sábado, 29 de mayo de 2010

En carta póstuma, cura belga revela que abusó de 12 pacientes en coma


Las violaciones ocurrieron entre los años 60 y 80 en un hospital de Flandes, asegura una víctima.

Dpa
Publicado: 29/05/2010 08:56

Bruselas. Un sacerdote belga, ya fallecido, abusó sexualmente de una docena de mujeres en estado de coma entre los años 60 y 80, en la sala de cuidados intensivos del hospital de Flandes, según confiesa él mismo en una carta póstuma, reportaron hoy los diarios en Bélgica.

"Tengo en mi poder una carta del padre X en la cual confiesa todos los hechos y muestra su arrepentimiento y tristeza profunda por lo sucedido", aseguró el denunciante Norbert Bethune, quien se negó a revelar el nombre del abusador, ya fallecido, por “respeto a las víctimas”.

La dirección del centro sanitario "supo de los hechos, pero no hizo nada para impedirlo", aseguró Bethune a los medios locales.

Las violaciones, con penetración, se registraron en la sala de cuidados intensivos del hospital regional de la localidad flamenca de Tielt, informa la radio VRT.

El sacerdote trabajaba en esa sala de cuidados intensivos para aportar "apoyo psicológico" a las familias de los pacientes y, en algunas ocasiones, administrar la extremaunción a algunos moribundos, informa, por su parte, el rotativo flamenco "Het Laatste Nieuws".

Norbert Bethune asegura que "en breve" sacará a la luz nuevos "escándalos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica belga entre los años 60 y 80".

Las acusaciones contra el sacerdote de Tielt están apoyadas "en testimonios de testigos oculares que han llegado incluso a presenciar, escondidos, las acciones de abuso sexual por parte de X", asegura el padre Bethune, quien no ha dado el nombre del sacerdote y presunto violador, ya fallecido, por "respeto a sus familiares".

El "padre X", presunto autor de las violaciones a -al menos- "una docena de pacientes en coma", de acuerdo con la radio VRT, asegura que antes de morir (tras una larga enfermedad) a fines de 2009, le entregó esa carta con la confesión por que "quería irse en paz, con su conciencia tranquila", según Bethune

Paulette fue asesinada: Bazbaz lo ocultó

Desfiladero


Jaime Avilés

Alberto Bazbaz renunció a la titularidad de la procuraduría mexiquense tras dar las conclusiones en el caso Paulette NotimexFoto Foto
Tres casos de nota roja –el brutal asesinato de Paulette Gebara Farah, el secuestro de Diego Fernández de Cevallos y el encarcelamiento de Gregorio Sánchez Martínez, Greg, candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo– vuelven a exhibir los profundos vínculos de complicidad que hay entre los empresarios dueños de México, los políticos que los sirven desde el poder y el crimen organizado. Y explican, asimismo, la desaparición del estado de derecho, la guerra civil que avanza por distintas regiones del país y la certeza de que vivimos un proceso de transformación irreversible: nada volverá a ser como antes.

Chiapaneco avecindado hace muchos años en Quintana Roo, predicador evangélico que en sus mítines religiosos llamaba a sus huestes “el pueblo de Dios”, estafador acusado por un robo de 10 millones de dólares y por tratar de privatizar ilegalmente el malecón de Cancún, aparte de sospechoso de fomentar el tráfico de balseros cubanos, Greg se había revelado hace tiempo como una verdadera fichita.

Jaime Montejo, dirigente de Brigada Callejera, organización nacional protectora de los derechos humanos y civiles de distintas agrupaciones de sexoservidores, escribió en su blog dos días después de la captura: “La detención del ex alcalde perredista fue recibida con beneplácito por trabajadoras sexuales que fueron objeto de intimidación, hostigamiento, extorsión, agresiones físicas, robo y allanamiento de morada, cuando elementos de seguridad pública [de Cancún], comandados por Francisco Velasco Delgado, El Vikingo, arremetieron contra ellas para expulsarlas de la supermanzana [colonia] 63”, en 2009.

