martes, 16 de marzo de 2010

A empresarios panistas, contratos por 37 mil MDP

por Érika Ramírez*

Las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón benefician a empresarios afiliados al Partido Acción Nacional con más de 37 mil 600 millones de pesos mediante nueve Proyectos de Prestación de Servicios licitados en las secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes. Los esquemas de negocios implican una deuda pública a pagar en más de 20 años. La fiscalización de la Cuenta Pública 2008 revela incumplimientos de los empresarios en los contratos; además, censura que la deuda millonaria no fuera consultada ni aprobada por el Congreso de la Unión, como lo ordena la Constitución

El gobierno federal endeuda a México con más de 37 mil 600 millones de pesos. Los compromisos se asumieron a través de nueve Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), esquemas de financiamiento firmados entre la iniciativa privada y el gobierno federal. La deuda tardará en cubrirse más de dos décadas y fue adquirida sin el consentimiento del Congreso de la Unión durante el periodo 2005-2008.

Bajo el pretexto de ampliar la infraestructura hospitalaria de la nación, en la Presidencia de Vicente Fox se inició este esquema de negocios en el sector salud, mismo que se amplió a la construcción de tramos carreteros y, también, contempla la edificación de una universidad en San Luis Potosí.

Luego de la fiscalización de hospitales regionales y unidades de especialidades médicas del Bajío y de Ciudad Victoria, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por incumplimiento de contratos y la “no” incorporación de los montos comprometidos en la deuda pública del país.

Ya en 2007, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados alertó sobre los “problemas latentes” que atraen las también llamadas asociaciones público-privadas. Destaca en su informe CEFP/019/2007: “El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un PPS, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública”. Es decir, contrario al discurso oficial, al país le resulta más caro “invitar” a la iniciativa privada a invertir en la construcción de obra pública y prestación de servicios.

En un primer esquema de promoción de estos vehículos de financiamiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –entonces a cargo de Francisco Gil Díaz– proyectó llevar a cabo 11 esquemas, de los cuales, tres serían desarrollados por las secretarías de Salud, siete más por la de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, según muestra el portal de internet oficial.

Sin embargo, la Secretaría de Salud indica que los PPS podrían incrementarse hasta en 10 institutos de salud. Los mismos deberán acabar su concurso de licitación al final de la segunda administración panista, bajo el plan México 2030, Proyecto de Gran Visión (Contralínea 171), firmado por Felipe Calderón Hijonosa.

Hospitales “especiales”


Documentos oficiales muestran que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón suman ya un adeudo en el sector salud por 18 mil 481 millones 181 mil 500 pesos. La cifra engloba la firma de contratos para la construcción de tres unidades hospitalarias en Guanajuato, Ciudad Victoria y Estado de México.



Los contratos fueron asignados a la trasnacional española Acciona para el Hospital Regional de Alta especialidad (HRAE) Bajío; Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella, quienes aportaron más de 2 millones de pesos al Partido Acción Nacional–, el HRAE Ciudad Victoria; así como a Constructora y Edificadora GIA+A, Constructora Hispánica, y Eductrade, el HRAE de Ixtapaluca. Los dos primeros merecieron observaciones del máximo órgano de fiscalización del país.



En marzo de 2009, Contralínea documentó que la “primera etapa” de administración de los PPS puso en marcha la construcción del HRAE Bajío. El 7 de noviembre de 2005, la Secretaría de Salud (Ssa) –entonces a cargo de Julio Frenk Mora– firmó el contrato 00012004-005, por 3 mil 130 millones 874 mil 400 pesos, con la trasnacional española.



Sin embargo, el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la ASF, revela que el contrato se modificó el 25 de enero de 2007 y duplicó el monto inicial. A los más de 3 mil millones se le sumaron otros 4 mil 617 millones 684 mil pesos, lo que implica que el compromiso ascendió a 7 mil 748 millones 559 mil pesos. El mismo tiene vigencia hasta el 30 de enero de 2031.



En las “observaciones” que la ASF señala a la Ssa, el máximo órgano de fiscalización del país pone en entredicho la legalidad de los contratos y los pagos por 143 millones de pesos que debe pagar anualmente la secretaría, por 25 años: “aún no se había previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, hoy abrogada, la modalidad de autorización de presupuestos multianuales de gasto”.



Los compromisos, dice el informe, fueron autorizados “únicamente” por la SHCP, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública, “sin participación alguna de la Cámara de Diputados”, para presupuestar el gasto y los compromisos de pago “con efectos similares a un endeudamiento público”.



La ASF destaca la manera “discrecional” de contratar los esquemas de financiamiento, pues hasta enero de 2009 –cuando se llevó a cabo la auditoría–, la Cámara de Diputados “no participa en la autorización de los PPS ni de los presupuestos multianuales correspondientes, dichas responsabilidades son ejercidas a total discreción por la SHCP”.



“Si bien, los compromisos de pago que se adquirieron en el contrato PPS no se clasifican como deuda y sólo se registran como gasto corriente, su efecto en las finanzas públicas es el mismo que el de la contratación de un crédito a largo plazo autorizado como deuda por el Congreso de la Unión”, dice.



Además, requiere la homologación del contrato de concesión sobre el terreno en el que está construido el HRAE Bajío, ya que “en el contrato del PPS no se especifica tal situación y el título de concesión se otorgó por un plazo de 50 años, periodo que difirió con el plazo del PPS, que fue a 25 años”. Tampoco se especificó qué sucederá con la concesión del terreno durante el tiempo restante, menciona la ASF.



Incumplimiento de los Servitje

Otro de los contratos auditados por la ASF fue el que firmó la administración de Felipe Calderón con quienes financiaron su campaña en 2006: los Mariscal Servitje y Mariscal Torroella. El proyecto de Prestación de Servicios HRAE de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que costará al erario más de 4 mil millones de pesos; monto que deberá liquidarse hasta el 11 de julio de 2032.



A través de la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste, los accionistas de grupo Bimbo obtuvieron el contrato 00012003-009-06, que concursó en una licitación pública internacional.



El compromiso, pactado entre la Ssa y los empresarios, fue incumplido “al no poner en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y no exigieron que el inversionista proveedor suministrara e instalara el equipamiento médico necesario”.



Pese a que el 10 de enero la Ssa certificó la terminación de los trabajos, la dependencia a cargo de Córdova Villalobos “no utilizó los recursos económicos con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos del proyecto, debido a que no ha puesto en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE”, indica la ASF.



Del hospital de atención especializada no se pusieron en servicio las áreas de “anatomía patológica, medicina física y rehabilitación, medicina nuclear, oncología, radioterapia, quimioterapia, y braquioterapia, y parcialmente consulta externa y hospitalización con 20 camas, cuatro camas en terapia intensiva y dos de la unidad de cuidados intensivos”.



El contrato de más de 4 mil millones de pesos comprende el financiamiento, diseño, construcción, equipamiento y manutención y conservación del proyecto. Sin embargo, indica la ASF, la Ssa “no actuó de conformidad con lo establecido en el contrato, debido a que no exigió oportunamente al inversionista proveedor el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el mismo para que la prestación de los servicios médicos se dé con eficiencia, calidad y oportunidad para el buen funcionamiento del hospital”.



De la maquinaria que no fue instalada se destacan los monitores de signos vitales, máquinas de anestesia, ultrasonido intravascular, portaendoscopios, oximetría de pulso, ortopantomógrafo, neuroestimuladores, sillón de exploración con unidad de otorrinolaringología, computadora para terapia de lenguaje y oftalmoscopio directo, entre otras.



