Astillero


Poncio Peñatos
El obediente Bazbaz
Comisión de la verdad
¿Y el jefe Diego?
Julio Hernández López


Enrique Peña Nieto sacrificó al peón procurador para tratar de salvar su precandidatura presidencial. No hay ánimos justicieros ni pretensión de castigar a quien haya sido responsable de la ofensa social que constituye el caso Paulette (que, en realidad, es el propio gobernador del estado de México), sino cálculos relacionados con la imagen pública y las encuestas de opinión. A fin de cuentas, el obediente funcionario expiatorio, Alberto Bazbaz, deja cerrado el expediente y cumplidos los compromisos oscuros que motivaron la más escandalosa de las manipulaciones en materia de procuración de justicia de los últimos tiempos, así es que cumplido ese ciclo y mantenido el imperio de las complicidades, Peña Nieto puede prescindir del subordinado crecientemente incómodo y tratar de pasar a otra etapa de su carrera por Los Pinos, tal vez mediante el uso distractor de algún anuncio de enlace conyugal, al estilo satisfactoriamente usado por el panista César Nava con la cantante Patylú.
Sin embargo, a pesar de las maniobras de control de daños realizadas en Toluca, el daño político no será fácilmente remontable, puesto que a nadie le es oculto que las verdaderas decisiones en la política del estado de México las toma el gobernador Peña Nieto y que el curso y desenlace de las investigaciones relacionadas con la tragedia de Interlomas le son absolutamente adjudicables a él, no sólo en función de organigramas administrativos, relación personal con Bazbaz y estilo impositivo de gobierno, sino aun por la vía simple de la adhesión expresa que días antes hizo el propio gobernador a las actuaciones y la figura de su amigo y dependiente en problemas.
Pero el relevo del procurador, que ahora queda en gran disposición para alquilar sus servicios a alguna firma productora de colchones o de tendido de camas, no significará en realidad más que un cambio obligado de nombre y apellidos en la papelería oficial. Lo esencial continuará tal como largamente se ha mantenido en ese rico e importante estado bajo dominio de una mafia política que se turna la ocupación de la silla de gobierno bajo el compromiso no escrito de sostener los privilegios e intereses de las familias coaligadas (varios de cuyos júniores van ocupando los sitiales dorados, listos todos para preservar el estatus convenido). Hoy ha estallado el caso Paulette por sus aristas extremadamente inaceptables, por las evidencias de manipulación y engaño que irritan a la mayoría de la población, pero diariamente se viven en esa entidad múltiples casos de abuso, desatención, burla, privilegios e injusticia en los diferentes órganos de la administración pública, convertido el aparato burocrático en un instrumento de saqueo de los bolsillos populares y de protección de los intereses de las elites, paraíso de corrupción que ahora pretende llenar sus arcas extraoficiales de dinero suficiente para empujar al jefe máximo, el gobernador Peña Nieto, como candidato a mantener y mejorar el sistema local en el plano nacional.
En ese contexto, la dimisión de Bazbaz no significa más que una maniobra hipócrita del gobernador gavioto para aparentar que algo hace ante el enojo popular. El renunciante, pero sobre todo su patrón de copete intacto, deben ser sometidos a formas de escrutinio y eventual castigo formales, y la remoción de funcionarios debe significar cambios profundos y evidentes. No le ayuda a ese gobernador bajo crítica lupa el pretender adjudicar la exigencia de justicia a tretas partidistas y ánimos de “politizar” lo que de manera natural es político: la exigencia de buenas cuentas en el ejercicio de gobierno. El jefe de una banda de intervenciones electorales en otros estados, que ha sometido el erario y el ejercicio de gobierno a ambiciones partidistas y proyectos presidenciales, que derrocha el dinero público en pagar promociones personales en los grandes canales de televisión, no puede usar con actitud de doliente damnificado el argumento de las partidizaciones y la politización.
Así pues, el resultado del montaje de ayer no puede quedar en una especie de borrón y cama nueva. Para alcanzar una mínima credibilidad, el expediente Paulette debe ser reabierto y puesto a disposición de quien tenga interés en analizarlo pero, en especial, de una comisión de la verdad que sea integrada por personajes en los que la sociedad tenga confianza. El ideal de justicia no debe truncarse solamente porque determinada persona fue instruida de renunciar para cubrir formas o aparentar cambios: en el vergonzosamente increíble manejo delictivo del expediente Paulette hubo responsables que deben ser castigados, al igual que quienes hubieran participado en los actos criminales en sí, en caso de que así quedara demostrado en una indagación autónoma y confiable. De otra manera, todo seguirá siendo manejado en función de intereses inmediatos de corte electoral, con la vista puesta en los comicios venideros, con la consigna facciosa de ganar el poder para hacer que todo continúe igual a nivel nacional.
Astillas
La lógica terrible de la disminución del impacto de un hecho mediante la aparición de otro, igual o peor, ha llevado a un segundo plano el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, sobre cuya suerte se tejen cada vez más elaboradas versiones, ninguna de ellas benéfica para lo que de salud quedara de este régimen... Adiós a don Gabriel Vargas, creador de historias entrañables y perdurables, artista del barrio, padre fundador de la dinastía de pueblo que con Regino y Borola se ha extendido por los confines nacionales... Y, mientras un foro de gobernadores era interrumpido ayer por la demanda lastimera de un hombre en desgracia como los muchos que hay en el país, ¡hasta mañana en esta columna que ve las consecuencias del “triunfo” discursivo de Calderón en el Capitolio: mil 200 miembros de la Guardia Nacional gringa a la frontera (envío que Felipe, el extrañamente optimista, quiere ver como freno al paso de armas a México, no de migrantes mexicanos a EU)!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

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