El Vikingo fue detenido por “haber participado en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, baleado el 3 de febrero de 2009”. Al recordar estos sucesos, agrega Montejo, “los medios de comunicación olvidan el asesinato de la trabajadora sexual Greici Lizbeth Vargas Rivera, de 19 años, decapitada el 28 de noviembre de 2009 después de declarar en el Ministerio Público del fuero común, donde aportó pruebas contundentes que implicaron a Joel Cantera Torres, uno de los hombres que ejecutó al comandante Miguel Ángel Puch de la Cruz”.

Todos esos crímenes fueron atribuidos a uno de los cárteles con los que ahora la PGR asegura que está ligado Greg. Pese a las múltiples, reiteradas y bien documentadas advertencias que acerca de tan cautivador político leyeron en este diario entre enero y marzo del año actual, Manuel Camacho y Jesús Ortega se obcecaron en lanzarlo como candidato a gobernador de Quintana Roo y, al hacerlo, sellaron para siempre su destino. Hasta el martes pasado, Greg era de ellos; ahora, ellos son de Greg. Van juntos, nadie sabe hacia dónde.

Diego: estado de excepción

A quienes se llevaron a Fernández de Cevallos, el “gobierno” y Televisa –uno no investigando, otra no hablando del asunto–, resolvieron darles todas las comodidades para negociar un acuerdo que permita su devolución. Catorce días después del secuestro, lo poco que se sabe rasgó, para decirlo con estilacho, el velo del misterio. El iracundo remedo de conquistador español fue atrapado por alguien que tiene informantes de primera mano dentro de su bufete de abogados –al que pertenecen el secretario de Gobernación y el procurador general de la República– o dentro de su familia.

Quienes lo sorprendieron en su hacienda de Querétaro sabían que llevaba un chip de localización satelital subcutáneo y se lo quitaron. Dos días más tarde se enteraron de que el general Arturo Acosta Chaparro había sido contratado para buscarlo, y lo balacearon para alejarlo del asunto. Estos dos detalles bastan para ayudarnos a entender que se trata de un ajuste de cuentas en la cúpula de la mafia política, alrededor de una pieza clave del grupo del que también forman parte Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, cuya candidatura presidencial se desmorona a medida que salen a flote más y más evidencias de que su gobierno encubre a los asesinos de la niña Gebara Farah.
Manchas de sangre

La noche del 30 al 31 de marzo, 10 días después de la desaparición de Paulette, Jorge Rojas González, perito en ingeniería civil de la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM), al inspeccionar la habitación de la menor comenzó a quitar el edredón y las sábanas de la cama. Todo fue grabado por una cámara de video, que registró el momento exacto en que descubre la primera mancha de sangre y dice en voz alta: “La madrearon, güey”. En seguida, ante manchas más gruesas, repite: “La madrearon”.

Pocos instantes más tarde, levanta la última sábana y destapa, entre la piesera y el colchón, el cuerpo de la pequeña. Alguien tose, agredido por la pestilencia que despide el cadáver, y el perito comenta: “Está bien putrefacta”. La escena está disponible en Youtube. El 31 de marzo, muy temprano, la PGJEM emitió un boletín para anunciar que “fue encontrado el cuerpo de Paulette, dentro de una bolsa negra, durante la reconstrucción de hechos en presencia de los padres”.

¿No es alucinante? El video y el boletín pueden consultarse en Google. Y a pesar de la contradicción entre uno y otro, las televisoras guardaron silencio, y acompañaron al procurador mexiquense Alberto Bazbaz en su cínica, y ahora muy sospechosa, fabricación de mentiras. A sabiendas de que la niña había sido privada de la vida con violencia –las manchas de sangre y la exclamación del perito lo demuestran–, Bazbaz permitió que se manipulara no sólo la verdad sino también el cadáver.

