lunes, 6 de septiembre de 2010

La rendición de cuentas que no llegó

De La Redacción
EL DIARIO

Durante décadas, el informe de gobierno que debería haber sido la palestra del gobernante en turno para rendir cuentas del estado general de la nación, se tornó en un acto faraónico y autocomplaciente en el que el Ejecutivo federal se regodeaba por horas lanzando a diestra y siniestra cifras sin sentido bajo el apapacho del correspondiente Legislativo, para luego pasar al tradicional besamanos donde se le rendía pleitesía al mandatario como si de un monarca se tratara.
En los últimos informes rendidos por Vicente Fox y tras la llegada de Felipe Calderón al poder, cuando las condiciones del país ya eran otras, se puso en evidencia el desgaste de este acto constitucional por lo que los legisladores reformaron la ley para quitarle el boato superfluo, pero sin otorgarle, en la práctica, el verdadero sentido que debería tener, que es el de una verdadera y crítica rendición de cuentas a los gobernados.
El tiempo, el esfuerzo y el gasto en recursos empleados por los legisladores para realizar estas adecuaciones legales se fueron al caño al paso de poco tiempo, pues ahora el Ejecutivo –es decir, Calderón– envía por escrito su reporte al Congreso de la Unión el 1 de septiembre repleto, igualmente, de cifras alegres, pero al día siguiente celebra en Palacio Nacional una ceremonia no desprovista de la nostálgica parafernalia de aquellas que tanto cuestionaban sus correligionarios.
Total, que muchos cambios para que todo siga más o menos igual, porque al evento del 2 de septiembre acuden las clases política, empresarial, religiosa, etcétera, a escuchar el mensaje que el gobernante manda a la nación. Se trasladó el escenario de la Cámara de Diputados al Palacio Nacional.
¿Y para qué? Pues para seguir escuchando, en el contexto de un país desgarrado, desmoronado, contenidos de buenas intenciones que en realidad no suenan a buenas noticias para el grueso de los mexicanos.
Porque al menos para la zona fronteriza, y en particular para Ciudad Juárez, el Cuarto Informe de Gobierno de Felipe Calderón no tendría que haberse esperado para el 1 y 2 de septiembre.
Lo que nos interesaba escuchar del mensaje presidencial no se hallaba en el apartado especial que dedicó a los presuntos logros del programa “Todos somos Juárez”.
El primer mandatario adelantó, en realidad, su informe para nuestra región, a través de dos hechos indiscutibles: por un lado, concentró el contenido de su reporte en una sola frase que profirió una semana antes de la ceremonia oficial del 2 de septiembre.
Al dar por terminados sus Diálogos por la Seguridad, Calderón aseguró a todos los presentes –y por tanto a todo México– que “la violencia seguirá”. Y como Juárez es la ciudad más violenta, pues entonces allí resumió lo que tenía que decirnos a los fronterizos en materia de seguridad.
Por lo que se refiere al aspecto económico, más allá de los números optimistas que detalla en el documento entregado a los diputados, ya desde antes del 1 de septiembre se había cernido sobre esta zona la amenaza que está a punto de convertirse en realidad el próximo día 13: la limitante en las operaciones con dólares en esta área que es la más dolarizada del país.
Esa inminente disposición demuestra a las claras el desconocimiento que los funcionarios de su gabinete tienen de las particularidades que guardan las distintas zonas del país, a la vez que revela la certeza de que numerosas políticas de Estado se confeccionan sobre las rodillas sin pensar en el perjuicio que ocasionarán a muchos.
Al mal augurio previsto por el presidente Calderón para esta frontera en el apartado de seguridad no habría mucho que agregar, salvo el hecho controversial de la detención de Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, precisamente dos días antes del informe, circunstancia capitalizada con creces por el mandatario para hablar de los miles de narcos que han sido detenidos por su aparato policial, sin precisar cuántos de ellos realmente han sido sentenciados por un juez por los delitos más graves que han cometido en menoscabo de tantos mexicanos, o bien, cuántos andarán ya sueltos en la calle, engrosando el cúmulo de impunidad que nos ahoga.
