lunes, 21 de septiembre de 2009

No tienen llenadera los administradores de la "justicia" :

TEPJF: contubernio de magistrados
ÁLVARO DELGADO,
Una investigación interna del Tribunal Electoral federal revela que en 2007, cuando el magistrado presidente Flavio Galván tuvo que renunciar por la supuesta corrupción de su coordinadora de asesores, fue el denunciante, magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, quien hizo pasar a familiares suyos como víctimas en una sucia maniobra en la que ellos incurrieron, aunque, al final, no pudieron consumarla...
Detrás de la renuncia que “por razones de salud” presentó Flavio Galván Rivera como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en agosto de 2007, hay una truculenta historia de corrupción, abuso de poder e ilegalidades que involucra a todos los magistrados, pero sobre todo a María del Carmen Alanís, la presidenta sustituta, y a Salvador Olimpo Nava Gomar, operador clave en la trama.
La caída de Galván Rivera se produjo en medio de un escándalo por la corrupción de la que fue acusada su coordinadora de asesores, Norma Inés Aguilar León, quien supuestamente le pidió una comisión a la vendedora de un edificio que quería comprar el TEPJF y que resultó ser tía de Nava Gomar, quien por esa razón presentó una denuncia.
Sin embargo, según el expediente de la investigación que obtuvo Proceso, los hechos ocurrieron exactamente al revés: fue Olga Gomar de los Ríos, tía del magistrado electoral, quien junto con su esposo, Fermín Zubiaur Carmona, pretendía obtener los 3.5 millones de pesos de comisión por la compraventa del edificio del Grupo Monitor, que tenía un precio de 12 millones 500 mil dólares.
El magistrado Nava Gomar no sólo no consideró irregular que sus tíos intervinieran en la compra de un edificio para la institución de la que él forma parte, sino que fungió como gestor e informante de ellos en el proceso de compraventa y en las investigaciones sobre la supuesta corrupción, como consta en la documentación mencionada.
Precisamente para ocultar estas evidencias fue que, por decisión de la magistrada Alanís Figueroa, se clasificó como reservado el expediente por un lustro –hasta el año 2012– y se amplió indefinidamente la clasificación de confidencial para las fojas que contienen información acerca de Nava Gomar y sus tíos.
Es otra escandalosa historia que protagonizan los magistrados del TEPJF, repudiados por sus millonarios sueldos y prestaciones, pero también bajo sospecha por el sesgo de sus resoluciones y componendas políticas, como la de Nava Gomar con su amigo Jorge Hank Rhon, excandidato priista a gobernador de Baja California (Proceso 1714).
Según la documentación que integra el expediente TEPJF-CI-DE-003/2007, el acto de corrupción que Nava Gomar imputó en su denuncia a la coordinadora de asesores de Galván Rivera y al esposo de ésta, Octavio López Guzmán, jamás se acreditó.
En cambio, conforme a la vasta información documental y testimonial, se evidencia que los tíos de Nava Gomar querían quedarse con la mitad de casi 7 millones de pesos, equivalentes a 5% de comisión por la compraventa del edificio del Grupo Monitor.
De hecho, cuando el magistrado Nava Gomar dijo haberse enterado de la supuesta corrupción de Aguilar León y su esposo, el 17 de abril de 2007, su propio tío, Fermín Zubiaur Carmona, se hacía pasar como el “punto de contacto con el Trife” (sic) para la compra del edificio administrado por la inmobiliaria CB Richard Ellis (CBRE), a la que solicitó la comisión por la compraventa.
Inclusive Zubiaur Carmona aseguró haber gestionado la visita que un grupo de magistrados hizo al inmueble, ubicado en San Jerónimo, y su esposa, Olga Gomar, confesó que fue precisamente su sobrino Salvador Olimpo Nava quien le dio información de esa cita.
Lo que echó abajo el negocio fue que Zubiaur Carmona no pudo demostrar que verdaderamente era el representante del TEPJF, tal como se lo exigió la inmobiliaria CBRE. Fue entonces cuando Nava Gomar decidió presentar su denuncia el 6 de julio de 2007. El escándalo hizo caer a Galván Rivera y lo sustituyó Alanís Figueroa, íntima amiga de Margarita Zavala y Felipe Calderón.
