiados notarios. Sin ser abogado como sus ascendientes, Borja Chico está hoy, en su carácter de director general de Mexicana de Aviación, en medio de un conflicto financiero que el 2 de agosto entró en su fase jurídica, al pedir ser declarada la empresa en concurso mercantil, una figura jurídica que, modernizada y norteamericanizada sustituyó a la antigua suspensión de pagos del derecho mercantil mexicano.

Cuando Borja Chico asumió hace tres años, en julio de 2007, el principal cargo ejecutivo en esa aerolínea, la más antigua del país, se delineaba ya la crisis que ha puesto en jaque a esa empresa. El funcionario conocía bien los perfiles de la situación porque durante el año anterior había sido director corporativo de finanzas y administración. A diferencia de sus ancestros, Borja Chico es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y obtuvo en la Universidad de Texas en Austin una maestría en administración de negocios. Nacido en la Ciudad de México el 18 de enero de 1965, a su regreso del posgrado laboró en varias empresas hasta que llegó a niveles ejecutivos en el Grupo Posadas, el consorcio hotelero que maneja los establecimientos Fiesta Americana y Fiesta Inn y que ha sido dirigido por Gastón Azcárraga.

Cuando el gobierno federal resolvió disolver la Controladora Integral de Transporte Aéreo, que administraba para el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a las dos aerolíneas troncales de nuestro país, Mexicana y Aeroméxico, determinó también venderlas por separado. La decisión hizo disminuir su valor y, por lo tanto, sus compradores adquirieron gangas en los dos diferentes momentos en que fueron realizadas. El Grupo Posadas encabezó a accionistas que adquirieron Mexicana por 165 millones de dólares, con el compromiso de financiar la cobertura de sus pasivos e inyectar nuevos recursos a la empresa.

Muy poco después de la adquisición, realizada en diciembre de 2005, la empresa reclamó un primer auxilio de sus asalariados. Solicitó a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, según acaba de recordarlo ASPA, “realizar esfuerzos extraordinarios” para reducir los costos laborales. “Nuestra organización aceptó, no sin dificultades, aportar de su contratación colectiva –es decir, salarios y prestaciones– cerca de 200 millones de pesos a lo largo de cuatro años”. La empresa, a la que en agosto de 2006 se incorporó Borja Chico, no se contentó con ese empeño sindical. Lo reclamó también de los sobrecargos, y al no obtener una respuesta satisfactoria, en 2007 planteó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un conflicto colectivo de naturaleza económica, mecanismo previsto en la ley laboral, una de cuyas consecuencias es la reducción de salarios y prestaciones. Aunque el tribunal del trabajo falló a favor de la empresa, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) acudió en busca del amparo de la justicia federal. Hasta la fecha el asunto está pendiente de resolución en la Suprema Corte.

Con ese antecedente, ASSA se puso en alerta ante la exigencia de hacer sobrellevar parte de los costos de la actual crisis: “Los accionistas nos proponen dejar sin empleo a 500 sobrecargos, que disminuyamos en más de 60% nuestras prestaciones e ingresos. Esta audaz propuesta (que se agrega a la de contratar cada cuatro años, sin revisión anual de salarios) es proporcionalmente semejante a la que se formuló a los pilotos”. Los sobrecargos respondieron con disposición “a cooperar, pero sólo si se demuestra que con nuestras aportaciones se salva la empresa y que además esto garantiza que siga adelante como un negocio rentable”.

Mientras formulaba en 2006 y 2007 estas demandas a sus trabajadores, la administración de Mexicana se aprestaba por su parte a disminuir el valor de la compañía. Creó dos aerolíneas de bajo costo, Clic y Link, que crecieron al punto de que hoy tienen a su cargo “el 95% del mercado nacional para Grupo Mexicana”, según lo hizo saber el propio consorcio. Se crearon otras empresas mediante el desmembramiento de áreas de trabajo de Mexicana, y finalmente, el 29 de diciembre pasado, hace apenas siete meses, fue creada otra controladora de las acciones, el Nuevo Grupo Aeroportuario, al que el Grupo Mexicana de Aviación vendió sus empresas y cedió los derechos para el uso de las marcas de la compañía. Por eso fue posible ofrecer, en una suerte de broma trágica, la administración de la empresa a los trabajadores mediante el pago de un peso, pues se les entregaría un cascarón que además debería pagar por el uso de su emblema y su denominación, a menos que se atrevieran a crear nuevas señas de identidad, una manera de repudiar la herencia que significa una trayectoria de 86 años, que se cumplirán el próximo 20 de agosto, pues Mexicana se constituyó en esa fecha de 1924.