Además, la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella– “proyectó y construyó un espacio que incumple con las necesidades requeridas para funcionar adecuadamente como un auditorio, el cual debe tener una capacidad para 200 personas con butacas con paletas y preparación de traductor simultáneo. El espacio construido no cumple con la acústica y visibilidad necesarias”.



La Ssa “tampoco ha exigido el equipamiento y mobiliario de la biblioteca, hemeroteca y videoteca, así como la colocación de cuadros de ambientación, macetones con vegetación natural, calcomanías, tapetes de acceso y un mural o murales en su caso”, revela la revisión a la Cuenta Pública 2008.



El máximo órgano de fiscalización del país solicitó la intervención del Órgano Interno de Control para fincar responsabilidades. En tanto, la Ssa tiene un plazo de 45 días hábiles para solventar los señalamientos de la ASF.



Concesiones por 19 mil MDP a militantes del PAN

Empresas ICA (Ingenieros Civiles Asociados) es una de las principales compañías que conforman los consorcios “ganadores” de los PPS carreteros. Estos esquemas licitados por la SCT rebasan un “adeudo” por 19 mil millones de pesos.



Informes del financiamiento de campaña en 2006 del Partido Acción Nacional (PAN) muestran que los accionistas de ICA, militantes del blanquiazul, aportaron recursos por más de 4.5 millones de pesos a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, en la contienda presidencial de 2006.



La compañía liderada por Bernardo Quintana Isaac se ha dedicado a la construcción de obra pública desde 1947, cuando su padre Bernardo Quintana Arrioja inició el negocio. Ésta ha firmado alianzas con Desarrolladora de Proyectos de Infraestructura, Controladora de Operaciones e Infraestructura y FCC Construcción, para obtener la concesión de cuatro de los seis PPS carreteros.



De los hermanos Bernardo, Alonso y Diego Quintana Kawage, Diego es el que aportó más recursos al PAN en 2006: 2 millones 790 mil pesos. Integrante del Consejo de Administración de ICA e hijo de Quintana Isaac, el empresario hizo los depósitos al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) los meses de enero, junio, julio y septiembre de ese año electoral, como muestra la Relación personalizada de aportaciones de militantes del PAN en efectivo 2006 (cuya copia posee Contralínea).



El nieto del fundador de ICA aparece en el Consejo de Administración como director de la Unidad de Negocios de Vivienda desde 2004. También es vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara Mexicana de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.



Sus hermanos Alonso y Bernardo fueron también donadores panistas en las elecciones presidenciales pasadas. Ambos depositaron al CEN de PAN 900 mil pesos cada uno, en mayo y junio de aquel año.



El primero ocupa el cargo de director Corporativo de Finanzas y Administración de ICA, desde enero de 2007, luego de integrarse a la empresa familiar desde 1994. El segundo es el director general de ICA Construcciones Urbanas.



Contratos al margen de la ley


Además de los contratos a través de los esquemas PPS, las administraciones panistas han licitado siete proyectos carreteros, concesionados a la iniciativa privada por más de 20 años. La cifra total de este compromiso suma 19 mil 202 millones de pesos mediante seis tramos carreteros.



El informe de la Cámara de Diputados explica que los PPS carreteros son una concesión otorgada a través de una licitación pública, que le garantiza al concesionario la adjudicación del contrato de prestación de servicios. Éste establece la asociación entre la SCT y la empresa privada para diseñar, financiar, construir, mantener y operar una carretera; el plazo del mismo va de 15 a 30 años.



De los seis proyectos licitados (de un total de siete programados) la ASF fiscalizó en la Cuenta Pública el “tramo carretero Querétaro-Irapuato”, que comprende 3 mil 628 millones de pesos. Concedido hasta por 20 años, el pago del contrato fue administrado como gasto corriente.



Sin embargo, el máximo órgano de fiscalización dice que los compromisos adquiridos bajo los esquemas PPS “representan obligaciones reales ineludibles de pago y de tener un carácter preferencial en la presupuestación anual, al momento de asignar y autorizar recursos, tal como fue el caso del contrato del proyecto de prestación de servicios del tramo carretero Querétaro- Irapuato, suscrito entre la SCT y la empresa Concesionaria de Vías Irapuato-Querétaro”.



El informe indica que es “conveniente que el Congreso de la Unión tenga una mayor participación en la autorización de este tipo de compromisos”, que formen parte del registro de la deuda pública federal, sean identificados plenamente en la Cuenta Pública y en los estados financieros de las paraestatales.



El artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que el Congreso tiene la facultad para “dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional”.



“Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la república.



“Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente”.



PPS, “pilar” del sector salud: Ssa

Manuel de la Llata Romero, director general de Coordinación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de la Secretaría de Salud, defiende los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) en el sector, y la deuda que conllevan. Son el “pilar” fundamental para incrementar la infraestructura hospitalaria que necesita México, dice.



“Es bien sabido que los recursos no abundan en nuestro país y tenemos que establecer los hospitales que se requieren; por ello, a partir de que en el gobierno de Vicente Fox quedaron aprobados, por las secretarías de Hacienda y la Función Pública, ahora se tiene proyectado que sean 12 PPS en todo el país, más tres en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey”, agrega.



Ante el impacto social que podrían tener estos proyectos, que en promedio significan un compromiso de más de 7 mil millones de pesos, a un plazo de 25 años, De la Llata dice que aún es “prematuro hacer juicios, pero sabemos que ha habido una reducción de padecimientos de personas que habitan en esas regiones, particularmente: cáncer, cardiología y algunas otras especialidades (sic)”.



Luego de que el pasado 17 de febrero se hicieran públicas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, el coordinador de los HRAE dice desconocer el porqué Acciona, proveedor, accionista del PPS del Bajío, tiene un contrato en el que se define que tiene derecho sobre las tierras en donde se edificó el HRAE por 50 años, y no por los 25 que durará la relación comercial con el gobierno federal, como lo menciona el órgano fiscalizador.



“Ese detalle no lo conozco, porque estos HRAE son entidades independientes, desde el punto de vista jurídico. Dependen normativamente de esta comisión, pero tienen una estructura de independencia. Ésa es la fortaleza del instituto. Son los directivos los que tendrán que solventar las observaciones de la auditoría”, comenta.



Sobre el incumplimiento de contrato de Grupo Marhnos en el HRAE de Ciudad Victoria, en donde la ASF detectó la falta de equipo y maquinaria para la atención médica, el funcionario de la Secretaría de Salud asegura que, justo un día antes de la entrevista con Contralínea (3 de marzo de 2010), se resolvieron algunas de las controversias con los proveedores: “Hubo algunos aspectos del equipamiento, y hemos tenido reuniones con ellos para que quede totalmente aclarado. Digamos que existe una visión distinta, pero confío en que quede totalmente aclarado”.



Sobre la entrega de donativos en la campaña presidencial de 2006, de familias que ahora tienen los PPS en su cartera de negocios, De la Llata prefiere no “opinar”, pues de eso sólo sabe la Dirección General de Infraestructura Física. “Nosotros sólo somos operativos”.



Mario Di Costanzo Armenta, economista y legislador por el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, explica que los PPS generan una deuda “contingente” que finalmente se materializa, como los proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto, un esquema que no fue idóneo para Petróleos Mexicanos.



El pretexto, comenta, es “encontrar nuevos negocios para entregárselos a los privados y seguir endeudando al país, cuando se puede hacer una inversión directa. Los empresarios son los nuevos intermediarios que se van a quedar con todo. Es otra manera de seguir entregando al país”. (ER)



“Problemas latentes en un contrato PPS”



El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados indica cuáles podrían ser los problemas que genere la contratación de obra a través de los PPS:



· El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un proyecto de Prestación de Servicios, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública. El sector privado requiere una tasa de retorno superior a la tasa requerida por el sector público. Esta diferencia impacta en las finanzas públicas y en la capacidad gubernamental para mantener y expandir los servicios existentes.