¿O acaso ya olvidamos la célebre foto en que la criatura aparece debajo de la cama, en el tapete de su cuarto? ¿Quién la puso allí, para que la retrataran? Y lo que todo el país repite, ¿cómo es que su mamá y su tía durmieron varias noches en esa cama, que las empleadas de la casa tendían cada mañana, y nadie la vio, ni sintió su olor? ¿Y qué hay del cuento de los perros que huelen a los vivos pero no a los muertos? Todo se resume en una palabra: encubrimiento oficial.

A punto de cumplirse un año del incendio que mató a 49 niños en la guardería ABC de Sonora, en las redes sociales de Internet crece la convicción de que Paulette fue víctima de un asesino, pero también de que éste sigue libre gracias a Bazbaz. A la destitución del ex procurador debe seguir una investigación a fondo, que esclarezca su responsabilidad en el caso y la del gobernador del estado. Antes de que aparecieran esas manchas de sangre bajo la colcha y las sábanas de Paulette, y el revelador y espontáneo comentario del perito –“la madrearon, güey”–, la horrorosa historia hablaba de la ineficacia de quien se siente ya sucesor de Calderón.

Hoy, gracias al incontrovertible testimonio de ese video, sabemos que Paulette fue asesinada con algo que le provocó una hemorragia externa; que Bazbaz dijo que la causa del deceso había sido la asfixia; que las plumas mercenarias del régimen lo defendieron hasta el día de su despido. Y que la televisión también se hizo cómplice al proteger a Peña Nieto en virtud de los millonarios contratos de publicidad que sostiene con él. ¿Se imaginan si hubiesen agarrado al procurador del Distrito Federal en una mentira como ésta? Habrían repetido el video hasta que nos lo aprendiéramos de memoria...

jamastu@gmail.com

Censuran legisladores represión contra los integrantes del SME

Rosario Ibarra exige al gobierno federal respeto para trabajadores


Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Sábado 29 de mayo de 2010, p. 13
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, rechazó “enérgicamente” la represión contra integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), exigió al gobierno federal respeto a la integridad física de los trabajadores y llamó a reforzar la solidaridad con el movimiento de resistencia civil pacífica que mantienen desde hace casi ocho meses.

Resaltó el desalojo violento de un centenar de electricistas, quienes fueron golpeados y rociados con gas lacrimógeno por más de 600 policías federales en Teopanzolco por órdenes del gobierno de Felipe Calderón y con la complacencia del gobernador panista de Morelos, Marco Adame, quien permitió la violación de las garantías fundamentales de los trabajadores del SME.

Se regresa, insistió, a las etapas más negras de la historia del país, en las que se utilizó a los cuerpos policiacos y al Ejército para reprimir huelgas y protestas laborales.

La senadora hizo notar que los electricistas han acudido a todas las instancias legales y su caso está ahora en la Suprema Corte de Justicia, ya que el decreto de Felipe Calderón que liquidó Luz y Fuerza del Centro y dejó en la calle a más de 40 mil trabajadores no sólo vulneró los derechos laborales de ese gremio, sino que pasó por encima de la Constitución, ya que el presidente Felipe Calderón ejerció facultades que son exclusivas del Congreso.
Dijo que se debe incrementar el apoyo y la solidaridad con los trabajadores del SME y no permitir que se vulnere su derecho a la libre manifestación, en un contexto en que los gobiernos panistas pretenden criminalizar los movimientos y las protestas sociales.

Igualmente, el senador del Partido del Trabajo Ricardo Monreal señaló que Calderón Hinojosa está decidido a acabar con la lucha del SME para avanzar en la privatización eléctrica y en la entrega de la fibra óptica a consorcios de telecomunicaciones. “Como no han podido doblarlos y más de 17 mil trabajadores se mantienen firmes, ahora ya descaradamente usan la fuera pública para reprimirlos.”

Sindicatos independientes y organizaciones sociales de Morelos se pronunciaron por fortalecer con mayor presencia los campamentos del SME instalados en las subestaciones y en el centro de Cuernavaca, así como en el Zócalo del Distrito Federal.