En un claro doble juego, todavía el lunes y el martes de la primera semana de agosto, Mexicana siguió considerando como una opción ante su crisis el presentarse a concurso mercantil. Subrepticiamente ya lo había hecho el 2 de agosto, y su solicitud fue admitida a trámite el jueves 5. Al exponer en público las razones de ese paso jurídico, Mexicana dijo confiar en que el juez ordene “la continuidad de la prestación de servicios, con el objeto de preservar la operación de la empresa y garantizar al público consumidor que el servicio no será interrumpido y continuará en su beneficio”. Mientras esto declaraba, actuando en sentido contrario, la aerolínea anunció que no venderá más boletos, lo que equivale a una gradual pero inexorable suspensión del servicio. Es un acto suicida, pues dejará de obtener liquidez que le permita cubrir sus costos de operación, amén del pago oportuno de las obligaciones que se vencen.

He allí un modo bárbaro de pretender acabar con los contratos colectivos de trabajo. En el extremo, cuando se conviertan por esa insolvencia empresarial en acreedores de su patrón, los sindicalizados deberán pujar con otros intereses por la distribución de los escasos bienes que permanezcan en el patrimonio de Mexicana.

Ante esta situación en que el protagonista público es Manuel Borja The Fourth, no es impertinente una nota final sobre su familia paterna. En los términos en que la conocemos, la fundó Manuel Borja Soriano, durante décadas notario público número 36 de la Ciudad de México y muy notable como profesor en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, luego Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Compuso un libro de texto para su curso, la Teoría general de las obligaciones, editado por primera vez en 1935 y que durante muchos años sirvió a los estudiantes de leyes, a los que puso en contacto con la doctrina europea, particularmente la francesa, en esa materia.

Su hijo, Manuel Borja Covarrubias, siguió puntualmente sus pasos. También dotado de fe pública –aunque él ganó la patente de la Notaría 47–, fue asimismo profesor en la facultad correspondiente de la UNAM, y como su padre y sus hijos, serviría igualmente cátedras en la Universidad Iberoamericana. Era un hombre apacible, de quien en el curso de 1962 recibí las lecciones contenidas en el libro de Borja Soriano. Al año siguiente fui alumno de su hijo, Manuel Borja Martínez –el padre del ingeniero Borja Chico– en el curso de contratos, que se impartía en el cuarto año de la carrera. Era adusto, lo que le daba una apariencia de mayor edad de la que tenía, impresión que se completaba con el traje de tres piezas que era su atuendo habitual. Recuerdo su severidad extrema en dos momentos. El primero ocurrió cuando se opuso a dar clase mientras permaneciera en el aula un vagabundo que pedía limosna en los corredores universitarios y al que los estudiantes llamaban Wama, porque su larga cabellera negra era idéntica a la de un personaje de historieta mexicana, dibujado si mal no recuerdo por Fernández Bassoco. Para hacer salir al enorme pordiosero, que era ciego, el arisco Diego Fernández de Cevallos se mostró dispuesto a echarlo por la fuerza, pero reculó cuando Wama blandió su bastón improvisado, en realidad un trozo de varilla de hierro corrugado, útil para defenderse de ese tipo de agresiones. La cordura de la mayoría se impuso, se pidió al gigantón que se retirara voluntariamente y Borja Martínez, muy incómodo durante el episodio, pudo impartir la lección correspondiente.

Al finalizar el curso me asestó, injustamente, aunque sin mayores consecuencias, una sanción nacida de su conciencia ética. El examen era público, y en un momento en que se examinaba la pachuqueña Irma Ponce, su amigo el actopense Simón Montúfar no resistió pronunciar en voz alta la respuesta que nuestra amiga no hallaba. Borja Martínez se molestó con quien había soplado, pero creyó que había sido yo. Cuando tocó mi turno, pidió al profesor que examinaba con él que se ocupara de mí, pues se reconoció prejuiciado en mi contra. Fue así como aprobé el curso de contratos ante el interrogatorio de Salvador Rocha Díaz, muy joven litigante entonces y hoy avezado partícipe en el foro, después de una carrera pública que lo hizo virtual gobernador de su natal Guanajuato –como secretario de Gobierno priista de un gobernador interino panista– y ministro de la Corte.

Borja Martínez dirigió durante dos periodos, de 1966 a 1974, el Departamento de Derecho de la Iberoamericana. Ocupó la Notaría 36, como su abuelo, y murió prematuramente, a los 57 años, el 3 de diciembre de 1990. La asociación de exalumnos de esa universidad jesuita lo ha honrado bautizando con su nombre una presea al mérito académico.