· Si bien, la inyección de recursos privados permite satisfacer necesidades y proveer servicios públicos, que podrían haberse pospuesto o no atendido en el corto plazo, también en el largo plazo se acumulan pasivos durante la vida del contrato.



· Dado que se trata de contratos de largo plazo, superiores a 15 años, en la contraparte privada se podrían observar cambios en las estrategias de inversión, en la organización, en la propiedad o en la junta directiva.



· Finalmente, los PPS emergen cuando un inversionista privado o el gobierno identifica una oportunidad, no necesariamente responden a necesidades urgentes plenamente identificadas, en este caso, el sector privado los desarrolla con un costo extra.



Érika Ramírez



Reportera de las revistas mexicanas Contralínea, periodismo de investigación y Fortuna, negocios y finanzas. Egresada de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva, UNAM. Becaria de los diplomados de Periodismo Radial y Periodismo de Investigación, en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana

Sí tenemos compañeros en la Cámara :


Toman diputados de PT tribuna de San Lázaro en apoyo al SME
El grupo de diputados que ha subido a la tribuna es encabezado por Gerardo Fernández Noroña.

La Jornada en línea
Publicado: 16/03/2010 11:55

México, DF. Un grupo de diputados encabezados por el petista Gerardo Fernández Noroña ha subido a la tribuna de la Cámara de Diputados y han colocado banderas rojinegras en solidaridad a la huelga nacional convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas.
En Juárez no debió de morir-Fisgón


Placas-Rocha

Medidas razonables-Hernández

Astillero


Ayuda mutua
Intervención policial
Riviera de Ney(arit)
Tú también, PT?
Julio Hernández López


Tal como el guión lo solicitaba, Calderón guarda respetuoso silencio ante las primeras formas de intervención gringa que se han dado mediante el envío de personal de la FBI, la DEA y otras agencias y oficinas gringas (siete en total) para que dirijan las investigaciones “mexicanas” sobre el asesinato de tres personas relacionadas con el consulado gringo de Ciudad Juárez. Mientras las matanzas continúan en otras partes del protectorado llamado México, el celoso ojo imperial se posa solamente en los casos que le han afectado directamente, aprovechando la oportunidad para apretar aún más las tuercas al desvencijado aparato felipista de control local y para insistir en la importancia de que los fallidos vecinos del sur acepten con gran convencimiento la introducción del sabido Caballo de Troya también llamado Iniciativa.
Felipe calla porque en el fondo habla el mismo lenguaje de los gringos injerencistas y no considera necesario interrumpirlos para repetirse. Los mismos poderes estadunidenses se dicen profundamente indignados pero no con Calderón, a quien consideran necesario seguir apoyando en su valerosa “guerra” contra el narcotráfico. En realidad, los sucesos juarenses, del asesinato de jóvenes mexicanos al de los vinculados con el consulado estadunidense, están cumpliendo con expectativas bien diseñadas: entre más se descomponga la estructura social mexicana más fácil será tomar control de ella, sobre todo si las armas gubernamentales están previamente esparcidas por todo el país y en especial si el germen del miedo paraliza o inhibe las eventuales manifestaciones de crítica y protesta.
Los sucesos de Juárez han abierto más las puertas al discurso externo claramente entrometido y a la aparición expresa de agentes estadunidenses en pleno escenario del conflicto. A Calderón le conviene la intervención extranjera porque es una forma de apuntalar su trono tan caído, y a los estadunidenses desde hace tiempo les apasiona la posibilidad de convertir a México en una oficina de trámites de sus asuntos de seguridad nacional. Negocio redondo.
Astillas
A sus puras pistolas, el gobernador Ney González ha impuesto a las placas de circulación de vehículos automotores la leyenda “Riviera Nayarit”, como si tal fuera el nombre oficial de esa entidad federativa. Además de las implicaciones jurídicas que tal forma de denominar al estado pudiera acarrear, resulta que la polémica leyenda es, en realidad, una marca comercial registrada por un puñado de representantes de empresas prestadoras de servicios turísticos y de hospedaje, de tal manera que el dinero y la promoción que la administración de Ney González hace en favor de Riviera Nayarit acaba beneficiando intereses estrictamente particulares. La mencionada marca fue reservada como propia, con signo distintivo y diseño, el 26 de abril de 2007 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por una asociación civil llamada Oficina de Visitantes y Convenciones de Nayarit, formada por representantes de las principales empresas hoteleras de Nuevo Vallarta. El asunto provocó que se creara en Nayarit el Movimiento Ciudadano contra la Injusticia, que asegura que “entre esos dueños de la marca destacan Diego Ricardo Nieto Portes, colombiano de origen y dueño de Decamerón; Ricardo Acevedo Ziade, estadunidense de origen, propietario de Punta de Mita Resorts; Víctor George Soverniego Danieli, canadiense de origen, de Conjunto Desarrollo Marina Mar; Juan Vela Ruiz, estadunidense naturalizado mexicano, de Suites Operadora; José María Alfin Alonso, español de origen, de MX Riusa II; y los mexicanos de origen Fernando González Ortega, Arturo Lomelí y Heriberto Pineda, entre otros”. El citado movimiento exige que se retiren las placas de circulación nayaritas que llevan como nombre oficial no el de la entidad, sino el de un negocio particular (o que las empresas beneficiadas con esa promoción en las placas paguen regalías a los portadores). Ney hasta ahora se ha mantenido sordo a este reclamo (como a muchos otros, que son la gran mayoría de las exigencias populares hechas durante su mandato). Por cierto, a Calderón le ha dado por disfrutar de tierra y mar de aquel nuevo desarrollo turístico... El Partido del Trabajo también ha desoído el no muy enfático llamado de Andrés Manuel López Obrador a que los partidos “de izquierda” evitaran aliarse con el PAN. Del PRD y Convergencia todo podía esperarse, pues sus decisiones electorales suelen regirse por cálculos prácticos de índole virtualmente comercial, pero en el caso del PT se esperaba que atendiera el cuidado planteamiento del tabasqueño, habida cuenta de que este partido era el que más congruencia había tenido en la relación con AMLO y de que incluso éste mismo había advertido que si continuaba la política de alianzas con la derecha le sería imposible seguir participando, por ejemplo, en los anuncios de televisión en tiempos oficiales bajo la bandera de la organización cuyo dirigente más conocido es Alberto Anaya. Ya antes el PT ha expresado apoyo al candidato oaxaqueño Gabino Cué, a quien impulsan especialmente el calderonismo y el PAN. Y ayer se anunció que el PT se adhiere a la postulación de Xóchitl Gálvez, la ex funcionaria de Vicente Fox que incluso ha adelantado la posibilidad de que el ex presidente y afinado verdugo electoral del lopezobradorismo pueda participar en actos de campaña bajo las banderas del PAN, PRD, Convergencia y PT. Óscar González Yáñez, miembro de la dirigencia colectiva del Partido del Trabajo, dijo que la determinación de apoyar a Gálvez se tomó a plena conciencia de “todas las implicaciones políticas, una de ellas la posible ruptura con Andrés Manuel López Obrador, aunque espero que no suceda”... Y, mientras Dante Delgado se vanagloria en Veracruz de una especie de pureza de sangre política al acusar al PAN y el PRI de ser “medios hermanos” y sostener una relación incestuosa, ¡hasta mañana, con Juan Ramón de la Fuente negándose a que lo den por muerto como aspirante presidencial porque “ésa es una frase muy desafortunada en la política”!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

EU: de la indignación a la… ¿intervención?


