Astillero
Política narco
Amenazar lo cívico
¿Familia interlocutora?
Aun cuando lo parecieran, no son lo mismo la narcopolítica que la política narco. El primer término suele utilizarse para designar la infiltración de las bandas dedicadas al negocio de las drogas en los terrenos electorales y políticos, mediante el financiamiento y el soborno, de tal manera que las autoridades así constituidas acaben dando protección a sus patrocinadores e incluso les permitan recuperar sus inversiones mediante la asignación de carteras claves, normalmente relacionadas con la obra pública y el manejo de las policías. Esa versión instrumental, la narcopolítica, que sólo busca protección y complicidad, sin propósitos mayores, ha alcanzado a presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores, gobernadores y presidentes de la República. Diferente, pues es conceptual, estratégica, de largo alcance y perspectiva superior, es la política narco, entendida como el uso intencional de la narcopolítica –de lo instrumental, de lo operativo– y otros ingredientes correlacionados, para desarrollar una suerte de proyecto oficial de control político y social mediante la instauración del miedo colectivo y la supresión de derechos y garantías hasta convertir la política y lo electoral en endebles fantasmas condicionados y virtualmente suprimidos por la violencia institucionalizada.
En México, Felipe Calderón ha establecido una política narco. No sólo, originalmente, para tratar de alcanzar alguna forma de legitimación luego del fraude electoral de 2006 sino, viendo hacia adelante, para gastar los bríos cívicos desatados e instalar un temprano elemento de distorsión, amago y posible suspensión de los procesos electorales. Ya no hay condiciones adecuadas para el ejercicio de libertades ni para la elección más o menos aceptable de representantes y autoridades, pues ese ámbito cívico ha sido afectado gravemente por la violencia generalizada, la indefensión ciudadana, la abolición de amplios segmentos de la seguridad jurídica, el exterminio de candidatos y de autoridades electas o en funciones y la impunidad de los escuadrones asesinos que igual ultiman hoy a sus presuntos adversarios que mañana a personajes seleccionados en razón de consideraciones políticas.
Ayer mismo, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, se refirió a una parte del problema al adjudicar con ligereza genérica a “todos los mexicanos” la responsabilidad de “impedir que se presente el fenómeno de la narcopolítica en las elecciones de 2012, porque es una situación que atentaría contra la vida democrática del país”. No son ni pueden ser “todos los mexicanos” quienes frenen la ya presente y evidente “narcopolítica”, pues no tienen los medios, la fuerza ni el mandato para hacerlo, mucho menos si, como es el caso, se ha entrado a una etapa superior de ese proceso estupefaciente, la política narco, es decir, el diseño de políticas de poder para usar el fenómeno de la violencia, por el mercadeo de las drogas y su combate oficial, para “atentar contra la vida democrática del país”.
Un ejemplo de las políticas de gobierno federal en materia de narcotráfico para fines partidistas y electorales está en Michoacán y en la ya descarada Operación Cocoa. Pero ahora resulta que el grupo dominante de la entidad, La Familia, ha planteado un reto político a la administración calderónica, al anunciar mediante el eficaz método de las narcomantas, y la orden a medios locales para que se publiquen sus desplegados, su disposición a deponer las armas y disolverse si la Federación garantiza el respeto a los michoacanos. Es evidente la trampa de los estrategas familiares, pero también está clara la incorporación de visiones netamente políticas al catálogo narco: La Familia trata de consolidarse como una supuesta opción ciudadana de autodefensa frente a los excesos del poder federal, una especie de “guerrilla” deseosa de mantener los equilibrios económicos y judiciales en el negocio popular de las drogas, una organización capaz de “sacrificarse” por su gente al extremo de deponer las armas si les garantizan lo que evidentemente ningún gobierno federal aceptaría ni la interlocución con un cártel del narcotráfico ni la promesa de cumplir lo que supuestamente cumple en lo cotidiano. Narcopolítica, narcopolitiquerías y política narco.
Astillas
También en Mérida, donde participó en una reunión interamericana de organismos electorales, el consejero presidente del IFE hizo un pronunciamiento, según la nota de José Antonio Román en La Jornada, contra los poderes formales y fácticos que, afectados por la prohibición de comprar tiempos en radio y televisión para difundir proyectos y campañas políticas, “no dejan pasar oportunidad para atacar el mandato constitucional y también al órgano electoral encargado de vigilar su cumplimiento”. Esos poderes malévolos, según el súbitamente valiente Valdés Zurita, “forman parte del gran negocio de la comunicación y esconden en la libertad de expresión sus intereses económicos y sus aspiraciones políticas”. Chantaje y falsedad en esos negociantes de la comunicación, marcadamente electrónicos, pero no los únicos en usar la bandera de la prensa para abrir paso a sus intereses particulares... En Estados Unidos, compareciente ante el poderoso Consejo de Relaciones Exteriores que tiene en la mira a México, el embajador Arturo Sarukhán se aventó la puntada de criticar la cobertura periodística internacional que se centra en “la sangre” y no, por ejemplo, en supuestos logros del calderonismo como “la expansión de la clase media” (aventurada tesis ésta, a menos que el diplomático considere signos de expansión el que ya haya mexicanos de clase media que han debido esparcirse por el extranjero a causa de la sangre delictiva que los periodistas extranjeros debieran dejar de destacar)... Y, mientras en el Seguro Social siguen demostrando cómo el dinero público se vuelve privado, en tanto los derechohabientes sufren, ¡hasta mañana, con el notable silencio del coleccionista de arte y dólares llamado Onésimo!
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