Y Calderón, ante el espejo de su fracaso


Daniel Lizárraga



A lo largo de la semana, el Campo Marte dio cobijo a las tres sesiones de los Diálogos por la Seguridad, donde especialistas, académicos, organizaciones civiles y líderes religiosos opinaron sobre el mal que aqueja al país: la violencia desatada. El gobierno, no obstante, se defendió esgrimiendo cifras: el director del Cisen habló de cantidades exorbitantes de criminales detenidos y de grandes incautaciones. Sin embargo, un número destaca sobre todos las demás: el de las 28 mil muertes que ha acarreado la guerra de Calderón.



Si bien el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, señala que a la delincuencia organizada se le han propinado golpes como nunca antes en la presente administración, también reconoció que son ya 28 mil las ejecuciones provocadas por el narco y que, además, se ha incrementado el número de robos, secuestros y extorsiones.

En un ejercicio inédito para un director del órgano de inteligencia del gobierno mexicano, Valdés no sólo fue el primer orador en la segunda sesión de los Diálogos por la Seguridad, organizados por la Presidencia de la República entre el lunes 2 y el jueves 5, sino que también presentó en público un informe sobre los avances y retrocesos en la guerra contra el narcotráfico.

“No hemos logrado recuperar las condiciones de convivencia en las zonas dominadas por el crimen organizado, tenemos una violencia creciente como todo mundo lo sabemos”, destacó Valdés mientras explicó el contenido de 32 láminas con estadísticas, análisis y conclusiones ante académicos, columnistas e investigadores reunidos en el Casino Militar del Campo Marte.

La cifra de ejecutados dada a conocer por el Cisen la mañana del martes 3 contrastó con la ofrecida por Arturo Chávez Chávez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) , apenas el 17 de junio: 24 mil.

Si ambas cifras fueran correctas, significaría que en 46 días se habrían cometido unos 4 mil asesinatos.

Del número de ejecutados ofrecido por el Cisen, más de 90% corresponde a personas vinculadas con el crimen organizado; 6%, autoridades o miembros de las Fuerzas Armadas, y 1% a víctimas inocentes, según dijo Felipe Calderón más adelante, durante el mismo encuentro, en un intento por explicar que la violencia es generada por los ajustes de cuentas y los reacomodos dentro de los cárteles del narcotráfico tras ser capturadas sus cabezas o, en su caso, muertas, como sucedió recientemente con Ignacio Coronel, uno de los capos del cártel de Sinaloa.

“Las tareas pendientes que tenemos son detener la espiral de violencia y disminuir de manera sostenida los delitos de secuestro y extorsión, golpear de manera significativa la capacidad financiera de las organizaciones criminales”, sentenció Valdés mientras en los monitores instalados en el Casino Militar se proyectaban resúmenes y cuadros ilegibles, los cuales tuvieron que ser interpretados –en 20 minutos– por el mismo director del Cisen.

El presidente Calderón convocó a estos encuentros con la sociedad luego de que el candidato a gobernador en Tamaulipas por la alianza PRI-PVEM-Panal, Rodolfo Torre, fue asesinado. No obstante, el panorama se ha enturbiado más luego de que estallaron dos coches-bomba, el primero en Ciudad Juárez –el 15 de julio– y el segundo en Ciudad Victoria –el jueves 5–, además del secuestro de los periodistas y camarógrafos de Televisa, Milenio y del diario duranguense El Vespertino.

En el informe presentado por el Cisen, Valdés detalló el decomiso de 34 mil 699 vehículos, lo que representa 157% más de lo incautado el sexenio anterior. Para reponer esos autos, se precisa, los delincuentes tendrían que pagar 600 millones de pesos.

Por otro lado –dijo Valdés–, se decomisaron 84 mil armas, 330 millones de dólares y 441 millones de pesos, cifras sin precedente. Esto, agregó, “ha mermado la capacidad operativa de la delincuencia (sobre todo) si toman en cuenta las aprehensiones de 20 mil miembros del cártel del Golfo/Zetas; 18 mil del cártel del Pacífico; 12 mil del de Juárez, y 9 mil de los hermanos Beltrán Leyva”.

Aunadas a estas cifras –antes desconocidas–, Guillermo Valdés informó de 963 enfrentamientos armados, en carreteras y calles, entre el crimen organizado y las fuerzas del Estado, lo que habla de por lo menos un enfrentamiento al día en promedio.

Ante esta perspectiva, Calderón exigió la participación de la sociedad, independientemente de la decisión que puedan tomar las fuerzas políticas, legisladores y gobernadores.