• El daño colateral del cochinero fronterizo
• ¿Estabilizar o desestabilizar…?
La enemistad oculta, mi estimado, es la más peligrosa. Interesante el giro político-diplomático-policial que está tomando el delicado caso de los asesinatos de tres ciudadanos estadunidenses, que fueron ejecutados el sábado pasado en Ciudad Juárez, tomando en cuenta que es una de las más vigiladas, custodiadas y es centro de la atención bilateral.
Interesante, my friend, por las señales enviadas desde Washington, donde la administración de Barack Obama emitió curiosita declaración de “indignación” por los hechos, en momentos donde la relación bilateral no es miel sobre hojuelas. Y no la es por la sencilla razón de que en esta temeraria y absurda guerra contra el organizado crimen sin estrategia integral ni control, los daños colaterales alcanzaron ya a nuestros agobiados vecinos, quienes llevan una loza de responsabilidad por ser el mercado más grande y cotizado de drogas en el mundo, sin mencionar su falta de atención y corrupción en su frontera por donde circulan linduras de armas y dinero que abastecen el parque financiero y armamentista de los revoltosos cárteles mexicanos.
Hoy, Estados Unidos puede manifestar públicamente su “indignación” y echar a andar la maquinaria colocando en el spot de la nota roja el calderón del Vive México, pero eso no los exime de su compromiso fallido de fiscalizar lo que sucede en oficinas fronterizas y en las calles de sus ciudades. Sufrir la muerte de sus funcionarios, dos de ellos clave en simpáticas indagaciones, los mete de lleno en la mezcla explosiva donde se dan algunos interesantes paralelismos con el (des)gobierno de Felipe Calderón.
Ahí donde la descoordinación, los choques y la antipatía hacen su nido entre las agencias norteamericanas, que distan mucho de ser modelos de colaboración en equipo. Y aquí la marcada distancia, la disonancia y desconfianza entre las dependencias federales que conforman el gabinete de seguridad, incluyendo el oficioso rol jugado por el Cisen, que trae divertida agenda en contra del verde olivo.
Por si le faltaran atractivos ingredientes a la mezcla bilateral, Washington presiona para mantener y ampliar sus márgenes de maniobra para operar con su dosis de impunidad en territorio nacional. Las balas que asesinaron a los funcionarios del consulado en Juárez terminaron por ser misiles en la línea de flotación calderonista, que ahora enfrentará la distintiva presión —como esa de anunciar que siete agencias indagarán (porque eso de la colaboración is total bullshit) el homicidio, aunque ya encarrerados, ¿por qué no mejor esta bola de sátrapas se concentran en limpiar a fondo su cochinero fronterizo?—, y doble discurso que caracterizan al gobierno demócrata.
El mismo que se aventó el tiro de colocar como embajador en nuestro país no a un diplomático de carrera sino a un personaje con un perfil para analizar el quid de países en crisis y estados fallidos. Ese perfil, my friend, que sólo lo puede dar el conocimiento de la mierda en las cañerías para estabilizar y/o desestabilizar, yes?
Y México es en estas frágiles circunstancias un gran laboratorio, perdón, candidato para desarrollar fórmulas nuevas y maravillosas. Pero no por el simple hecho de ser vecinos (let’s not be naive), sino porque México es grande en recursos naturales y estratégicos para los intereses geopolíticos de Washington. Y esas balas en Ciudad Juárez, mi estimado, han dado la justificación para suavizar su “indignación” de los lamentables hechos… aunque ésta no alcance a dimensionar los 18,500 muertos de esta temeraria aventura bélica aplaudida por (go figure)… Washington, cuyas empresas no dejan de hacer negocio en la industria de la guerra.
El embajador Carlos Pascual puede gruñir repetidamente, enviando señales de su jefecito en la Casa Blanca y darse el lujo poco diplomático de no ocultar esa contrariedad en encerronas con Felipe Calderón. La más reciente originó la entrega fast track del célebre junior Vicentillo Zambada… como ficha de cambio y “buena voluntad” ante el fracaso de la promesa de captura del popular Ignacio Nacho Coronel
Caso que sumó otra gotita ácida al vasito bilateral que se derramó en Ciudad Juárez —adonde viaja Felipehoy—, que más allá de la coyuntura, volverá a estar en el epicentro del narcotráfico y sus inéditos reacomodos. Y el mapa (y aumento) de la violencia está por dar un delicado giro en un timing que no podría ser más desafortunado.
Y para bailar al son de la guerra, my friend, se necesitan dos…
gomezalce@aol.com

Solidaridad de campesinos


Gabriel León Zaragoza

Periódico La Jornada
Martes 16 de marzo de 2010, p. 13
Además de exigir que se reintegren y respeten los derechos laborales de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del sector minero, las decenas de agrupaciones campesinas que participarán en el paro cívico nacional de este día reiterarán sus demandas de detener las alzas a los alimentos y energéticos, así como la entrega del país a los monopolios.

Precisaron que su participación en este movimiento también tiene como finalidad “rescatar” a México de un “sexenio que ya se perdió, porque en estos tres años ha aumentado la pobreza –sobre todo en el sector rural– y el desempleo”. Con movilizaciones y acciones de protesta pacífica a lo largo y ancho del territorio nacional y en los puntos fronterizos pedirán a la Cámara de Diputados que “apruebe sin dilación” la minuta en la que se eleva a rango constitucional el derecho de los mexicanos a la alimentación, destacó el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) y otras agrupaciones que integrantes del movimiento Sin maíz no hay país.
“Pensamos que es necesaria una respuesta masiva de la sociedad para frenar la ofensiva autoritaria y policiaca del gobierno de Calderón contra los derechos de los trabajadores y que busca la privatización de los sectores estratégicos de la nación”, manifestaron dirigentes de la Conoc.

Precisó que desde temprana hora en el valle de México el sector campesino apoyará los “piquetes” de huelga que realizarán los trabajadores del SME en los centros de trabajo y en la toma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El Ejército y la policía federal redoblan la vigilancia en instalaciones de LFC

Electricistas encabezan hoy el paro cívico nacional; esperan acciones en varios estados


Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Martes 16 de marzo de 2010, p. 13
La jornada del paro cívico nacional convocado para este 16 de marzo, encabezada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y diversas organizaciones del Frente Sindical Mexicano, se iniciará temprano con la toma simbólica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en Paseo de la Reforma. Diversos gremios obreros realizarán un mitin-plantón en el que demandarán el “cese de la política antisindical y de las violaciones a los derechos laborales y humanos de los trabajadores mexicanos, por parte de este gobierno”.

En el plantón se dará el “banderazo de salida para las movilizaciones que se llevarán a cabo hoy en varios estados.

Los principales dirigentes del SME –luego de una conferencia de prensa por la mañana– se trasladarán a las oficinas centrales de Luz y Fuerza del Centro en el Circuito Interior, donde colocarán las banderas de huelga al filo del mediodía. Al mismo tiempo, grupos de electricistas activos y jubilados, acompañados de organizaciones civiles y sociales, vestirán de rojo y negro todos los centros de trabajo de la paraestatal, estaciones y subestaciones, 80 oficinas comerciales, entre otros.

El SME señaló que tiene información de que ayer por la noche ingresaron a diversas instalaciones de LFC miembros de la policía federal y el Ejército con la finalidad de evitar la acción de los trabajadores. Incluso advirtió que en esta jornada podrían intentar detener a algunos de sus miembros, para lo cual “los medios masivos de comunicación han montado una campaña para criminalizar el movimiento”.