Ahora Alanís pretende ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el mismo propósito que tienen Nava Gomar y otro magistrado que forma parte del mismo grupo, Constancio Carrasco Daza, primo de Diódoro Carrasco Altamirano, exgobernador priista de Oaxaca y exdiputado federal por el PAN.
Los cuatro nombres de la tía
La historia se inició a finales de febrero de 2007, cuando Norma Inés Aguilar León buscaba comprar una casa particular después de acceder a un crédito por 6.2 millones de pesos del banco HSBC. En la inmobiliaria Rayo Vende la atendió Alicia Rovira, empleada que después fue sustituida por quien se identificó como Olga Zubiaur.
Aguilar León le dijo que era coordinadora de asesores del presidente del TEPJF, pero la corredora de bienes raíces omitió que era tía del magistrado Nava Gomar, y luego se supo que en realidad tenía tres identidades más.
Por ello, como parte de la investigación, la Contraloría Interna del TEPJF le pidió precisar cómo se identificaba en actos y trámites legales. Su respuesta fue: “El nombre que utilizo para tales efectos es el de Olga Gomar de los Ríos, sin embargo, para cuestiones diversas me he identificado con el nombre de Olga Zubiaur, Olga Gomar de Zubiaur u Olga de Zubiaur”.
–¿Cómo se presentó usted ante la maestra Norma Inés Aguilar León?
–Olga Zubiaur, de inmobiliaria Rayo.
La tía de Nava Gomar le pidió a Aguilar León que le diera la oportunidad de conseguirle casa, porque tenía serios problemas económicos por el cierre de la empresa de su esposo, Inmobiliaria El Blanco –que luego él negó–; por ello la funcionaria le propuso que también buscara un edificio que el TEPJF requería para ampliar sus oficinas administrativas o como sede de la propia Sala Superior.
“Escuchando su angustia económica, y previo acuerdo con el magistrado presidente (Flavio Galván), a quien le hice saber la buena impresión que me había causado la señora Zubiaur, al mostrar disposición de servicio por los ofrecimientos incondicionales que hizo, tales como dedicarse si fuese necesario día y noche y fines de semana, le solicité autorización para poder recibir de ella información sobre algún inmueble que pudiera satisfacer las necesidades de la Sala Superior.”
El problema es que la funcionaria involucró a su esposo, el abogado Octavio López Guzmán, en la revisión de las propuestas de inmuebles que presentaba Olga Gomar. La vendedora aseguró que López Guzmán le pidió la mitad de la comisión por la compraventa y así se le hizo saber a su hermana, la madre del magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar.
En su denuncia, el magistrado expone que “la señora Gomar llamó a mi madre, quien a su vez llamó al suscrito para denunciar que en el tribunal le estaban pidiendo dinero a mi tía por la operación de la compraventa descrita”. Informó de ello al presidente del TEPJF el 30 de abril, dos semanas después de enterarse.
Y como el magistrado Galván Rivera no hizo nada luego de tres reuniones de los magistrados para tratar la presunta corrupción de su coordinadora de asesores y su esposo, de quien es amigo, Nava Gomar presentó la denuncia.
Pero el inicio de la investigación fue anómalo. No sólo se comenzó en día inhábil, el sábado 7, sino que pasó por alto la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en su artículo 132 dispone: “Las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor público demandado”.
La denuncia de Nava Gomar por corrupción no contenía pruebas documentales ni elementos probatorios suficientes, sino sólo lo que le había platicado telefónicamente su madre, quien se enteró de los hechos también por esa vía por su hermana Olga Gomar de los Ríos. Como se sabría luego, eran ella y su esposo quienes pretendían quedarse con la comisión.
“Contacto con el Trife”
En el curso de la investigación, que llevó a la renuncia de Galván Rivera y la solicitud de licencia de su coordinadora de asesores el 7 de agosto de 2007, la Contraloría Interna del TEPJF confrontó la información testimonial y documental de los involucrados –que incluyó un seguimiento de la evolución patrimonial de Aguilar León y su esposo, sometidos también a espionaje telefónico ilegal–, con lo que no pudo acreditarse la supuesta corrupción.