Descompuesto al escuchar las propuestas para reorientar el combate a los narcotraficantes hechas durante los Diálogos por la Seguridad, el mandatario advirtió:

“Tenemos una delincuencia organizada y una sociedad desorganizada. Una sociedad, por ejemplo, de la que requerimos información puntual, si se quiere incluso confidencial, secreta, de lo que están haciendo los criminales”, dijo con el rostro enrojecido, elevando el tono de voz y manoteando sobre la mesa en torno a la cual, durante tres días, representantes empresariales, organizaciones ciudadanas, académicos y líderes religiosos habían manifestado abiertamente su preocupación por el incremento de la violencia en el país.

“A mí sí me interesa saber quiénes son los que cobran las cuotas, a mí sí me interesa saber en dónde se reúnen, a mí sí me interesa saber cómo actúan, a mí sí me interesa saber quiénes los cobijan y se coluden con ellos; ministerios públicos, jueces, policías, alcaldes o gobernadores. Sí me interesa saber. Y la sociedad sé que lo sabe”, añadió en su reclamo hecho en el último de los tres encuentros, ante 18 representantes de las diversas iglesias del país.

La mayoría de los casi 82 invitados a dialogar con Calderón sugirió dar un giro a la estrategia ampliando, entre otras cosas, las investigaciones contra el lavado de dinero, desarrollando mejores programas sociales en las zonas más afectadas y, sobre todo, brindando información para entender lo que sucede.

Ante estas sugerencias, Calderón dijo haber tomado nota de cada una, pero rechazó las tesis de “quienes suponen” que si el gobierno no enfrenta a los criminales se acabaría la violencia. “Yo lo dudo”, comentó ante los líderes religiosos, y advirtió:

“Este problema lo está sufriendo la gente más pobre en sus comunidades (…) Y, en ese tema, señores, lo advierto de una vez, yo no voy a ceder. Yo seguiré trabajando hasta el límite de mis fuerzas y hasta el límite de los recursos que la Constitución me otorga como presidente para combatir la criminalidad.”

Proceso no encontró una propuesta, entre las más de 50 intervenciones hechas en las sesiones públicas, en el sentido de que se retirara el Ejército de las calles.

Combatir el lavado



Uno de los representantes de la cúpula empresarial, Sergio Enrique Aguilar Cervantes Rodiles, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), pidió apurar las investigaciones sobre lavado de dinero.

Una de las propuestas, por ejemplo, fue hecha por Luis Peña Kegel, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, en el sentido de impedir los pagos en efectivo iguales o mayores de 50 mil pesos para comprar casas o automóviles. Además, se quejó por la falta de una base oficial de datos que permita a los grupos financieros ponerse en alerta ante transacciones de empresas bajo investigación.

Esta postura no sólo fue respaldada por los empresarios, también se sumaron representantes de organizaciones civiles, como Eduardo Joaquín Gallo, de México Unido contra la Delincuencia, e Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro; esto provocó los primeros gestos de disgusto de Calderón, quien apretaba las mandíbulas y no despegaba la mirada del monitor que tenía frente a él.

En esa primera sesión –el lunes 2 de agosto– faltó coordinación entre los colaboradores del mandatario, ya que la mayor parte de los lugares para el público estaban vacíos, la coordinación de Comunicación Social no contaba con una lista de invitados de prensa –la tuvieron que confeccionar sobre la marcha– y el secretario de Gobernación, Francisco Blake, debió leer detenidamente los nombres de los convocados a la reunión, pues no conocía a muchos.

Ahí Eduardo Gallo dijo que no respaldaría a ciegas a Calderón y propuso al mandatario contar con un plan B, consistente en abrir el debate sobre la legalización de la mariguana, pues es importante medir de qué tamaño es el abanico de posibilidades, sin reparar en tabúes.

Las palabras del activista no tuvieron eco. Nadie retomó el tema.

Heriberto Castillo, presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, propuso nuevos programas de empleo para jóvenes en zonas marginales, y Eduardo Gallo aterrizó esa idea al plantear programas temporales de empleo como los que se impulsaron durante la reciente crisis financiera.

Un día después de estos señalamientos, en Los Pinos, los secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero, y de Economía, Bruno Ferrari, informaron que entre enero y julio de 2010 se crearon 559 mil 70 nuevas plazas.

Fallas en la información



En la segunda sesión de los Diálogos por la Seguridad, académicos, especialistas en el análisis del narcotráfico y columnistas criticaron al gobierno por la falta de información para entender qué pasa en México.

“No se puede medir la eficacia y la eficiencia. La información debe estar al alcance de todos sobre los delitos que ocurren, dónde y qué se está haciendo”, dijo Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano sobre la Inseguridad.

A este señalamiento se sumó el investigador Raúl Benítez Manaut, quien dijo que sí se puede apoyar a Calderón en el combate a la delincuencia, pero para ello debe haber una mínima retroalimentación con datos veraces.