Este sindicato organizó a los trabajadores que no se han liquidado para esta movilización, los cuales permanecerán en plantón permanente en todos los centros de LFC, apoyados en su emplazamiento a huelga y en que “la materia de trabajo existe, el contrato colectivo sigue vigente (en tanto la Suprema Corte de Justicia no resuelva de fondo la demanda de amparo de los trabajadores)”, según informó Martín Esparza.
A la par de las acciones que se llevarán a cabo en el Distrito Federal, en distintos estados también se tienen previstas movilizaciones, como en Morelos, donde participarán en el paro cívico nacional, además de los electricistas, organizaciones como el Movimiento Magisterial de Bases, el sindicato de Teléfonos de México, el de Nissan, los dos gremios de la Universidad Autónoma de Morelos, el Consejo de Pueblos de Morelos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos, entre otros.

En Toluca, los integrantes del SME también tomarán todos los centros de trabajo que se encuentran hasta ahora resguardados por elementos de la Policía Federal. Gustavo Anaya, subsecretario general de esta división, dijo que sólo para esta zona se preve la participación de más de mil 500 electricistas, que se distribuirán en las más de doce subestaciones de Luz y Fuerza, ubicadas en la capital mexiquense, Metepec, Lerma, Xonacatlán, Zinacantepec, San Mateo Atenco y Tianguistenco, además de las oficinas comerciales de la paraestatal y la central de servicios.

El dirigente del SME señaló que también habrá solidaridad internacional, ya que en Grecia la Federación Sindical Mundial estallará un paro.

Como se prevé la posibilidad de que haya actos de represión contra los trabajadores, participará la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos como “observador” de las acciones del SME, junto con otras organizaciones solidarias políticas, sindicales y del movimiento urbano popular.

Con información de los corresponsales Rubicela Morelos Cruz, Israel Dávila

Cuando una nota vale la vida


Alejandro Saldívar


MÉXICO, D.F., 15 de marzo.- “Si no quieren un desmadre, no publiquen la nota”, fue la advertencia que recibió Juan Cuevas, director del periódico regional El Debate de los Calentanos. Era un recado del crimen organizado. El también editor, reportero y fotógrafo resume la situación: “Para publicar hay que valorar si quieres seguir vivo”.

En una reunión que convocó a 80 periodistas, a puerta cerrada, se criticaron algunos de los clichés mediáticos como “encobijado”, “levantón”, “levantado”, “ejecutado”, “entambado”, “descabezado”. Un nuevo glosario que, dijeron, no hace sino trivializar los hechos y minimizar las consecuencias de una “guerra” respaldada desde el Ejecutivo.

En 2006 México se convirtió en el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, sólo después de Irak, según Reporteros sin fronteras. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) achaca la violencia contra los periodistas al crimen organizado.

El 8 de marzo el periodista Alfredo Corchado reveló en el Dallas Morning News que los cárteles tenían una campaña de intimidación contra los reporteros que cubren las ejecuciones en la región fronteriza.

“En los últimos 14 días, por lo menos han secuestrado a ocho periodistas en el área de Reynosa. Uno murió golpeado severamente. Dos fueron liberados. El resto no aparece.”, se leía en la columna.

En ese contexto los medios locales silenciaron los hechos. Balbina Flores, relatora de Reporteros sin frontera, dice que los periodistas han pasado de la autocensura al silencio absoluto. Incluso conoce casos donde “reporteros” infiltrados entregan a sus compañeros a grupos delincuenciales.

Según el Mapa de riesgos para periodistas publicado por la SIP, prácticamente en todos los estados hay periodistas amenazados por el crimen organizado. Sobre todo en la frontera norte y en los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Policías involucrados en amenazas o asesinatos de periodistas, presiones de los gobiernos y censura obligada ante el crimen organizado, son algunos de los principales tópicos que afectan las labores informativas en México.

Jorge Luis Sierra, editor del Mc Allen Times, dice que las agresiones a periodistas son resultado de las viejas herramientas de la guerra sucia en el país entremezclados con la violencia del narcotráfico.

Muchos coinciden en que “las empresas no se hacen responsables de sus reporteros”. Y atizan: “Los dueños de los medios se deben involucrar”. Se preguntan: “¿Qué hacer cuando los narcos marcan la línea editorial?”.

Algunos editores de diarios locales han decidido tomar medidas especiales. No hacer coberturas relacionadas con el narcotráfico individualmente. No adjetivar la violencia. Cuidar el vocabulario y las referencias a los grupos armados. No llamarlos sicarios, sujetos u organizaciones. “No queremos héroes, queremos publicar”, concluyen.

Algunos editores dicen que “la delincuencia organizada controla las redacciones, funge como director editorial”. Otros tantos coinciden en que no firmar la información de poco sirve, pues según ellos “la delincuencia organizada conoce quienes son los corresponsales”. Por ejemplo, en la frontera, “los boleadores de zapatos trabajan para el narco, son ‘halcones’”. “En los espectaculares de la carretera ribereña, en Tamaulipas, el cártel del Golfo tiene cámaras instaladas”, dicen.

Sin embargo, hay voces como las del periodista Marco Lara que reconocen la responsabilidad de ética pública por parte de los medios.

“El hecho de que los medios noticiosos se hayan embarcado en el discurso “guerra” ya es en sí mismo un síntoma; nos embarcamos en el discurso guerrerista de Calderón a sabiendas de que era un discurso diseñado para nosotros.”, critica.

En ese contexto, los medios de comunicación se vuelven “maquinas legitimadoras de la impunidad”. Y gran parte de los problemas estructurales que experimentan los medios en México es que, según Lara, “las empresas han basado su rentabilidad en las formas más nocivas del periodismo estadunidense: el infoentretenimiento y el sensacionalismo”.

“Vale más un periodista vivo que uno muerto”

En 2009 asesinaron a 13 comunicadores, según el Centro de Periodismo y Ética Pública. El 12 de marzo mataron a Evaristo Pacheco Solís, reportero del semanario Visión informativa. Es el quinto periodista asesinado en 2010.

Según Marco Lara, la vulnerabilidad periodística deviene de un problema estructural que no se arregla con protocolos de seguridad. “La construcción de legitimidad social es la única vía para proteger a los periodistas”, plantea.

Entre las propuestas del encuentro Ni un periodista menos organizado por la Red Periodistas de a Pie, Artículo XIX, la CDHDF, el CEPET, Reporteros sin fronteras y CENCOS se encuentran:

Crear un colegio de periodistas.

Formar una red de reacción inmediata.

Definir protocolos de seguridad existentes, divulgarlos en todos los medios posibles.

Tener cuidado en el manejo del lenguaje.

Que los dueños de los medios se responsabilicen de sus reporteros y corresponsales.

Denunciar las agresiones de periodistas.

Solicitar a la fiscalía de la PGR, la CNDH y a la Cámara de Diputados que rindan un informe sobre los casos tratados.

Que desde la ciudad de México se haga visible la problemática de los estados.

Trabajar la información en equipo con otros medios.

Tener un registro de las agresiones y revisar patrones.

Crear un comité de protección a periodistas.

Reportear con base en un protocolo de seguridad.

Certificar las fuentes.

Evitar que los editores permanezcan en los escritorios.

El gran desafío es que los periodistas entiendan el papel que juegan en la cadena de producción de noticias. “Es una tragedia donde los periodistas están sucumbiendo”, dicen. “Vale más un periodista vivo que uno muerto”, puntualiza Luis Alberto Medina.