Como tampoco se ha sabido de secuelas oficiales por algunos dichos del narcotraficante –así se reconoció él mismo en el interrogatorio divulgado por la Policía Federal–, entre los que destacó el de culpar abiertamente a Joaquín “El Chapo” Guzmán de la violencia que mantiene en la devastación a esta frontera, tras supuestamente fracasar un acuerdo previo con el líder del otro cártel en pugna, Vicente Carrillo.
Esas confesiones de “La Barbie” se han prestado a diversas interpretaciones, entre otras, algunas mencionadas por juarenses que se cuestionan cómo es que la organización de Guzmán llegó para tratar de imponerse en la plaza si no fue por el apoyo recibido de “mucho más arriba”.
Lo anterior, en clara alusión a las numerosas versiones que circulan acerca de que la intromisión del cártel de Sinaloa en Juárez no ha sido ajena al respaldo de algún sector incrustado dentro del aparato federal.
Así lo han manifestado algunas narcopintas del grupo adversario, y así lo han avalado algunos medios de comunicación tan respetados como la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, la agencia Associated Press, The Economist de Inglaterra, además de ciertas voces surgidas del mismo Partido Acción Nacional, como las del ex dirigente ahora defenestrado Manuel Espino, y del diputado federal sinaloense Manuel Clouthier.
Al presidente Calderón le faltó ser más autocrítico para mencionar, entre la danza de cifras sobre seguridad, el fenómeno tan apabullante como real de que a la detención o la muerte de algún narcotraficante le sigue la aparición de dos, tres o más, como si de una cabeza de hidra se tratara.
Cómo explicarse, por ejemplo, que en esta ciudad ya han sido asesinados miles de presuntos miembros del crimen organizado pero las matazones continúan día tras día como si estos hombres y mujeres provinieran de una cantera inagotable.
En estas honduras es donde debió profundizar el primer mandatario, para derivar en las causas que han llevado a tantos jóvenes a enrolarse en las filas de la delincuencia y, por ende, exponer qué es lo que realmente está haciendo su gobierno para prevenir que estas condiciones se sigan presentando.
En vez de ello, el Ejecutivo prefirió redundar en las cifras y en lo grandilocuente de los programas que, en el caso de esta ciudad con el “Todos somos Juárez” no han dado los resultados que esperábamos, pero que sí funcionan para adornar con retórica hueca los informes oficiales.
La paradoja entre la realidad contenida en el reporte presentado por el presidente Calderón en el área de seguridad y la realidad efectiva que vive el país, la vino a mostrar de manera fortuita el almirante Mariano Francisco Saynez, secretario de Marina, al lanzar un exhorto, casi una petición de favor, a los grupos delincuenciales del país para que no cometan actos violentos contra la ciudadanía en estos días patrios, sobre todo en los actos masivos de 15 y 16 de septiembre.
Las palabras del almirante fueron una declaración de impotencia del régimen frente al enemigo, una manifestación de debilidad ante el adversario dentro del marco de la declarada guerra del Estado contra los grupos del crimen organizado.
¿Con qué garantías de seguridad acudirán las familias a los festejos del Grito –donde los haya– o a los desfiles del 16 de septiembre?
Así, en las circunstancias que envuelven al país, un informe con el formato utilizado por el actual mandatario no responde a las numerosas demandas que reclama la ciudadanía.
Decía un comentarista, a propósito de los cientos de spots que inundaron las pantallas de televisión antes del 1 de septiembre, que él creció viendo megainformes de gobierno, por lo que “ya no los quiero ver ni en cadena nacional, ni en spots ni de ninguna manera. Quiero ver resultados y los resultados no se presumen. Se notan. ¿A quién le interesa un informe de gobierno cuando hechos como los de Tamaulipas están diseñados para tener repercusiones inmediatas en la economía, la política y la sociedad? (...) Estamos en guerra y en tiempos de guerra, la reglas cambian. Que cambie, al menos, la del informe de gobierno porque, una vez más, está saliendo contraproducente”.
En lo tocante al otro punto que pende sobre los juarenses en esta coyuntura de malos augurios, indispensable resulta señalar que si los fronterizos estuviéramos seguros de que una medida como la que está por entrar en vigor –la que limita las operaciones en dólares– vendría a resolver el problema del lavado de dinero, sin duda la recibiríamos con tolerancia, hasta con gusto.