“El gobierno no ha sabido transmitir si va ganando o perdiendo la guerra. No ha sabido comunicar qué pasó en los operativos tras la muerte de los capos Arturo Beltrán Leyva e Ignacio Coronel. La verdad es que no entiendo por qué el gobierno sí le da información a las agencias extranjeras. Eso es algo muy desagradable”, expuso mientras Calderón anotaba algo en una computadora personal.

Uno de los momentos más tensos fue cuando Eduardo Guerrero, socio de Lantia Consultores, propuso focalizar de mejor manera su estrategia hacia los puntos de mayor conflicto, como ha sucedido en otras partes del mundo –Chicago o Rusia–, minimizando los riegos hacia la población.

Calderón lo interrumpió pidiéndole que explicara mejor sus ideas, ya que –desde su perspectiva– no hay manera de hacer eso en forma automática.

Guerrero, en respuesta, comentó que esto era como en un juego de billar en el cual antes de meter una bola en la buchaca ya se sabe que el resto va a rebotar y se calculan sus movimientos para no cometer errores.

Lo mismo pudo suceder –ejemplificó– con el caso de Ignacio Coronel cuando, al mismo tiempo que se planea una detención efectiva, el gobierno cuenta con planes sobre cómo contener la violencia dentro del cártel del Pacífico para que la población no resulte afectada.

Calderón apretaba las mandíbulas y no dejaba de taladrar con la mirada al consultor. “Pero bueno, estaríamos entonces de acuerdo en que primero hay que pensar en meter las bolas”, comentó después el mandatario.

Héctor Aguilar Camín hizo que a Calderón se le descompusiera el rostro cuando dijo que su gobierno no es capaz de disparar información ni en defensa propia.

“Desde el punto de vista de la información, ustedes, las autoridades, nos tienen a los mexicanos en medio de un tiroteo del que no sabemos de dónde vienen los tiros (…) La guerra está perdida en el ámbito de la información y la opinión pública”, destacó el historiador. Recordó que sobre la muerte de Ignacio Coronel el gobierno no aportó detalles sobre cómo fue el operativo.

“Y ahí es donde digo que no disparan en materia de información ni en defensa propia. Perder la guerra en la opinión pública es también perder credibilidad del gobierno en otros ámbitos, no sólo en materia de seguridad”, añadió.

“Uno no entiende –apuntó– por qué se reservan esa información, por qué no tienen una estrategia puntual para informar de las cosas que conocen, no me refiero a los temas que afecten la confidencialidad de las estrategias, sino de información pública, continua y sistemática.”

Otros académicos e investigadores, como Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), apuntaron que el mayor déficit en la estrategia oficial en el combarte a la delincuencia ha sido en el sistema de información.

“Hay un desastre completo. No se previene el delito ni se castiga bien a los delincuentes. Requerimos de un sistema completo de flujo de información. De otra manera no se pueden analizar los problemas y corregirlos. Necesitamos información y la necesitamos urgentemente”, exigió.

Calderón reconoció que su gobierno no ha podido comunicar qué pasa y cómo trabaja su gabinete, pero subrayó que no hay una intención deliberada de ocultar datos ni información.

Mauricio Merino, también investigadores del CIDE, expuso: “Me ha parecido muy mala idea, mala estrategia, que sea la PGR la que encabece las medidas contra el IFAI. Esto ha emitido una señal de secrecía que no ayuda en nada a construir confianza. Tengo la impresión de que se está operando toda esta estrategia en la vieja idea de la caja negra”, enfatizó.

Merino se refería al hecho de que la PGR ha solicitado la intervención del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para no cumplir las resoluciones del IFAI mediante las cuales los comisionados ordenaron la apertura de expedientes. Aunado a ello, también se impulsó una reforma legal para impedir que las averiguaciones previas sean públicas aun cuando ya estén cerradas.

En esa mesa se encontraba el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, quien optó por no confrontar a Merino. En respuesta, Calderón ofreció a sus invitados abrir la información y les prometió entregarles una base de datos oficial.

Esa noche Los Pinos emitió un comunicado para puntualizar que Calderón está contra la legalización de la mariguana, pero que acepta abrir el debate al respecto.

Las bodas de Canán



En la siguiente sesión, ahora con los líderes religiosos, Calderón aprovechó una intervención sobre la ausencia de la clase política en esos encuentros para advertir que no esperará más tiempo “a ver a qué hora” los legisladores y, sobre todo, los líderes partidistas ponen los intereses del país por encima de las ambiciones personales.

Por ello –enfatizó– seguirá encontrándose con otros sectores de la sociedad para atender la nueva escalada de violencia generada por el crimen organizado, e incluso demandó que los propios creyentes y las organizaciones sociales cobren la factura a los partidos.