Inadmisible. Helguera.

Di no a las drogas. Fisgón.

La PGR como arma política de Calderón


Jesusa Cervantes



MÉXICO, DF, 28 de mayo (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) se utiliza como un arma política tanto para pegarle al adversario como para ganar elecciones y legitimar abusos de poder.

Eso pareciera desprenderse de la reciente detención del candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, quien pareciera --como ocurrió a Andrés Manuel López Obrador con el desafuero, para infortunio del gobierno federal panista, que sólo lo hizo crecer en popularidad-- se ha convertido en una víctima más del poder.

No se pretende aquí exonerar a quien hoy desde el gobierno federal ya se le sentenció como culpable antes de ser sometido a juicio; se trata más bien de cuestionar las acciones erróneas que de manera constante realiza el gobierno panista.

Si el candidato perredista es culpable o no, le corresponde a la autoridad judicial --y no a Felipe Calderón-- demostrarlo; sin embargo, existen formas que no se pueden desatender y antecedentes que no se pueden olvidar.

La manera en que actuó la Federación parece desaseada al grado de recurrir al mismo juez federal que antaño le otorgó las órdenes de aprehensión contra casi una treintena de servidores públicos de Michoacán --acusados por el mismo delito que hoy encara Greg: delincuencia organizada y lavado de dinero--, y quienes con el paso de los meses tuvieron que salir en libertad después que no se les pudo comprobar la acusación.

Al candidato perredista, quien por cierto iba arriba en las encuestas para ganar la gubernatura, se le detuvo bajo la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero, además de la temeraria suposición de que está involucrado en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñónez y por la cual tres excolaboradores de Greg Sánchez están siendo procesados.

Esos mismos excolaboradores son quienes hoy señalan al candidato perredista de estar involucrado con el narco.

Sin embargo, no hay que perder de vista lo ocurrido el pasado 7 de mayo cuando la PGR solicitó al Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Roberto Hoyos Aponte, la orden de aprehensión contra Greg Sánchez y éste se la negó.

Según los argumentos del juez federal, la PGR no pudo acreditar la participación de Greg, y tampoco siquiera la existencia de los delitos contra la salud ni de lavado de dinero por los cuales hoy está en el penal de mediana seguridad de Nayarit.

Dos párrafos de la sentencia del juez son claves, aquí su reproducción:

“La representación social --es decir la PGR-- perdió de vista que en la indagatoria no existe prueba que ponga de manifiesto que Gregorio Sánchez hizo actos provenientes de actividades ilícitas… incumplió la carga probatoria que le corresponde”.
“Al no estar acreditados los elementos de delitos en referencia, ni la probable responsabilidad penal del indiciado… lo procedente es negar la orden de aprehensión solicitada”.
Esta decisión del juez federal, al que determinó acudir la propia PGR, llevó a Arturo Chávez Chávez, titular de la dependencia, no ha obtener los elementos que probaran sus acusaciones contra Greg, sino que se fue por el camino ya conocido y recorrido el año pasado, que fue el de ir con el mismo juez de Tepic que le otorgó las órdenes de aprehensión en contra de presidentes municipales y autoridades locales de Michoacán.

Como se recordará, hace un año a funcionarios y alcaldes de Michoacán se les acusó de estar vinculados con el crimen organizado, entonces la PGR, en un acto publicitado en extremo, los detuvo luego de haber obtenido de parte del juez Carlos Alberto Elorza, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Proceso Penales Federales en Tepic, las respectivas órdenes de captura.

Meses después, como las pruebas presentadas por la PGR no fueron suficientes, durante los procesos que se les siguieron a las autoridades de aquel estado, se les ha tenido que ir dejando en libertad.

Hoy, a pesar de que el juez del Estado de México le informó a la PGR que no aportó los elementos suficientes para probar la presunta culpabilidad de Greg Sánchez, el gobierno decidió irse con el mismo juez Alberto Elorza y de él obtuvo la orden de aprehensión.