Sin embargo, no es así. Se trata de una disposición absurda que llega a deteriorar aún más al menoscabado sector empresarial local, ya disminuido por la extorsión y el secuestro, pero también atenta en general contra toda la frontera.
Si el Gobierno federal no detiene o modifica antes del 13 de septiembre estas acciones, no hay duda de que serán la puntilla para terminar con Juárez como una ciudad fantasma.
¿En qué cabeza cabe restringir el manejo de dólares como lo pretende la Federación, en una región donde la divisa norteamericana convive en igualdad de circunstancias con la mexicana? Quizás pudiera dar resultado en otras partes del país, mas no aquí.
La medida implementada por los “genios” de las finanzas nacionales para presuntamente atacar el lavado de dinero, dispone limitar los depósitos mensuales en efectivo en los bancos mexicanos, a 7 mil dólares para las empresas y 4 mil para las personas físicas.
Además, de acuerdo con lo anunciado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sólo los negocios y comercios que se den de alta como corresponsales bancarios podrán recibir la divisa estadounidense, y en una cantidad que no rebase los cien dólares.
Muchos gastos que hacen las familias juarenses son en dólares, por lo que si los negocios van a poner límites en su recepción, entonces ese dinero se irá a El Paso o, en general a Estados Unidos, a crear empleos del otro lado de la frontera como de hecho ya lo ha provocado previamente la inseguridad.
Numerosas empresas y proveedores de servicios se verán imposibilitados para recibir dólares en efectivo, o bien, tendrán que negarse a aceptar compras que excedan los cien dólares. O, como han comentado algunos empresarios, tendrían que mantener grandes cantidades en efectivo, lo que los colocaría como víctimas fáciles del crimen. Si ya de por sí…
Expertos en economía señalan que alterar de manera artificial todo el flujo de dinero en la frontera provocará un caos tanto en el tipo de cambio como en la demanda de productos en Juárez y en El Paso. “Es muy claro que el gobierno no sabe lo que está haciendo, y se está metiendo en un problema que no sabe cómo va a terminar o si va a poderlo controlar”, dijo uno de ellos.
Y es que hasta absurdo resulta pensar que los narcos –que han dado muestras de que van más adelante que el propio gobierno– serían tan tontos como para depositar millones de dólares en bancos mexicanos.
Ellos, según comentan los que saben, mantienen su dinero en efectivo o utilizan otras argucias para invertir en empresas que, de acuerdo con Edgardo Buscaglia, experto en el tema del narcotráfico, el sector oficial sabe dónde están y quiénes las controlan, pero no hace nada para actuar en su contra.
Si bien el fin perseguido por esta disposición es bueno al tratar de controlar el lavado de dinero, los medios implementados por la Secretaría de Hacienda no lo son, porque a los únicos que perjudicarán es a los ciudadanos que todavía no huyen de la zona fronteriza, aun cuando en el corto plazo también redundará en contra del mismo gobierno, pues la riqueza proveniente de esta región, que por décadas ha llenado las arcas públicas federales a través de impuestos, derechos, etc., se agotará.
En pocas palabras, la medida será como un bumerang para el gobierno que, si no recula, estará cavando una parte de su tumba al atentar contra una de sus principales fuentes de recursos frescos.
¿De qué sirve que en la ciudad haya representantes presidenciales desde que en febrero pasado se constituyó el “Todos somos Juárez”, si estos funcionarios no transmiten a los que se encuentran en el Distrito Federal las nefastas consecuencias que sus acciones provocan?
A estas alturas, a una semana de que entren en vigor estas nuevas reglas, era para que tanto los funcionarios federales designados para esta frontera como los legisladores por Chihuahua ya hubieran hecho algo para retrasarlas o incluso impedir su vigencia, pero por lo que se ve andan más ocupados –como casi siempre– en tareas de corte partidista o particular.
Por este medio lanzamos un exhorto a nuestros representantes para que en el transcurso de la semana que comienza hagan uso de sus facultades, en vías de frenar que estas restricciones entren en vigor. De lo contrario, la ciudad y la ciudadanía que hoy representan dentro de poco dejarán de ser…

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