“Porque sé que el día de mañana van a ir ustedes a pedirles el voto y persuadirán a su comunidad. Es la hora de que entre todos nos exijan a quienes tenemos responsabilidades públicas cumplir con nuestro deber. Y todos hemos cometido errores, por supuesto”, sentenció tras escuchar durante alrededor de dos horas las opiniones de obispos y pastores.

Calderón utilizó una parábola de la Biblia, las bodas de Canán, para explicar desde su perspectiva la ausencia de los partidos.

“Había un rey que organizó una banquete y cuando se llegó la fecha, uno a uno de los invitados fueron excusándose para no ir, y lo que hizo el rey fue salir al cruce de los caminos a invitar a quienes no habían sido convidados en un principio”, comentó.

Al día siguiente, el jueves 5, los gobernadores de todo el país acordaron reunirse con el mandatario federal el próximo día 12. Los voceros fueron los mandatarios de Nuevo León y Veracruz, Rodrigo Medina y Fidel Herrera. El anuncio lo hicieron desde Los Pinos.

México, entre países que más violan derechos laborales: ITF

Dirigentes sindicales de 100 países marcharán contra la política antilaboral de Calderón

Aberrantes, las violaciones a la libertad sindical en México: David Cockroft
La ITF conoce bien los mecanismos gansteriles de los contratos de protección: Rodríguez Fritz

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Lunes 9 de agosto de 2010, p. 13
El secretario general de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), David Cockroft, señaló en conferencia de prensa que es aberrante lo que está sucediendo en México en materia de violaciones a la libertad sindical, e informó de una manifestación sui generis para el próximo jueves, en la que realizarán una marcha dirigentes sindicales extranjeros de más de 100 países en contra de la política “antilaboral” del gobierno del presidente Felipe Calderón.

En el contexto del 42 congreso que lleva a cabo esta organización en esta ciudad, el dirigente planteó que México se encuentra en la lista de las naciones donde más se vulneran los derechos de los trabajadores, sólo superado por países como Colombia, Guatemala e Irán, en los que prácticamente las organizaciones gremiales están defendiendo “con su vida” sus derechos.

Sostuvo que el gobierno mexicano está violando acuerdos fundamentales, como el 87 y el 98 de la Organización Internacional del Trabajo, referentes a derechos de los trabajadores, los cuales firmó y ratificó, pero no cumple.

Luego de cuatro días de asamblea, donde han participado líderes sindicales del sector del transporte de América, Europa y Asia, refirió que este congreso ha tomado nota de lo que está sucediendo en México en materia laboral, por lo que la ITF va a iniciar acciones de apoyo para la defensa de diversos sindicatos –como el de los trabajadores de Mexicana de Aviación–, difundirá en todo el mundo lo que sucede en este país y realizará un pronunciamiento dirigido al gobierno de Calderón y, en particular a la Secretaría del Trabajo, encabezada por Javier Lozano Alarcón, para demandar a esas instancias que se se respeten los derechos de los trabajadores.
En la conferencia, Antonio Rodríguez Fritz, secretario regional de la ITF para América Latina y el Caribe, remarcó que esta organización internacional ha seguido de cerca la corrupción, simulación y los mecanismos “gansteriles” desde los cuales se mantienen los contratos de protección en México, donde se persigue, e incluso se manda golpear, amenazar y secuestrar a dirigentes y trabajadores que intentan defender sus derechos.

A su vez, Norrie Mcvicar, coordinador del Grupo de Trabajo del Servicio Costa Afuera, habló de las condiciones laborales de gremios como el petrolero en la Sonda de Campeche: “son impactantes las deplorables condiciones y abusos que sufren estos trabajadores, quienes son víctimas de jornadas de hasta 12 y 14 horas diarias, de subcontratación, y de accidentes como el de la Plataforma Usumacinta, en el que murieron 22 obreros, sin que se hayan fincado responsabilidades a nadie”.

En esta conferencia, el líder de la Alianza de Tranviarios de México, Benito Bahena, señaló que en México el sistema de los contratos colectivos de protección patronal subsiste por la complacencia y apoyo de funcionarios de la Secretaría del Trabajo, mientras a los sindicatos reales y democráticos se les condiciona, inmoralmente, mediante la toma de nota o requisitos absurdos, y expuso como ejemplo al líder del “sindicalismo blanco” Ramón Gámez, quien salió prófugo del país, acusado de pederastia, y, sin embargo, aunque las autoridades lo persiguen, no se le ha quitado la toma de nota.