Como también se recordará, la detención de los presidentes municipales se dio previo a elecciones locales en Michoacán y el traslado de éstos al penal de Nayarit fue igualmente publicitado y se les puso chamarras de color amarillo, similar al tono que utiliza el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En aquel momento se dijo que todo era un “golpe político bajo” de parte del gobierno federal, e incluso se le acusó de estar utilizando a la PGR como un arma para desacreditar a los adversarios políticos. En aquella ocasión las acusaciones fueron negadas por el gobierno panista de Calderón.

Hoy, por la forma en que se ha dado todo este proceso contra Greg Sánchez y con un proceso electoral en puerta, pareciera que el gobierno recurre a la misma formula. Y de la misma forma que ayer, se niega que esto pudiera tener objetivos políticos.

Sólo un necio repite la misma acción en espera de resultados diferentes. Parece ser que la necedad del gobierno federal, de mantenerse en el poder a través de acciones ilegítimas pero con acciones “reconocidas como legales”, persistirán.

Hace algunos años, en el 2006, Felipe Calderón llegó ilegítimamente a la silla presidencial, pero con el reconocimiento legal de las autoridades electorales; el año pasado pretendió, mediante acciones legales como una orden de un juez federal, buscar inculpar a funcionarios del gobierno perredista de vínculos con el narcotráfico y, a falta de pruebas, debió recular.

En esta ocasión, el gobierno pone todos los elementos de la duda que hacen difícil no pensar en que se trata de otra maniobra “electorera”, falta de ética y que sólo pone de manifiesto, nuevamente, la falta de sabiduría para conducir un país.

En este espacio no se defiende al candidato del PRD, pues no se cuenta con los elementos para ello, de lo que disiente es de la forma en que el gobierno federal actúa y esto preocupa, pues si la PGR, como ya se ha visto en otros casos, se sigue utilizando como arma política, uno se puede preguntar qué ocurrirá en el 2012, cuando el proceso electoral presidencial esté, de manera formal, en marcha.

Lo único claro al día de hoy es que gracias a las acciones del gobierno panista, de nueva cuenta, el ambiente político se vuelve más turbio y el malestar de un sector del país se hace más evidente.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

Captores se comunicaron hace una semana con hijo de Diego

Ratifican que hubo segundo contacto con los presuntos plagiarios

Confirman que es de Fernández de Cevallos la sangre hallada
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Sábado 29 de mayo de 2010, p. 9
Los exámenes de ADN realizados a la mancha hemática encontrada a unos centímetros de la camioneta Cadillac Escalade EXT, modelo 2007, propiedad de Diego Fernández de Cevallos, revelaron que se trata de la sangre del influyente abogado panista que fue secuestrado hace 15 días, revelaron fuentes gubernamentales que tienen acceso a la averiguación previa abierta tras la “desaparición” del jefe Diego.

Los mismos informantes confirmaron que los presuntos plagiarios de Fernández de Cevallos se comunicaron por teléfono el pasado domingo con uno de los hijos del político, pero no quisieron revelar si los victimarios pidieron alguna cantidad específica de dinero o si comentaron de alguna otra pretensión a cambio de la libertad del litigante.

La familia del jefe Diego ha tenido dos contactos por parte de quienes podrían mantener en cautiverio al ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), según los funcionarios consultados. El primero fue el pasado 20 de mayo, cuando supuestamente los victimarios enviaron –como prueba de vida– una fotografía en la que aparece una persona con las características físicas de Fernández de Cevallos, quien aparece sin camisa y con una venda en los ojos. El segundo fue la llamada telefónica del pasado fin de semana.
Sobre la sangre hallada en la finca del político “desaparecido”, ya desde el pasado 16 de mayo, un día después de que ocurrió la privación ilegal de la libertad de Fernández de Cevallos, se había filtrado a los medios de información la noticia de que la procuraduría de Querétaro y autoridades federales practicaron exámenes a los rastros hemáticos, los cuales arrojaron que el tipo sanguíneo corresponde al del político.