De la investigación de la Contraloría Interna resultó, finalmente, que “el cúmulo de los elementos de la investigación son insuficientes para demostrar la existencia de la petición realizada por parte de Norma Inés Aguilar León y/o Octavio López Guzmán para que Olga Gomar de los Ríos les entregara una cantidad de dinero por la posible compraventa de un inmueble para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
Y es que, según la tía del magistrado Nava Gomar, el esposo de Aguilar León le dio a entender que, de materializarse la compraventa del edificio para el TEPJF, se repartirían las ganancias a partes iguales: “Se entiende que en esto vamos todos a mitades, ¿verdad, Olga?”.
Lo curioso es que una semana después, el 24 de abril, el propio López Guzmán le comunicó a la vendedora, vía telefónica, que él ya no estaba apoyando al TEPJF en la compra del edificio del Grupo Monitor que ella le ofreció.
“Nos brincaron. Los magistrados instruyeron a Daniel Tapia, secretario Administrativo del Tribunal, para que buscara directamente al vendedor sin intermediarios”, dijo López Guzmán, quien le ratificó que su esposa y él seguían interesados en comprar una casa en el Pedregal que costaba 6 millones 200 mil pesos.
Según el testimonio de Olga Gomar –que su sobrino incorporó a la denuncia contra la coordinadora de asesores de Galván–, dos días después de esa charla, el 26 de abril, López Guzmán le reiteró que era una “lástima” que los magistrados hubieran contactado directamente a la inmobiliaria Richard Ellis, que vendía el edificio del Grupo Monitor.
La propia denuncia de Nava Gomar asienta que su tía respondió: “Qué raro. Voy a preguntarle a un amigo de mi esposo que está en el tribunal, comentario que hizo responder al C. Octavio López Guzmán: ‘Te pido mucha discreción, por favor no manejes nombres’”.
Aun entonces, Olga Gomar no les había dicho a sus clientes potenciales su verdadero nombre ni que era tía del magistrado Nava Gomar, quien –confesó ella misma– le proporcionó información sobre el edificio del Grupo Monitor, que visitó una comisión de magistrados, encabezados por Alanís: “Fue mi sobrino, magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, quien me comentó de tal cita”.
El magistrado fue también gestor de sus tíos en la investigación, como lo demuestra un requerimiento que la Contraloría Interna le hizo a Olga Gomar. Ella “manifestó haber entregado la información” a Nava Gomar, quien efectivamente entregó a esa instancia dos recibos telefónicos enviados por su pariente.
Otro acto de favoritismo hacia los parientes del magistrado Nava Gomar es que su tío Fermín Zubiaur tuvo la gracia de que le fuera tomada la declaración en su domicilio de Cuernavaca, Morelos, pese a que la Contraloría Interna del TEPJF no está facultada para ello.
Así, mientras Aguilar León y su esposo se desentendían de la operación de compraventa del edificio, el que ponía empeño en hacerse pasar como representante del TEPJF para quedarse con la comisión era Fermín Zubiaur, esposo de Olga Gomar.
El 23 de abril, un día antes de que Octavio López Guzmán le dijo a Olga Gomar que los magistrados habían decidido negociar directamente con la inmobiliaria la compra del edificio de Grupo Monitor y seis días después de que Nava Gomar se enteró de la supuesta corrupción, Fermín Zubiaur se ostentó como el representante del TEPJF e intermediario con la inmobiliaria Richard Ellis para la operación de compraventa.
Inclusive, en la misma fecha, Zubiaur Carmona envió a Luis Reynoso, ejecutivo de esa inmobiliaria, un convenio de sociedad para obtener por comisión la mitad de 5% de los 12 millones 500 mil dólares, equivalentes a 137 millones 500 mil pesos al tipo de cambio de abril de ese año, que fue en promedio de 11 pesos por dólar. El 5% de esa cantidad era de 6 millones 875 mil pesos y la mitad, con la que se quedarían Zubiaur y su esposa, ascendía a 3 millones 437 mil pesos.