El SME y el patrón sustituto

Arnaldo Córdova

Después que se celebró el convenio entre el nuevo secretario de Gobernación y el SME, en virtud del cual los trabajadores electricistas levantaron su huelga de hambre en el Zócalo, el golpeador de la Secretaría del Trabajo anduvo haciendo lo único que sabe hacer: bravuconear y simular que él decide todo lo que tenga que ver con el conflicto (evidentemente, sólo respira por la herida, porque su papel en ese conflicto ya es totalmente prescindible). En las negociaciones, en las que sólo es un mirón testimonial, según sus palabras, se analizará la reinserción a [sic] miles de trabajadores que no cobraron su liquidación y de un esquema laboral que no implica contratación colectiva ni sustitución patronal”. Nada de patrón sustituto, es su lema corriente.

 
Ni para qué ocuparse de semejante bocaza que sólo sabe proferir amenazas. Debería saber que el asunto del patrón sustituto todavía está en litigio, aunque los trabajadores electricistas poco pueden esperar de una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tan golpeadora y tan injusta como sus mandantes. Ya se ha visto hasta la saciedad que “extinguir” un organismo descentralizado como Luz y Fuerza del Centro mediante un mero decreto presidencial fue violatorio de la Constitución que dispone que ese acto corresponde sólo al Congreso de la Unión, pues debe disponerse mediante una ley del Legislativo y no mediante un decreto del Ejecutivo. La corte, abyectamente, desestimó ese alegato.

El caso es que todo el asunto se ha manejado como si se tratara de una compañía privada y no un ente paraestatal (se elimina, o se “extingue”, una compañía para que entre en sus funciones otra compañía), sin atender al hecho de que se está decidiendo sobre bienes que pertenecen a la nación y no a privados. De hecho, aquí se puede ver con toda claridad que no hay ni siquiera necesidad de recurrir a la figura del patrón sustituto, pues sólo se trata, tanto en el caso del sustituido como en el sustituto, de entes que tienen que ver con un servicio cuyos bienes son de la nación. En todo caso habría una sustitución de organismos descentralizados. Pero eso es sólo un aspecto del problema.

Otro (y es el principal) es que se viola la Constitución en su artículo 123, que instituye el sistema de relaciones obrero patronales, al anular arbitrariamente, sirviéndose para ello de un decreto a todas luces anticonstitucional de extinción de un organismo público, el contrato colectivo de trabajo de los electricistas, protegido por el 123. Fue un acto de verdadera barbarie anular los derechos de 44 mil trabajadores, protegidos por su contrato colectivo de trabajo que, a su vez, está protegido por la ley y la Carta Magna, por medio del decreto como si tratara de una relación individual de trabajo y se pudiera echar a la calle con sólo liquidarlo. Un contrato colectivo de trabajo implica muchos más derechos que los que tocan a un solo individuo.

En todo caso, aunque los bienes con los que se presta el servicio son de una sola persona colectiva que es la nación, viendo el asunto desde la perspectiva del sujeto que contrata y se entiende con los trabajadores, valía la figura del patrón sustituto, porque los bienes con que se llevaba a cabo el servicio eran los mismos y el propio servicio no cambiaba de naturaleza. Para ello era imperativo que se respetaran los derechos de los trabajadores contenidos en el contrato colectivo y en la ley en su defecto. Admitiendo que el hecho de que se tratara de una empresa pública no implicaba necesariamente ningún privilegio especial para los trabajadores, en ningún momento debió habérsela manejado como si fuese una oficina gubernamental que el presidente desaparecía sin ninguna explicación.

Curiosidad...-Hernández

Astillero

Astillero
Periodistas en marcha
Enójense los polis y...
Dia visita a FC
¿Malovazo en Guerrero?
Julio Hernández López