Proceso.com

Mentirosos, cínicos y perversos


Julio Pimentel Ramírez

En México somos testigos del grave proceso de podredumbre, de descomposición de gran parte de la clase política nacional al quedar al desnudo no solamente el pacto cupular del PRI y del PAN que negociaron inmunidad electoral para Enrique Peña Nieto a cambio de mayores impuestos, precios y tarifas para el gobierno espurio de Felipe Calderón, sino también la forma cínica, desvergonzada, llena de mentiras cruzadas desde todos los bandos, en que dirigentes partidarios y funcionarios públicos intercambian dimes y diretes.




Así vemos que mientras los carteles del narcotráfico se confrontan de manera sangrienta en su disputa plaza por plaza del millonario mercado y rutas del trasiego de drogas, los grupos de la mafia de la política dirimen sus contradicciones secundarias acribillándose con descalificativos y argumentos falaces que mal ocultan sus apetitos de poder de cara a las elecciones presidenciales del 2012.


Antes de continuar con este comentario es pertinente subrayar que más allá de estos fuegos fatuos, de este circo de la política, de este montaje de una burda comedia, se encuentra una clase política -PAN y PRI en primer lugar, sin olvidar otras formaciones y corrientes partidarias- y sus cúpulas al servicio de los intereses de la oligarquía neoliberal dominante, cada vez más alejada de las necesidades del pueblo mexicano y de una sociedad verdaderamente democrática. En el colmo del cinismo el PRI le espeta a los blanquiazules que Calderón se encuentra en Los Pinos gracias a un pacto entre ambos partidos, reconocimiento que evidencia no solamente el carácter espurio de la actual administración federal sino también la debilidad democrática de los órganos electorales que validaron el fraude del 2006.


César Augusto Santiago, también priísta, con el pretexto de pregonar la pertinencia de esa clase de acuerdos políticos, lanzó un ataque mayor al titular ilegítimo del Ejecutivo federal: “Gracias a uno de esos acuerdos –dijo– está sentado Felipe Calderón en una silla que yo personalmente no acepto”, en referencia a la convalidación, por parte del PRI, del impugnado y fraudulento triunfo electoral del michoacano en los comicios de 2006.


Pero, al sacar a relucir la falta de legitimidad del gobierno calderonista, implícitamente Santiago descalificó, en conjunto, el proceder de las instituciones –el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– que dieron por buena una elección viciada y cuestionada por un amplio sector de la ciudadanía, así como el nulo compromiso de su propio partido y de Acción Nacional con el postulado fundamental de la democracia: se llega a los puestos de representación popular por medio de sufragios, no de acuerdos secretos.


No cabe duda que los tricolores tienen mayor experiencia en el manejo de los albañales de la política que los bisoños pero no menos corruptos y envilecidos panistas. Beatriz Paredes, presidenta del PRI, subió a la tribuna de San Lázaro a defender el acuerdo suscrito el 30 de octubre del año pasado entre ella y el líder nacional del PAN, César Nava. Contrariamente a lo expresado por el panista la semana pasada, la ex gobernadora de Tlaxcala señaló que en dicho pacto no hubo ninguna negociación que vinculara la aprobación de la Ley de Ingresos 2010, ni que vetara las alianzas políticas entre el PAN y el PRD -si bien en el documento se lee que las partes se abstendrán de formar coaliciones electorales con otros partidos políticos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios– e indicó que se trató solamente de un acuerdo de civilidad política.


Las declaraciones de la también diputada Beatriz Paredes, además de un intento por justificar un pacto impresentable y ominoso para la ciudadanía, constituyen una muestra más del deterioro institucional, la cultura del engaño y la descomposición moral que priva en los partidos en general, y en el PRI en particular. Porque, se haya hecho explícita o no en el referido documento, es innegable la connivencia mostrada por legisladores del tricolor y del blanquiazul durante las negociaciones del paquete económico para este año, que concluyó con un alza generalizada de gravámenes para los contribuyentes cautivos: con ello, el PRI falló a una de sus principales promesas de campaña e incurrió, por tanto, en un acto de traición hacia sus votantes.


En medio de este lodazal, de este festín de cinismo, desvergüenza y mentiras, la dirigencia del PRD no “canta mal las rancheras” y se suma al espectáculo de acrobacias políticas al hacer caso omiso de este pacto en lo oscurito del PAN y del PRI que afectó con más impuestos y alza de tarifas los bolsillos de los contribuyentes y consumidores, deteriorando el ya de por sí precario nivel de vida de los mexicanos, en aras de alianzas con el blanquiazul en elecciones locales de este año.


En fin, la discusión pública de los acuerdos entre el PRI y el PAN ha significado un deterioro adicional a la credibilidad, de por sí maltrecha, de un gobierno ilegítimo de origen y de una clase política empeñada en repartos de poder y cada vez más alejada de la sociedad. En un régimen verdaderamente democrático, que exigiera cuentas claras y cotidianas a los funcionarios públicos, deberían renunciar varios de los actores de este episodio de mentiras y traiciones, no solamente entre ellos sino, lo principal, al pueblo de México: en primer lugar Felipe Calderón.

Hay que adoptar política nacionalista para frenar los saqueos: investigadora

Empresas explotan recursos y comunidades no obtienen nada


Gabriel León Zaragoza

Periódico La Jornada
Martes 16 de marzo de 2010, p. 36
Ante la permisividad de la pérdida de riquezas, el Estado debe imponer una política nacionalista y no permitir que Estados Unidos se adueñe de los recursos. Además, debe evitar que las compañías extranjeras saquen provecho de los bienes naturales mexicanos sin que la población obtenga algo a cambio, manifestó Ana Teresa Gutiérrez del Cid, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Es preciso que el Estado mexicano vuelva a intervenir –como hizo en los años 30 del siglo pasado, con la política del entonces presidente Lázaro Cárdenas– para equilibrar los factores de producción y redistribución de la riqueza, resaltó.

Al participar en el tercer foro anual Reflexiones en las ciencias sociales y humanidades: análisis de la geopolítica actual, consideró que para frenar dicho fenómeno es necesario que la población mexicana cree conciencia sobre la desnacionalización que padece el país.
“Hace falta un liderazgo político que retome las riendas de la nación y que el poder militar juegue más en favor de una clase política nacionalista que de una entreguista a los intereses extranjeros”, abundó.

En ese sentido, la académica de la unidad Xochimilco expresó que en materia de seguridad nacional las fuerzas armadas del país deben tener una función “en defensa de la soberanía y no para constituirse en ejército de ocupación”.

Por otra parte, la especialista en relaciones internacionales destacó que el surgimiento y alianzas de nuevas naciones como potencias (Rusia y China) genera un equilibrio de poder mundial que beneficia a México en el manejo de su propia posición geoestratégica, el cual se refleja en las “buenas” relaciones económicas que mantiene con la Unión Europea y las diplomáticas con Rusia.

Denuncia contra Pemex... Una más.

Clase Política


Miguel Ángel Rivera
En vísperas del 72 aniversario de la expropiación petrolera, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha concedido contratos para elaborar etanol que violan las leyes en materia energética, denunció el dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López Aguilar.

El también presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados informó que su central presentó denuncia oficial contra Pemex por los contratos concedidos a tres empresas, propiedad de Melchor Monterrosas Hernández, que no producen alcohol ni lo compran a productores nacionales, pues pretenden triangular alcohol de Brasil para convertirlo en etanol y venderlo a la paraestatal.

La cosecha

Al desencanto por la errática conducción del país se debe oponer la confianza, el optimismo y la convicción de que México saldrá adelante, dijo Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador de los diputados del PRI, tras reiterar que los legisladores de su partido seguirán trabajando con absoluta responsabilidad...