No obstante, faltaban los resultados de las pruebas genéticas que ya están listos y confirman que se trata de la sangre del panista.

Los peritos en criminalística genética y mecánica de hechos han confirmado –desde la semana pasada– en sus dictámenes que no hay duda de que se trata de la sangre del jefe Diego, destacaron los informantes.

Las diligencias emprendidas por el caso de la privación ilegal de la libertad de Fernández de Cevallos se mantienen temporalmente suspendidas mientras continúan las negociaciones con los presuntos plagiarios.

¿Cuánto piden por Diego?

Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
29 de mayo de 2010


El de Diego Fernández de Cevallos es sin duda el secuestro de más alto impacto que se recuerde en México


El secuestro de Diego, el político panista con más poder —y posiblemente mayor fortuna—, es un golpe político y delincuencial que marca una época.

El de Diego Fernández de Cevallos es sin duda el secuestro de más alto impacto que se recuerde en México. Aunque en este país hay una lamentabilísima y dolorosa historia de secuestros, con una interminable lista de ciudadanos —hombres, mujeres, niños, ancianos— que han sido víctimas de este delito que destroza vidas y familias, en la mayoría de los casos de manera impune, el rapto de personajes de la vida pública, del mundo político o empresarial, de la farándula o el deporte, cobra una dimensión mediática y de opinión pública por el impacto que tiene en la sociedad.

Nadie duda que, aunque ha habido otros que en su momento sacudieron la escena pública, el secuestro del político panista con más poder —y posiblemente mayor fortuna— es un golpe político y delincuencial que marca una época. De los llamados “secuestros de alto impacto” que se tiene registro, ninguno hasta ahora había representado un desafío y un mensaje directo para el presidente en turno. Muchos fueron en su momento temas de estabilidad, de subversión e incluso de gobernabilidad para los mandatarios, pero ninguno como éste tocó tan directamente a un presidente como el secuestro de Diego toca a Calderón y a su gobierno.


Quienes hayan secuestrado a Fernández de Cevallos —“profesionales del secuestro” dicen en la PGR, un grupo de Los Zetas, piensan en las Fuerzas Armadas— no sólo buscan el lucro económico, que sin duda es una de sus motivaciones; también sabían del efecto político que tendría el plagio y si decidieron hacerlo es porque también buscaban ese efecto.


Esta semana, después de la cuestionada decisión de la PGR de retirarse públicamente del caso, luego de una protagónica y mediática entrada que sólo entorpeció y provocó más confusión, el contacto se produjo entre la familia del ex senador y los secuestradores. Una empresa británica de negociación es la que asesora a los familiares en el intento de rescate y, según fuentes cercanas a ese proceso, los captores ya fijaron una primera cantidad para negociar la liberación de Diego.


La cifra es estratosférica y de confirmarse representaría el secuestro por el que se pide el rescate más elevado del que se tenga registro: 50 millones de dólares es la cifra inicial con la que comenzó la negociación; y aunque desde el gobierno recomendaron a la familia pagar, los asesores ingleses pidieron calma y recomendaron esperar a que se desarrolle una negociación que buscará bajar la cifra.


¿Qué grupo delincuencial puede aspirar a cobrar un rescate de tal magnitud sin ser capturados? ¿Qué se busca financiar con tal cantidad de recursos o es sólo el lucro económico el que los mueve? ¿Quién va a pagar ese millonario rescate, si se paga, sólo la familia o los apoyará el gobierno?


EL FRACASO DE ANTANAS EN MÉXICO


Antes de que fuera el candidato fenómeno a la Presidencia de Colombia, que mañana puede ganar el gobierno de ese país, Antanas Mockus tuvo un fugaz paso por México a donde vino como “asesor especial” del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard.