A un cuando no está en sus propósitos la creación de una estructura formal de defensa de periodistas, e incluso se corre el riesgo de que esta primera acción quede como un simple asomo sin seguimiento ni logros inmediatos, la manifestación pública realizada el sábado anterior, en la capital del país y en otras ciudades, tuvo la gran importancia de hacer visible la inconformidad y preocupación del gremio de los trabajadores de los medios de comunicación por los riesgos, amenazas y agravios que sufre, en el contexto de la llamada “guerra” contra el narcotráfico, y por el evidente abandono institucional en que se mantiene la protección del ejercicio de una actividad cuya importancia es creciente en cuanto la oscuridad y densidad de los acontecimientos nacionales requieren mejores y mayores suministros de información, análisis y contexto.
La disposición de un buen número de periodistas para marchar y hacer públicas algunas posiciones conjuntas es ya, de entrada, un avance notable, y es de esperarse que sea el anuncio de un activismo similar ante la previsible continuidad de los ataques provenientes de los poderes reales (el narcotráfico y sus contrapartes gubernamentales) y la desidia oficial para prevenirlos y castigarlos. La movilización de este sábado debe evitar que el beneficio político quede en manos del periodismo de elite, de los conductores electrónicos y columnistas del oficialismo cuyos intereses y medios de protección son otros, y de los empresarios mediáticos a los que sólo interesan los negocios.
La protesta sabatina será trascendente si no se queda en el inmediatismo y si logra articulación política, pues una de las trampas del sistema es estigmatizar lo político, como si ello fuera sinónimo de electoral o partidista: los periodistas necesitan hoy organización con sano sentido político, para darle sentido a la lucha y evitar la volatilidad amorfa. Sólo así se tendrá capacidad de respuesta frente a los problemas de fondo y no sólo ante un confuso y manipulado caso específico que ganó presencia masiva por haber involucrado a la televisora de mayor control nacional y a su asociada versión impresa. De otra manera, se estarían reproduciendo inocuas formas de desahogo insustancial, como sucedió con las masivas marchas de blanco virtualmente convocadas por las televisoras para “protestar” por la inseguridad pública.
Por desgracia, el entramado institucional que debería escuchar esas demandas no está en condiciones de hacerlo. FC no halla cómo zafarse de las trampas que se puso a sí mismo convocando a un diálogo selectivo que le ha resultado inmanejable. La fiscalía federal de atención a problemas de periodistas es una burla burocrática inservible y la CNDH está más preocupada por ofrendar la cabeza de un funcionario de tercer nivel a los soberbios berrinches de quienes explotaron porque esa comisión había reproducido la información del peculiar secuestro de tres periodistas en Gómez Palacio, y porque había expresado una condena pública a tales hechos que los directivos de los medios involucrados estaban negociando en otros términos.
No hay quien pueda atender, prevenir y resolver, si se atienden los términos de la acusación con plena autoridad técnica que contra los simulacros de guerra al narcotráfico han hecho centenares de policías federales asentados en Ciudad Juárez a quienes sublevó la detención y consignación tramposa de uno de sus compañeros, lo que les llevó a un insólito enfrentamiento con algunos de sus propios jefes, a los que acusaron de estar en permanente arreglo con determinado cártel, de utilizar recursos y operaciones policiales para combatir a unos y ayudar a otros, de sembrar falsas pruebas a ciudadanos inocentes, de quedarse con dinero, armas y droga supuestamente decomisadas y de lanzar a esos uniformados a las calles a extorsionar y a cumplir órdenes facciosas. Enójense los policías y díganse las verdades. El mejor juicio sobre la falsa guerra felipista al narcotráfico ha sido pronunciada en su plaza más caliente, de labios de sus ejecutores con más experiencia.
Astillas
Los dirigentes de los partidos que integran el Dia son esperados en Los Pinos el próximo martes para dialogar sobre asuntos de seguridad pública. Según los anfitriones, está confirmada la asistencia de Manuel Camacho, Jesús Ortega y Luis Walton, dirigentes estos dos últimos del PRD y Convergencia. La duda está en el caso del PT, que hasta ahora ha sostenido la conveniencia de esas pláticas pero podría cambiar de opinión a partir de la postura que defina Andrés Manuel López Obrador. La entrevista de Calderón con los líderes formales de partidos que le acusaron de cometer fraude electoral en 2006 forma parte de los arreglos del chuchismo-camachismo que tuvieron su banderazo de arranque con las alianzas perreánicas. Aparte están, desde luego, los coordinadores de bancadas legislativas pertenecientes al Dia que también tendrán reunión de trabajo con el ocupante de Los Pinos... Ya está todo listo para que un priísta renuncie a su partido y sea postulado por la “oposición” para así ganarle al PRI: Ángel Aguirre Rivero fue gobernador interino de Guerrero por el tricolor, y actualmente está en el Senado a nombre de esa organización, pero ahora es buscado por el PAN –se habla de que Margarita Zavala está atendiendo este asunto– en busca de que sea candidato blanco y azul frente a Manuel Añorve Baños, el presidente municipal de Acapulco, ahora con licencia, que fue presentado ya como candidato de unidad del PRI, aunque la convención electora ni siquiera ha sesionado. Aguirre habría sido frena- do en su aspiración de volver al gobierno guerrerense por la oposición de los ex gobernadores René Juárez y Rubén Figueroa. Dia, por su parte, ha planteado la tesis de que irá por su lado, pues teóricamente hay un perredista en el gobierno estatal, pero falta ver si las tentaciones de repetir un Malovazo llevan a la “izquierda” a sumarse a un frente común con el nuevo opositor, Aguirre, ya nomás que renuncie formalmente al PRI... ¡Hasta mañana!
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