El coordinador de la bancada del PRD y presidente del Senado, Carlos Navarrete, llamó a todos los actores políticos a poner por delante a México y detrás de él a los partidos, para que el Congreso cumpla a plenitud sus obligaciones…

Mientras tanto, siguen las negociaciones para citar a las cámaras al titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, para que informe acerca de presuntas irregularidades en la concesión de guarderías durante el tiempo que fue director del IMSS, en particular la ABC de Hermosillo, donde murieron 49 niños. Asimismo está pendiente de tramitar el punto de acuerdo que presentó Agustín Guerrero, diputado del PRD, para que el funcionario sea separado de su actual cargo mientras se aclara la mencionada tragedia…
El gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, para solicitar la revisión de la sentencia que se dictó en contra de las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, por el “secuestro” de policías de la AFI…

El gobernador Fidel Herrera Beltrán anunció que se cumplió la promesa de aumentar el salario de los policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, con retroactividad al primero de enero, con lo cual Veracruz se coloca entre los tres estados que mejor pagan a sus policías...

Respaldado por encuestas que lo ubican en primer sitio de las preferencias electorales, el alcalde con licencia de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón, se registrará mañana miércoles como precandidato del PRI al gobierno de Sinaloa...

En Quintana Roo, un sondeo de Mitofsky coloca en primer sitio al PRI y a Roberto Borge Angulo, seguido de Carlos Joaquín González. De gira por la entidad, la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, aseguró que su partido retendrá el gobierno…

riverapaz@prodigy.net.mx

Confirman encuentro bolivariano en Tabasco

Milenio.com
Se llevará a cabo el 17 y 18 de marzo; asistirán embajadores de Bolivia, Venezuela y Cuba y, presuntamente, representantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, fundado en 1980.

Tabasco.- El movimiento bolivariano continúa sus actividades en México. El próximo fin de semana la capital de Tabasco será punto de encuentro de las Jornadas de Amistad para reafirmar la “unidad y hermandad de los pueblos de América Latina” a convocatoria del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco (SITET) y, presuntamente, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador.

Al acto asistirán, junto con organizaciones campesinas y de izquierda de Tabaso, los embajadores de Cuba, Venezuela y Bolivia en México, Manuel Francisco Aguilera de la Paz, Trino Alcides Díaz y Jorge Mansilla Torres, respectivamente.

Debido a que el SITET utilizó para su convocatoria el escudo del estado, el gobierno de Andrés Granier se deslindó de “toda actividad planeada” por el sindicato y sus organizaciones afines para el 17 y 18 de marzo.

En un comunicado señaló: “El gobierno de Tabasco rechaza la conducta asumida por el sindicato magisterial, al usar de forma indebida y sin la autorización el escudo oficial del Estado de Tabasco y ese acto no es de ninguna manera un acto promovido y auspiciado institucionalmente por alguna dependencia del gobierno del estado de Tabasco”.

Respecto a la presunta partición del Frente Farabundo Martí, Roger Arias, secretario general del SITET, aseguró que no habrá intervención del grupo salvadoreño, aunque reiteró que el objetivo es “seguir fortaleciendo los vínculos de amistad de nuestro hermano Tabasco con los países hermanos de Latinoamérica”.

En tanto, Jonathan Sarracino, líder de la Agrupación Unidad Ciudadana —en la que convergen al menos 35 organizaciones campesinas y ciudadanas con 7 mil 300 afiliados— sostuvo que los embajadores habrán de impartir conferencias magistrales en la Universidad Tecnológica de Frontera y en el Colegio de Posgraduados ubicado en Cárdenas, así como en las instalaciones del SITET.

Las organizaciones convocantes y ante las que habrán de dirigirse los embajadores latinoamericanos, son Unidad Ciudadana, agrupación política local; Unidad Democrática Nacional, Ciudadanos Libres en Acción; Organización Nacional de Indígenas y Campesinos, Coalición de Organizaciones Democráticas y Campesinos; Coordinadora Nacional del Plan de Ayala; Movimiento Ecologista de Tabasco; Coordinadora Nacional Obrera Campesina Independiente Revolucionaria, y la Organización de Jóvenes de Pensamiento de Superación Social.

Según los organizadores, el principal objetivo del encuentro es discutir cuáles son las nuevas tendencias en el mundo sobre los movimientos y luchas sociales, así como señalar las directrices que tendrán que adoptarse ante el cambio global que implica el nuevo orden internacional; además de la situación de la justicia social en el continente y la posición de los países de la región sobre el calentamiento global.

Si bien los organizadores del evento rechazaron alguna participación del FMLN, éstos informaron que será una Comisión Política de ese frente salvadoreño la que arribe a territorio mexicano para encontrarse con el sector magisterial del SITET en algún punto de la capital de la entidad para afinar los detalles del “magno encuentro”.

Se supo que uno de sus objetivos a tratar es el apuntalar conjuntamente entre el FMLN y el SITET, el que miles de niñas y niños salvadoreños vayan a las escuelas con útiles, uniformes y zapatos, con base en las estrategias trazadas por el magisterio tabasqueño.

Esta es la tercera edición de las “Jornadas de Amistad” que se realizan en territorio tabasqueño. La primera se efectuó los días 27 y 28 de noviembre de 2008 con la participación de Jorge Mansilla Torres, embajador de Bolivia en México. La segunda se realizó los días 3 y 4 de junio de 2009 con la participación de la encargada de negociaciones de la embajada de Venezuela en México, Eloisa Lagonell Castillo.

Los integrantes del SITET tienen una relación añeja con los revolucionarios salvadoreños, particularmente con la cúpula del Frente Farabundo Martí, de hecho conforme pasa el tiempo el SITET ha adquirido mayor fuerza no sólo en esta entidad, sino también en otros puntos del territorio mexicano, pues ha comenzado a replicarse su estructura en otros sectores del magisterio que han comenzado a dar pasos para echar abajo la llamada Alianza por la Educación.

El líder del SITET, Rogers Arias, sostuvo: “La famosa Alianza por la Educación que lanzaron Elba Esther Gordillo y el SNTE de poco o de nada ha servido. Por el contrario, ha dividido y ofendido al magisterio”.

El SITET tiene listo el “Proyecto Educativo para el estado de Tabasco”, luego de concluir una serie de foros delegacionales, regionales y estatales realizados en el último trimestre de 2009 por parte del magisterio tabasqueño, personal administrativo y de apoyo a la educación, directivos y profesionales en el sector.

En el encuentro, en el que se espera la presencia de los embajadores mencionados, los mentores agremiados en el SITET abordarán también los temas sobre la vigencia y pertinencia del modelo educativo actual en el contexto de la crisis económica mundial; la vigencia y pertinencia del sistema normativo de la educación; leyes reglamentarias, decretos, acuerdos y normas y manuales de procedimientos en el sector.

SITET, seis años

El poder de este nuevo sindicato magisterial comenzó a gestarse de manera oficial ante las autoridades desde el 25 de mayo de 2004 cuando el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Tabasco le otorgó el registro RS/S-0162004 como nueva agrupación laboral para desprenderse de la sección 29 del SNTE, además de las secciones 9, 10 y 11.

Al ser oficializado el SITET, sus integrantes celebraron con porras y fuegos pirotécnicos, y con ello también arrebataron al SNTE el inmueble donde se ubica el SITET y en el que confluyen casi diez mil trabajadores de la educación de un total de 30 mil.

Desde entonces, el resolutivo a través del cual se declaró procedente la solicitud de registro sindical del SITET, tomándole nota “como una asociación de trabajadores constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los integrantes” de esta agrupación, el gobierno tabasqueño tiene la obligación de negociar incrementos salariales del magisterio, entre otros temas.