En el 2008, precedido ya por la fama y la notoriedad que había ganado como alcalde de Bogotá en su último periodo que terminó en 2004, este singular político, con estudios de filosofía y matemáticas, se dedicó, tras su segundo intento fallido como candidato presidencial en 2006, a vender asesorías sobre los temas de “cultura ciudadana”, basados en experiencias exitosas que implementó en Bogotá y que ayudaron a restituir el tejido social y a cambiar actitudes y malos hábitos de los ciudadanos.

Ebrard le compró la idea de que algunas de las iniciativas que funcionaron en Bogotá podían aplicarse con éxito en el DF. Y pagado por el gobierno capitalino vino a México a diseñar un plan de cultura ciudadana para la capital. Lo conocí en una cena, organizada por un prestigiado encuestador, en la que Antanas se reunió con varios periodistas y analistas para explicarles sus ideas de cómo podía transformarse la difícil y mala convivencia ciudadana en el DF.

Apasionado, con los ojos brillosos y una vehemencia, el hoy candidato presidencial defendía sus acciones y se decía convencido de que la ciudad de México “puede ser un espacio más habitable, todo es cuestión de reeducar a sus ciudadanos”. Nunca se dijo en esa cena, a la que también asistió Mario Delgado, secretario de Finanzas, cuánto cobró Mockus por su asesoría al gobierno de Ebrard; después llegué a ver en las calles algunas tímidas acciones que intentaron aplicarse en la ciudad, como poner jóvenes en los cruceros a calificar con letreros de tache o palomita a los automovilistas que respetaban al peatón y las zonas peatonales. Pero al parecer las ideas y acciones de Antanas Mockus no tuvieron eco ni los resultados que él aseguraba en la ciudad de México, aunque eso sí, él debió cobrar y cobrar muy bien sus asesorías más allá de si funcionaron las propuestas.

NOTAS INDISCRETAS…

Hoy en Querétaro, a un mes de las elecciones locales en 14 estados, los priístas buscan mandar un mensaje de fuerza y unidad al convertir un acto de protocolo, como la toma de protesta del nuevo secretario general de la CNOP, Emilio Gamboa Patrón, en un auténtico mitin político y de campaña. Desde el teatro Josefa Ortiz de Domínguez, con todo el simbolismo que encierra el recinto, la plana mayor del tricolor se reunirá con varios objetivos: uno, cacarear el regreso de Patrón, un priísta operador de primera línea; dos, arropar y respaldar a Enrique Peña Nieto, tras lo raspada que quedó su cuidada imagen con su pésimo manejo del caso Paulette; y tres, apuntalar a los 14 candidatos a las gubernaturas estatales que han sido invitados al evento. También acuden 10 gobernadores y la dirigente Beatriz Paredes, sin dejar de mencionar al compadre de Gamboa, Manlio Fabio Beltrones. El dinosaurio, con todos sus colmillos y sus viejas mañas, rugirá fuerte en tierras queretanas…Y hablando de mañas, éstas son azules pero no por eso menos sucias. Al secretario de Comunicaciones, Juan Molinar, lo acusan de estar operando tras bambalinas en el Consejo de la Judicatura, para tratar de manipular los fallos de los jueces que han dado entrada a los amparos e impugnaciones en contra de las licitaciones del espacio radioeléctrico. Ante las sospechas de que busca favorecer a algunas empresas de telecomunicaciones en particular, el proceso de licitación que conducen SCT, Cofetel y Cofeco ha sido impugnado en los tribunales y ya fue objeto de un amparo otorgado a Grupo Salinas en contra de las bases de licitación emitidas por esas dependencias. Pero resulta que Molinar ha echado mano de sus amistades y ha buscado al consejero de la Judicatura, César Jáuregui, para que le dé una “ayudadita” con las decisiones que tomarán los jueces federales involucrados. Para ello, Molinar ha enviado a su director jurídico de la SCT, Gerardo Sánchez Henkell, a quien se ha visto varias veces en el despacho del consejero Jáuregui que parece guiarse más por sus filias y su militancia panista que por la imparcialidad a que lo obliga la Constitución… Se lanzan los dados. Cierran con escalera.