“A reserva de confirmarlo (el convenio) entre hoy y mañana, nos vemos el próximo miércoles 25 a las 12 p.m. en Grupo Monitor”, le escribió a Reynoso el tío de Nava Gomar, cuya papelería para la operación estaba rotulada con los emblemas de la inmobiliaria El Blanco, de su propiedad.
La suerte de los tíos de Nava Gomar comenzó a cambiar cuando el director asociado de CB Richard Ellis, Ángel Zamora González, le hizo notar a Fermín Zubiaur que tenía dudas de que fuera realmente el representante del TEPJF, como se ostentaba para cobrar la comisión, y le pidió una carta de intención que lo acreditara:
“Ya tuve oportunidad de platicar con mi asociado Javier Valdivia, que maneja directamente mi asunto con Monitor. La versión que él tiene, los comentarios de los principales de Monitor, los elementos y antecedentes difieren un poco, por lo que nos gustaría que se confirmara que tú eres el punto de contacto con el TRIFE (sic) y que finalmente tú puedes conseguir una carta de intención de ellos, por lo que cuando dispongas Javier puede platicar contigo para destrabar este asunto con el cual CBRE no tiene ningún problema en firmarte tu participación.”
Zubiaur montó en cólera y, en su respuesta a Zamora vía correo electrónico, amenazó con que el TEPJF no compraría el edificio a través de él:
“Si quieres que hagamos algo al respecto con Monitor, sólo tienes que enviarme el convenio firmado y en su momento mi cliente te podrá decir, si aun le interesa (negritas en el original), que sólo tratará el negocio por mi conducto. Si no fuera así, ni siquiera se acercaría de nuevo a la negociación. Por lo que pasó, si no es por mi conducto no se acerca de nuevo.”
Adiós al negocio
A través de Claudio Márquez Passy, un experto en bienes raíces, el tío de Nava Gomar trató de hacer desistir a Ángel Zamora de exigirle la carta de intención, pero la respuesta fue la misma: “CBRE no está poniendo ningún obstáculo, lo que sucede es que, y tú lo sabes, CBRE no puede firmar este convenio de comisión sin tener la certeza que Fermín es el que representa al TRIFE (sic), y más ahora que existen personas que comentaron lo mismo. Eso es lo que se necesita aclarar”.
En el intercambio por escrito con los ejecutivos de CBRE y Zubiaur no se alude a que la comisión por la compraventa se dividiría con un tercero, la coordinadora de asesores de Galván y/o su esposo, como aseguraron los tíos de Nava Gomar y lo que dio origen a la investigación.
En sus declaraciones, sin embargo, Olga Gomar y Fermín Zubiaur ratificaron que López Guzmán solicitó dinero por la compraventa. Dijeron saber que otro servidor público del TEPJF también lo hizo. “Sí, porque me lo dijo el señor Ángel Zamora”, aseguró el tío del magistrado en el testimonio que rindió en su domicilio.
Sin embargo, tal como se establece en el dictamen de la Contraloría Interna, “al analizar las comparecencias de Ángel Zamora González, Francisco Javier Valdivia Padrón y Luis Daniel Reynoso Navarro, todos de la Inmobiliaria CB Richard Ellis, fueron coincidentes en negar la existencia de una persona del ‘Trife’ a quien se daría 50% de una comisión”.
Zamora rechazó lo dicho por Zubiaur: “Jamás he tratado con nadie del tribunal ni tuve conocimiento de persona alguna que haya solicitado nada en la compraventa de ese inmueble”.
–¿Sabe si alguna otra persona ajena al TEPJF solicitó o se le ofreció alguna retribución económica o de cualquier especie en la posible compraventa?
–No lo sé –respondió.
Valdivia, encargado de la venta del edificio del Grupo Monitor, declaró inclusive que en abril funcionarios del TEPJF descartaron el inmueble con el argumento de que estaba dividido en dos predios.
“En junio, el magistrado presidente me llamó para preguntarme del inmueble y yo le comenté de las particularidades del inmueble, pero que el propietario iba a solucionar el problema de la fusión de los predios, para quedar escriturados como un solo inmueble. En ese momento, el presidente me preguntó si alguien había solicitado dinero por la operación de la compraventa y yo le ratifiqué que nadie me había pedido.”

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