El SITET también se ha convertido en un grupo de choque frente al SNTE y sus acciones. En abril de 2005, mientras el SNTE exigía al mandatario de Tabasco la destitución de su secretario de Educación, Walter del Carmen Ramírez por no cumplir con el perfil y las metas educativas, los agremiados al SITET rompieron la estrategia del SNTE que buscaba irse a un paro de labores escolares hasta lograr su propósito, mismo que no fue concretado debido a la presión que ejerció su contraparte.

Mientras el SNTE y el SITET miden su fuerza de convocatoria entre padres de familia y los 30 mil maestros tabasqueños; más de 500 mil alumnos de preescolar, primaria, y secundaria se han visto afectados por este sindicato paralelo.

El conflicto entre ambos sindicatos ha llevado a la Asociación Estatal de Padres de Familia a manifestarse a favor de que las autoridades educativas de Tabasco intervengan para terminar con esta situación que sólo va en detrimento del avance y desarrollo educativo de sus hijos, acusan.

A decir de la titular de la asociación, Petra Serrano de Palmer, el conflicto ha provocado que los docentes hagan a un lado los programas y planes de estudio, lo que ha traído como consecuencia también la deserción escolar, pues se “ha tomado como rehén a la educación en Tabasco”.

Lejos de que se resuelva esta situación, el factor Tabasco en el magisterio nacional ha comenzado a replicarse en estados como Puebla, Baja California, Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Durango, Hidalgo y Morelos, donde está en proceso de escisión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Un excelente video sobre la usurpación :

Calderón, sometido a Salinas


Álvaro Delgado

MEXICO, DF, 15 de marzo (apro).- El 3 de agosto del año pasado, un mes después de las elecciones, se escribió en este espacio: “Entre impotentes y resignados, los propios panistas asumen que, en menos de tres años, el gobierno de Felipe Calderón está exhausto, rendido, agonizante y aceptan que, después de la catástrofe electoral del 5 de julio, la capitulación menos costosa es ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI) porque lo contrario implica una ignominiosa caída en medio de un país que él ha destazado.

“Por eso reaparece, exultante, Carlos Salinas. Para asumir el control. No sólo del PRI, que ya lo tiene, pese a los pataleos de Beatriz Paredes. También la conducción real del PAN.

“Salinas es ya el administrador del poder en México. Y el gran elector en ambos partidos: En el PRI, Enrique Peña Nieto, al que ya se le cree escriturada la Presidencia de la República, y cualquiera en el PAN, que al fin será sólo comparsa: Juan Manuel Oliva, Ernesto Cordero o, como se perfila, Alonso Lujambio Irazábal, un ‘peñanietito’ cualquiera.

“Las cosas, pues, se van acomodando.

“Y por eso hay que darle la bienvenida a Carlos Salinas, quien públicamente se coloca como el jefe de jefes del entramado de intereses al que Calderón no sólo ya no es funcional, sino estorboso.

“Después de aisladas apariciones, para ir dejando atrás el exilio al que lo obligó el repudio popular --que no ha amainado--, Salinas irrumpe para salvar el resto del sexenio de Calderón, que será ‘presidente’ sólo formalmente y para efectos de desahogar, legalmente, la agenda legislativa que orquestará el nuevo gerente de las elites.

“¿Qué agenda? Por supuesto una que no será en beneficio de la mayoría de los mexicanos, sino del grupo depredador que está instalado en el poder desde 1982 y del que Salinas ha sido, desde entonces, personaje central, particularmente después del fraude de 1988 y el cogobierno que estableció con el PAN para ‘legitimarse en el ejercicio del poder’.

“Por eso no hay que perder de vista los puntos comunes de las agendas del PRI y del PAN, particularmente la del segundo, en especial la que tiene que ver con el sector energético cuyo esquema privatizador fue, en general, vencido el año pasado (2008), pero que en el siguiente o los siguientes periodos legislativos se pretende volver a impulsar para beneficiar a los magnates que encumbró el salinismo.

(…) Por supuesto que la agenda de Salinas no se limita a seguir depredando los recursos de la nación, sino también a poner remedio a algo que tiene enfurecidas a las elites por la torpeza de Calderón: La carnicería entre las bandas del crimen organizado y los cuerpos policíacos, que ya toca también al Ejército. Y no porque a los magnates les interesen las violaciones a los derechos humanos que comete la tropa, a menudo contra la población más vulnerable, sino porque le minan sus ganancias las extorsiones y los secuestros.

“Salinas ofrece administrar también, como lo hizo en su sexenio, el crimen organizado para que opere con acotamientos y sin causar matazones, secuestros, extorsiones y balaceras de manera indiscriminada, así como en el Estado de México de Peña Nieto. Al fin que, para él, política y crimen son sinónimos.

“¿A quiénes identifica Salinas como obstáculos para ese afán desnacionalizador? Evidentemente no a los serviles priistas ni a sus cómplices del PAN, sino a quienes frenaron, en el terreno de las ideas, la primera intentona --el año pasado (2008)--, en el debate convocado por la Cámara de Senadores, y con la movilización popular.

“¿Y por qué reaparece Salinas justamente en Oaxaca, cuyo gobierno de Ulises Ruiz no escatimó atenciones? La maniobra no puede ser más nítida: Fue a identificar a su oponente político real, de gira por los municipios gobernados por usos y costumbres: Andrés Manuel López Obrador.

“Guste o no, esa es la real disputa…”

Siete meses después, ratifico lo que escribí, con el añadido de que se suma al elenco de prospectos presidenciales del PAN el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, y sobre todo el impúdico trueque PRI-PAN para aumentar los impuestos a cambio de que el PAN franquee el paso a Peña Nieto, del que hay inclusive constancia documental.

Es decir, la influencia de Salinas en los dos partidos y los dos gobiernos es inequívoca: Apoderado y asesor principalísimo de Peña Nieto, que también incluye al tío de éste Alfredo del Mazo, ha contado para sus arreglos en el PAN con Diego Fernández de Cevallos y Fernando Gómez Mont, cuyos contubernios vienen desde hace casi un cuarto de siglo.

Gómez Mont, cuya renuncia al PAN fue una pantomima que sus amanuenses tratan de dar rango de honorable, firmó como “testigo de honor” el pacto con Peña Nieto, el 30 de octubre, dos meses después del cuarto informe de gobierno de éste, en cuya ceremonia diseñada para la televisión participó, como “invitado de honor”, nada menos que Fernández de Cevallos.

Poco después de la falsa renuncia de Gómez Mont al PAN y antes de conocer a detalles el contubernio para franquearle el paso a Peña Nieto, un amigo de Fernández de Cevallos, Juan José Rodríguez Prats, le dijo al reportero: “Siento que Diego ya arrió sus banderas de panista”.

--De plano.

--De plano. Ir al informe de gobierno de Enrique Peña Nieto es una traición. Peña Nieto es el candidato de la ultraderecha, detrás de él están los intereses más nefastos y sucios del país. ¡Cómo puede ir!

Contó que, después de que supo que asistió al cuarto informe de Peña Nieto, habló por última vez con Fernández de Cevallos: “Le dije que tenga autoestima: ‘Qué desgracia que tu lema de un México sin mentiras sea una mentira’.”

--¿Qué le respondió?

--Nada. Se quedó callado.

Apuntes

El truene de dedos de Barak Obama a Calderón por el triple asesinato del sábado en Ciudad Juárez, Chihuahua, puede lograr lo que no ha sido posible con el asesinato impune de miles de mexicanos, entre ellos muchos inocentes, como los jóvenes que ese sujeto calificó de pandilleros y los defensores de los derechos humanos. Calderón sabe que pierde la confianza de los gringos. En esto tampoco pudo…

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